STC5402-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5402-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01979-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 de la sentencia proferida el 21 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Enrique Romero contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el incidente de desacato iniciado tras el amparo constitucional con radicado n\u00ba 2020-00061. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, vida digna, trabajo en condiciones dignas y justas, igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la sociedad Rocales y Concretos SAS, Colpensiones y la Nueva E.P.S., aduciendo su desvinculaci\u00f3n sin justa causa por parte de la aludida compa\u00f1\u00eda y la falta de gesti\u00f3n en algunos tr\u00e1mites a cargo de la Administradora de Pensiones y la empresa promotora de salud. <\/p>\n
El 14 de octubre de 2020 el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, le ampar\u00f3 los derechos invocados y entre otros asunto resolvi\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) QUINTO: Se ordena al Representante Legal de la empresa ROCALES & CONCRETOS S.A.S. que en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas calendario, siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, su a\u00fan no lo hubiere hecho, reintegre al Sr. Sr. ENRIQUE ROMERO portador de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 2.283.463 al cargo que ocupaba o uno similar, para lo cual deber\u00e1 tener en cuenta las restricciones m\u00e9dicas que le orden\u00f3 el m\u00e9dico tratante, esto sin soluci\u00f3n de continuidad, hasta que le sea reconocida la pensi\u00f3n de invalidez, o la de vejez y se produzca su inclusi\u00f3n en n\u00f3mina de pensionados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que esa determinaci\u00f3n la confirm\u00f3 y adicion\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali el 25 de noviembre del mismo a\u00f1o, en el sentido de precisar que el reconocimiento y pago de incapacidades s\u00f3lo era exigible, siempre y cuando existan las licencias \u2013 certificaciones u \u00f3rdenes de incapacidad expedidas por los m\u00e9dicos tratantes. <\/p>\n
Explic\u00f3 que al considerar incumplida la orden constitucional, formul\u00f3 incidente de desacato, sin embargo, el juzgado de primera instancia el 19 de enero de 2021, resolvi\u00f3 no darle apertura y dispuso el archivo de las diligencias. <\/p>\n
Indic\u00f3 que frente a ese pronunciamiento instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela, y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en sentencia STP2924-2021 de 25 de febrero de 2021, le ampar\u00f3 los derechos invocados y dej\u00f3 sin efecto el auto del Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Cali de 19 de enero de 2021 y le orden\u00f3 emitir un nuevo pronunciamiento en el que verificara si efectivamente se hab\u00edan cumplido las \u00f3rdenes impartidas en la acci\u00f3n de tutela 2020-00061; decisi\u00f3n confirmada por esta Sala con sentencia STC7263-2021 de 17 de junio de 2021. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en virtud de lo anterior, el 14 de abril de 2021 el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito referido dio apertura formal al incidente de desacato, tr\u00e1mite en el que, tras surtirse las etapas pertinentes, en providencia de 27 de mayo de 2021 resolvi\u00f3 sancionar a la representante legal de Rocales y Concretos S.A.S., le impuso arresto por cinco (5) d\u00edas y multa equivalente a cinco (5) S.M.L.M.V. <\/p>\n
Complement\u00f3 que remitidas las diligencias para surtir el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Penal del Tribunal accionado2, el 24 de agosto de 2021 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y resolvi\u00f3 \u00abINAPLICAR la sanci\u00f3n impuesta a la se\u00f1ora Claudia In\u00e9s Pab\u00f3n Mosquera, en calidad de representante legal de la empresa Rocales y Concretos S.A.S. por haberse dado cumplimiento actualmente a la orden de tutela\u00bb. <\/p>\n
En sentir del accionante, con esa determinaci\u00f3n el Tribunal incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, \u00abpor cuanto omit[i\u00f3] que el incumplimiento del fallo judicial del 14 de octubre de 2020 proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, precisamente deviene del incumplimiento de las leyes laborales vigentes y de obligatorio cumplimiento para la accionada Rocales y Concretos\u00bb. <\/p>\n
Igualmente se\u00f1al\u00f3 que esa Corporaci\u00f3n, excedi\u00f3 sus facultades y no s\u00f3lo desconoci\u00f3 que la sociedad Rocales y Concretos SAS sigue vulnerando sus derechos fundamentales al incumplir con lo ordenado en la sentencia de tutela de 14 de octubre de 2020, al no pagar lo dispuesto en esa decisi\u00f3n, sino que tambi\u00e9n permiti\u00f3 la violaci\u00f3n reiterada y sistem\u00e1tica de las obligaciones legales que le asisten al empleador. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que los Magistrados del Tribunal accionado debieron declararse impedidos para conocer del asunto, conforme las causales contempladas en el art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, comoquiera que profirieron sentencia de m\u00e9rito dentro de la impugnaci\u00f3n del fallo de 14 de octubre de 2020, proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Cali. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abse declare el impedimento para conocer en sede de Consulta del incidente de desacato a los H. Magistrados LEOXMAR BENJAM\u00cdN MU\u00d1OZ ALVEAR, y los H. Magistrados ROBERTO FELIPE MU\u00d1OZ ORTIZ y ORLANDO DE JES\u00daS P\u00c9REZ BEDOYA pertenecientes al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI – SALA DE DECISI\u00d3N CONSTITUCIONAL. Y se envi\u00e9 a Juez competente para conocer del presente asunto\u00bb. <\/p>\n
De manera subsidiaria y, de no proceder la declaratoria de impedimento, pidi\u00f3 ordenar a Tribunal accionado revocar la decisi\u00f3n de 24 de agosto de 2021 y, en su lugar, emitir una nueva providencia que ordene a la empresa Rocales y Concretos SAS, el pago de los emolumentos constitutivos de salario, devengados desde el 9 de noviembre de 2020 hasta la fecha de su reconocimiento. <\/p>\n
Igualmente, rog\u00f3 proferir una nueva providencia donde se confirme la sanci\u00f3n por desacato tal y como fue dispuesto en auto de 27 de mayo de 2021, en concordancia con lo se\u00f1alado en las sentencias STP2924-2021 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 25 de febrero de 2021 y la STC7263-2021 de esta Sala el 17 de junio siguiente. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali inform\u00f3 que, resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 14 de octubre de 2020, e igualmente, conoci\u00f3 en sede de consulta la sanci\u00f3n impuesta por desacato mediante auto de 27 de mayo de 2021 proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Precis\u00f3 que antes de resolver la consulta, requiri\u00f3 a las partes para que brindaran informaci\u00f3n adicional referida al incumplimiento, concretamente lo atinente al cargo desempe\u00f1ado por el actor, pago de salarios y ubicaci\u00f3n laboral, y destac\u00f3, que al no ser clara la respuesta recibida frente al requerimiento, estableci\u00f3 comunicaci\u00f3n tanto con el reclamante, como con su apoderado, \u00abquienes al un\u00edsono dieron a conocer que el se\u00f1or Romero ya estaba reintegrado laboralmente en la sede cercana a su residencia y estaba recibiendo su salario de manera normal\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de 27 de mayo de 2021 e inaplicar la sanci\u00f3n impuesta a la representante legal de Rocales y Concretos SAS por haber dado cumplimiento a la orden de tutela, as\u00ed como remitir copia de la actuaci\u00f3n ante el Ministerio de Trabajo \u2013 Direcci\u00f3n Territorial Valle del Cauca, para que de acuerdo a sus competencias adelantara los tr\u00e1mites que estimara pertinente <\/p>\n
2. La Nueva EPS Porvenir S A, y el patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n -PARISS- solicitaron la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 el Asesor Jur\u00eddico del Ministerio del Trabajo, manifestando que no existen obligaciones ni derechos rec\u00edprocos entre el reclamante y esa entidad. <\/p>\n
4. El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, narr\u00f3 las actuaciones surtidas en el asunto cuestionado y resalt\u00f3 que a la fecha de presentaci\u00f3n de su informe el accionante no hab\u00eda vuelto a presentar incidente ante esa instancia constitucional, y alleg\u00f3 copia del expediente digital. <\/p>\n
5. La Representante Legal de Rocales y Concretos SAS, afirm\u00f3 que lo pretendido por el actor es que la compa\u00f1\u00eda le vuelva a pagar determinadas sumas de dinero, las cuales ya fueron canceladas por efecto del reintegro que orden\u00f3 el juez , pero que de forma infortunada en un \u00abfallo inexplicable emitido dentro del presente asunto\u00bb se le gener\u00f3 una expectativa econ\u00f3mica al se\u00f1or Enrique Romero, que ahora a trav\u00e9s de su apoderado persigue \u00aba como d\u00e9 lugar\u00bb por considerar que tiene derecho a ello, sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali pudo verificar el cumplimiento de las \u00f3rdenes judiciales impuestas y determin\u00f3 que no hab\u00eda lugar a la sanci\u00f3n atribuida por desacato. <\/p>\n
Sostuvo que se demostr\u00f3 que a Enrique Romero se le pag\u00f3 todo lo concerniente a los salarios, prestaciones y dem\u00e1s emolumentos ganados por el t\u00e9rmino del retiro injustificado hasta su reintegro y de ah\u00ed en adelante, aclarando que no se adeuda ning\u00fan valor por esos conceptos laborales ni por auxilio de transporte ya que dichos recursos se han cancelado completamente. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, al revisar el escrito inicial, se reflejan pr\u00e1cticamente los mismos hechos que ya fueron debatidos y que en su momento fueron objeto de las sentencias de tutela que dieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada y los posteriores ejercicios de desacato. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n constitucional, tras considerar que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali no incurri\u00f3 en una causal de procedibilidad, ya que la empresa Rocales y Concretos SAS se encuentra cumpliendo las \u00f3rdenes emitidas. Asimismo, indic\u00f3 que lo pretendido por el reclamante es valerse de la acci\u00f3n de tutela para buscar una decisi\u00f3n diferente a la proferida en el incidente de desacato, desconociendo que lo resuelto hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, lo cual impide revivir una controversia superada. <\/p>\n
De otro lado, se\u00f1al\u00f3, \u00ab[E]n atenci\u00f3n a que la parte accionante considera que tanto el Tribunal Superior de Cali como el Juzgado 7\u00ba Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad, est\u00e1n desconociendo los fundamentos de las decisiones adoptadas por esta Corporaci\u00f3n en sentencias STP2924-2021 y STC7263-2021 (\u2026) La Corte considera que la ruta para exteriorizar los reparos puestos de presente en este tr\u00e1mite constitucional puede ser expuestos dentro de ese proceso, a trav\u00e9s del incidente de desacato, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, frente al reclamo para que los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, fueran separados del tr\u00e1mite incidental, por el hecho de haber conocido la impugnaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y, ahora, del grado jurisdiccional de consulta, puntualiz\u00f3 que en \u00faltimas lo que persigue el actor es recusar al juez colegiado de tutela, aspiraci\u00f3n que no estaba llamada a prosperar por ser una figura no procedente en materia de tutela. <\/p>\n
Con todo, consider\u00f3 oportuno indicar que el Tribunal no ha incurrido en ninguna irregularidad, comoquiera que el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, es claro en indicar que el incidente de desacato debe ser conocido por el juez que emiti\u00f3 la sentencia, lo cual puede hacerse extensivo a la autoridad judicial que conoci\u00f3 la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, aduciendo que la solicitud de que se confirme la sanci\u00f3n de desacato va m\u00e1s all\u00e1 de la simple competencia para conocer o no del presente asunto o si se incurrieron en yerros procedimentales. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la presente acci\u00f3n nace del incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas a la empresa Rocales y Concreto SAS respecto al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su injusto despido hasta la fecha de su reincorporaci\u00f3n y de las \u00abdesleales actuaciones procesales y enga\u00f1os por parte de esta empresa para pretender hacer creer que se ha cumplido con lo impuesto en sentencia de tutela. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que resulta incomprensible que ahora deba utilizar como t\u00edtulo judicial la sentencia de tutela de 14 de octubre de 2020 y la sentencia STP14841-2021 para reclamar algo que el propio juez de tutela ha reconocido y que por una decisi\u00f3n unilateral e ilegal de aquel llamado a cumplir ha generado, deba mediante un excesivo ritual manifiesto acudir a otra instancia judicial para hacer cumplir a cabalidad un mandato constitucional. <\/p>\n
Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que no es cierto que la empresa Rocales y Concretos haya realizado todos los pagos a su cargo, ya que adem\u00e1s de los salarios y auxilio de transporte, es responsable de los pagos de seguridad social, no obstante, en el reporte de semanas cotizadas a pensi\u00f3n de fecha 12 de noviembre de 2021 \u2013el cual anexa-, se observa el incumplimiento de esos pagos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Corporaci\u00f3n tiene sentada como pauta general, que la acci\u00f3n de tutela no procede frente a resoluciones derivadas del incidente de desacato, debido a \u00abla conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ, STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02, reiterado en STC 16684-2021). <\/p>\n
No obstante, se ha admitido de forma excepcional, la posibilidad de acudir a esta herramienta cuando el funcionario <\/p>\n
\u00abencargado de hacer cumplir el veredicto se niega a hacerlo o se abstiene de iniciar el procedimiento para ello, abriendo la posibilidad que el favorecido instaure nuevas tutelas con el fin de que se le protejan sus garant\u00edas esenciales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, lo que guarda consonancia con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia T-010\/2012, citada por esta Sala en CSJ STC, 18 mar. 2013, rad. 00509-00, STC6510-2015, 27 may. rad. 00881-00, STC9865-2015, 30 jul, rad. 01672-00 y STC-2016, 21 en., rad. 00014-00, donde indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia (\u2026) En este caso, el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso\u00bb (Reiterada en STC5619-2020, STC6817-2020, STC1518-2021 y STC4724-2021, citadas en STC10540-2021). <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje, as\u00ed, seg\u00fan lo ha interpretado tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso en estudio y examinada la queja, se extrae que el actor, en esta ocasi\u00f3n, reprocha lo decidido en la providencia de 24 de agosto de 2021, mediante la cual el Tribunal Superior de Cali, en sede de consulta, resolvi\u00f3 inaplicar la sanci\u00f3n impuesta por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de la misma ciudad, a la representante legal de la empresa Rocales y Concreto SAS por haber dado cumplimiento a la orden de tutela. <\/p>\n
2.1. Precisado lo anterior y revisado el mencionado auto, se concluye el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada, pues no se observa desafuero ni irregularidad lesiva del debido proceso -como lo prev\u00e9 la jurisprudencia antes citada, relativa a las excepciones-, para abrir paso a este mecanismo extraordinario. <\/p>\n
En efecto, se encuentra que la Corporaci\u00f3n accionada, en aras de verificar si se manten\u00edan las circunstancias que dieron lugar a la sanci\u00f3n, requiri\u00f3 a las partes para que rindieran las explicaciones pertinentes y realiz\u00f3 preguntas concretas, las cuales fueron resueltas de forma espec\u00edfica y clara por la compa\u00f1\u00eda accionada; adem\u00e1s, aclar\u00f3 que, aunque el actor resolvi\u00f3 el cuestionario, expuso circunstancias adicionales, tanto f\u00e1cticas como procesales, que no eran objeto de ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
Posteriormente, sintetiz\u00f3 lo manifestado por las partes frente aspectos como \u00abla valoraci\u00f3n m\u00e9dica\u00bb y \u00abel cargo que desempe\u00f1a [el actor]\u00bb, \u00e9ste \u00faltimo en el cual, expuso que, seg\u00fan lo declarado por la empresa, Enrique Romero desempe\u00f1aba el cargo de auxiliar ambiental, el que desarrollaba incluso antes de su retiro de la compa\u00f1\u00eda y desde septiembre de 2021, precisando que \u00e9ste al momento de su despido no era minero; por su parte, el accionante, afirm\u00f3 que fue reintegrado al cargo de minero, el que ejerc\u00eda antes de su despido, resaltando que la empresa a su incorporaci\u00f3n le asign\u00f3 el cargo de auxiliar ambiental, sin contar con concepto de medicina laboral, oblig\u00e1ndosele a realizar actividades restringidas e incluso sin la debida dotaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n necesaria. <\/p>\n
En lo referente \u00abal lugar en que se ejerce la labor\u00bb, la Colegiatura acusada mencion\u00f3 que Rocales y Concretos S.A.S. expuso que contaba con dos sedes: una en Acopi-Yumbo, en la cual el actor trabaj\u00f3 provisionalmente por unos d\u00edas porque se le pidi\u00f3 que colaborara en actividades ambientales y, otra, en Aguacatal lugar de trabajo original del suplicante, donde retorn\u00f3 luego de finalizar la labor asignada en Acopi, no obstante, Enrique Romero, a su turno, sostuvo que cuando se hizo su reintegro, sin raz\u00f3n, la empresa lo ubic\u00f3 en Acopi. <\/p>\n
Por otra parte, en punto a la pregunta realizada a las partes referente al \u00abal pago de salarios\u00bb, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa accionada explic\u00f3 que al momento del retiro del trabajador se le realiz\u00f3 un pago por liquidaci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n, el que se realiz\u00f3 el 2 de septiembre de 2020. Que ante el fallo de tutela y la orden de reintegro laboral se dispuso autorizar movimientos y pagos para efectos devoluci\u00f3n que deb\u00eda efectuar el trabajador, a quien aclar\u00f3 se le hizo el pago de salarios, prestaciones y aportes seguridad social, pero efectu\u00e1ndose compensaci\u00f3n. Expuso que para el 15 de marzo de 2021, s\u00f3lo quedaba un nuevo saldo a favor de la compa\u00f1\u00eda por $132.709 y que, el empleador recibir\u00e1 luego de ese descuento la totalidad de las salarios, prestaciones y auxilios de transporte. <\/p>\n
Sobre este aspecto, el actor afirma que la sentencia de tutela \u201cEs clara al reconocer la procedencia de mi reintegro laboral propendiendo por m\u00ed rehabilitaci\u00f3n ocupacional e integraci\u00f3n social dentro de la empresa junto con la cancelaci\u00f3n de los salarios y prestaciones sociales adeudadas desde julio de 2020 hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro\u201d. <\/p>\n
Al respecto sostiene que, luego de su reintegro no le han cancelado los salarios ni el auxilio de transporte, que s\u00f3lo se efect\u00faa pago a partir de la primera quincena de abril de 2021, es decir, 5 meses luego de realizado el reintegro, decisi\u00f3n que alega la adopt\u00f3 de manera unilateral su empleador y que para el momento del requerimiento realizado por la Sala – 17 de junio de 2021- s\u00f3lo se hab\u00eda efectuado el pago de 5 quincenas. Alega que la accionada alude a una presunta compensaci\u00f3n, pero desconociendo los derechos y garant\u00edas m\u00ednimas del empleado. <\/p>\n
Agrega que luego del reintegro se produjo desmejoramiento de sus condicionales laborales, tales como cambio de su jornada laboral, lugar de trabajo, desconocimiento de restricciones m\u00e9dicas, falta de dotaci\u00f3n y acoso laboral\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el Tribunal accionado precis\u00f3 que previo a la emisi\u00f3n de esa decisi\u00f3n, se dej\u00f3 constancia de llamadas efectuadas de una parte, al apoderado del reclamante, quien indic\u00f3 que hac\u00eda aproximadamente dos meses se hab\u00eda reactivado el pago de salarios, a pesar que el reintegro se efectu\u00f3 desde noviembre de 2020 y que a su representado ya lo hab\u00edan reintegrado al cargo de minero, a\u00f1adiendo que en abril de 2021 se le realiz\u00f3 la valoraci\u00f3n m\u00e9dica laboral, que efectivamente estuvo trabajando en Acopi, sin que se le suministrara medio de transporte, reiterando que la sociedad ha incumplido e incluso que la supresi\u00f3n de salarios abarc\u00f3 el auxilio de transporte. <\/p>\n
Y de otro lado al accionante, quien inform\u00f3 que se encontraba trabajando en la sede de Aguacatal, donde se le estaban respetando las restricciones y no realizaba trabajos pesados, frente a los pagos, afirm\u00f3 que estaba recibiendo sus salarios. <\/p>\n
Con fundamento en las pruebas allegadas y lo informado por las partes, el Tribunal concluy\u00f3 que, si bien para el momento en que se profiri\u00f3 el auto de sanci\u00f3n, no se ten\u00eda la informaci\u00f3n referente a las medidas adoptadas por la sociedad Rocales y Concretos SAS con la finalidad de cumplir el fallo judicial, verific\u00e1ndose para ese momento procesal, el desobedecimiento al mandato judicial, lo cierto era que al revisar en esa instancia el tr\u00e1mite, se pod\u00eda considerar cumplida actualmente la orden de tutela y el respeto de las garant\u00edas superiores del accionante, como quiera que ya estaba recibiendo el pago de sus salarios y la reubicaci\u00f3n se realiz\u00f3 previo concepto m\u00e9dico con respeto a las restricciones, por lo cual procedi\u00f3 a disponer la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta a la representante legal de la empresa accionada. <\/p>\n
Igualmente, advirti\u00f3 que no era viable estudiar en ese \u00e1mbito, el tema de la compensaci\u00f3n de salarios efectuada por la compa\u00f1\u00eda, por ser ajeno a las \u00f3rdenes impartidas en la tutela sobre la cual se estaba verificando el cumplimiento, resaltando que esos eran aspectos econ\u00f3micos que desbordaban al juez constitucional, adem\u00e1s indic\u00f3 que si el trabajador estimaba alguna discrepancia, ten\u00eda a su alcance la jurisdicci\u00f3n laboral para buscar esclarecer si hubo alguna inconsistencia en el proceder de la empleadora que le afecte econ\u00f3micamente. <\/p>\n
Finalmente, dispuso enviar copias de la tramitaci\u00f3n surtida al Ministerio del Trabajo -Direcci\u00f3n Territorial Valle del Cauca- para que de acuerdo a sus competencias adelantara las actuaciones que estimara pertinentes, ello en atenci\u00f3n a las manifestaciones efectuadas por el actor y su apoderado judicial, referente a las irregularidades acaecidas con ocasi\u00f3n al cumplimiento del fallo de tutela, entre ellas, la figura de compensaci\u00f3n, el cambio de sede fuera de la ciudad, la supresi\u00f3n de pago del auxilio de transporte, la inobservancia de las restricciones m\u00e9dicas y el presunto acoso laboral. <\/p>\n
3. Como se advirti\u00f3, ninguna arbitrariedad revela la decisi\u00f3n citada, pues all\u00ed se expusieron, en detalle, las razones por las cuales, se consider\u00f3 que la orden de tutela impartida por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Cali el 14 de octubre de 2020 hab\u00eda sido cumplida, acatando los aspectos advertidos por el fallador, esencialmente porque el reclamante ya hab\u00eda sido valorado por medicina laboral, se le hab\u00edan fijado las restricciones laborales, estaba trabajando en la sede que siempre hab\u00eda desarrollado sus labores y se estaba efectuando el pago de salarios, condiciones plasmadas en la orden . <\/p>\n
Por tanto, las consideraciones del Tribunal superior de Cali, no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revelaba el tr\u00e1mite incidental, para esta Sala, el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados, y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea flagrante y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en este asunto, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. (STC811-2022). <\/p>\n
4. Ahora bien, en punto al reproche elevado por el suplicante en la impugnaci\u00f3n, referente al incumplimiento de los aportes a pensi\u00f3n por parte de la empleadora durante el tiempo que estuvo desvinculado, constituye una alegaci\u00f3n nueva no expuesta en el escrito inicial, por tanto, no puede ser examinada en esta instancia, ya que afectar\u00eda el \u00abderecho de defensa\u00bb de quienes no pudieron controvertirla concretamente. <\/p>\n
5. Finalmente, respecto a la pretensi\u00f3n para que se \u00abdeclare el impedimento para conocer en sede de consulta del incidente de desacato a los Magistrados del Tribunal Superior de Cali\u00bb, se precisa que tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, la figura de la recusaci\u00f3n no procedente en materia de tutela, art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
6. De conformidad con lo anterior, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada, pero por las razones aqu\u00ed explicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tr\u00e1mite asignado a esta Sala el 8 de abril de 2022. <\/p>\n
2\u0002 Salvamento de voto de uno de los Magistrados, al considerar que \u00abdebi\u00f3, expl\u00edcitamente revocarse, por hecho superado, la sanci\u00f3n impuesta a la representante legal de Rocales y Concretos S.A.S. y no confirmar la sanci\u00f3n luego de inaplicarla, lo que conlleva a una decisi\u00f3n poco clara y ambigua\u00bb. <\/p>\n
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STC5402-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5402-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01979-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 de la sentencia proferida el 21 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63355","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63355","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63355"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63355\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63355"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63355"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63355"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}