STC5393-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5393-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01244-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., \u001f\u001f\u001f\u001f\u001fcuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal Risaralda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal Superior de Pereira, al no haber ordenado la condena en costas en la acci\u00f3n popular No. 2021-00211-00. <\/p>\n
En sustento de lo pretendido relat\u00f3 que, present\u00f3 la citada acci\u00f3n popular y solicit\u00f3 expresamente que las agencias en derecho fueran reconocidas en su favor. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la sentencia neg\u00f3 ese reconocimiento con el argumento que \u00abhab\u00eda desistido de ellas, lo que es totalmente falso\u00bb, motivo por el cual solicit\u00f3 adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n de esa decisi\u00f3n, pero fue negada. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Magistrado \u00abtutelado\u00bb, al conocer de la apelaci\u00f3n, tambi\u00e9n se neg\u00f3 concederlas \u00aben su favor\u00bb y, adem\u00e1s, no orden\u00f3 a la juzgadora a quo que, ante la prosperidad de la acci\u00f3n, \u00ablas reconociera en su favor\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esos argumentos pidi\u00f3 se ordene al: \u00abTRIBUNAL SUPERIOR SCF (sic) EN PEREIRA, que conceda agencias en derecho a mi favor, amparado art 365 -1 CGP, PUES LA APELANTE PERDI\u00d3 LA ALZADA, y A LA JUEZ CIVIL SANTA ROSA DE CABAL , ADICIONAR EL FALLO DE ACCION POPULAR REFERIDO, ADICIONANDO A FIN QUE CONCEDA AGENCIAS EN DERECHO A MI FAVOR, PUES LA ACCION SALI\u00d3 AVANTE Y NUNCA DESIST\u00cd DE LAS AGENCIAS EN DERECHO COMO MAL LO DIJO EN SENTENCIA (sic)\u00bb. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2021-00211-00 que motiv\u00f3 esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El Tribunal de Pereira respondi\u00f3 que, confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, porque el municipio fue vinculado no como parte demandada que deb\u00eda resistir la pretensi\u00f3n, y refiri\u00f3 que las costas no fueron objeto de controversia en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
La Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en estudio, examinado el link que contiene la acci\u00f3n popular No. 001-2021-00211 promovida por Gerardo Herrera Hoyos contra Termotour SAS y Sandra Patricia Badillo Orozco, se observa que, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, una vez surtidas las etapas procesales propias de este tipo de acciones, en la sentencia de 8 de octubre de 2021 neg\u00f3 el reconocimiento de las costas pretendidas por el actor popular en relaci\u00f3n con el municipio de Santa Rosa, en raz\u00f3n a que, <\/p>\n
\u00abla citaci\u00f3n de la misma obedeci\u00f3 al hecho que, por disposici\u00f3n expresa del inciso final del art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998, norma que regula lo concerniente a la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, dicho prove\u00eddo debe comunicarse a la entidad administrativa encargada de proteger el derecho e inter\u00e9s colectivo afectado, en este caso corresponde al Municipio de Santa Rosa a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n, autoridad que vigila el cumplimiento de las normas de construcci\u00f3n referentes a la accesibilidad\u00bb. <\/p>\n
Con esa consideraci\u00f3n concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00abDel estudio en conjunto de la demanda, a esta Funcionaria no le queda duda de que el accionado directo es el propietario del establecimiento de comercio y no el Municipio, sobre este \u00faltimo se pide su vinculaci\u00f3n por ser la entidad encargada de proteger el derecho o inter\u00e9s colectivo invocado y se piden unas condenas accesorias que no son determinantes para efectos de establecer la jurisdicci\u00f3n, pues a quien se le acusa de no garantizar el acceso de las personas discapacitadas es al comerciante y es frente a \u00e9ste contra quien se dirigir\u00eda la orden de protecci\u00f3n en caso de salir avante las pretensiones. <\/p>\n
\u00abCostas: En cuanto a la condena en costas a cargo del Municipio de Santa Rosa de Cabal, solicitada en la demanda, ello no es procedente pues la calidad que \u00e9ste ostenta en el proceso es la de \u201cvinculado\u201d tal como se explic\u00f3 ampliamente al inicio de estas consideraciones; en efecto, no es el ente territorial el responsable de la vulneraci\u00f3n del derecho colectivo invocado, ni es frente a dicha entidad que se erige la orden de amparo que se emitir\u00e1; su papel dentro de esta acci\u00f3n es de velar por la garant\u00eda del inter\u00e9s colectivo protegido y as\u00ed se le ordenar\u00e1, adem\u00e1s se integrar\u00e1 con el Municipio el comit\u00e9 de verificaci\u00f3n ordenado en el art\u00edculo 34 de la ley 472 de 1998, pero no puede tenerse al ente territorial como parte vencida en el proceso y por ende la condena en costas resulta improcedente\u00bb. <\/p>\n
1.1. El actor popular y aqu\u00ed accionante, interpuso recurso de apelaci\u00f3n, y, como reparo a la decisi\u00f3n manifest\u00f3, \u00abque se condene en costas, agencias en derecho a mi favor, pues mi acci\u00f3n prospero por el incumplimiento del alcalde municipal de la entidad territorial del sitio de la amenaza que incumple con su deber Constitucional y legal de garantizar a su poblaci\u00f3n la igualdad de condiciones, y hacer cumplir las leyes, por ello pido condena en costas contra el alcalde municipal a mi favor en mi acci\u00f3n popular\u00bb, (subrayado fuera del texto) <\/p>\n
1.2. A su vez solicit\u00f3 la adici\u00f3n de la sentencia, para que ordenada la condena en costas a la entidad comercial accionada como lo pidi\u00f3 en la demanda. <\/p>\n
1.3. En providencia de 21 de octubre de 2021, el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal concedi\u00f3 la alzada en el efecto devolutivo, y neg\u00f3 la adici\u00f3n porque en el fallo se pronunci\u00f3 expresamente sobre la condena en costas. <\/p>\n
1.4 Para lo que ac\u00e1 interesa, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el 28 de marzo de 2022, confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, y, frente a la inconformidad del actor popular se pronunci\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abTampoco se abre paso la alzada frente a las costas, en lo que ata\u00f1e al Municipio, que es en lo que se soporta la cr\u00edtica, ya est\u00e1 visto que lleg\u00f3 al proceso como vinculado por cuenta del juzgado, no como la parte demandada que debe resistir la pretensi\u00f3n. As\u00ed que ninguna raz\u00f3n hay para imponerle las costas del proceso, si bien ellas recaen en la parte que ha sido derrotada, y el ente territorial en este caso no lo es. <\/p>\n
6. Ahora, en vista de que todos los recursos son infructuosos, no habr\u00e1 costas en esta instancia, dado que, a juicio de la Sala, no se causaron, por cuanto cada parte propici\u00f3, con su propia impugnaci\u00f3n, tener que estar atenta a la gesti\u00f3n y vigilancia del asunto en esta sede (art. 365-8)\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, se indica que no es procedente ordenar a la Corporaci\u00f3n accionada que, \u00abconceda agencias en derecho a mi favor pues la apelante perdi\u00f3 la alzada\u00bb, porque seg\u00fan se pudo advertir, tanto el actor popular como los demandados, interpusieron recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, medio de impugnaci\u00f3n que les result\u00f3 adversa, pues la decisi\u00f3n fue confirmada en su integridad, sin prosperar ninguno de los reparos manifestados, por tanto, no hab\u00eda lugar a decretarlas (n\u00fam. 3 art. 365 Ibidem). <\/p>\n
Se insiste, lo pretendido por Gerardo Alonso Herrera Hoyos se reduce a exponer su inconformidad con la decisi\u00f3n atacada, e imponer su opini\u00f3n sobre la forma en que considera se debi\u00f3 decidir la apelaci\u00f3n, sin que ello, por s\u00ed solo, deje al descubierto un desatino may\u00fasculo ni constitutivo de la lesi\u00f3n que endilga, situaci\u00f3n que desconoce que este mecanismo no tiene la finalidad de contrastar las posiciones de la parte y el juzgador a fin de precisar cu\u00e1l de ellas revela mayor aceptaci\u00f3n, pues como bien lo ha dicho la Corte, la sola divergencia de criterio, no abre paso a la tutela favorable, <\/p>\n
\u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb. (STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterada en STC4705-2016, STC13184-2021, STC 2021-02184 y STC 1212-2022, entre muchas). <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, frente a la petici\u00f3n de ordenar al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal que adicione el fallo \u00abA FIN QUE CONCEDA AGENCIAS EN DERECHO A MI FAVOR, PUES LA ACCION SALI\u00d3 AVANTE Y NUNCA DESIST\u00cd DE LAS AGENCIAS EN DERECHO COMO MAL LO DIJO EN SENTENCIA\u00bb (sic), de la revisi\u00f3n del expediente No. 001-2021-00211-00, resulta evidente, que tal solicitud se observa abiertamente improcedente porque no cumple el requisito de subsidiaridad1, como quiera que el se\u00f1or Herrera Hoyos, frente a la negativa de ordenar el reconocimiento de costas a cargo de los demandados, dej\u00f3 de utilizar el mecanismo ordinario de defensa establecido por el legislador, y que no era otro m\u00e1s que, formular el recurso de apelaci\u00f3n por ese motivo, aspecto que debi\u00f3 ser analizado por juez natural y no por el fallador constitucional. <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto ha dicho esta Corporaci\u00f3n: \u00abLa finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC1256-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5393-2022 Magistrada ponente STC5393-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01244-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., \u001f\u001f\u001f\u001f\u001fcuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63347","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63347","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63347"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63347\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63347"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63347"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63347"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}