STC5395-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5395-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-00507-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de marzo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Pacific Sea Food S.A.S. contra la Superintendencia Financiera de Colombia -Delegatura para Funciones Jurisdiccionales-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes y apoderados intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, mediante apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad accionada en el curso de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, con radicado 2021-1258. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que, el 15 de noviembre de 2019, present\u00f3 en la DIAN la declaraci\u00f3n de retenci\u00f3n en la fuente correspondiente a octubre de 2019 y que, el 21 de noviembre siguiente, mediante carta dirigida al Banco de Bogot\u00e1, donde posee una cuenta corriente, remiti\u00f3 orden de pago de la retenci\u00f3n de ese per\u00edodo, por $78\u2019158.000, destacando que era \u00abla fecha de vencimiento y \u00faltimo d\u00eda para realizar el pago sin lugar a sanciones ni intereses de mora\u00bb. Narr\u00f3 que esa orden la recibi\u00f3 el Banco en la fecha se\u00f1alada, a las 12:51 pm., en la Oficina de Metr\u00f3polis y que, de acuerdo con el extracto de la cuenta corriente, \u00abse evidencia que el d\u00e9bito realizado por el Banco fue el d\u00eda 21\/11\/19\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, solicit\u00f3 a la DIAN la devoluci\u00f3n de los pagos asociados al impuesto de renta, no obstante, el 30 de julio de 2020, aqu\u00e9lla inadmiti\u00f3 \u00abla solicitud indicando problemas de extemporaneidad en el pago de la declaraci\u00f3n en la fuente de octubre de 2019\u00bb, lo cual, en criterio de la tutelante, \u00abse present\u00f3 por causas imputables al Banco de Bogot\u00e1, quien transmiti\u00f3 el pago (\u2026) el d\u00eda 22 de noviembre de 2019 y no el d\u00eda de recepci\u00f3n de la orden de pago y efectivo d\u00e9bito (\u2026)\u00bb. Una vez requerida la entidad financiera para el efecto, respondi\u00f3 que \u00abrealiz\u00f3 el pago hasta el 22\/11\/19, toda vez que s\u00f3lo hasta ese d\u00eda se hizo la imposici\u00f3n de timbre para la autorizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, la sociedad tuvo que \u00abvolver a presentar la declaraci\u00f3n de retenci\u00f3n del periodo de octubre de 2019, adem\u00e1s de pagar una sanci\u00f3n por extemporaneidad por valor de $19.540.000 y los intereses moratorios por valor de $11.717.000 para un total de $31.257.000\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, la empresa promovi\u00f3 ante la Superintendencia accionada la mencionada acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero contra el Banco de Bogot\u00e1, en la cual se celebr\u00f3 audiencia el 1 de septiembre de 2021, en la que se fijaron los hechos del litigio, \u00abconsiderando como probado el hecho de que el recaudo de la orden de pago se hab\u00eda realizado el d\u00eda 21\/11\/2019\u00bb. <\/p>\n
El 7 de octubre de 2021, el Banco aport\u00f3 al proceso una \u00abcertificaci\u00f3n de la Gerencia de Soluciones para el Cliente en donde indica que el recaudo fue realizado el 22 de noviembre de 2019, as\u00ed mismo remite copia del ODS (que es un documento en Excel no muy claro en su contenido)\u00bb, para se\u00f1alar que se tuvo como fecha de recaudo el 22 de noviembre de 2019, \u00abde conformidad con los procedimientos del Banco, documentos que no fueron sometidos a contradicci\u00f3n de PACIFIC\u00bb. <\/p>\n
Luego, en audiencia del 12 de octubre de 2021, la acusada profiri\u00f3 sentencia, en la que declar\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n de reparar\u00bb y neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
La actora cuestion\u00f3 que la referida decisi\u00f3n contiene un defecto f\u00e1ctico, por indebida valoraci\u00f3n probatoria e indebida motivaci\u00f3n, pues las pruebas evidencian que el recaudo se realiz\u00f3 el 21 de noviembre de 2019 y no al d\u00eda siguiente, como lo determin\u00f3 el fallador, basado en una prueba que no fue sometida a contradicci\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abel Banco de Bogot\u00e1 fue quien de forma negligente no procedi\u00f3 a realizar el pago incumpliendo con sus deberes como proveedores de servicios financieros\u00bb, dado que el art\u00edculo 803 del Estatuto Tributario exige realizar el pago el mismo d\u00eda del recaudo. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que \u00abSe ordene al Juez competente, excluir de la valoraci\u00f3n probatoria la certificaci\u00f3n y copia ODS presentadas el 7 de octubre de 2021 y en su lugar, emita sentencia bas\u00e1ndose en lo que se hab\u00eda acreditado en el extracto\u00bb y dem\u00e1s pruebas, de manera que se acceda a las pretensiones y se proceda al pago de los perjuicios, esto es, a la sanci\u00f3n por extemporaneidad e intereses moratorios. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Superintendencia Financiera de Colombia sostuvo que los cargos endilgados por la actora eran propios de un recurso de apelaci\u00f3n, el cual resulta improcedente, por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia. <\/p>\n
En cuanto a las pruebas que, seg\u00fan la gestora, no fueron sometidas a contradicci\u00f3n, sostuvo que se decretaron de oficio y se allegaron al proceso con anterioridad a la audiencia de juzgamiento del 12 de octubre de 2021, en la que se efectu\u00f3 el saneamiento, sin objeci\u00f3n alguna, \u00abquedando saneada cualquier vicio o nulidad previo\u00bb y agreg\u00f3 que ninguna manifestaci\u00f3n sobre el particular se hizo al momento en que se declar\u00f3 precluida la etapa probatoria. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que los documentos requeridos y allegados el 7 de octubre de 2021 fueron direccionados igualmente a la contraparte y, por tanto, se surti\u00f3 el principio de contradicci\u00f3n, aunado a que ning\u00fan reproche se efectu\u00f3 posteriormente, de modo que ese reparo no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Sobre la indebida valoraci\u00f3n probatoria, consider\u00f3 que el sentenciador \u00abefectu\u00f3 un estudio en su conjunto de los distintos elementos de convicci\u00f3n, no solo la documental por la que se queja la persona jur\u00eddica, sino de las dem\u00e1s actuaciones rese\u00f1adas, en la que efectu\u00f3 una apreciaci\u00f3n prudente, razonable de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica\u00bb, lo que descartaba la presencia de un defecto f\u00e1ctico y la supuesta falta de motivaci\u00f3n, por lo cual no era viable la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La impuls\u00f3 la tutelante, quien reiter\u00f3 los argumentos de la tutela y asegur\u00f3 que la afirmaci\u00f3n de que el recaudo no se pudo hacer el 21 de noviembre de 2019, porque no se contaba con recursos para el pago, no fue probada, pues de la ODS aportada por el Banco se observa que el sobregiro se realiz\u00f3 ese d\u00eda a las 9:16 a.m. y la operaci\u00f3n se produjo a las 15:09, de manera que tal prueba fue \u00abinterpretada err\u00f3neamente por el Juez de la SuperFinanciera y no fue sujeta a contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la accionada confundi\u00f3 el timbre, que \u00absolo se refiere a la constancia que se deja sobre el formulario tributario\u00bb con el recaudo, que es \u00abel simple hecho de tener los recursos a disposici\u00f3n para realizar el pago respectivo, lo que efectivamente ocurri\u00f3 en Noviembre 21 de 2021 (sic)\u00bb, fecha que debe considerarse como relevante para efectos tributarios, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 803 del Estatuto Tributario. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en los alegatos de conclusi\u00f3n, se refiri\u00f3 a la certificaci\u00f3n ODS, \u00abno s\u00f3lo para negar su fuerza probatoria, sino para recordarle al Juzgado que el dem\u00e1s acervo probatorio, s\u00ed daba cuenta que PACIFIC en su calidad de consumidor financiero dio la instrucci\u00f3n de pago el 21\/11\/2019, que el d\u00e9bito si se realiz\u00f3 el mismo d\u00eda (\u2026)\u00bb. Afirm\u00f3 que \u00abla SuperFinanciera nunca otorg\u00f3 oportunidad para contradecir la prueba de oficio, ni mucho menos para presentar pruebas de descargo\u00bb. <\/p>\n
2. El Banco de Bogot\u00e1 se pronunci\u00f3 sobre la impugnaci\u00f3n presentada, se\u00f1alando que, seg\u00fan el procedimiento establecido para el recaudo del impuesto de retefuente, el d\u00e9bito de la cuenta no constituye el recaudo del impuesto, pues este se hace por ventanilla, conforme lo establece el art\u00edculo 1.6.1.13.2.1 del decreto \u00fanico reglamentario tributario. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la providencia emitida en la audiencia del 12 de octubre de 2021, en el curso de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero de radicado 2021-1258, que neg\u00f3 las pretensiones por ella invocadas, pues, en su criterio, no se realiz\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n probatoria y el fallo se bas\u00f3 en una prueba que no tuvo la oportunidad de controvertir. <\/p>\n
2. Al respecto, en primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3. Ahora bien, revisadas las probanzas adosadas al plenario se evidencia que, el 1 de septiembre de 2021, se practic\u00f3 la audiencia de tr\u00e1mite del art\u00edculo 392 del CGP. El proceso continu\u00f3 con la audiencia del 12 de octubre de ese mismo a\u00f1o, en la que se indic\u00f3 que, \u00aben este estado de la diligencia, no observando causal alguna de nulidad que impida continuar con la actuaci\u00f3n, retomamos la misma (\u2026) en la etapa probatoria, para dicho efecto t\u00e9ngase en cuenta que frente al decreto de pruebas efectuado por este despacho se pronunci\u00f3 el Banco de Bogot\u00e1 allegando el certificado de fecha de recaudo del impuesto, en el que se evidencia la hora y fecha de los movimientos de la cuenta, el manual o procedimiento requerido (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
Luego de escuchar el testimonio restante, previo a los alegatos de conclusi\u00f3n, el fallador sostuvo que \u00abeste Despacho no observa pruebas adicionales que deban ser decretadas o practicadas por lo tanto declara precluida la etapa probatoria dentro de la presente Litis, decisi\u00f3n que notific\u00f3 a las partes en estrados\u00bb2, sin que se realizara manifestaci\u00f3n alguna por la interesada. <\/p>\n
En ese orden, como lo advirti\u00f3 el a quo, la accionante desperdici\u00f3 la oportunidad procesal para elevar ante el juez de conocimiento el cuestionamiento planteado sobre la prueba documental allegada por el demandado, espec\u00edficamente el certificado ODS, circunstancia que imposibilita el pronunciamiento en esta sede constitucional, ante la ausencia del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De otro lado, escuchadas las partes, la accionada emiti\u00f3 sentencia, para lo cual mencion\u00f3, inicialmente, que los perjuicios pretendidos se originaban en la relaci\u00f3n contractual pactada por la cuenta corriente que la accionante ten\u00eda en el Banco de Bogot\u00e1, regulada por los art\u00edculos 1382 a 1392 del C\u00f3digo de Comercio y 125 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, de ese contrato, se derivaban obligaciones para ambas partes; para el consumidor financiero, la de informarse sobre los productos que adquir\u00eda y revisar los t\u00e9rminos y condiciones del contrato (art\u00edculo 6 de la Ley 1328 de 2009) y, para el Banco, el cumplimiento de los deberes previstos en los literales a del art\u00edculo 5 y b del art\u00edculo 7 de la misma ley. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, descendi\u00f3 al an\u00e1lisis probatorio3 y, como primer punto, cit\u00f3 el interrogatorio de la representante legal de la sociedad accionante y el del representante legal del Banco de Bogot\u00e14, quien explic\u00f3 el procedimiento que adelantaba la entidad para realizar el respectivo pago. Advirti\u00f3 que la cuenta era de una oficina diferente a la de Metr\u00f3polis y, \u00abcuando no estaba asignado a esa Oficina, se requer\u00eda carta del cliente solicitando el d\u00e9bito de los recursos de su cuenta\u00bb; luego, esa solicitud se traslada a los asesores de servicios y, posteriormente, se pasa al \u00e1rea de operaciones del Banco para \u00abhacer la validaci\u00f3n, que efectivamente haya disponibilidad de los recursos\u00bb. Realizada esta, se autoriza el d\u00e9bito de la cuenta corriente y se traslada a la oficina en la que el cliente tiene la cuenta, de manera que, cuando se debitaron los recursos de la cuenta corriente el 21 de noviembre de 2019, como se evidenci\u00f3 en el extracto indicado por la parte actora, \u00ablo que segu\u00eda era el traslado de los recursos a la Oficina a la que se presentaba el recibo para el pago del impuesto, en este caso la Oficina de Metr\u00f3polis, que era la Oficina de tr\u00e1nsito\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, por requerimiento del Despacho, se aport\u00f3 el manual de procedimiento5, en el que se indica que, \u00abcuando los documentos que componen la solicitud del cliente son cartas con cargo a cuenta de cheques se debe verificar las condicione de manejo, firmas, sellos, protect\u00f3grafos y dem\u00e1s (\u2026) e indique el n\u00famero de cuenta, el valor autorizado a debitar y el concepto\u00bb, procedimiento que coincid\u00eda con el indicado por la defensa6. <\/p>\n
De otra parte, destac\u00f3 que el d\u00e9bito se realiz\u00f3 \u00abhasta en horas de la tarde, a las 15:09.20 (\u2026) hechos que guardan coherencia con las manifestaciones realizadas por el apoderado general de la parte demandada en cuanto a la duraci\u00f3n de dos a tres horas del tr\u00e1mite respectivo (\u2026)\u00bb7. <\/p>\n
A su vez, recalc\u00f3 que el representante legal del Banco inform\u00f3 que el \u00fanico documento que se le corri\u00f3 traslado al Jefe de Servicios Julio C\u00e9sar Ruiz fue la solicitud o carta de autorizaci\u00f3n de d\u00e9bito, pues no se pod\u00eda recibir el formulario de pago hasta tanto no se hubiera surtido el tr\u00e1mite de verificaci\u00f3n de disponibilidad de los recursos \u00aby debe presentarse de forma personal y no tramitarse a trav\u00e9s de los empleados de la entidad, en la medida de que deben surtirse varias autorizaciones y ah\u00ed s\u00ed ya, cuando se cuente con los recursos, puede pasar el empleado de la empresa que va a realizar el pago o el consumidor directamente a caja con el recibo de pago para efectos de cancelar el mismo\u00bb, lo que fue verificado en la declaraci\u00f3n de Julio C\u00e9sar Ruiz, funcionario encargado de remitir la solicitud de d\u00e9bito, quien, adem\u00e1s, sostuvo que, el 22 de noviembre siguiente, al abrir la oficina, all\u00ed se encontraba el mensajero de Pacific Sea Food con el recibo de pago, \u00abpara ver si ya hab\u00eda disponibilidad de recursos\u00bb, a quien se le indic\u00f3 que pod\u00eda pagar en caja y se procedi\u00f3 a timbrar el correspondiente impuesto, tal y como lo certific\u00f3 el Banco en el proceso, prueba que no fue tachada por la parte actora. <\/p>\n
Sostuvo que eso fue reforzado con el testimonio de la se\u00f1ora Melani Tatiana Chac\u00f3n8, asesora de servicios para la oficina de Metr\u00f3polis, \u00abpor lo que el Despacho encuentra como constatado que efectivamente el documento entregado al Banco para su visaci\u00f3n era \u00fanicamente la carta de autorizaci\u00f3n del d\u00e9bito, debiendo el empleado de la sociedad actora (\u2026)\u00bb9 -que seg\u00fan su representante legal correspond\u00eda a un mensajero- esperar en el \u00abhall bancario\u00bb a la autorizaci\u00f3n posterior a la obtenci\u00f3n de los recursos en la cuenta y realizar el pago, m\u00e1xime que la sociedad no contaba con ese dinero en su cuenta corriente al momento en que se entreg\u00f3 la carta el 21 de noviembre de 2019, pues finalmente se pag\u00f3 \u00abcon recursos que se desembolsaron con un sobregiro de manera posterior a la entrega de la autorizaci\u00f3n de d\u00e9bito\u00bb10, aspecto que, junto con los extractos, desvirtuaba lo referido por la testigo Janet Luc\u00eda Rodr\u00edguez (Coordinadora de Tesorer\u00eda de Pacific Sea Food), quien hab\u00eda sostenido que la empresa ten\u00eda los recursos desde el 20 de noviembre de 2019. <\/p>\n
En ese aspecto, enfatiz\u00f3 que dicha empleada afirm\u00f3 que no hab\u00eda revisado que el recibo entregado por el mensajero hab\u00eda sido timbrado el 22 de noviembre de 2019 y tampoco advirti\u00f3 que el d\u00e9bito de la cuenta no significaba que se hubiera realizado el pago ante la DIAN, que s\u00f3lo se corrobora con el timbre en caja, \u00abconforme lo manda el Estatuto Tributario en el establecimiento bancario correspondiente, por lo que se reclama de la sociedad demandante (\u2026) un nivel especial de diligencia que deb\u00eda tambi\u00e9n desarrollar como comerciante que tambi\u00e9n es, deberes exigidos tambi\u00e9n en el t\u00edtulo primero del C\u00f3digo de Comercio, m\u00e1xime si se ten\u00eda en cuenta que lo que estaba en juego era su propio patrimonio\u00bb, gesti\u00f3n que, de haber sido realizada, habr\u00eda permitido evidenciar lo sucedido y evitado el pago de intereses moratorios de la sanci\u00f3n, por pago extempor\u00e1neo. <\/p>\n
3.2. Consider\u00f3 que, de la valoraci\u00f3n probatoria en contexto, se vislumbraba que, \u00absi bien Pacific Sea Food SAS (\u2026) remiti\u00f3 con su mensajero carta de autorizaci\u00f3n para el d\u00e9bito en cuenta corriente, el d\u00eda 21 de noviembre de 2019, y muy seguramente (\u2026) se le entreg\u00f3 tambi\u00e9n al mensajero el recibo de pago del impuesto de retenci\u00f3n correspondiente\u00bb y que, surtido el tr\u00e1mite arriba explicado, \u00abdebido a que precisamente atendiendo a las situaciones de orden p\u00fablico que se presentaron en la ciudad de Bogot\u00e1 para ese d\u00eda, como indic\u00f3 el testigo, la Oficina se cerr\u00f3 antes del horario normal establecido, momento para el cual no se encontraba el mensajero de la sociedad demandante al interior de las oficinas y no pudo realizar el pago correspondiente\u00bb11; en consecuencia, no se pod\u00eda establecer la responsabilidad del Baco de Bogot\u00e1, dado que no se advert\u00eda un manejo de dineros p\u00fablicos de forma abusiva, pues el material probatorio mostraba que la ac\u00e1 demandante realiz\u00f3 el pago del recaudo del impuesto de retefuente el 22 de noviembre de 2019, esto es, por fuera del t\u00e9rmino indicado, de modo que deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron los argumentos de la parte, reiterados en sede de tutela para controvertir el fallo del 12 de octubre de 2021, que neg\u00f3 las pretensiones resarcitorias de la accionante. <\/p>\n
4.1. En ese orden, la accionada estableci\u00f3 que no se acredit\u00f3 un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco y que este actu\u00f3 de conformidad con el procedimiento establecido para tal efecto; por el contrario, determin\u00f3 un actuar negligente de la actora frente a sus propios asuntos y responsabilidades fiscales, pues el mismo d\u00eda del vencimiento de la obligaci\u00f3n entreg\u00f3 la carta de autorizaci\u00f3n de d\u00e9bito de su cuenta corriente, la cual fue radicada en una oficina diferente a la que pertenec\u00eda y cuya autorizaci\u00f3n depend\u00eda, adem\u00e1s, del desembolso de un sobregiro, circunstancias que implicaron gestiones adicionales por parte de la entidad bancaria con miras a adelantar las correspondientes remisiones, autorizaciones y desembolso, a lo cual se suma que la persona designada por Pacific Sea Food SAS para realizar el pago acudi\u00f3 al Banco el 22 de noviembre de 2019, como consta en la prueba aportada al expediente. <\/p>\n
Cabe resaltar, adem\u00e1s, que la decisi\u00f3n cuestionada no se bas\u00f3 \u00fanicamente en la prueba documental declarada de oficio por la autoridad judicial y que, seg\u00fan lo dicho por la ac\u00e1 accionante, no pudo controvertir -aserto este que no corresponde con la realidad-, sino en las declaraciones de los testigos, los interrogatorios de parte y en los diferentes documentos aportados con la demanda y la contestaci\u00f3n de \u00e9sta. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se evidencia una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
4.3. Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…)\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
En este caso, como se indic\u00f3, la decisi\u00f3n se soport\u00f3 en las distintas probanzas allegadas y se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Minuto 3:15 parte 1, audiencia del 12 de octubre de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Minuto 28:54, parte 1, audiencia del 12 de octubre de 2021. <\/p>\n
3\u0002 Minuto 08:50, parte 2, audiencia del 12 de octubre de 2021. <\/p>\n
4\u0002 Minuto 12:52, Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Minuto 14:53, Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Minuto 15:57, ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Minuto 16:19 <\/p>\n
8\u0002 Minuto 18:30, Ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Minuto 19:00 <\/p>\n
10\u0002 Minuto 21:04. <\/p>\n
11\u0002 Minuto 27:40 <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5395-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC5395-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-00507-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63349","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63349\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}