STC5421-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5421-2022 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de abril de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la tutela que Pedro Luis S\u00e1nchez G\u00f3mez, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hija Diana Mar\u00eda S\u00e1nchez Ruiz, instaur\u00f3 en contra del Juzgado Sexto de Familia de dicha ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 52001 31 10 006 2021 00052. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del \u00abinter\u00e9s superior del ni\u00f1o menor de edad\u00bb y los derechos a la \u00abigualdad\u00bb y \u00abdignidad\u00bb, para que se ordenara dictar un nuevo prove\u00eddo en el que se \u00abdisminu[yera] el embargo decretado dentro del proceso radicado 2021-0052 (\u2026) aun 25% sobre los ingresos devengados como asalariado\u00bb. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que el Juzgado Sexto de Familia de Pasto libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra y a favor de Mar\u00eda Luisa Rivera Zapata por los dineros adeudados con ocasi\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria contenida en acta de conciliaci\u00f3n de 15 de abril de 2014 respecto de la menor Paula Andrea S\u00e1nchez Rivera, que a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda ascend\u00edan a $11.506.514, y embarg\u00f3 el 30% de sus ingresos mensuales, las primas, bonificaciones, auxilios, beneficios de vivienda y posible liquidaci\u00f3n que pudiese percibir, libre de deducciones de ley (25 mar. 2021). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que contest\u00f3 el libelo y solicit\u00f3 la reducci\u00f3n del porcentaje cautelado a un 25% sobre los ingresos devengados como asalariado, en tanto tiene a cargo otra \u00abobligaci\u00f3n alimentaria\u00bb con Diana Mar\u00eda S\u00e1nchez Ruiz, tambi\u00e9n menor (4 oct.); sin embargo, se ampli\u00f3 la medida para aplicarla a los ingresos que pudiese percibir por concepto de indemnizaci\u00f3n y cesant\u00edas (24 nov. 2021); decisi\u00f3n que se mantuvo inc\u00f3lume el 25 de febrero del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
Acus\u00f3 dichas providencias de incurrir en v\u00eda de hecho, porque: i) Paola Andrea estar\u00eda recibiendo un 5% m\u00e1s de lo que le corresponde \u00aben condici\u00f3n de igualdad\u00bb frente a Diana Mar\u00eda, si se tiene en cuenta que el art\u00edculo 130 de la Ley 1098 de 2006 ense\u00f1a que el salario del alimentante es embargable hasta en un 50% y, por tanto, a cada una le corresponder\u00eda un 25% y, ii) El juzgador no puede asumir que por el hecho que Diana Mar\u00eda viva en un \u00abhogar estable\u00bb conformado por madre y padre, se encuentra en \u00abcondiciones m\u00e1s favorables\u00bb de manutenci\u00f3n que su hermana. <\/p>\n
2.- El Juzgado Sexto de Familia de Pasto narr\u00f3 lo surtido en el juicio controvertido y precis\u00f3 que en el mismo no se estableci\u00f3 la \u00abcuota alimentaria\u00bb, sino que se embarg\u00f3 un porcentaje de los ingresos que percibe el deudor como empleado \u00abpara garantizar el pago de la cuota (\u2026), adem\u00e1s del abono a la obligaci\u00f3n alimentaria generada por el deudor, al no cumplir con el acuerdo firmado\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 20 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de Pasto se opuso al amparo por improcedente, comoquiera que el litigio coercitivo est\u00e1 en curso y all\u00ed es donde se \u00abdiscutir\u00e1 si existe obligaci\u00f3n alimentaria a cargo de demandado, su capacidad de pago y la existencia de otra obligaci\u00f3n de alimentos reconocida administrativa o judicialmente, [y] se establecer\u00e1 a cu\u00e1nto asciende la obligaci\u00f3n y la forma de pago\u00bb, a m\u00e1s que el porcentaje de descuento dispuesto se estableci\u00f3 conforme al art\u00edculo 130 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
Mar\u00eda Luisa Rivera Zapata pregon\u00f3 la inviabilidad del resguardo porque la concesi\u00f3n y tasaci\u00f3n de la cautela respet\u00f3 los par\u00e1metros previstos en el aludido canon, resoluci\u00f3n cuyo car\u00e1cter es provisional. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Pasto desestim\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que en los interlocutorios atacados \u00abse explic\u00f3 (\u2026) la fundamentaci\u00f3n del juzgador para fijar el porcentaje de retenci\u00f3n del salario, y c\u00f3mo esta determinaci\u00f3n no afecta[ba] en principio la igualdad entre las hijas menores de edad del se\u00f1or S\u00e1nchez G\u00f3mez, especialmente porque Diana Mar\u00eda S\u00e1nchez Ruiz vive con su progenitor, y en la actualidad tiene 2 a\u00f1os de edad\u00bb. <\/p>\n
4.- Ese desenlace fue repelido por el promotor, con base en los mismos argumentos inaugurales <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Delanteramente se advierte el decaimiento de la \u00abtutela\u00bb y, por ende, la convalidaci\u00f3n de la sentencia de primer grado, en tanto el auto del Juzgado Sexto de Familia de Pasto (25 feb. 2022), que convalid\u00f3 el que ampli\u00f3 el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del embargo decretado a los ingresos laborales de Pedro Luis S\u00e1nchez G\u00f3mez (24 nov. 2021), no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del paginario. <\/p>\n
En efecto, para arribar a esa conclusi\u00f3n, ense\u00f1\u00f3 que al decretar la medida cautelar tuvo en cuenta tres aspectos, a saber, que: 1) \u00abEl deudor alimentario devenga a la fecha el salario m\u00ednimo en la suma de $1.014.980 pesos\u00bb, 2) \u00abEl descuento mensual del 30% equivale a la suma de $309.055 pesos\u00bb y, 3) De ellos \u00abse cancela a la madre de la ni\u00f1a alimentada dos valores, uno por concepto de cuota de alimentos esto es $162.506.515 y el saldo, \u00f3sea $146.950 pesos, como abono a la obligaci\u00f3n alimentaria cobrada en el presente asunto\u00bb. <\/p>\n
Luego, aclar\u00f3 que dicho \u00abembargo\u00bb es \u00abprovisional\u00bb, debido a que en la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C.G.P. se estudiar\u00e1 \u00absi el valor cobrado es el que realmente se adeuda, [y] si el embargo decretado permanece o se modifica, (\u2026) dependiendo el \u00e1nimo conciliatorio que tengan los intervinientes en la diligencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, acot\u00f3 que no resulta desproporcionada la aludida medida, comoquiera que el 5% que orden\u00f3 de m\u00e1s asciende a $55.310, monto que \u00abno afecta la subsistencia del grupo familiar del deudor, menos de su otra hija, quien (\u2026) vive dentro del hogar estable que tiene constituido actualmente el se\u00f1or S\u00c1NCHEZ G\u00d3MEZ; sin embargo, ese dinero, si puede realizar un m\u00ednimo abono a la obligaci\u00f3n alimentaria que se\u00f1ala la ejecutante le adeuda el ejecutado a su hija (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2-. En ese orden, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que dicho prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos\u00bb de la entidad jurisdiccional en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3. Cabe precisar que si lo que anhela Pedro Luis es que se revise y disminuya el monto fijado como \u00abcuota de alimentos\u00bb, puede acudir ante el juez de familia a trav\u00e9s de proceso aut\u00f3nomo, de conformidad con lo previsto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, siempre y cuando aduzca y acredite que las circunstancias, condiciones econ\u00f3micas y necesidades de los alimentarios o alimentante con base en las cuales se fij\u00f3 la \u00abcuota\u00bb han variado. <\/p>\n
4.- Lo dicho conlleva a la ratificaci\u00f3n del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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