STC5416-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5416-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02547-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 de la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando de Jes\u00fas S\u00e1enz contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, los Juzgado Noveno Laboral del Circuito y Cuarto Laboral de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso laboral con radicado n\u00ba 2008-01216. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por apoderado judicial, el actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, seguridad social, estabilidad laboral, igualdad, debido proceso, m\u00ednimo vital, vida en condiciones dignas, as\u00ed como al principio de favorabilidad, presuntamente vulnerados por la Sala accionada. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relat\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Colaboramos Cooperativa de Trabajo Asociado y CI Uniformes Industriales, Ropa y Calzado Quin Lop SA -CI UNIROCA SA-, con el fin de que se declarara, la existencia de un contrato de trabajo desde el 5 de julio de 2005 al 8 de noviembre de 2006 y la terminaci\u00f3n ilegal del mismo. <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Laboral de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn, en sentencia de 30 de noviembre de 2012 declar\u00f3 la existencia del contrato y conden\u00f3 de manera solidaria a las demandadas al reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n por despido injusto, determinaci\u00f3n que apelada por ambas partes, revoc\u00f3 parcialmente el 5 de mayo de 2016 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, para, en su lugar, condenar a CI UNIROCA SA al reintegro del demandado, adem\u00e1s del pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social, causados desde la fecha del despido. <\/p>\n
Inconforme, CI UNIROCA SA interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3, mediante fallo SL2200-2021 de 19 de mayo de 2021, cas\u00f3 el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el a quo. <\/p>\n
En sentir del actor, la Corporaci\u00f3n accionada lesion\u00f3 sus derechos fundamentales, al no reconocer que se encontraba cobijado por la protecci\u00f3n a la estabilidad laboral reforzada contemplada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, supedit\u00e1ndolo a que deb\u00eda tener un porcentaje de P\u00e9rdida de Capacidad Laboral igual o superior al 15%. <\/p>\n
Sostuvo que la posici\u00f3n asumida en la decisi\u00f3n cuestionada, resulta abiertamente contraria a lo decantado por la Corte Constitucional en sentencias C351-2000, C824-2011, C200-2019 y SU049-2017, en las que estableci\u00f3 que para ser beneficiario a la estabilidad laboral reforzada, basta con que se demuestre que la persona se encuentra en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta por su condici\u00f3n de salud que impida o dificulte sustancialmente la realizaci\u00f3n de sus labores, sin que dicha protecci\u00f3n se limite a determinado porcentaje de PCL. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia proferida el 19 de mayo de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, para que, en su lugar, deje en firme y con plenos efectos jur\u00eddicos la decisi\u00f3n de segunda instancia de 5 de mayo de 2016. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medell\u00edn, manifest\u00f3 abstenerse de efectuar pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo y remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente contentivo del proceso cuestionado. <\/p>\n
De los documentos adjuntos no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo invocado, al estimar el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, puesto que la acci\u00f3n de tutela fue interpuesta el 30 de noviembre de 2021. No obstante, manifest\u00f3 que si tuviera por superada dicha exigencia, en raz\u00f3n a que el accionante afirm\u00f3 que fue notificado hasta el 16 de junio de 2021, tampoco se advert\u00eda una circunstancia que habilitara la intervenci\u00f3n del juez de tutela, comoquiera que los argumentos expuestos referentes a la p\u00e9rdida de capacidad laboral sufrida ya fueron presentados ante los jueces de instancia y en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, resalt\u00f3 que la sentencia controvertida contiene una interpretaci\u00f3n razonable y responde a las consideraciones del caso concreto y, adem\u00e1s, advirti\u00f3 que si bien la Corte Constitucional tiene una postura diferente a la de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral sobre el tema debatido, no es posible determinar cu\u00e1l de las dos interpretaciones tiene car\u00e1cter preponderante, pues, para esto, ser\u00eda necesario pronunciarse de fondo sobre el acierto de las dos Altas Cortes, lo cual es ajeno al \u00e1mbito de injerencia del fallador de tutela. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante para se\u00f1alar que disent\u00eda de lo afirmado por el a quo constitucional frente a la inmediatez, pues la sentencia de casaci\u00f3n fue notificada por edicto el 16 de junio de 2021. <\/p>\n
Por otra parte, adujo que no se analizaron de fondo las causales especiales contendidas en el escrito inicial, puesto que all\u00ed no se trata de hacer prevalecer su posici\u00f3n, sino la de la Corte Constitucional, toda vez que los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos dan cuenta que ten\u00eda un fuero de salud al momento en que fue terminado unilateralmente su contrato laboral. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, \u00e9sta jurisdicci\u00f3n es llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio, el accionante pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se deje sin efectos la sentencia SL2200-2021 proferida el 19 de mayo de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y, en su lugar, se deje en firme la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Medell\u00edn de 5 de mayo de 2016. <\/p>\n
Su censura radica, seg\u00fan expone, en la violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el desconocimiento del precedente constitucional, en especial las sentencias C351-2000, 824-2011, C200-2019 y SU049-2017, en las que la Corte Constitucional estableci\u00f3 que para ser beneficiario a la estabilidad laboral reforzada, basta con que se demuestre que la persona se encuentra en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta por su condici\u00f3n de salud que impida o dificulte sustancialmente la realizaci\u00f3n de sus labores, sin que dicha protecci\u00f3n se limite a determinado porcentaje de P\u00e9rdida de Capacidad Laboral, como s\u00ed lo exigi\u00f3 la accionada en su decisi\u00f3n al considerar que deb\u00eda tener un porcentaje igual o superior al 15%. <\/p>\n
3. Estudiada la decisi\u00f3n objeto de censura, se observa que la Sala de Descongesti\u00f3n accionada al decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por CI UNIROCA SA y estudiar los cargos formulados, indic\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Permanente, en la sentencia SL10538-2016, al analizar la interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 5 y 26 de la Ley 361 de 1997, reiter\u00f3 que no era suficiente por s\u00ed solo el quebrantamiento de la salud del trabajador o el encontrarse en incapacidad m\u00e9dica para que le fuera otorgada la protecci\u00f3n especial al abrigo de dicha norma, pues deb\u00eda acreditarse que tuviera al menos una limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial y con car\u00e1cter moderada que se enmarcara en los porcentajes de p\u00e9rdida de la capacidad laboral igual o superior a 15%. <\/p>\n
Explic\u00f3 que recientemente las sentencias SL572-2021 y SL711-2021, recordaron que los beneficiarios de la estabilidad laboral reforzada son los trabajadores que tienen una condici\u00f3n de discapacidad con una limitaci\u00f3n igual o superior al 15% de su PCL, independientemente del origen que tenga. <\/p>\n
\u00abEn ese mismo sentido, resulta importante resaltar que en la providencia CSJ SL11411-2017, se indic\u00f3 que el dictamen emitido por la junta de calificaci\u00f3n de invalidez o el carn\u00e9 que identifique al trabajador como discapacitado, no es un requisito sine qua non para acreditar la condici\u00f3n de \u00abdiscapacidad\u00bb. Empero, s\u00ed resulta necesario que se demuestre la limitaci\u00f3n que se padece. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, si bien para el 8 de noviembre de 2006, fecha en que Colaboramos CTA termin\u00f3 el contrato de trabajo a Orlando de Jes\u00fas S\u00e1enz, la ARP SURATEP S.A., ya le hab\u00eda determinado una IPP del 9.55% de origen profesional, desde el 16 de enero de 2006, al igual que lo hizo la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Antioquia, en un 9.95%, estructurada el 23 de noviembre de 2005, debido al diagn\u00f3stico de \u00abESGUINCES Y TORCEDURAS QUE COMPROMETEN LOS LIGAMENTOS LATERALES (EXTERNO) (INTERNO) DE LA RODILLA\u00bb, lo cierto es que ese porcentaje resulta inferior al 15% de p\u00e9rdida de capacidad laboral que se requiere para acceder a la garant\u00eda especial de estabilidad laboral reforzada del art. 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb. (subrayas de esta Sala). <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, determin\u00f3 que el Tribunal err\u00f3 en la interpretaci\u00f3n de las normas acusadas, al estimar que \u00abcarec\u00eda de todo efecto jur\u00eddico la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo\u00bb y, que por tanto proced\u00eda el reintegro del demandante, al haber sido despedido sin previa autorizaci\u00f3n del Ministerio de Trabajo, a pesar de estar acreditada su condici\u00f3n de discapacidad, \u00abamparada por la protecci\u00f3n de \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb, en los t\u00e9rminos del art. 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, cas\u00f3 el fallo del segundo grado y dict\u00f3 sentencia de instancia en la que reiter\u00f3 que, si bien el criterio actual de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente se\u00f1ala que, para brindar la protecci\u00f3n especial de que trata el art. 26 de la Ley 361 de 1994, -de estabilidad laboral reforzada- se\u00f1ala que el trabajador debe acreditar al menos p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, lo cierto era que, en el caso de Orlando de Jes\u00fas S\u00e1enz, fue calificado con una PCL del 9.95%, porcentaje insuficiente para acceder a la garant\u00eda reclamada. En consecuencia, resolvi\u00f3 confirmar el fallo proferido el 30 de noviembre de 2012, por el Juzgado Laboral de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia constitucional de primer grado habr\u00e1 de ser confirmada, comoquiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele el defecto f\u00e1ctico y error inducido, alegados por el accionante y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, puesto que, la Corporaci\u00f3n accionada explic\u00f3 de manera amplia y suficiente su proceder en el caso concreto, con fundamento en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, referente a la protecci\u00f3n de estabilidad reforzada contemplada en los art\u00edculos 5 y 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
En consecuencia, las divergencias exteriorizadas por el peticionario a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente al resultado adverso que recibi\u00f3 con la providencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional en busca de una tercera instancia inexistente en el ordenamiento procesal, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. N\u00f3tese, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de \u00f3rganos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad de la acci\u00f3n. (STC13808-2021 reiterada en STC2310-2022). <\/p>\n
6. Ahora bien, en punto a lo manifestado por el accionante respecto al desconocimiento del criterio establecido por la Corte Constitucional, es de anotar que, como se explic\u00f3, la jurisprudencia reiterada y pac\u00edfica de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral como m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre en materia laboral, de tiempo atr\u00e1s \u00abha adoctrinado que para la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n de estabilidad laboral reforzada no es suficiente que al momento del despido el trabajador sufriera quebrantos de salud, estuviera en tratamiento m\u00e9dico o se le hubieran concedido incapacidades m\u00e9dicas, sino que debe acreditarse que al menos tuviera una limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial con el car\u00e1cter de moderada, esto es, que implique un porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 15%\u00bb (CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 39207, reiterada en las decisiones CSJ SL14134-2015, SL10538-2016, SL5163-2017, SL11411-2017, SL4609-2020, SL058-2021 y SL572-2021). <\/p>\n
7. De conformidad con lo anterior, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tr\u00e1mite asignado a esta Sala el 21 de abril de 2022. <\/p>\n
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