STC5444-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5444-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00620-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Fernando Esteban P\u00e1ez Soriano contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Martha Cecilia Melo C\u00e1ceres, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial y las partes e intervinientes en el proceso disciplinario con radicado 2018-02711. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 13 de febrero de 1998, el abogado Fernando Esteban P\u00e1ez Soriano, en representaci\u00f3n de Martha Cecilia Melo C\u00e1ceres, present\u00f3 demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, que dio inicio al proceso con el radicado 1998-482321. <\/p>\n
2.2. El 29 de enero de 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca neg\u00f3 las pretensiones de la actora2. Contra la anterior decisi\u00f3n, el mandatario interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que fue resuelto favorablemente por el Consejo de Estado el 17 de mayo de 20073. <\/p>\n
2.3. Mediante Resoluci\u00f3n 00003071 de 2010 se reconoci\u00f3 en favor de la se\u00f1ora Melo C\u00e1ceres una indemnizaci\u00f3n sustitutiva del reintegro, por $461.139.3324. El 17 de noviembre de 2010, el abogado P\u00e1ez Soriano radic\u00f3 memorial para que le fueran consignados los dineros a su nombre, ya que, seg\u00fan su dicho, la mandante no contaba con cuenta bancaria en el territorio nacional, pues resid\u00eda en el exterior. <\/p>\n
2.4. El 9 de diciembre siguiente le fue comunicado a P\u00e1ez Soriano que le hab\u00eda sido revocado el apoderamiento otorgado por Melo C\u00e1ceres5. <\/p>\n
2.5. El 15 de abril de 2013, al no poder cobrar sus honorarios profesionales, el aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 una demanda laboral contra su antigua poderdante, que dio inicio al proceso de radicado 2013-002836. En esta causa, manifest\u00f3 el tutelante, que la se\u00f1ora Melo C\u00e1ceres solicit\u00f3 en al menos 8 oportunidades la nulidad de lo actuado, por indebida notificaci\u00f3n, pero todos los petitorios fueron negados7. <\/p>\n
2.6. El 30 de abril de 2018, la se\u00f1ora Melo C\u00e1ceres instaur\u00f3 una queja disciplinaria contra el abogado P\u00e1ez Soriano, que dio inicio al proceso de radicado 2018-02711, alegando que, a pesar de que el togado conoc\u00eda su domicilio, n\u00famero telef\u00f3nico y correo electr\u00f3nico, en el proceso laboral adelantado por \u00e9ste en su contra manifest\u00f3 bajo la gravedad de juramento desconocer tales datos, de modo que solicit\u00f3 su emplazamiento8. <\/p>\n
2.7. El 15 de octubre de 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia de primera instancia sancionando al disciplinado con la suspensi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n por seis meses9. <\/p>\n
2.8. El 3 de noviembre ulterior, a trav\u00e9s de dos correos electr\u00f3nicos diferentes, el sancionado formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n del juez de primera instancia10 y tambi\u00e9n promovi\u00f3 un incidente de nulidad11. <\/p>\n
2.9. El 2 de marzo de 2022, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial neg\u00f3 la nulidad invocada y confirm\u00f3 el fallo de primera instancia12. <\/p>\n
2.10. Cuestiona el actor que se viol\u00f3 el art\u00edculo 5 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto \u00abno existe ninguna conducta en cabeza del disciplinado (\u2026). La falta de direcciones para notificaci\u00f3n no es atribuible bajo ninguna circunstancia al suscrito. Fue obra de la evidente mala fe de la hoy quejosa\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se vulner\u00f3 el principio del non bis in idem, comoquiera que, \u00abcon anterioridad a este fallo (\u2026) ya exist\u00edan SIETE decisiones judiciales ejecutoriadas acerca de los mismos hechos alegados aqu\u00ed (cuatro y siete providencias, respectivamente)\u00bb. <\/p>\n
En la audiencia del 22 de noviembre de 2018 se le cercen\u00f3 su derecho de defensa, ya que el a quo natural \u00abconmin\u00f3 al suscrito a no presentar documentos\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno existe escrito mediante el cual el suscrito haya aceptado ser notificado por correo electr\u00f3nico, como efectiva y sistem\u00e1ticamente se realiz\u00f3 durante el transcurso del proceso\u00bb, lo que, en su entender, deriva en una indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al fallo de primera instancia, manifest\u00f3 que la notificaci\u00f3n de este le fue enviada a su correo electr\u00f3nico m\u00e1s de trece d\u00edas despu\u00e9s de proferida la decisi\u00f3n y fue remitido desde el e-mail de una persona particular y no desde uno oficial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n indic\u00f3 se incurri\u00f3 en mora judicial en la causa disciplinaria, ya que el fallo no se dict\u00f3 en el t\u00e9rmino exigido por la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
A su vez, adujo que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial carec\u00eda de competencia para resolver la nulidad presentada ante el a quo, por lo que, seg\u00fan su opini\u00f3n, esta petici\u00f3n a\u00fan no hab\u00eda sido resuelta. <\/p>\n
Finalmente, censur\u00f3 que la acci\u00f3n disciplinaria prescribi\u00f3, dado que el emplazamiento de la se\u00f1ora Melo C\u00e1ceres, en el proceso laboral con radicado 2013-00283, hab\u00eda sido hace m\u00e1s de siete a\u00f1os. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00ab1 Ordenar el estudio y decisi\u00f3n del Incidente de Nulidad propuesto (en la primera instancia, obviamente) a las 08:18 horas del d\u00eda 03 de Noviembre de 2020, por el Juez competente, esto es, por el Se\u00f1or Magistrado de Primera Instancia. 2 En defecto de lo anterior: 2.1 Declarar la prescripci\u00f3n de la Acci\u00f3n disciplinaria. 2.2 Declarar la inexistencia de conducta disciplinaria sancionable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial manifest\u00f3 que, en la diligencia de notificaci\u00f3n personal, el quejoso se\u00f1al\u00f3 como direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n su e-mail, raz\u00f3n por la cual \u00abno se configur\u00f3 una indebida notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que no se vulner\u00f3 el principio del non bis in idem, en consideraci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n disciplinaria es diferente a la ordinaria y que la supuesta mora judicial en que incurri\u00f3 el fallador de primera instancia se encuentra justificada, por la excesiva carga laboral. <\/p>\n
Expres\u00f3 que el incidente de nulidad invocado por el abogado P\u00e1ez Soriano fue resuelto el 2 de marzo de 2022, por lo que solicit\u00f3 denegar la tutela, tras advertir que no se vulner\u00f3 ninguna garant\u00eda superlativa del gestor constitucional. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo, en atenci\u00f3n a que \u00abal abogado no se le han vulnerado sus derechos fundamentales (\u2026), por el contrario, en garant\u00eda de sus derechos fue escuchado en versi\u00f3n libre, aport\u00f3 suficiente prueba documental como se observa en los anexos del proceso disciplinario, tuvo la oportunidad de solicitar pruebas, cont\u00f3 con una defensora de oficio y pudo defenderse a lo largo del proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor cuestiona el prove\u00eddo del 2 de marzo de 2022, por el cual la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial confirm\u00f3 la sanci\u00f3n disciplinaria impuesta en su contra por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Revisada la providencia cuestionada se evidencia, en primer lugar, que el ad quem natural resolvi\u00f3 el incidente de nulidad propuesto por el actor, precisando que, de salir avante esta petici\u00f3n, \u00abtal circunstancia inhibir\u00eda a la Comisi\u00f3n de adentrarse en el estudio de las dem\u00e1s l\u00edneas argumentales de la alzada\u00bb. En ese sentido, dijo que, en sustento de su petitorio, el abogado P\u00e1ez Soriano sostuvo que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se incurri\u00f3 en causal de nulidad, por violaci\u00f3n al principio de legalidad, del non bis in idem, al derecho al debido proceso, a la defensa, al derecho de contradicci\u00f3n y a la debida notificaci\u00f3n, en primera medida porque en ning\u00fan momento autoriz\u00f3 recibir notificaciones por correo electr\u00f3nico, adem\u00e1s el magistrado de instancia desconoci\u00f3 siete (7) decisiones respecto de solicitudes de nulidad basada en los mismos hechos de la queja, y, finalmente en raz\u00f3n a que la autoridad competente no le permiti\u00f3 allegar documentos en la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional celebrada el 22 de noviembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
Estudiado el acervo probatorio, resalt\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab- El auto de apertura de proceso disciplinario emitido el 11 de julio de 2018, as\u00ed como la fijaci\u00f3n de audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional para el d\u00eda 22 de noviembre de 2018, si bien fue enviada mediante comunicaci\u00f3n al doctor Fernando Esteban P\u00e1ez Soriano mediante correo electr\u00f3nico el 25 de agosto de 2018, dicha comunicaci\u00f3n tambi\u00e9n fue enviada a la calle 18 No. 4-80 oficina 301, misma que apareci\u00f3 registrada en la Unidad de Registro de Abogados (\u2026) <\/p>\n
– El 15 de noviembre de 2018, el doctor Fernando Esteban P\u00e1ez Soriano acudi\u00f3 ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogot\u00e1 con el fin de notificarse del auto de apertura emitido el 11 de julio de 2018. As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 como direcci\u00f3n de notificaciones, la calle 18 No. 4-80 oficina 301 de la ciudad de Bogot\u00e1, el correo electr\u00f3nico: abogadofernandopaez@outlook.com y el n\u00famero celular (\u2026). <\/p>\n
– En la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional celebrada el 22 de noviembre de 2018 a las 8:46 am, el magistrado lo que hizo fue advertir tanto al abogado disciplinado como al apoderado de la quejosa, abstenerse de allegar documentaci\u00f3n impertinente y fuera de audiencia, dado que el 21 de noviembre de 2018, el investigado alleg\u00f3 al proceso aproximadamente \u20181000 folios\u2019 para ser tenidos como prueba y sin foliar, motivo por el cual efect\u00fao dicha advertencia\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la Sala de instancia no incurri\u00f3 en una vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por el disciplinado, dado que en primera medida, si bien se efectu\u00f3 una notificaci\u00f3n al correo electr\u00f3nico del investigado, esta tambi\u00e9n se libr\u00f3 a la direcci\u00f3n registrada en la Unidad de Registro de Abogados, adem\u00e1s \u00e9l acudi\u00f3 a notificarse personalmente del auto de apertura el 11 de julio de 2018, por lo tanto, no se configur\u00f3 una indebida notificaci\u00f3n por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Ahora bien, es de advertir que el disciplinado Fernando Esteban P\u00e1ez Soriano el d\u00eda 21 de noviembre de 2018 alleg\u00f3 sendo escrito con el que aport\u00f3 al menos \u20181000 folios\u2019 para ser tenidos como prueba dentro del proceso disciplinario, raz\u00f3n por la cual, el magistrado en curso de audiencia celebrada el 22 de noviembre de la misma anualidad, advirti\u00f3 tanto al disciplinado como al apoderado de la quejosa abstenerse de allegar documentaci\u00f3n impertinente, m\u00e1s no impidi\u00f3 que se siguieran allegando documentos. Ello se demuestra con el simple hecho de que el abogado quejoso desde esa misma diligencia sigui\u00f3 aportando documentos hasta cuando la etapa probatoria se agot\u00f3. <\/p>\n
Igualmente, si bien se acredit\u00f3 dentro del expediente que se emitieron diferentes decisiones respecto de una solicitud de nulidad al interior del proceso ordinario laboral No. 2013-283, es preciso que esta Comisi\u00f3n aclare al abogado investigado, que es esta jurisdicci\u00f3n, la que se encarga de estudiar las conductas con relevancia disciplinaria en la que incurren los abogados en el ejercicio de la profesi\u00f3n, y por ello solamente esta jurisdicci\u00f3n puede investigar si el disciplinado incurri\u00f3 en alguna falta disciplinaria dentro de una actuaci\u00f3n judicial, por lo tanto, es evidente que no se desconoci\u00f3 el principio nom (sic) bis in idem, pues la jurisdicci\u00f3n ordinaria no pod\u00eda pronunciarse respecto de estas conductas. Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta que este hecho no es causal de nulidad. <\/p>\n
En consecuencia, considera esta Comisi\u00f3n que la solicitud de nulidad debe ser negada, pues no se vulner\u00f3 el derecho al debido proceso o a la defensa del disciplinable, y no se observa ninguna irregularidad sustancial dentro del asunto objeto de estudio que pudiera afectar el debido proceso conforme lo normado en el citado art\u00edculo 98 de la Ley 1123 de 2007\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En segundo lugar, de cara a los argumentos esgrimidos en la alzada, refiri\u00f3 que estos se resum\u00edan, as\u00ed: i) indebida valoraci\u00f3n probatoria de las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario laboral 2013-282 y el proceso ejecutivo laboral 2015-00852; ii) indebida adecuaci\u00f3n t\u00edpica; iii) violaci\u00f3n al debido proceso y derecho a la defensa; iv) desconocimiento del principio del non bis in idem; v) indebida notificaci\u00f3n y vi) prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
2.1. En relaci\u00f3n con la indebida valoraci\u00f3n probatoria, indic\u00f3 que, si bien el abogado P\u00e1ez Soriano afirm\u00f3 que no conoc\u00eda el domicilio de la se\u00f1ora Melo C\u00e1ceres, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) est\u00e1 demostrado que en virtud de la relaci\u00f3n profesional generada entre la quejosa y el disciplinado consistente en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 1998-48232, el abogado ten\u00eda conocimiento del domicilio de la quejosa, adem\u00e1s se observa que para el a\u00f1o 2009, se comunic\u00f3 con ella v\u00eda correo electr\u00f3nico mediante el cual le alleg\u00f3 copia del fallo favorable emitido por el Consejo de Estado. Hecho con el cual, es evidente que el abogado s\u00ed ten\u00eda como contactar a la demandada, sin embargo, opt\u00f3 por solicitar el emplazamiento y con ello logr\u00f3 que los procesos laborales en su contra se adelantaran sin su conocimiento. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de haber informado la \u00faltima direcci\u00f3n de la se\u00f1ora Martha Cecilia Melo C\u00e1ceres que el abogado ten\u00eda en su poder, lo m\u00e1ximo que pudo ocurrir era que de no haberla podido contactar, se ordenara el emplazamiento y le fuera nombrado curador ad litem, como en efecto ocurri\u00f3, pero, debido a la afirmaci\u00f3n del demandante de no tener ninguna direcci\u00f3n de contacto. <\/p>\n
2.2. Sobre lo ocurrido en el proceso laboral y el consecuente ejecutivo, afirm\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el asunto se surti\u00f3 con una curadora ad litem hasta el mes de abril de 2015, cuando se profiri\u00f3 el fallo en el que se concedieron las pretensiones del demandante, luego de lo cual se inici\u00f3 el correspondiente proceso ejecutivo, asuntos de los cuales la demandada no tuvo conocimiento durante un periodo considerable comprendido entre el a\u00f1o 2013 a 2017, cuando se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. Motivo por el cual, no es de recibo el argumento del apelante en relaci\u00f3n con que no se configur\u00f3 vulneraci\u00f3n al derecho a la defensa de la se\u00f1ora Martha Cecilia Melo C\u00e1ceres, pues claramente la demandada no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicci\u00f3n frente a la jurisdicci\u00f3n laboral, dado que nunca fue notificada\u00bb. <\/p>\n
2.3. En cuanto a que se viol\u00f3 el art\u00edculo 5 de la Ley 1123 de 2007, porque la actuaci\u00f3n del abogado no configur\u00f3 culpabilidad, esgrimi\u00f3 el ad quem natural que <\/p>\n
\u00abUna vez revisada la actuaci\u00f3n, considera la Comisi\u00f3n que la tipificaci\u00f3n realizada por la Sala de Primera instancia se adecua a lo preceptuado en la norma, pues resulta claro que la conducta cuestionada al investigado es la enmarcada en el verbo rector \u2018intervenir en actos fraudulentos\u2019, puesto que el abogado ocult\u00f3 el paradero de la demandada dentro del proceso ordinario laboral No. 2013-282 y el proceso ejecutivo laboral No. 2015-00852, siendo que al menos tuvo conocimiento su \u00faltimo (sic) domicilio en virtud a la relaci\u00f3n profesional emanada del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 1998-48232. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se observa que se demostr\u00f3 el conocimiento y la voluntad con la que act\u00fao el investigado, hecho que confirm\u00f3 la Sala de instancia en curso de audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, al momento de endilgar su actuaci\u00f3n bajo la modalidad de dolo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que se efectu\u00f3 una correcta adecuaci\u00f3n t\u00edpica por parte (sic) Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogot\u00e1, por lo tanto, no es de recibo el argumento del recurrente en el sentido de que el hecho de que el abogado ocultara el paradero de la quejosa como demandada en el proceso laboral, es una conducta que se enmarca en la falta contra la recta y leal realizaci\u00f3n de la justicia y los fines del Estado\u00bb. <\/p>\n
2.4. En lo atinente a la mora judicial en que habr\u00eda incurrido el a quo en el proceso disciplinario y la vulneraci\u00f3n de su derecho a la defensa, por presuntamente no permitirle incorporar pruebas documentales, sostuvo <\/p>\n
\u00abUna vez escuchado el audio, esta Comisi\u00f3n observa que, en la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional instalada el 22 de noviembre de 2018, el magistrado efectu\u00f3 una advertencia tanto al abogado disciplinado como al apoderado de la quejosa, consistente en abstenerse de allegar documentaci\u00f3n impertinente y fuera de las diligencias, en raz\u00f3n a que el 21 de noviembre de 2018, el investigado alleg\u00f3 al proceso escrito con aproximadamente \u20181000 folios\u2019 para ser tenidos como prueba y sin foliar, hecho con el cual se gener\u00f3 desgaste a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Ahora bien, en relaci\u00f3n a los t\u00e9rminos perentorios establecidos por la Ley 1123 de 2007, esta Comisi\u00f3n le aclara al recurrente que la jurisdicci\u00f3n disciplinaria tiene bajo su responsabilidad una carga laboral muy amplia, pues los procesos son bastantes, sin que ello configure un desconocimiento a la norma, pues en vista de la cantidad de procesos que se manejan, las diligencias suelen demorar m\u00e1s de lo previsto\u00bb. <\/p>\n
2.5. Frente al desconocimiento del principio del non bis in idem y la indebida notificaci\u00f3n, la Comisi\u00f3n reiter\u00f3 lo argumentado en la resoluci\u00f3n de nulidad. <\/p>\n
2.6. Finalmente, en cuanto a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria endilgada por el gestor, expres\u00f3 que <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente caso, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se contar\u00e1 desde la fecha en que se emiti\u00f3 la \u00faltima actuaci\u00f3n por parte del Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, es decir, el auto de fecha 7 de marzo de 2017, por el cual se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n de costas y se decretaron medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo laboral No. 2015-00852, pues tal y como lo indic\u00f3 la Sala Seccional, la conducta del abogado se prolong\u00f3 al menos hasta ese momento, cuando el despacho de conocimiento decret\u00f3 medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo laboral No. 2015-00852, sin que la demandada tuviese la oportunidad de defenderse\u00bb. <\/p>\n
2.7. Concluy\u00f3, entonces, que \u00ablos argumentos expuestos por la Sala de primera instancia, est\u00e1n debidamente fundamentados y probados, por lo cual proceder\u00e1 a confirmar la decisi\u00f3n proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogot\u00e1, mediante sentencia de fecha 15 de octubre de 2020 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Analizada la providencia rebatida, se observa que la autoridad demandada se pronunci\u00f3 sobre los argumentos expuestos por el accionante y, en forma motivada y razonada, analiz\u00f3 las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite y las evidencias allegadas para concluir que no se hab\u00edan vulnerado los derechos del investigado y que estaban acreditados los presupuestos para declarar su responsabilidad disciplinaria. <\/p>\n
Visto lo anterior, se exalta que la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, se reitera, se profiri\u00f3 con sustento en una valoraci\u00f3n razonable de las probanzas obrantes en el plenario, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, lo que se evidencia en este asunto es una disparidad de criterios entre lo considerado por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y lo planteado por el solicitante, de modo que el operador constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como ocurri\u00f3 en este caso, la decisi\u00f3n adoptada no muestra vulneraci\u00f3n alguna de los derechos invocados. <\/p>\n
Cabe recordar que esta Corporaci\u00f3n, actuando como juez de tutela, \u00abno es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb13, dado que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb14. <\/p>\n
Desde luego, en este escenario tampoco es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n de las probanzas del caso concreto, toda vez que <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00). <\/p>\n
3.1. Por otro lado, en cuanto a que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no ten\u00eda competencia para conocer la nulidad propuesta, resulta menester indicar que, al haber sido elevada con posterioridad al fallo de primera instancia15, era pertinente que el a quo natural, en tanto, ya hab\u00eda desatado la primera instancia, la remitiera al superior y que la Comisi\u00f3n Nacional se pronunciara, pues, como se indic\u00f3, de prosperar dicha autoridad se inhibir\u00eda de conocer del fondo del asunto; de manera que, habi\u00e9ndose descartado los vicios alegados, lo pertinente era resolver el asunto, como en efecto ocurri\u00f3. <\/p>\n
3.2. Por \u00faltimo, de cara a la r\u00e9plica seg\u00fan la cual el fallo de primera instancia le fue notificado desde el correo de una persona natural, deviene imperioso resaltar que el e-mail contentivo de la providencia fue remitido a trav\u00e9s de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de Azucena Rojas Ortiz, en su condici\u00f3n de auxiliar judicial al servicio del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 y que el acto de enteramiento se surti\u00f3 sin violaci\u00f3n de las garant\u00edas superiores del investigado, al punto que present\u00f3 los escritos de nulidad y de apelaci\u00f3n a los cuales se les dio el curso correspondiente. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone negar la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Hecho 9 del escrito de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Hecho 10 del escrito de tutela. <\/p>\n
3\u0002 Hecho 12 del escrito de tutela. <\/p>\n
4\u0002 Hecho 21 y 22 del escrito de tutela. <\/p>\n
5\u0002 Hecho 26 del escrito de tutela. <\/p>\n
6\u0002 Hecho 38 del escrito de tutela. <\/p>\n
7\u0002 Hecho 50 del escrito de tutela. <\/p>\n
8\u0002 Folios 172-180, archivo \u201cExp. 2022-00620 AT. FERNANDO ESTEBAN P\u00c1EZ SORIANO-REPARTOPLENA\u201d. <\/p>\n
9\u0002 Ibidem., 360-366. <\/p>\n
10\u0002 Ibidem., 371-383. <\/p>\n
11\u0002 Ibidem., 370 y 384-388 <\/p>\n
12\u0002 Folios 1-53, archivo \u201c18 PROVIDENCIA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
13\u0002 CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
14\u0002 CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01. <\/p>\n
15\u0002 Correo electr\u00f3nico del 3 de noviembre de 2020, mientras que el fallo fue notificado mediante correo electr\u00f3nico del 28 de octubre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
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STC5444-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC5444-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00620-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Fernando Esteban P\u00e1ez Soriano […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63392","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63392","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63392"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63392\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63392"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63392"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63392"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}