STC5441-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5441-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01571-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Carmen Emilia Ochoa de Mu\u00f1oz instaur\u00f3 en contra de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior y del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a la Fiscal\u00eda Cuarenta y Tres Especializada de la Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio de esta ciudad, y dem\u00e1s involucrados en la causa penal n\u00ba 2016-00044-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en nombre propio, suplic\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, igualdad, propiedad privada y derecho a la protecci\u00f3n de las personas de la tercera edad\u00bb, para que se ordenara a la autoridad enjuiciada dejar sin efectos la sentencia emitida el 13 de mayo de 2021. <\/p>\n
En compendio, adujo que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de esta capital, declar\u00f3 la extinci\u00f3n del \u00abderecho de dominio del predio\u00bb con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 50C-1570895, en el proceso de la referencia, promovido por la Fiscal\u00eda Cuarenta y Tres Especializada de la Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio (27 abr. 2017); decisi\u00f3n que en segunda instancia aval\u00f3 el Superior (13 may. 2021), quien dispuso: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: NO DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado, conforme a lo motivado en este prove\u00eddo. <\/p>\n
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de abril de 2017, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, que extingui\u00f3 el derecho de dominio del predio con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 50C-1570895, en lo que fue objeto de apelaci\u00f3n, por las consideraciones anteriormente motivadas. <\/p>\n
TERCERO: Contra esta decisi\u00f3n no procede recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abel proceso nunca [le] fue notificado, [se] enter\u00f3 de este porque [recibi\u00f3] una llamada de la FISCAL 43 y [le] informa que hab\u00edan acabado de realizar un allanamiento al inmueble (\u2026)\u00bb, por lo que afirm\u00f3 \u00abese d\u00eda me enter\u00e9 que antes ya hab\u00edan realizado otro allanamiento y que no hab\u00eda hallazgos, nunca se me comunic\u00f3 como due\u00f1a del inmueble lo que estaba ocurriendo, como cuando recib\u00ed la llamada estaba convaleciente, contrat\u00e9 un abogado para que se pusiera al frente del proceso\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00abse vulnera el debido proceso dado que como qued\u00f3 consignado en todas las instancias no [fue] avisada por autoridad alguna de los allanamientos, a pesar de existir la informaci\u00f3n clara y concreta en los contratos de arrendamiento (\u2026)\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00ab(\u2026) quien deb\u00eda ejercer la defensa t\u00e9cnica no present\u00f3 oportunamente los recursos en la etapa y escenario correspondiente como es debido y sabido por un togado, en lugar de haberlo hecho inoportunamente como sucedi\u00f3 en [su] caso\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que \u00ablos operadores judiciales accionados, pr\u00e1cticamente establecieron que [deb\u00eda] incurrir en pr\u00e1cticas de espionaje para lograr evidencia que uso se le estaba dando a [su] bien inmueble, cuando en los mismos fallos se dej\u00f3 claro que se procedi\u00f3 por parte de las autoridades fue por una fuente an\u00f3nima (\u2026)\u00bb y que no se tuvo en cuenta su \u00abderecho a la protecci\u00f3n de las personas de la tercera edad\u00bb, dado que a \u00ablos operadores judiciales no les importo el hecho de ser una mujer adulta mayor quien les estaba demostrando que por incapacidad f\u00edsica, [su] rol de propietaria de los bienes arrendados se limit\u00f3 a visitar los mismos con el fin de recaudar los c\u00e1nones de arriendo, y verificar condiciones propias de habitabilidad de los mismos, mas no se me puede obligar ejercer labores investigativas por situaciones de las que no [tuvo] conocimiento sino hasta que [fue] informada por parte de la fiscal\u00eda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que en el decurso \u00abse vieran afectados [sus] derechos puesto que quien deb\u00eda ejercer la defensa t\u00e9cnica no present\u00f3 oportunamente los recursos en la etapa y escenario correspondiente como es debido y sabido por un togado, en lugar de haberlo hecho inoportunamente como sucedi\u00f3 en [su] caso\u00bb y frente a las reflexiones del ad quem, dijo que \u00e9ste \u00abno fundament\u00f3 la nulidad, se limit\u00f3 a enunciar su opini\u00f3n personal sobre la transgresi\u00f3n de los derechos de igualdad, proporcionalidad y equidad, relacionada con la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 172 de la Ley 1708 de 2014\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 defendieron la legalidad de su proceder. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 356 Judicial II para Asuntos Penales dijo que \u00ab(\u2026) no es posible advertir (\u2026) que se haya vulnerado el derecho al debido proceso, ni el derecho de defensa, por lo que las sentencias, tanto del Juzgado como la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deben mantenerse inc\u00f3lumes, en virtud del principio de legalidad, acierto de la que est\u00e1n revestidas las providencias judiciales, as\u00ed como la de seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Jur\u00eddica del Ministerio de Justicia y del Interior pidi\u00f3 \u00abnegar el amparo constitucional deprecado teniendo en cuenta que por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de esta Cartera no se afect\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental de la parte accionante\u00bb, porque no tiene injerencia en el marco de sus competencias legales en cuanto a lo requerido. <\/p>\n
La Sociedad de Activos Especiales S.A.S -SAE, destac\u00f3 la \u00abimprocedencia de la acci\u00f3n de tutela por no existir \u201cv\u00eda de hecho judicial\u201d no se ha demostrado el perjuicio irremediable, ni da\u00f1o irreparable\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 la salvaguarda, tras apreciar que \u00abquedaron claras las razones por las cuales no hab\u00eda lugar a acceder a la solicitud de revocar el fallo que hab\u00eda declarado la extinci\u00f3n de dominio sobre el predio de OCHOA DE MU\u00d1OZ, en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, sin que le corresponda al juez constitucional emitir un juicio de valor diferente al efectuado por el juez natural, como lo pretende la actora, m\u00e1xime que, no se advierte la configuraci\u00f3n defecto alguno que habilite la procedencia del amparo\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 la gestora con los mismos argumentos del escrito primigenio, agregando que el veredicto del a quo (i) \u00abNo se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la tutela, ni a todos los derechos impetrados, impetrados, por error de hecho y de derecho, en el examen y consideraci\u00f3n de [su] petici\u00f3n\u00bb; (ii) \u00abNo se tuvo en cuenta que los hechos [y] est\u00e1n endilgando responsabilidad como si la accionante hubiera obrado en complicidad con las personas que asaltaron su buena fe\u00bb; (iii) Se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de su \u00abderecho\u00bb como lo establece la ley; y, (iv) Se funda en \u00abconsideraciones\u00bb inexactas cuando no totalmente err\u00f3neas. <\/p>\n
De igual modo, resalt\u00f3 que \u00abEn el proceso seguido contra de la accionante, actuaron defensores que le representaron precariamente, lo que denota la ausencia de defensa t\u00e9cnica por falta de idoneidad, como quiera que se trata de un proceso donde se encuentra comprometido el derecho fundamental a la propiedad privada, el debido proceso y la protecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n de la tercera edad, al que en este caso y de contera, se le niega por omisi\u00f3n de la defensa, la posibilidad de la doble instancia, lo que conlleva a la violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia la inviabilidad del socorro y, por ende, la confirmaci\u00f3n de lo opugnado, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
2.- Ab initio, pese a que la controversia se dirige tambi\u00e9n contra la determinaci\u00f3n del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 (27 abr. 2017), esta Corporaci\u00f3n analizar\u00e1 \u00fanicamente la emitida por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de esta capital (13 may. 2021), por ser la que defini\u00f3 el asunto controvertido. <\/p>\n
Ahora bien, en el sub examine se avizora que el fallo de la citada Colegiatura, no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y el precedente depurado sobre el tema, as\u00ed como a una congruente \u00abapreciaci\u00f3n\u00bb del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb las pruebas obrantes en el infolio de cara a la \u00abextinci\u00f3n del derecho de dominio del predio con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 50C-1570895, en lo que fue objeto de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En efecto, para solventar el debate suscitado, fij\u00f3 el problema jur\u00eddico, ci\u00f1\u00e9ndolo a \u00abestablecer si se presenta vulneraci\u00f3n al debido proceso; la validez e incidencia probatoria de las actas de allanamiento y registro; y si las pruebas aportadas satisfacen o no los presupuestos para extinguir el derecho de dominio\u00bb, para seguidamente se\u00f1alar en torno del primer \u00edtem, que: <\/p>\n
\u00abEl argumento con el que el censor plante\u00f3 la violaci\u00f3n a esta garant\u00eda constitucional, es la inaplicaci\u00f3n del inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 118 de la Ley 1708 de 2014, porque el fallo se limit\u00f3 a dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 172 para afirmar que quien est\u00e1 en mejores condiciones debe obtener los medios de prueba necesarios para respaldar sus argumentos y ello atenta contra los derechos de igualdad, proporcionalidad y equidad, porque imperan las pruebas que presenta la justicia en interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica sujetada a la presunci\u00f3n de derecho, sin dar oportunidad de defensa a quienes entregaron la tenencia de sus bienes a terceras personas, basados en la buena fe ciega. <\/p>\n
El art\u00edculo 118 prev\u00e9 que la fase inicial tendr\u00e1 como prop\u00f3sito \u201c(\u2026) Buscar y recolectar las pruebas que permitan inferir razonablemente la ausencia de buena fe exenta de culpa.\u201d <\/p>\n
Esta norma no es aplicable en este asunto porque la afectada no es tercera de buena fe exenta de culpa, sino propietaria, as\u00ed que no puede ostentar las dos calidades y, en virtud de la sucesi\u00f3n de su esposo es titular del derecho real desde el 8 de enero de 2015 cuando se registr\u00f3 la sucesi\u00f3n36 por eso no puede considerarse tercera, por consiguiente se torna inane analizar los aspectos de buena fe y exentos de culpa que no recaen en ella porque es la due\u00f1a del inmueble y esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado de anta\u00f1o sobre esta figura.37 Luego entonces no hay vulneraci\u00f3n del debido proceso, por inaplicaci\u00f3n de la referida norma como propuso el apelante. <\/p>\n
El inconforme no explic\u00f3 por qu\u00e9 considera que aplicar el art\u00edculo 172 de la ley 1708 de 2014 quebranta los derechos de igualdad, proporcionalidad y equidad. Afirm\u00f3 sin fundamento probatorio que imperaron las pruebas que present\u00f3 la justicia en interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica sujetada a la presunci\u00f3n de derecho, sin dar oportunidad de defensa a quienes entregaron la tenencia de sus bienes a terceras personas, basados en la buena fe. <\/p>\n
Revisadas las diligencias se observa que ese cuestionamiento lo hizo al sustentar la alzada, cuando debi\u00f3 hacerlo en el juicio, en el t\u00e9rmino de traslado del art\u00edculo 141 de la Ley 1708 de 201438 pero no lo hizo, como tampoco en su escrito de oposici\u00f3n39 y pese a que se le confiri\u00f3 poder encontr\u00e1ndose el proceso en la fase investigativa40 no impugn\u00f3 el auto por medio del cual la Fiscal\u00eda fij\u00f3 la pretensi\u00f3n, proponiendo lo que reserv\u00f3 para este momento procesal. <\/p>\n
No fundament\u00f3 la nulidad, se limit\u00f3 a enunciar su opini\u00f3n personal sobre la transgresi\u00f3n de los derechos de igualdad, proporcionalidad y equidad, relacionada con la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 172 de la Ley 1708 de 2014. Ante ello, debe insistir la Sala en que la apelaci\u00f3n no es una instancia que permita revivir las etapas del tr\u00e1mite a fin de que los intervinientes expresen lo que omitieron sostener en cada fase de esta acci\u00f3n y no debe limitarse el censor a invocar la nulidad, sino que debe sustentarla, pero en este asunto, transcribi\u00f3 los derechos que consider\u00f3 conculcados, sin fundamentar la vulneraci\u00f3n que seg\u00fan su dicho se presenta (\u2026). <\/p>\n
Al no presentarse vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad la solicitud de nulidad que invoc\u00f3 el togado, sin fundamento alguno y as\u00ed se decretar\u00e1 en la parte resolutiva de este prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
En lo que concierne con \u00abla validez e incidencia probatoria de las actas de allanamiento y registro\u00bb, dedujo: <\/p>\n
\u00abEn este asunto se adelantaron dos allanamientos, el 9 de abril de 2014 y el 18 de mayo de 2015, originados por orden de la Fiscal\u00eda despu\u00e9s de verificar lo informado por fuente humana an\u00f3nima. <\/p>\n
Bajo esos lineamientos, las pruebas que practican los funcionarios de la polic\u00eda judicial tienen validez y las comunican al ente Fiscal a trav\u00e9s de los informes y oficios, que, por lo tanto, son susceptibles de valoraci\u00f3n en esta acci\u00f3n, en la que no s\u00f3lo son pautas orientadoras. <\/p>\n
Adem\u00e1s de ello, las sentencias condenatorias proferidas en contra de Mar\u00eda del Socorro Trujillo Olarte, rese\u00f1an sobre el control de legalidad que se adelant\u00f3 a las capturas, decisi\u00f3n que involucra los procedimientos del allanamiento, que en caso de no cumplir los presupuestos de la Ley penal se declaran ilegales y los aprehendidos recobran la libertad; pero como se cumplieron los requisitos satisfactoriamente, el 10 de abril de 2014, el Juzgado 57 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 legaliz\u00f3 la captura de Mar\u00eda del Socorro Trujillo Olarte y Stiven Enrique Mart\u00ednez Rodr\u00edguez42 y fueron condenado por el Juzgado 47 Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Lo propio sucede el 16 de octubre de 2015, respecto de la sentencia emitida por el Juzgado 16 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 relacionada con los hechos sucedidos el 18 de mayo de 2015 que indic\u00f3 que el Juzgado 57 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas en audiencia preliminar del 19 de mayo de 2015 imparti\u00f3 legalidad tanto a la orden como al procedimiento de registro y allanamiento del inmueble ubicado en la calle 69 N\u00b0 22 \u2013 12 apartamento 201 y por consiguiente a la captura de Trujillo Olarte. <\/p>\n
Estas pruebas documentales fueron trasladadas a esta acci\u00f3n en virtud de la orden impartida de manera oficiosa por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, el 10 de enero de 2017, por lo tanto cumplen los presupuestos de validez que exige el art\u00edculo 156 de la Ley 1708 de 2014 y fueron sometidas a contradicci\u00f3n, sin que el apelante presentara los reproches que elev\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de alzada y que se analizan en aras de garantizar el debido proceso y el derecho de contradicci\u00f3n, m\u00e1s no porque sean del resorte de la segunda instancia. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que por dem\u00e1s permite invitar al profesional del derecho a que presente oportunamente los recursos en la etapa y escenario correspondiente como es debido y sabido por \u00e9l, en lugar de hacerlo inoportunamente como sucede en este asunto. Adem\u00e1s, un aparte de la norma que hace alusi\u00f3n al control de legalidad fue declarada inexequible en la sentencia C-516 de 2015 (\u2026). <\/p>\n
Otro argumento que esgrimi\u00f3 el apoderado es que pese a la independencia de la acci\u00f3n penal con este tr\u00e1mite guardan una estrecha correlaci\u00f3n inescindible y no acepta la tesis del fallador relativa a que es responsabilidad de la afectada probar dentro de esta acci\u00f3n; en esa medida lo demostrado en el proceso penal no es plena prueba para decidir de fondo, en su sentir debieron analizarse como exigen los art\u00edculos 13 inciso primero, 23,27 y 153 de la ley 1708 de 2014 y los art\u00edculos 28,29,228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
El art\u00edculo 28 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica hace referencia a la inviolabilidad del domicilio, figura aplicable en el \u00e1mbito penal, no en esta acci\u00f3n; el art\u00edculo 228 define las caracter\u00edsticas de la administraci\u00f3n de justicia y el 230 indica el sometimiento de los jueces al imperio de la ley; normas que cit\u00f3 el apelante sin motivarlas en concreto, las cuales han sido observadas en este tr\u00e1mite, en el que no se ha afectado la privacidad del domicilio de la afectada, se ha dado prevalencia al derecho sustancial y tanto la Fiscal\u00eda como el Juzgado de primera instancia acataron esas normas, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. <\/p>\n
No se trata de citar normas sino de justificar su aplicaci\u00f3n y observaci\u00f3n al caso, o caso contrario demostrar c\u00f3mo fueron inaplicadas, pero el tr\u00e1mite y las decisiones proferidas dentro del mismo han acatado el debido proceso, as\u00ed mismo dieron prevalencia a la norma Constitucional, la ley 1708 de 2014 y dem\u00e1s normas concordantes, al igual que a los criterios auxiliares de la actividad judicial, garantizando los derechos del afectado, valorando las pruebas en conjunto y asignando a cada una su aporte en el tr\u00e1mite y las decisiones adoptadas, diferente es que el fallo no sea favorable a las pretensiones del censor, quien no indic\u00f3 con precisi\u00f3n la ex\u00e9gesis que anunci\u00f3, como tampoco puntualiz\u00f3 qu\u00e9 jueces aplican las pruebas aportadas por la Fiscal\u00eda como inamovibles. <\/p>\n
En esa medida el apelante efectu\u00f3 afirmaciones sin ahondar en ellas y carentes de respaldo probatorio que en nada atacan la sentencia confutada, lo que impide desconocer su descontento con la misma\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese derrotero, enunci\u00f3 la falta de precisi\u00f3n del extremo \u00abapelante\u00bb frente a la endilgada inobservancia de los funcionarios judiciales en torno a las normas invocadas, y esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u00abSe desconoce el fundamento bajo el cual el recurrente admite la referida caracter\u00edstica de esta acci\u00f3n, sin embargo advera que la acci\u00f3n penal con este tr\u00e1mite guardan una estrecha correlaci\u00f3n inescindible, cuando tienen finalidades y procedimientos diferentes; claro que en la extinci\u00f3n de dominio la Fiscal\u00eda tiene la carga de investigar y el afectado por su parte debe demostrar los hechos en los que funda suoposici\u00f3n, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 152 de la Ley 1708 de 2014, cuyo inciso final dispone: <\/p>\n
\u201cCuando el afectado no allegue los medios de prueba requeridos para demostrar el fundamento de su oposici\u00f3n, el juez podr\u00e1 declarar extinguido el derecho de dominio con base en los medios de prueba presentados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, siempre y cuando ellos demuestren la concurrencia de alguna de las causales y dem\u00e1s requisitos previstos en esta ley para tal efecto.\u201d <\/p>\n
Dicho aparte normativo conlleva a que en algunos casos los fallos se basen en la valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas por la Fiscal\u00eda, bien por la ausencia probatoria por parte de la afectada; o porque las que la titular del derecho real aporta no desvirt\u00faan las allegadas por dicho ente, sin que por ello pueda concluirse como lo hace el censor, que los operadores de justicia consideran las pruebas del investigador como inobjetables, incontrastables, asumi\u00e9ndolas como legalmente practicadas; porque si la afectada por medio de su apoderado demuestra que no fueron hallados estupefacientes en su propiedad no se configurar\u00eda la causal de procedencia (\u2026). <\/p>\n
Es del caso precisar que el togado interviene en este asunto desde la fijaci\u00f3n provisional de la pretensi\u00f3n y acudi\u00f3 al recurso de alzada en la sentencia, y se vislumbra falta de precisi\u00f3n respecto de la inobservancia por parte de los operadores jur\u00eddicos frente a las citadas normas y en esas condiciones esta Corporaci\u00f3n no puede emitir un pronunciamiento cuando desconoce por qu\u00e9 para el apelante fueron desconocidas. <\/p>\n
Contrario sensu, el diligenciamiento desmiente las proposiciones del recurrente, ya que permite observar el cumplimiento de las normas constitucionales, sustanciales y procesales que rigen esta acci\u00f3n. Por las anteriores consideraciones no es viable invalidar lo actuado, dado que no se observa transgresi\u00f3n de derechos ni leyes vigentes en el transcurso del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Dado que el censor reiter\u00f3 que en su sentir las medidas cautelares no son necesarias en este tr\u00e1mite, el tema fue objeto del respectivo control, as\u00ed que debe remitirse al art\u00edculo 87 de la Ley 1708 de 2014 ya que fue el legislador quien previ\u00f3 su finalidad y en cumplimiento del art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Nacional la Fiscal\u00eda y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, aplicaron la normatividad que las rige, por ser procedente, lo cual desvirt\u00faa sus planteamientos de que se obr\u00f3 en contrav\u00eda de la Carta Magna. Por lo tanto, no se configura la pretendida nulidad\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, con esas bases y con apoyo en el material suasorio que reposa en el dossier, analiz\u00f3 la causal del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014, concluyendo: <\/p>\n
\u00abLa valoraci\u00f3n conjunta del material probatorio deja al descubierto que Carmen Emilia Ochoa de Mu\u00f1oz explot\u00f3 l\u00edcitamente su propiedad, a trav\u00e9s del arriendo a sus tres arrendatarios Gloria Am\u00e9zquita, quien viv\u00eda en el tercer piso, Mar\u00eda del Socorro Trujillo Olarte, Cruzana Garc\u00eda Zuluaga y Arnoldo Delgado Cote, quienes resid\u00edan en el segundo piso114 limit\u00e1ndose a cobrar los c\u00e1nones de arrendamiento, por eso s\u00f3lo acudi\u00f3 ante la autoridad para obtener la restituci\u00f3n del inmueble por parte de Arnoldo Delgado Cote y Cruzana Garc\u00eda Zuluaga porque no le pagaban el canon mensual y en definitiva pagaron un mes nada m\u00e1s. <\/p>\n
Mar\u00eda del Socorro Trujillo Olarte era reconocida en el sector como \u201cLa Negra\u201dy desde que lleg\u00f3 al inmueble se percat\u00f3 de ello, pagaba cumplida el arriendo y como sab\u00eda que la titular del derecho real no ejerc\u00eda vigilancia alguna lo us\u00f3 para fines il\u00edcitos en dos oportunidades diferentes, y los vecinos no le informaban a la propietaria por temor, tal como lo precis\u00f3 el ciudadano que acudi\u00f3 a la autoridad. <\/p>\n
El desplazamiento de Carmen Emilia Ochoa de Mu\u00f1oz obedec\u00eda a un fin econ\u00f3mico que la arrendataria observ\u00f3, pero no para averiguar sobre su conservaci\u00f3n, pago oportuno de servicios y destinaci\u00f3n l\u00edcita, por eso ni siquiera sub\u00eda al segundo piso, sino que esperaba en el mezanine y luego se regresaba, no es veros\u00edmil que permaneciera una hora o una hora y media como afirm\u00f3 porque tambi\u00e9n dijo que su salud no se encontraba en \u00f3ptimas condiciones y quien la acompa\u00f1aba Ramiro Alberto Corrales manifest\u00f3 que le colaboraba en subir porque las escaleras eran empinadas y ella ten\u00eda inconveniente en las piernas para ascender; luego entonces no es cre\u00edble que se le dificultara subir pero pudiera esperar una hora de pie aseando\u00bb. <\/p>\n
Ello, en atenci\u00f3n a que: <\/p>\n
\u00abEl reiterativo comportamiento de la arrendataria en el apartamento 201 es una actividad ilegal, que atenta contra los fines de conservaci\u00f3n y explotaci\u00f3n de la propiedad conforme a la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica, tal como establece nuestro ordenamiento jur\u00eddico; este concepto fue definido por la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201cLa funci\u00f3n social se traduce en la necesidad de que el propietario de un bien lo aproveche econ\u00f3micamente, utilizando sistemas racionales de explotaci\u00f3n y tecnolog\u00edas que se adecuen a sus calidades naturales y que permitan la utilizaci\u00f3n de los recursos naturales, buscando al mismo tiempo su preservaci\u00f3n y la protecci\u00f3n ambiental. La inexplotaci\u00f3n del bien o su aprovechamiento irracional y degradante, supone de hecho la violaci\u00f3n del principio de la funci\u00f3n social de la propiedad y autoriza naturalmente la extinci\u00f3n del dominio del propietario improvidente o abusivo\u201d [Sentencia C-389 de 1994. Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell] <\/p>\n
Del material suasorio se advierte que la ausencia de la propietaria fue determinante para que la Trujillo Olarte utilizara el bien como medio para realizar actividades il\u00edcitas que generaron inseguridad en el barrio donde habita, al punto de generar temor en los vecinos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en punto del \u00abdeber de vigilancia\u00bb y la \u00abedad\u00bb que soporta la precursora, apostill\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abPropuso el inconforme que por la edad, no se debi\u00f3 exigir de forma extrema el cuidado de la propiedad; argumento que carece de respaldo normativo, ya que la ley no impide que una persona de 67 a\u00f1os -que ten\u00eda Carmen Emilia Ochoa de Mu\u00f1oz en el 2014- arriende su propiedad y en esa medida tampoco restringe por ese aspecto el deber de vigilancia; por lo tanto, as\u00ed como Carmen Emilia Ochoa de Mu\u00f1oz arrendaba en forma directa, sin apoyarse en sus hijos, o en una inmobiliaria, en esa misma medida ten\u00eda posibilidad de cuidar su inmueble sin concentrarse \u00fanicamente en lo econ\u00f3mico, independientemente de la edad que tenga, ya que no se demostr\u00f3 padecer demencia senil o una enfermedad mental que limite su capacidad y mengue su voluntad. <\/p>\n
El art\u00edculo 15 de la Ley 1708 de 2014 define esta acci\u00f3n como \u201c\u2026una consecuencia patrimonial de actividades il\u00edcitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaraci\u00f3n de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia, sin contraprestaci\u00f3n ni compensaci\u00f3n de naturaleza alguna para el afectado\u201d. <\/p>\n
En esa medida la afectada a trav\u00e9s de su apoderado ten\u00eda posibilidad de desvirtuar las pretensiones de la Fiscal\u00eda, si pese a su diligente cuidado del apartamento la arrendataria lo us\u00f3 para fines il\u00edcitos, contaba con la posibilidad de denunciar para pedir el apoyo de las autoridades, pero no demostr\u00f3 haberlo hecho. <\/p>\n
El fallo ni la ley exigen un cuidado especial del inmueble a Carmen Emilia Ochoa de Mu\u00f1oz, que se desplazaba cada mes a cobrar el arriendo era suficiente para que observara si estaba cuidado, si pagaban servicios y el uso dado al mismo por los arrendatarios, pero su inter\u00e9s no fue atender esos aspectos, sino cobrar el arriendo, concentr\u00e1ndose netamente en lo econ\u00f3mico, por eso prefer\u00eda quedarse en el mezanine en lugar de ir al apartamento a golpear directamente, adelantando un acto de verificaci\u00f3n personal, para determinar si hab\u00eda alg\u00fan olor fuerte que le permitiera establecer que all\u00ed hab\u00edan estupefacientes o detectar alguna anomal\u00eda, sin que demostrara que le resultaba imposible cumplir ese prop\u00f3sito; Ochoa de Mu\u00f1oz demostr\u00f3 que su \u00e9nfasis fue cobrar el c\u00e1non mensual y s\u00f3lo para eso acud\u00eda al predio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Significa, entonces, que ning\u00fan desatino se verifica en la resoluci\u00f3n confutada, puesto que es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que la Sala o la suplicante la compartan o no, la misma no puede tildarse de sesgada o caprichosa, ya que avalada en el contexto particular que evidenciaba el paginario no fue el producto de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
3.- En lo atinente a las dem\u00e1s manifestaciones de la demanda superlativa, reiteradas en la impugnaci\u00f3n, no se desconoce que Ochoa de Mu\u00f1oz, quien dijo ser \u00abuna mujer rayando los 70 a\u00f1os\u00bb, debido a su rango de edad ostentar\u00eda la calidad de \u00absujeto de especial protecci\u00f3n\u00bb; empero, sumado al hecho que no aport\u00f3 prueba alguna que determine esa circunstancia; esa condici\u00f3n, aun demostrada, per se, no hace viable el socorro. <\/p>\n
Se afirma ello, porque se predica la inexistente de transgresi\u00f3n a las dem\u00e1s garant\u00edas imploradas, dado que no se colma la exigencia de la \u00absubsidiariedad\u00bb, toda vez que en lo ata\u00f1edero con la presunta \u00abindebida notificaci\u00f3n por parte del juzgado accionado en la causa penal\u00bb y con la supuesta \u00abfalta de defensa t\u00e9cnica\u00bb en esa lid, previamente debe exhibir ante iudex de extinci\u00f3n de dominio esas inquietudes y pedimentos, para que sea \u00e9l quien resuelva el asunto. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que este mecanismo excepcional no es una \u00abinstancia\u00bb para anticiparse a la adopci\u00f3n de pronunciamientos sobre temas que no se han sometido al escrutinio del juez natural, en las condiciones y t\u00e9rminos que se propone en esta v\u00eda. <\/p>\n
4.- Finalmente, si la querellante estima que el actuar de sus apoderados en el litigio objetado, en los que edifica su \u00abfalta de defensa t\u00e9cnica\u00bb, entra\u00f1an la comisi\u00f3n de conductas disciplinarias, es a ella a quien corresponde noticiarlas directamente a las autoridades competentes, porque esta senda no ha sido estatuida con ese fin, ya que como en forma reiterada lo ha sostenido esta Magistratura, \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (STC15096-2017, STC1166-2018 y STC3570-2021, citadas en STC3150-2022). <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, se refrendar\u00e1 el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5441-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC5441-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01571-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63389","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63389","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63389"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63389\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63389"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63389"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63389"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}