STC5401-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5401-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00078-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida el 22 de marzo de 2022, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela que Bellanid Var\u00f3n Castillo promovi\u00f3 contra los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal, ambos de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado 2018-00181. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por los Juzgados accionados en el tr\u00e1mite del proceso relacionado. <\/p>\n
Sostuvo en compendio, que con fundamento en una letra de cambio la se\u00f1ora Consuelo del Pilar Jim\u00e9nez inici\u00f3 en el a\u00f1o 2018 acci\u00f3n ejecutiva singular en su contra, actuaci\u00f3n que se surti\u00f3 en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en la demanda, se indic\u00f3 como direcci\u00f3n de notificaciones para la demandada, la Calle 36 N\u00b0 6-28 apartamento 701 del Edificio Torre Claudia Fernanda de Ibagu\u00e9, Tolima, en la cual fueron gestionadas las notificaciones personal y por aviso, sin embargo, para la fecha en que se gestionaron la referidas citaciones, la se\u00f1ora Bellanid Var\u00f3n Castillo, resid\u00eda en la calle 93 N\u00ba 9-02 casa lote 14C de la manzana C Condominio Palos Verdes Hacienda Residencial en Ibagu\u00e9-Tolima, en compa\u00f1\u00eda de sus nietos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que cuando en marzo de 2020 conoci\u00f3 de la existencia del juicio ejecutivo seguido en su contra \u00abcomo consecuencia de una llamada recibida de quien se identific\u00f3 como Sebasti\u00e1n Acevedo Rodr\u00edguez\u00bb, acudi\u00f3 al juzgado municipal de conocimiento y solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado por indebida notificaci\u00f3n, incidente que se neg\u00f3 en audiencia de 28 de abril de 2021 sin valorar todas las pruebas que alleg\u00f3 para el efecto, – por lo que hizo alusi\u00f3n a las que, en su sentir, fueron dejadas de lado por el juez. <\/p>\n
Explic\u00f3 que recurri\u00f3 in\u00fatilmente la providencia en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, porque el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 la confirm\u00f3 el 11 de octubre de 2021 incurriendo en el mismo error. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 decretar la nulidad de lo actuado en el proceso \u00abdesde el momento de la notificaci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva, en procura de garantizar su derecho fundamental al debido proceso, a la defensa y al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Segundo Civil Municipal de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que en el proceso ejecutivo singular de Consuelo del Pilar Jim\u00e9nez S\u00e1nchez contra Bellanid Var\u00f3n Castillo con radicaci\u00f3n No. 73001-40-03-002-2018-00181-00, se adelantaron todas las actuaciones pertinentes para garantizar el debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, resolviendo cada una de las peticiones presentadas por la aqu\u00ed accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, las cuales fueron encaminadas en indicar que fue indebidamente notificada del mandamiento de pago proferido el 24 de abril de 2018, situaci\u00f3n que no aconteci\u00f3. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la se\u00f1ora Var\u00f3n Castillo por conducto de su apoderado judicial, present\u00f3 el 27 de enero de 2022 nuevamente incidente de nulidad, el que se rechaz\u00f3 de plano el 9 de febrero de 2022, determinaci\u00f3n contra la cual no interpuso recurso, por tanto, la tutela no colma el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, refiri\u00f3 que conoci\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la accionante contra la providencia de 20 de mayo de 2021, el que confirm\u00f3 el 11 de octubre de 2021. <\/p>\n
3. Consuelo del Pilar Jim\u00e9nez S\u00e1nchez, se opuso a las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela, tras se\u00f1alar que no se le vulner\u00f3 a la solicitante los derechos fundamentales que alega, puesto que el proceso ejecutivo se adelant\u00f3 con total apego a las normas que lo rigen, consider\u00f3 que no se cumplen los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, neg\u00f3 el amparo constitucional al considerar que, no se cumple con el requisito de subsidiariedad en el caso objeto de estudio, puesto que, <\/p>\n
\u00abaunque contra el auto del 20 de mayo de 2021, el cual es objeto de esta acci\u00f3n, la accionante instaur\u00f3 los recursos de ley, circunstancia que lleva a pensar que el requisito de la subsidiariedad se encuentra satisfecho, advierte esta Corporaci\u00f3n que si bien el segundo incidente de nulidad promovido no tuvo por objeto la misma causal que el primero, la finalidad de los dos tramites no es otra cosa que lograr el decreto de la nulidad de todo lo actuado, pretensi\u00f3n que es objeto de la tutela; pues m\u00e1s all\u00e1 del yerro que se endilga al juez por indebida valoraci\u00f3n probatoria, lo cierto es que lo requerido por \u00e9sta no es otra cosa que se reviva de nuevo la oportunidad de contestar la demanda y dem\u00e1s actos posteriores. Contra el auto de 9 de febrero de 2022 mediante el cual se rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad, la parte interesada no promovi\u00f3 recurso alguno (\u2026)\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 el fallo de primer grado, al considerar, que la tutela tiene como finalidad se revise la actuaci\u00f3n adelantada por los juzgados accionados en torno al incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n que fue resuelta en segunda instancia mediante auto del 11 de octubre de 2021, m\u00e1s no, a la segunda nulidad formulada a la que hace alusi\u00f3n el fallador de primer grado, pues la misma se basa en aspectos f\u00e1cticos totalmente diferentes. <\/p>\n
Finalmente aludi\u00f3 que, de efectuarse un an\u00e1lisis a las pruebas allegadas y a los interrogatorios y testimonios practicados en el interior del incidente, resulta evidente que la accionante, para cuando fueron realizadas las notificaciones del auto de apremio, no resid\u00eda en el edificio Torre Claudia Fernanda sino en el conjunto palos verdes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada, se advierte la improsperidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia constitucional censurada, pero por las razones que pasar\u00e1n a exponerse. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3. En el evento bajo estudio, la queja constitucional se dirige contra los autos proferidos por los Juzgados Segundo Civil Municipal y Sexto Civil del Circuito, ambos de Ibagu\u00e9, de 20 de mayo y 11 de octubre de 2021 respectivamente, por medio de los cuales se neg\u00f3 el incidente de nulidad invocado por la se\u00f1ora Bellanid Var\u00f3n Castillo, no obstante, la Sala proceder\u00e1 a efectuar el estudio de la segunda de ellas, por ser est\u00e1 la que resolvi\u00f3 de manera definitiva la controversia planteada en la nulidad, para establecer si con ella, se le vulneraron los derechos fundamentales alegados por la solicitante. <\/p>\n
Frente a los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, habr\u00e1 de decirse que los mismos se cumplen a cabalidad en el sub judice, habida cuenta que la tutela fue interpuesta dentro del t\u00e9rmino razonable que se\u00f1ala la jurisprudencia [8 de marzo de 2022] y la actora constitucional agot\u00f3 los recursos que ten\u00eda a su alcance frente a la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
4. Ahora bien, y como la accionante reprocha que la decisi\u00f3n adoptada se debi\u00f3 a una valoraci\u00f3n defectuosa de las pruebas allegadas, la revisi\u00f3n de las piezas digitales, permiten observar a la Sala lo siguiente: <\/p>\n
En el juicio ejecutivo promovido por Consuelo del Pilar Jim\u00e9nez S\u00e1nchez contra Bellanid Var\u00f3n Castillo, bajo radicado 2018-00181, que se adelanta en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagu\u00e9, la demandada a trav\u00e9s de su apoderado judicial formul\u00f3 incidente de nulidad invocando la causal contemplada en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso [Derivado expediente digital. Archivo 001. Memorial nulidad.pdf.] <\/p>\n
Adelantado el tr\u00e1mite de que trata el art\u00edculo 129 del mismo Estatuto Procedimental, en audiencia de 20 de mayo de 2021, el Juzgado Municipal resolvi\u00f3 negar la nulidad invocada, decisi\u00f3n que fue recurrida y apelada por el apoderado judicial de la demandada en la misma diligencia. [Derivado expediente digital. Archivo 056. Continuaci\u00f3n audiencia radicaci\u00f3n 2018-00181-20210520_104248.pdf.] <\/p>\n
Avocado el conocimiento de la alzada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, en auto de 11 de octubre de 2021, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n atacada, bajo los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00ab9. En el caso concreto, analizado el argumento de la apelaci\u00f3n y valorada la prueba conforme con el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso a la par con las reglas del canon 328 de la misma disposici\u00f3n normativa, en primera medida frente a la inconformidad de la manera c\u00f3mo no fueron decretadas algunas pruebas de oficio sugeridas por la incidentante o la forma de c\u00f3mo fueron practicadas algunas, que en sentir del libelista, no se le dio la oportunidad de participar en la pr\u00e1ctica de las mismas, como en interrogatorios o algunos testimonios como da cuenta su escrito impugnatorio, t\u00e9ngase en cuenta que ello era objeto de haberse rebatido oportunamente tan pronto se provey\u00f3 sobre esos temas, mediante los medios ordinarios de impugnaci\u00f3n, ello, por aplicaci\u00f3n del principio procesal de preclusi\u00f3n; gesti\u00f3n de retaliaci\u00f3n jur\u00eddica que no despleg\u00f3 la parte interesada en su momento, por lo que en sede de esta apelaci\u00f3n resulta discusi\u00f3n escindida del objeto de la misma, la cual, se circunscribir\u00e1 solamente al aspecto sustancial considerado por el a quo que tuvo en cuenta para proveer sobre la nulidad procesal. <\/p>\n
10. En segundo lugar, en lo relativo a la notificaci\u00f3n del auto de apremio a la se\u00f1ora Bellanid Var\u00f3n Castillo, t\u00e9ngase en cuenta que acorde con los c\u00e1nones 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso y el trascrito criterio de la Corte, por regla general cuando a nivel de copropiedad, recibe citaciones para notificaci\u00f3n personal y por aviso, se surte la notificaci\u00f3n, excepto que se dejen salvedades compatibles sobre la no ubicaci\u00f3n no de similares efectos respecto del convocado, en el documento de recibo. Contra esa premisa jur\u00eddica, debe combatir quien alega una posible indebida notificaci\u00f3n, que en t\u00e9rminos del numeral 8\u00ba, art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso genera nulidad adjetiva. <\/p>\n
11. De esta manera, delanteramente se concluye por este ad quem, que le haya raz\u00f3n a lo dispuesto por el juez de primer grado, pues ciertamente, el material probatorio recaudado en la actuaci\u00f3n incidental no es contundente ni determinante para impartir raz\u00f3n a los argumentos de la incidente, por las siguientes razones: <\/p>\n
11.1. Aunque el apelante reproch\u00f3 que la decisi\u00f3n confutada se hubiere fundado en especial, en la certificaci\u00f3n expedida por la administraci\u00f3n del Condominio Palos Verdes al referir no constarle que Bellanid Var\u00f3n habit\u00f3 en la Casa 14C, manzana con posterioridad a septiembre de 2016, n\u00f3tese que fue documento que no fue tachado de falso, revistiendo presunci\u00f3n de autenticidad (art\u00edculo 244 del C\u00f3digo General del Proceso) y contra esa realidad, debe enervarse con otros medios probatorios, lo cual no fue logrado. <\/p>\n
11.2. N\u00f3tese que en el contrato de arrendamiento celebrado el 1\u00ba de septiembre de 2016 entre la arrendadora Yeisi Edit Sabogal Monedero y la arrendataria Sarith Leonela Villamil Var\u00f3n, respecto de la casa 14C,manzana C del Condominio Palos Verdes Hacienda Residencial, ubicada en la calle 93 No. 9-02 de Ibagu\u00e9, y que se intent\u00f3 mostrar como pauta para argumentar que a la \u00e9poca de 2018 (27 de abril y 15 de noviembre de esa anualidad), Bellanid Var\u00f3n ya no viv\u00eda en el apartamento 701 del Edificio Claudia Fernanda, no alcanza a fundamentar acertadamente ese argumento, pues, la hoy incidentante no fue parte dentro del indicado arrendamiento; es m\u00e1s, si se hubiere apreciado la constancia de vivienda emitida por la arrendadora Yeisi Edit Sabogal Monedero, obs\u00e9rvese que de la misma no se denota que la incidentante hubiere vivido en Palos Verdes, sino que su arribo era espor\u00e1dico (cuando llegaba a Colombia) a visitar a su hija, lo que se lleva por delante tambi\u00e9n la certificaci\u00f3n que expidi\u00f3 el Instituto The English Club; as\u00ed mismo, pierde peso probatorio de este argumento, el acta de incautaci\u00f3n del veh\u00edculo de placa IBX037 por cuanto su fecha de elaboraci\u00f3n es posterior a 2018. <\/p>\n
11.3. Por otra parte, si bien, el testimonio de Gerardo Quintero quien prestaba servicios contable a Bellanid y el m\u00e1s extenso de Dioselina G\u00f3mez Tapiero, conocida por \u00e9sta por gestiones de comisi\u00f3n, dan cuenta de la estad\u00eda de Bellanid Var\u00f3n en Edificio Claudia Fernanda hasta septiembre de 2016 y posteriormente en Palos Verdes, as\u00ed como la permanencia mayoritaria por varios a\u00f1os de aquella en Jap\u00f3n, objetivamente y de plano, no logran desvirtuar la realidad emergente de las restantes pruebas como la documental antes referida. <\/p>\n
11.4. Ahora, respecto al recibido de las citaciones para notificaci\u00f3n en la recepci\u00f3n del Edificio Claudia Fernanda de la calle 36 No.6-28, para el apartamento 701 (denunciado como lugar de notificaciones en el escrito de demanda), m\u00edrese que precisa fue la declaraci\u00f3n de Jos\u00e9 Luis Villanueva Guiza (perteneciente a la vigilancia de la copropiedad) no solo, ante el investigador Edwin Smith Bonilla Bonilla sino ante el juzgado de primera instancia, en donde acepta haber recibido esas correspondencias y no dej\u00f3 alg\u00fan tipo de salvedad (tambi\u00e9n como se aprecia en los documentos que sobre el particular militan en autos), sabiendo como lo dice, que conoci\u00f3 respecto de ese apartamento a una se\u00f1ora quien le nombraban como Janeth, pero que despu\u00e9s se enter\u00f3 que se llama Bellanid; por ende, debe anotarse que las citaciones para notificaci\u00f3n personal y por aviso, fueron recibidas acorde a las previsiones de los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, por ende, con la debida autorizaci\u00f3n por efecto de tales disposiciones legales. <\/p>\n
11.6. De igual manera, tanto del oficio de 17 de mayo de 2016 emitido por los propietarios Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Guzm\u00e1n y Ana C. Triana Silva como el de fecha 8 de julio de 2016 expedido por la administraci\u00f3n del Edificio Claudia Fernanda dirigidos a la incidentante, solicit\u00e1ndose en el primero, la entrega de ese apartamento por incumplimiento de las obligaciones de la opci\u00f3n de compra y el otro, exigiendo ponerse al d\u00eda y cumplir con las cuotas de la copropiedad, no resultan determinantes para concluir la estad\u00eda de Bellanid Var\u00f3n en el Edificio de la calle 36 de esta ciudad hasta septiembre de 2016, por cuanto que adicional a que solamente son posibles acreditaciones sobre el ejercicio de algunos derechos de cr\u00e9dito, no acreditando residencia en un sitio determinado, cuando la decisi\u00f3n buscada por la incidentante, pugna con el sentido de las restantes pruebas que anteriormente fueron analizadas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 07.ContestacionJuzgado2CivilMunicipalIbagu\u00e9] <\/p>\n
5. En este sentido, cotejados los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y los expuestos por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en la providencia censurada, no luce arbitraria o caprichosa, por cuanto la determinaci\u00f3n de confirmar la negativa del incidente de nulidad se fundament\u00f3 en las pruebas que reposan en el expediente, analizando cada uno de los reparos formulados por la aqu\u00ed accionante en el recurso de apelaci\u00f3n presentado, mismos que fueron tra\u00eddos a colaci\u00f3n en sede de tutela. <\/p>\n
6. Por lo anterior, se observa que con la impugnaci\u00f3n lo pretendido es revivir oportunidades ya fenecidas, sin que este mecanismo excepcional pueda convertirse en una tercera instancia, en tanto que, los hechos plasmados en la queja constitucional fueron los mismos analizados por el Juzgado del Circuito al resolver la alzada, es decir, que ya fueron resueltos por el juez de conocimiento, bajo la normativa que rige el caso en concreto. <\/p>\n
Cuestionamientos que adem\u00e1s, no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n del fallo impugnado, pues en estrictez, ante la expectativa de la accionante para que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas al proceso ejecutivo o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n realizada por la autoridad judicial accionada est\u00e1 lejos de ser antojadiza o arbitraria. (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
7. Las razones expuestas se estiman suficientes para confirmar la sentencia constitucional objeto de impugnaci\u00f3n, por las razones aqu\u00ed explicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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