STC5404-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5404-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-00188-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia de 9 de marzo de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que Rhinox Colombia SAS, formul\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano, C\u00f3rdoba, el Consorcio Estadio PL y\/o Parque Divino Ni\u00f1o, Consorcio Sint\u00e9tico y\/o Deportivo Uramita, Consorcio Deportivo Gu\u00e1tica, Banco Agrario de Colombia, Alcald\u00eda de La Apartada, Alcald\u00eda de Puerto Libertador y Alcald\u00eda de Uramita, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00b0 234663189001 20190006900. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El representante legal de la sociedad actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a \u00abla vida, m\u00ednimo vital\u00bb, igualdad, petici\u00f3n, trabajo y debido proceso. <\/p>\n
Para lo anterior, manifesto, en s\u00edntesis, que en el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 contra el Consorcio Divino Ni\u00f1o, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano, libr\u00f3 \u00f3rdenes de embargo que fueron notificadas a las distintitas entidades vinculadas, sin que a la fecha hubiesen dado cumplimiento a ellas, a pesar de las m\u00faltiples solicitudes y requerimientos realizados por sus apoderados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3 ordenar a las accionadas dar cumplimiento a las aludidas \u00f3rdenes judiciales y realizar el pago de los dineros embargados, para que posteriormente sean depositados a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LAS VINCULADAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano, inform\u00f3 que, mediante auto de 20 de noviembre de 2019, decret\u00f3 las medidas cautelares solicitadas por la sociedad accionante, las cuales fueron comunicadas a las distintas entidades y sociedades a que hace referencia el escrito de tutela. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que en el expediente reposan las respuestas emitidas en relaci\u00f3n con la inscripci\u00f3n de los embargos decretados, y que las mismas fueron remitidas al correo electr\u00f3nico de la ejecutante rhinoxcol1@gmail.com, el 29 de abril de 2021 en respuesta al derecho de petici\u00f3n de 25 de marzo del mismo a\u00f1o, tal como consta en el oficio civil No. 305-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Municipio de La Apartada – C\u00f3rdoba, indic\u00f3 que a la accionante se le dio respuesta clara, expresa y de fondo a su petici\u00f3n de 30 de marzo de 2021, en la cual le inform\u00f3 que acat\u00f3 la orden de embargo comunicada, y que hasta la fecha no se ha realizado pago alguno al Consorcio Parque Divino Ni\u00f1o, pero que, una vez se presente cuenta de cobro para pago, tendr\u00e1 prelaci\u00f3n la orden dada por el Juzgado. <\/p>\n
A su vez, destac\u00f3 que no ha desconocido la referida disposici\u00f3n, porque debe observarse que respecto al Consorcio Parque Divino Ni\u00f1o existe un Contrato de Obra No. LP-MLA- 001-2018, el cual a\u00fan se encuentra en ejecuci\u00f3n, no ha sido liquidado e inclusive, existe un incumplimiento por parte del contratista, raz\u00f3n por la cual no tiene certeza en torno si le adeuda o no, sumas de dinero, toda vez que existe un incumplimiento del Contrato. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Banco Agrario de Colombia S.A. aleg\u00f3 que no existe vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno por su parte, ya que la accionante no lo indic\u00f3 de esa manera. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo tras considerar que se super\u00f3 el hecho causante de la amenaza, con la providencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano de 4 de marzo de 2022, en la cual neg\u00f3 la solicitud de requerir a la alcald\u00eda del Municipio de La Apartada, determinaci\u00f3n que puede ser reprochada por la demandante a trav\u00e9s de los mecanismos dispuestos en el ordenamiento procesal. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3, en que no existe peligro de afectar ning\u00fan derecho fundamental, si en cuenta se tiene que, para la fecha de formulaci\u00f3n de la tutela, en el proceso ejecutivo no se hab\u00eda dispuesto la entrega de dineros, y ni siquiera se hab\u00eda ordenado seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, lo que descart\u00f3 una eventual trasgresi\u00f3n al art\u00edculo 447 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la sociedad accionante para insistir en sus pretensiones, y en que las accionadas mantienen una conducta omisiva en acatar las \u00f3rdenes judiciales de embargo decretadas y registradas, sin que el Tribunal constitucional instancia hubiese examinado que con ello se afectan tanto sus derechos fundamentales, como los de sus trabajadores, ante la eventual imposibilidad de pagar los salarios adeudados a los mismos, dado que ser\u00edan realizados con el dinero que se obtenga con los procesos en curso. <\/p>\n
Respecto a las actuaciones de la Alcald\u00eda Municipal de La Apartada \u2013 Departamento de C\u00f3rdoba, arguy\u00f3 que la misma \u00aba lo largo y ancho de este proceso ejecutivo, ha venido incurriendo en reiteradas y evidentes confusiones y contradicciones e incumplimientos de sus decisiones judiciales y medidas cautelares ordenadas en autos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, solicit\u00f3 requerir a las entidades bancarias a las que se ofici\u00f3 en su momento para el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas, y ordenar el embargo de los remanentes o bienes embargados o que se llegaren a desembargar en el proceso ejecutivo n\u00famero 11001 310305120210037100. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo judicial de car\u00e1cter excepcional breve y sumario que permite la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos muy excepcionales- siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como un dispositivo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, consistente este en el \u00abgrave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicaci\u00f3n inmediata e impostergables\u00bb1 para neutralizar, en la medida en que ello sea posible, su conculcaci\u00f3n, excluyendo hechos inciertos, riesgos potenciales y hechos verificados en el pasado remoto2, y para cuya determinaci\u00f3n deben confluir los siguientes criterios a saber: (i) una amenaza actual e inminente, (ii) que se trate de un perjuicio grave; (iii) que sea necesaria la adopci\u00f3n de medidas urgentes y, (iv) que las mismas sean impostergables.3. <\/p>\n
En ese contexto, si el juez de la tutela verifica que el accionante de que se trate no ha agotado \u00abtodos los medios \u2013 ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial a su alcance\u00bb4, la acci\u00f3n deviene improcedente. <\/p>\n
2. En el asunto en estudio, Rhinox Colombia SAS acudi\u00f3 a este mecanismo extraordinario inconforme porque las distintas entidades a las cuales se comunicaron los embargos decretados por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montel\u00edbano, C\u00f3rdoba, en el proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00b0 23466 318900120190006900, seguido contra el Consorcio Divino Ni\u00f1o, no han dado cumplimiento a dichos ordenamientos, motivo por el cual, solicit\u00f3, en s\u00edntesis, se les requiera para que pongan a disposici\u00f3n del proceso los dineros embargados, para que pueda, a su vez, cumplir con sus obligaciones dinerarias. <\/p>\n
Sin mayor dificultad observa la Sala, que las pretensiones de la sociedad accionante estaban llamadas al fracaso toda vez que, deb\u00edan ser atendidas en primera medida, por la autoridad que dirige el proceso donde es ejecutante, situaci\u00f3n que se\u00f1ala el incumplimiento del requisito de subsidiariedad que siempre debe acompa\u00f1ar a la acci\u00f3n de tutela y, de contera, su fracaso, en relaci\u00f3n con lo precedente, la Corte ha determinado que, \u00ab(\u2026) si no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019, STC547-2022 y STC605-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, debe anotarse que de las pruebas allegadas al expediente constitucional, no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas necesarias para abrirle paso al amparo ni siquiera de manera excepcional. <\/p>\n
T\u00e9ngase presente, que si bien es cierto una de las particularidades de la tutela es su evidente car\u00e1cter informal, los jueces constitucionales deben corroborar los hechos que dan cuenta de la violaci\u00f3n de las prerrogativas cuya protecci\u00f3n se invoque, ya que, como lo ha determinado la jurisprudencia Constitucional, dichos funcionarios no pueden conceder una tutela si no existe prueba de la transgresi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental que requiera el amparo constitucional en un proceso preferente y sumario5. As\u00ed, ha concluido destacando que, \u00abla persona que alega la ocurrencia de un perjuicio irremediable debe acreditar probatoriamente los hechos en los que funda la configuraci\u00f3n de dicha situaci\u00f3n\u00bb6, sin que para eso sea suficiente una simple afirmaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto \u00faltimo por cuanto no bastaba con que la sociedad impugnante se\u00f1alara que los derechos fundamentales de sus trabajadores se ver\u00edan afectados si no se atend\u00edan con diligencia las anotadas medidas cautelares, pues de ello no existe prueba que permita inferir, razonablemente, que, si quiera uno solo de sus subalternos, alegara tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 19917, la acci\u00f3n de tutela ha de demandarse por el titular de los derechos presuntamente vulnerados, a menos que \u00abno est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb, caso en el cual se permite su ejercicio8: (i) \u00abpor medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jur\u00eddicas)\u00bb; (ii) \u00abpor medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado y al escrito de acci\u00f3n se debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general respectivo.\u00bb y, (iii) \u00abpor medio de agente oficioso.\u00bb9. <\/p>\n
Para esa tarea, es claro, que la accionante deb\u00eda manifestar que es la apoderada o agente oficiosa de sus trabajadores, y m\u00e1s all\u00e1 de eso, acreditar id\u00f3neamente que los mismos no pod\u00edan proveerse su propia defensa, escenario que no fue planteado, lo cual descarta la posibilidad de tomar en cuenta los argumentos consignados en el escrito de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Con base en lo expresado, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Sentencia T-161 de 2005. <\/p>\n
3\u0002 Sobre la procedencia de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes, entre otras tantas, las sentencias T-225 de 1993; SU-544 de 2001; SU-1070 de 2003; T-827 de 2003; T-1225 de 2004 y T-702 de 2008. <\/p>\n
4\u0002 Corte Constitucional, sentencia C- 590 de 2005, posteriormente reiterada en las providencias T-388 de 2006, SU- 946 de 2014, SU- 537 de 2017, entre otras. <\/p>\n
5\u0002 \u00c9nfasis no original Cfr, Sentencia T-702 de 2000 MP. Alejandro Mart\u00ednez Caballero, reiterada en 2017, en Sentencia T-471\/17 M. S.: Gloria Stella Ortiz Delgado. <\/p>\n
6\u0002 Sentencia T-471\/17 M. S.: Gloria Stella Ortiz Delgado. <\/p>\n
7\u0002 El cual reglament\u00f3 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
8\u0002 Cfr. Corte Constitucional Sentencia T-406 de 2017. <\/p>\n
9\u0002 Cfr. Corte Constitucional Sentencia T-552 de 2006. <\/p>\n
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