STC5400-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5400-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-002-2022-00043-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia de 7 de marzo de 2022, proferida por la Sala Civil Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la acci\u00f3n de tutela que el Grupo Empresarial Serdevip Ltda., formul\u00f3 en contra del Juzgado Quinto Civil del Circuito de dicha ciudad y la Asociaci\u00f3n de Copropietarios de la Galer\u00eda Popular de la misma localidad, por hechos relacionados con el proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00b0 20001-31-03-005-2018-00230-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso [defensa y contradicci\u00f3n]. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en el proceso referido, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, pese a haberle concedido el recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra la sentencia de 16 de marzo de 2021, declar\u00f3 extempor\u00e1neo el pago de las expensas solicitadas para la expedici\u00f3n de las copias del expediente, sin tomar en cuenta que su abogada no conoc\u00eda la etapa en la que se encontraba el proceso, ya que no tuvo acceso ni digital ni f\u00edsico al respectivo expediente, por la imposibilidad que exist\u00eda para ingresar a los despachos judiciales de manera presencial. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, mediante auto de 8 de junio de 2021, se le concedi\u00f3 un t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que suministrara el arancel correspondiente, sin embargo, este no fue cancelado toda vez que, su entonces apoderado judicial hab\u00eda fallecido el d\u00eda 19 de mayo de esa anualidad. <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, el 15 de julio subsiguiente se interrumpi\u00f3 el tr\u00e1mite y se le impuso la carga de conferir poder a otro profesional del derecho para continuar con el mismo, acto que se materializ\u00f3 el 22 de julio de 2021, junto con la concesi\u00f3n de un t\u00e9rmino igual al anterior, para proceder en la forma ordenada para gestionar el recurso. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que solo hasta el 27 de agosto siguiente se remiti\u00f3 el link de acceso al expediente a sus correos electr\u00f3nicos, no obstante, la abogada asegur\u00f3 que nunca se le comparti\u00f3 la carpeta, lo que -a su parecer- evit\u00f3 de manera total que pudiera ejercer el derecho a la defensa de los intereses leg\u00edtimos de su prohijada. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en el que se le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino para suministrar las expensas necesarias para surtir el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LA VINCULADA <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, corrobor\u00f3 parte de los acontecimientos acaecidos dentro del proceso ejecutivo, a\u00f1adi\u00f3, que el 13 de agosto de 2021 reconoci\u00f3 como abogada de la accionante a Ruth Cecilia Ariza Garc\u00eda y asimismo, le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para \u00abaportar las expensas necesarias para surtir el recurso de alzada.\u00bb tras se\u00f1alar, que: <\/p>\n
\u00abtal y como lo precis\u00f3 la Divisi\u00f3n De Fondos Especiales y Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el art 362 del C.G.P y el art. 2 numeral 1\u00b0 del acuerdo antes citado, la causaci\u00f3n de la tarifa establecida para efectos de las copias del proceso, no depende de si dichos gastos se generan de forma f\u00edsica o electr\u00f3nica, y que el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, no contempla excepci\u00f3n alguna al cobro de los gastos ordinarios del proceso para todo lo relacionado con copias, desarchivos, desgloses, certificaciones, y similares por medios electr\u00f3nicos, lo anterior so pena de declararse desierto el recurso.\u00bb <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, acto seguido, remiti\u00f3 al correo enunciado por la abogada en el memorial poder \u00abrutharizagarcia @gmail.com\u00bb, el link de acceso al expediente digital, sin que la hubiese presentado solicitud alguna a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, informando que hubiese tenido problemas para ingresar, o inclusive preguntar cu\u00e1l era el valor de los emolumentos que deb\u00eda cancelar para la remisi\u00f3n del proceso en apelaci\u00f3n; tampoco se comunic\u00f3 al abonado telef\u00f3nico designado por el despacho para la atenci\u00f3n al p\u00fablico, por lo que, transcurrido el t\u00e9rmino sin que hubiera pronunciamiento al respecto, declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n y s\u00f3lo hasta el 3 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, es decir, luego de dos (2) meses, interpuso recurso, el cual fue rechazado el 14 de diciembre de 2021. <\/p>\n
Expuso, que no comprende como la parte accionante en esta oportunidad manifiesta que se han transgredido sus garant\u00edas constitucionales, cuando en la oportunidad procesal correspondiente no ejerci\u00f3 las acciones legales, m\u00e1xime cuando fue su falta de inactividad la que gener\u00f3 que se declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n, por lo que le est\u00e1 vedado acudir a la tutela, ya que este mecanismo no puede suplir la falta de actuaci\u00f3n de las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Asociaci\u00f3n de Copropietarios de la Galer\u00eda Popular de Valledupar, indic\u00f3 que es evidente que el se\u00f1or Carlos Alberto Palencia, representante legal de la empresa ejecutante, quien asisti\u00f3 a la audiencia de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, conoc\u00eda la etapa en que se encontraba el proceso. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el Juzgado accionado fue cuidadoso y permisivo para proteger el derecho del debido proceso de la sociedad accionante, pues tom\u00f3 la iniciativa de interrumpir el proceso con el solo conocimiento p\u00fablico de la ocurrencia del hecho fatal y en auto del 13 agosto de 2021 reconoci\u00f3 personer\u00eda a la nueva abogada a la que, adem\u00e1s de darle a conocer la esencia del auto, le concedi\u00f3 un nuevo t\u00e9rmino para el suministro de las expensas; sin embargo, \u00e9sta omiti\u00f3 cumplir con su deber; por tanto, ninguna excusa ten\u00eda la apoderada de la parte demandante para no conocer el expediente desde antes de aceptar el poder, lo que muestra claramente que est\u00e1 alegando su propia omisi\u00f3n para revivir etapas surtidas dentro del proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n, por ausencia del requisito de subsidiariedad, en la medida en que la \u00abaccionante no plante\u00f3 su inconformidad [\u2026] a trav\u00e9s del instrumento procesal que ofrece el C\u00f3digo General del Proceso [\u2026] recurso de reposici\u00f3n al menos en dos oportunidades, siendo la primera cuando el juzgado en auto del 13 agosto de 2021, le concedi\u00f3 nuevamente a la parte ejecutante el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, para el suministro de las expensas, y la segunda cuando en providencia del 30 de septiembre de 2021, declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb y, aunque \u00abfrente a esta \u00faltima decisi\u00f3n [s\u00ed] interpuso recurso [\u2026] lo hizo en forma extempor\u00e1nea.\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la promotora del amparo para insistir en sus pretensiones y se\u00f1alar que en el art\u00edculo 362 del C\u00f3digo General de Proceso \u00aben ninguna parte indica que [para] el envi\u00f3 del expediente de manera electr\u00f3nica deba cancelar el arancel judicial.\u00bb y, que, como lo indica el Decreto 806 de 2020, \u00abel despacho est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de correr[l]e traslado del expediente digital [\u2026] con el fin de estudiar el proceso y saber en qu\u00e9 tapa (sic) procesal [se] encontraba\u00bb, pero no lo hizo, \u00abpor lo que no tuvo la oportunidad de realizar la consignaci\u00f3n\u00bb y se configur\u00f3 un \u00aberror de hecho [y] una violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales- siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como un dispositivo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.1 <\/p>\n
<\/p>\n
2. Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia, cuando se dirige en contra providencias judiciales, se encuentra condicionada por tres exigencias, a saber: i) que se verifiquen todos sus requisitos de procedibilidad, algunos de los cuales se particularizan cuando el acto que se cuestiona es la decisi\u00f3n de una autoridad jurisdiccional, siguiendo el precedente reiterado, entre muchas otras, en la Sentencia C-590 de 20052; ii) que se materialice alguna violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de los accionantes, mediante la configuraci\u00f3n de alg\u00fan espec\u00edfico defecto reconocido por la jurisprudencia constitucional, en la sentencia que se censura3, y iii) que, en la valoraci\u00f3n de las dos exigencias anteriores, se acredite que se trata de un caso \u00abdefinitivamente incompatible con el alcance y l\u00edmite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomal\u00eda de tal entidad que es necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb4. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En todo caso, dicho medio de protecci\u00f3n puede abrirse paso cuando se establezcan dos situaciones espec\u00edficas: \u00ab1\u00aa existencia de una v\u00eda de hecho, y 2\u00aa ausencia de mecanismos judiciales para atacarla\u00bb5. <\/p>\n
Sobre el punto, la referida Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, que esa situaci\u00f3n se configura cuando existe una evidente transgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con ocasi\u00f3n de un \u00abdefecto sustantivo o material\u00bb que surge, entre otros casos, cuando \u00abpese a la autonom\u00eda judicial, la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretaci\u00f3n razonable o la aplicaci\u00f3n final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretaci\u00f3n contraevidente (interpretaci\u00f3n contra legem) o claramente perjudicial para los intereses leg\u00edtimos de una de las partes o cuando en una decisi\u00f3n judicial se aplica una norma jur\u00eddica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermen\u00e9utica jur\u00eddica aceptable tal decisi\u00f3n judicial\u00bb6. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En la presente ocasi\u00f3n, el Grupo Empresarial Serdevip Ltda., acudi\u00f3 al presente mecanismo extraordinario para que se declare la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00b0 20001-31-03-005-2018-00230-00, seguido por la accionante en contra de la Galer\u00eda Popular de Valledupar, ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de dicha ciudad, desde el momento en el que se le concedi\u00f3 t\u00e9rmino para suministrar las expensas necesarias para surtir el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida, por cuanto -afirm\u00f3- la autoridad accionada no le permiti\u00f3 acceder al expediente digital correspondiente a esa actuaci\u00f3n, para determinar la etapa procesal en la cual se encontraba <\/p>\n
<\/p>\n
5. Al respecto, m\u00edrese que, si bien es cierto, la referida petici\u00f3n no fue as\u00ed elevada ante la autoridad accionada, lo cual permite inferir la ausencia del requisito de subsidiariedad echado de menos en el fallo de primera instancia, no menos lo es, que la postura cuestionada, no se acompasa con lo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PCSJA21-11830 de 17 de agosto de 2021, las particulares consecuencias derivadas de la emergencia sanitaria por la que se encuentra atravesando la sociedad, lo normado en el Decreto 806 de 2020 [en cuanto al uso de las TIC\u00b4s], as\u00ed como recientes pronunciamientos emitidos por esta Corporaci\u00f3n [ver STC1264-2022 entre otros] en torno al pago de expensas para el tr\u00e1mite de recursos de apelaci\u00f3n, cuando el expediente se encuentra digitalizado o escaneado. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En efecto, en el art\u00edculo 4\u00b0 del aludido acto administrativo se lee claramente, que \u00abLas tarifas actualizadas del arancel judicial no proceder\u00e1n para los procesos digitalizados [\u2026] salvo que se requiere por ley, por autoridad competente o por la parte interesada en papel o soporte magn\u00e9tico\u00bb [\u00c9nfasis no original] por su parte, el Decreto 806 supra referido, ya hab\u00eda estatuido el uso de \u00ablas tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia\u00bb, a la vez que esta Sala ha estimado innecesaria la se\u00f1alada erogaci\u00f3n, cuando se trata de expedientes h\u00edbridos o digitales. <\/p>\n
Sin embargo, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, en el auto de 30 de septiembre de 2021, sostuvo todo lo contrario, y tras se\u00f1alar que la parte interesada no hab\u00eda suministrado los dineros necesarios para el efecto, declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n, configurando as\u00ed la vulneraci\u00f3n denunciada por exceso ritual manifiesto si se tiene en cuenta que, el expediente del proceso ejecutivo n\u00b0 2018-00230-00 ya se encontraba en formato digital, por lo que, no era necesario el aludido pago, sino -simplemente- remitir el respectivo v\u00ednculo al Superior para lo de su cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
7. En consecuencia, de lo anterior se revocar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada, para conceder el amparo solicitado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en consecuencia, en su lugar: <\/p>\n
Primero: Concede el amparo del derecho al debido proceso invocado por el Grupo Empresarial Serdevip Ltda. <\/p>\n
Tercero: Ordena al referido Despacho que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, adopte las medidas tendientes a materializar lo dispuesto en el auto que concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, formulado por la parte actora, contra la sentencia de primer grado emitida dentro de la anotada ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Cuarto: Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Sentencia T-161 de 2005. Sobre la procedencia de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes, entre otras tantas, las sentencias T-225 de 1993; SU-544 de 2001; SU-1070 de 2003; T-827 de 2003; T-1225 de 2004 y T-702 de 2008. <\/p>\n
2\u0002 \u201c(i) Que el caso tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que al interior del proceso se hubiesen agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, esto es, que la tutela se hubiese interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n; (iv) que se trate de una irregularidad procesal con un efecto decisivo en la providencia que se impugna; (v) que el tutelante identifique, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y los derechos vulnerados, as\u00ed como, de haber sido posible, la etapa en que fueron alegados en el proceso ordinario y, finalmente, (vi) que la decisi\u00f3n judicial que se cuestione no sea de tutela\u201d. Sentencia T-269 de 2018. <\/p>\n
3\u0002 Esto es, si la providencia adolece de un defecto \u201cmaterial o sustantivo, f\u00e1ctico, procedimental, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente, org\u00e1nico, error inducido o violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u201d. Sentencia T-269 de 2018. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. Sentencia SU-050 de 2018, parafraseando lo dicho en las sentencias SU-573 de 2017, SU-050 de 2017 y SU-917 de 2010. Reiterado en Sentencia SU-573 de 2019 M.P. Carlos Bernal Pulido. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casaci\u00f3n Civil, Exp. No. T- 5000122100002002-0004-01. <\/p>\n
6\u0002 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T- 031 del 8 de febrero de 2016. <\/p>\n
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STC5400-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5400-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-002-2022-00043-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia de 7 de marzo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63353","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63353","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63353"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63353\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63353"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63353"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63353"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}