STC5431-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5431-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01173-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho, quien dijo actuar como apoderado especial del Edificio Tekto Los Cedros P.H., frente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la sociedad Proksol S.A., al Edificio Tekto Los Cedros P.H. y a la Superintendencia de Industria y Comercio -Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del Edificio Tekto Los Cedros P.H., presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2.- Sostuvo que en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 2021- 97169, que instaur\u00f3 en nombre de la mencionada copropiedad en contra de Proksol S.A.S., la Superintendencia vinculada rechaz\u00f3 la demanda por \u00abno haber aportado las pruebas y no haber estimado el valor de la cuant\u00eda\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 15 de marzo del presente a\u00f1o. <\/p>\n
2.1.- El tutelante indic\u00f3 que el Tribunal accionado resolvi\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, ratificar el prove\u00eddo cuestionado, al estimar, \u00abequivocadamente y sin fundamentos legales o jurisprudenciales para ello, que en relaci\u00f3n con las pruebas que \u2018si bien fueron adjuntados a trav\u00e9s de un link de drive este no es un formato admitido por el sistema de la entidad\u2019\u00bb y, en lo atinente a la cuant\u00eda, el Colegiado sostuvo que \u00abno se observ\u00f3 la carga de \u2018determinara de forma clara y concisa a cu\u00e1nto ascienden sus pretensiones\u2019\u00bb. <\/p>\n
2.2.- En criterio del accionante, la autoridad judicial convocada, \u00aba la luz de las exigencias del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011 y el C.G.P.\u00bb, vulner\u00f3 el debido proceso de la copropiedad por \u00abderogar sus propios pronunciamientos (pronunciamientos horizontales) en relaci\u00f3n con la posibilidad de adjuntar las pruebas por medio de enlace de Google drive en las acciones de protecci\u00f3n al consumidor y por exigir y cumplir formalidades innecesarias (Art. 11 C.G.P.) en relaci\u00f3n con la cuant\u00eda de la demanda\u00bb, dado que \u00abni en el auto que inadmite la demanda, ni en el que la rechaza, se establece la raz\u00f3n por la cual el juramento estimatorio no re\u00fane las exigencias previstas\u00bb en el art\u00edculo 206 del C.G.P. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar el derecho fundamental reclamado y, en consecuencia, ordenar al Tribunal \u00ablo que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LA ACCIONADA <\/p>\n
Y PARTES INTERVINIENTES <\/p>\n
1.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 negar el amparo, toda vez que \u00abno es cierto que haya sido por la forma en que se dijo haber adjuntado la documentaci\u00f3n (\u2026) que se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada, sino debido a que no fueron anexados, al no ser viable su apertura, circunstancias que son diametralmente diferentes\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo aseverado por la parte actora, en el sentido que \u00abni en el auto que inadmite la demanda, ni en el que la rechaza, se establece la raz\u00f3n por la cu\u00e1l el juramento estimatorio no re\u00fane las exigencias previstas en la norma\u00bb, precis\u00f3 que dicho aspecto \u00abno fue siquiera motivo de an\u00e1lisis en el auto cuestionado en sede constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.- la Coordinadora del Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio consider\u00f3 pertinente desestimar la acci\u00f3n de tutela, por \u00abno haberse dado el agotamiento y culminaci\u00f3n del proceso judicial de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor que se surte en esta Superintendencia\u00bb, aunado a que no se evidenciaba \u00abvulneraci\u00f3n al debido proceso, puesto que, el tr\u00e1mite surtido ha cumplido con rigor el procedimiento establecido\u00bb para este tipo de asuntos y tampoco se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3.- La Sociedad Proksol S.A.S. pidi\u00f3 negar el amparo por improcedente, pues no viol\u00f3 ning\u00fan derecho constitucional de la accionante, y menos cuando \u00abni siquiera ha participado en la actuaci\u00f3n procesal precedente y que deriva la acci\u00f3n de tutela que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el accionante manifest\u00f3 actuar como apoderado especial del Edificio Tekto Los Cedros P.H., cuyo derecho fundamental considera vulnerado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, al proferir la determinaci\u00f3n del 15 de marzo de 2022, en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 2021- 97169. <\/p>\n
2.- Al respecto, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a la colegiatura accionada y no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela. <\/p>\n
2.1.- En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: \u00abPodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
Asimismo, la Sala ha establecido que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, son las partes de los procesos los legitimados para cuestionar las decisiones adoptadas en los respectivos juicios, por manera que, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.- En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-\u001f001\/97). <\/p>\n
As\u00ed, se exige que el poder especial contenga \u00aben forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06 Corte Constitucional (Se subraya)1. <\/p>\n
2.3.- Pues bien, en el presente asunto, como se indic\u00f3, es la copropiedad la titular del derecho invocado y el gestor no alleg\u00f3 el poder especial requerido para representar los intereses de aquella, en los t\u00e9rminos referidos; por lo mismo, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado. <\/p>\n
3.- Con base en estas consideraciones, la Sala denegar\u00e1 el amparo solicitado, por improcedente. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por la Sala en STC1284-2022, del 9 de febrero del presente a\u00f1o, expediente 2022-00240. <\/p>\n
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