STC5415-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5415-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02266-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por la convocante frente a la sentencia de 23 de noviembre de 2021, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Damaris Lozano Mena contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de esta misma Corte. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Laboral) y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, ambos de Ibagu\u00e9, as\u00ed como la Corporaci\u00f3n Jard\u00edn de los Abuelos y la Procuradur\u00eda delegada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La promotora deprec\u00f3, mediante apoderado, el respeto de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, \u00absalud, (\u2026) trabajo, (\u2026) igualdad, (\u2026) vida digna, (\u2026) seguridad social y (\u2026) m\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente conculcadas por la Colegiatura repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar valor a lo dirimido en sede extraordinaria dentro del expediente laboral n.\u00b0 \u00ab2016-00139\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante es el que enseguida se devela: <\/p>\n
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1. Ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9 se surti\u00f3, bajo el radicado y especialidad descritos a espacio, demanda de la titular del resguardo de marras contra la Corporaci\u00f3n Jard\u00edn de los Abuelos, dirigida a la declaraci\u00f3n de existencia de \u00abcontrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido\u00bb entre las partes, \u00abdesde el 1\u00b0 de noviembre de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2014\u00bb, fecha en que se la despidi\u00f3 de forma injusta por \u00abenfermedad\u00bb y sin permiso del Ministerio del Trabajo. Igualmente, con el fin de que fuera \u00abreintegrada (\u2026) sin soluci\u00f3n de continuidad\u00bb, previo pago de \u00absalarios, prestaciones sociales y aportes\u00bb dejados de percibir, m\u00e1s una \u00abINDEMNIZACI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la contienda provino fallo el 11 de octubre de 2017, que si bien encontr\u00f3 existente la relaci\u00f3n empleaticia, devino adverso a las dem\u00e1s pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La decisi\u00f3n en cita la revoc\u00f3 el Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial (Sala Laboral), en v\u00eda de consulta a favor de la parte all\u00ed demandante (ahora tutelante) a trav\u00e9s de sentencia de 28 de noviembre de 2018, para abrir paso a la \u00abinefica[cia]\u00bb de la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo y, as\u00ed las cosas, al \u00abreintegro\u00bb y liquidaciones2 reclamados. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Veredicto este que, a su turno, hubo de casarlo la Colegiatura fustigada, en pronunciamiento CSJ SL4689, 31 ag. 2021, rad. 85261, por recurso de la empresa llamada a juicio y, en consecuencia, ubicado el prenotado \u00f3rgano de cierre en sede de instancia, dispuso confirmar la resoluci\u00f3n absolutoria de primer grado. <\/p>\n
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LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n requerida pregon\u00f3 que el prove\u00eddo disentido no desprende vulneraci\u00f3n alguna y tuvo soporte en la doctrina de su Sala permanente.<\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9 memor\u00f3 lo sucedido y tambi\u00e9n se opuso al \u00e9xito de la clama. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Quien dijo comparecer en representaci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n Jard\u00edn de los Abuelos omiti\u00f3 adosar apoderamiento especial en este debate. <\/p>\n
<\/p>\n
4. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda al encontrar que lo fallado por el juez accionado no se percibe descabellado ni irrazonable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por la convocante, quien asistida del mandatario persisti\u00f3 en sus ataques y discrep\u00f3 de las conclusiones del a-quo constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de sobrevenir el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el entendido de que los cuestionamientos est\u00e1n enfilados contra el fallo CSJ SL4689, 31 ag. 2021, rad. 85261, con el cual la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n recriminada opt\u00f3 por casar el de segunda instancia, favorable a las reclamaciones blandidas por la quejosa dentro del proceso laboral n.\u00b0 \u00ab2016-00139\u00bb frente a la Corporaci\u00f3n Jard\u00edn de los Abuelos, se conduce a indagarlo en sus cimientos. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)[D]ada la senda de ataque seleccionada, le corresponde a la Sala en el presente asunto determinar si err\u00f3 el Tribunal al considerar que la trabajadora se encontraba en situaci\u00f3n de discapacidad a la fecha de su despido. <\/p>\n
Desde ya se avizora el quiebre de la sentencia impugnada, puesto que, ciertamente, no se aviene a los postulados jurisprudenciales de esta Corte, conforme a los cuales, el fuero de estabilidad reforzada previsto en la Ley 361 de 1997 no se otorga con el solo resquebrajamiento de la salud, o por encontrarse el trabajador en incapacidad m\u00e9dica, sino que debe acreditarse la \u00ablimitaci\u00f3n\u00bb f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial, correspondiente a una p\u00e9rdida de capacidad laboral con el car\u00e1cter de moderada, severa o profunda. <\/p>\n
Recientemente, en la sentencia CSJ SL3145-2021, al abordar una problem\u00e1tica similar en la que el trabajador fue despedido sin justa causa en el a\u00f1o 2014, es decir, en vigencia de las leyes 1346 de 2009 y 1618 de 2013, la Corte reiter\u00f3 el criterio en cuesti\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
[\u2026] As\u00ed las cosas, la Corte ha sido clara a la hora de apartarse de la idea de que la protecci\u00f3n de la Ley 361 de 1997 opera ante cualquier contingencia en la salud de los trabajadores, as\u00ed como del concepto de estado de debilidad manifiesta, para insistir en que esta especial garant\u00eda est\u00e1 dirigida a ciertas personas determinadas, con verdaderos estados de discapacidad. <\/p>\n
Ahora bien, m\u00e1s recientemente, en la sentencia CSJ SL711- 2021, esta sala de la Corte precis\u00f3 algunos conceptos relacionados con el derecho a la estabilidad laboral reforzada, emanada de la Ley 361 de 1997, y, espec\u00edficamente en cuanto a los destinatarios de la garant\u00eda, insisti\u00f3 en que \u00ab[\u2026] son aquellos trabajadores que tienen una condici\u00f3n de discapacidad con una limitaci\u00f3n igual o superior al 15%, independientemente del origen que tengan y sin m\u00e1s aditamentos especiales, como que obtengan un reconocimiento y una identificaci\u00f3n previas [\u2026]\u00bb (Ver tambi\u00e9n las sentencias CSJ SL 058-2021 y CSJ SL572-2021). En ese sentido, ha dicho la Sala que los beneficiarios \u00ab[\u2026] no son los trabajadores con cualquier padecimiento f\u00edsico o sensorial, sino aquellos que en realidad tengan una discapacidad relevante, para lo cual se ha acudido a la misma ley, en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 5\u00ba, en cuanto al tipo de discapacidad a efectos de aplicar las medidas afirmativas all\u00ed previstas [\u2026]\u00bb, todo por cuanto \u00ab[\u2026] no puede existir una ampliaci\u00f3n indeterminada del grupo poblacional para el cual el legislador cre\u00f3 la medida.\u00bb (CSJ SL711-2021). <\/p>\n
En la anterior decisi\u00f3n, la Corte tambi\u00e9n precis\u00f3 que aunque existe libertad probatoria a la hora de acreditar los supuestos que dan lugar a esa discapacidad relevante, de manera que no existe una prueba solemne, lo cierto es que sigue siendo preciso el mantenimiento de ese par\u00e1metro objetivo, de una \u00ab[\u2026] discapacidad [que] comienza en el 15% de p\u00e9rdida de capacidad laboral, cuya acreditaci\u00f3n puede darse luego de un an\u00e1lisis integral y conjunto de los diversos medios de prueba, que permitan concluir el conocimiento del empleador sobre las especiales condiciones de salud de su trabajador al momento del fenecimiento contractual [\u2026]\u00bb Lo anterior sin desconocer, eso s\u00ed, el car\u00e1cter relevante que tienen para estos casos las evaluaciones t\u00e9cnicas construidas de acuerdo con las pautas de los manuales de calificaci\u00f3n de la invalidez (CSJ SL572-2021). <\/p>\n
La Corte tambi\u00e9n ha optado por realizar un ejercicio de armonizaci\u00f3n de la normatividad interna con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos, referidos a las personas con discapacidad, para entender que tal estado no es identificable con \u00ab[\u2026] cualquier deficiencia, sino aquella que sea f\u00edsica, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, y eso s\u00f3lo es viable establecer con par\u00e1metros objetivos y ciertos, que permitan identificar esos rangos, y no queden al arbitrio interpretativo de cualquier persona [\u2026]\u00bb <\/p>\n
Finalmente, la Sala tambi\u00e9n ha optado por darle aplicaci\u00f3n a estos criterios objetivos de identificaci\u00f3n de las personas beneficiarias de la especial garant\u00eda prevista en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, en periodos posteriores a la derogatoria del Decreto 2463 de 2001 (CSJ SL 711-2021 y CSJ SL572-2021). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, el Tribunal incurri\u00f3 en el yerro hermen\u00e9utico que se le endilga, al se\u00f1alar que la estabilidad laboral reforzada prevista en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 era aplicable, de manera pura y simple, a todas aquellas personas en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta. <\/p>\n
Ahora, en el asunto que se analiza, tal como lo advirti\u00f3 el Colegiado de instancia, de manera reiterada y pac\u00edfica la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que para la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n de estabilidad laboral reforzada contemplada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, no es suficiente por s\u00ed solo el quebrantamiento de la salud de la trabajadora, sino que debe acreditarse que al menos tenga una limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial con el car\u00e1cter de moderada, esto es, que implique un porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 15% (CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 39207, reiterada en las decisiones CSJ SL14134-2015, SL10538-2016, SL5163-2017 y SL11411-2017). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cEs claro entonces que la precipitada Ley se ocupa esencialmente del amparo de las personas con los grados de limitaci\u00f3n a que se refieren sus art\u00edculos 1 y 5; de manera que quienes para efectos de esta ley no tienen la condici\u00f3n de limitados por su grado de discapacidad, esto es para aquellos que su minusval\u00eda est\u00e1 comprendida en el grado menor de moderada, no gozan de la protecci\u00f3n y asistencia prevista en su primer art\u00edculo. <\/p>\n
Ahora, como la ley examinada no determina los extremos en que se encuentra la limitaci\u00f3n moderada, debe recurrirse al Decreto 2463 de 2001 que s\u00ed lo hace, aclarando que en su art\u00edculo 1\u00ba de manera expresa indica que su aplicaci\u00f3n comprende, entre otras, a las personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en las Leyes 21 de 1982, 100 de 1993, 361 de 1997 y 418 de 1997. Luego, el contenido de este Decreto en lo que tiene que ver con la citada Ley 361, es norma expresa en aquellos asuntos de que se ocupa y por tal raz\u00f3n no es dable acudir a preceptos que regulan de manera concreta otras materias. <\/p>\n
Pues bien, el art\u00edculo 7 del Decreto 2463 de 2001 se\u00f1ala los par\u00e1metros de severidad de las limitaciones en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 5 de la Ley 361 de 1997; define que la limitaci\u00f3n \u201cmoderada\u201d es aquella en la que la p\u00e9rdida de la capacidad laboral oscila entre el 15% y el 25%; \u201csevera\u201d, la que es mayor al 25% pero inferior al 50% de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral y \u201cprofunda\u201d cuando el grado de minusval\u00eda supera el 50% (\u2026)\u2026 <\/p>\n
\u201cSurge de lo expuesto que la prohibici\u00f3n que contiene el art\u00edculo 26 de la citada Ley 361, relativa a que ninguna persona con discapacidad podr\u00e1 ser despedida o su contrato terminado por raz\u00f3n de su minusval\u00eda, salvo que medie autorizaci\u00f3n de la Oficina de Trabajo, se refiere a las personas consideradas por esta ley como limitadas, es decir, todas aquellas que tienen un grado de invalidez superior a la limitaci\u00f3n moderada. <\/p>\n
De acuerdo con la sentencia en precedencia para que un trabajador acceda a la indemnizaci\u00f3n estatuida en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, se requiere: (i) que se encuentre en una de las siguientes hip\u00f3tesis: a) con una limitaci\u00f3n \u201cmoderada\u201d, que corresponde a la p\u00e9rdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 25%, b) \u201csevera\u201d, mayor al 25% pero inferior al 50% de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral, o c) \u201cprofunda\u201d cuando el grado de minusval\u00eda supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho estado de salud; y (iii) que termine la relaci\u00f3n laboral \u201cpor raz\u00f3n de su limitaci\u00f3n f\u00edsica\u201d y sin previa autorizaci\u00f3n del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social\u2026 <\/p>\n
Surge de lo expuesto que, desde lo jur\u00eddico, se equivoc\u00f3 el Tribunal en la intelecci\u00f3n que le imprimi\u00f3 al art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, pues extendi\u00f3 la protecci\u00f3n especial que ella dispensa a situaciones f\u00e1cticas que, conforme a la jurisprudencia, no estaban comprendidas en su radio de cobertura. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En instancia, se reiteran las razones expuestas en casaci\u00f3n, de modo que, para que la demandante pueda ser beneficiaria de la garant\u00eda de estabilidad e igualdad consagrada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, es menester que a la fecha de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo tuviera una p\u00e9rdida de capacidad laboral no inferior al 15%, y que el empleador conociera de ese estado de salud. <\/p>\n
La historia cl\u00ednica (f.\u00b0 19 a 29) y las recomendaciones expedidas por el m\u00e9dico laboral de Coomeva EPS (f.\u00b0 30 a 33) demuestran que por lo menos desde el 23 de octubre de 2011 la demandante presentaba dolencias en su espalda, producto de una osteopenia leve, discopat\u00eda en los discos L5-S1, y escoliosis lumbar, patolog\u00edas que le sirvieron de base a la EPS para emitir las sugerencias cl\u00ednico-ocupacionales asociadas al factor de riesgo al que aquella estaba expuesta. <\/p>\n
Evidentemente, estos documentos acreditan que la actora padec\u00eda de las enfermedades indicadas, pero no elucidan que se encontrara en situaci\u00f3n de discapacidad, de la manera como se ha entendido por la Corte en los precedentes citados al resolver el recurso extraordinario, pues ninguno de ellos comprueba que tuviera una limitaci\u00f3n moderada, severa o profunda, esto es, con una p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, estructurada durante la vigencia de la relaci\u00f3n de trabajo, y que fuera del conocimiento del empleador. <\/p>\n
En tales condiciones, tuvo raz\u00f3n la a quo al desestimar la procedencia de la garant\u00eda referida para el caso concreto, pues al no cumplirse el primer presupuesto, es decir, que la trabajadora tuviera una disminuci\u00f3n de su capacidad laboral de, al menos, el 15%, no es posible extenderle la protecci\u00f3n reforzada de estabilidad que proh\u00edja el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de ayuda. <\/p>\n
Es que, en rigor, la accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que la Colegiatura encartada dispuso invalidar el fallo de alzada, propicio a sus pretensiones, luego de estimar, en compendio, la falta de acreditaci\u00f3n del derecho a la \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb perseguido, como corolario de no existir en el plenario \u2013m\u00e1s all\u00e1 de algunos padecimientos\u2013, prueba de una \u00abp\u00e9rdida de capacidad (\u2026) igual o superior al 15%, (\u2026) durante la vigencia de la relaci\u00f3n de trabajo, y que\u00bb, adem\u00e1s, \u00abfuera del conocimiento del empleador\u00bb. <\/p>\n
Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobar de plano, o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Tambi\u00e9n es tema averiguado que divergir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [compelir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado impone, entonces, resolver de modo ratificatorio, por lo hasta ahora consignado, no sin antes recordar, con ocasi\u00f3n del soslayo de jurisprudencia atribuido en la censura, que para esta Magistratura es crucial el respeto por los pronunciamientos judiciales, y m\u00e1s si provienen de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles causales de procedibilidad del amparo, no atisbadas en el debate sub examine. Postura que se ha venido prohijando con m\u00e1s ah\u00ednco a partir de los precedentes CSJ STC13814, STC13815 y STC13816 de 2021 (14 oct.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo de marras fue remitido a esta Sala de la Corte, para tales fines, el 30 de marzo del a\u00f1o en curso, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2\u0002 Menos la \u00abINDEMNIZACI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 El fallo reprochado resalt\u00f3 como aflicciones de la accionante, las siguientes: \u00ableve osteopenia, discopat\u00eda L5-S1 y escoliosis lumbar izquierda\u00bb. Padecimientos que ella misma enunci\u00f3 en el escrito inaugural. <\/p>\n
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STC5415-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC5415-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02266-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por la convocante frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63366","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63366","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63366"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63366\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63366"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63366"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63366"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}