STC5447-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5447-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 63001-22-14-000-2022-00026-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de abril de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en la tutela que Pedro Luis P\u00e9rez Ram\u00edrez instaur\u00f3 en contra del Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00215. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, exigi\u00f3 la guarda de los derechos de \u00abpetici\u00f3n\u00bb, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb y \u00abvida en condiciones dignas\u00bb, para que se ordenara responder de manera \u00abeficaz y oportuna\u00bb la solicitud que formul\u00f3 el 14 de febrero de 2022. <\/p>\n
En compendio, sostuvo que el 11 de enero de 2022 el estrado acusado termin\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n el proceso ejecutivo de alimentos que Carolina Berm\u00fadez L\u00f3pez en representaci\u00f3n de sus dos menores hijas Daniela y Valentina P\u00e9rez Berm\u00fadez adelant\u00f3 en su contra, y accedi\u00f3 a la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales que reposaban en el Banco Agrario de Colombia y que hab\u00edan sido descontados de su salario como Sargento Mayor del Ej\u00e9rcito Nacional. <\/p>\n
Adujo que como el saldo total era de $19\u2019365.776, producto del embargo que existi\u00f3 desde el mes de marzo del a\u00f1o 2021 a febrero del a\u00f1o 2022, el 14 de febrero hoga\u00f1o elev\u00f3 \u201cderecho de petici\u00f3n (\u2026) para que el juzgado [le] devolviera todo [su] dinero y (\u2026) sin descontar un solo peso de all\u00ed pues consign[\u00f3] el valor de la conciliaci\u00f3n a favor de la demandante por medio de su abogado\u201d, sin que a la fecha haya dado respuesta y, el 4 de marzo le remiti\u00f3 \u201cuna orden de pago por valor de $1\u2019391.818 desconociendo el juzgado la suma descontada (\u2026) por valor de 19\u2019365.776, lo que (\u2026) vulnera [sus] derechos fundamentales pues t[iene] una esposa e hijos que sostener\u201d. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que su procuradora judicial le comunic\u00f3 que tambi\u00e9n formul\u00f3 al juzgado la misma rogativa, \u201csin que a la fecha haya definido absolutamente nada\u201d y, aunque recibi\u00f3 \u201cuna supuesta respuesta a [su] derecho de petici\u00f3n (\u2026) para nada se asemeja (\u2026) a lo que le solicit[\u00f3] al juzgado\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero de Familia de Armenia afirm\u00f3 que, dado el acuerdo allegado al pleito \u201cdebidamente suscrito por las partes\u201d, dispuso su culminaci\u00f3n \u201cpor pago total de la obligaci\u00f3n\u201d y, adem\u00e1s, \u00abaccedi\u00f3\u00bb a la \u201centrega de los dep\u00f3sitos judiciales\u201d a la profesional que represent\u00f3 al gestor; de manera que, libr\u00f3 \u201clos oficios de levantamiento de las medidas cautelares decretadas y expidi\u00f3 las \u00f3rdenes de pago a nombre de la abogada mediante n\u00ba 202200008 y 202200009 del 20 de enero de 2022 por valor de $14\u2019590.467 y $3\u2019067.102\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que, en auto de 3 de marzo de este a\u00f1o, \u201cdebidamente notificado a las partes por estado\u201d indic\u00f3 que \u201clos t\u00edtulos judiciales fueron expedidos en el mes de enero hoga\u00f1o a la abogada, tal como fue acordado\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo desestim\u00f3 la salvaguarda tras colegir que \u00abel JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ARMENIA oportunamente expidi\u00f3 los oficios comunicando el levantamiento de la medida cautelar decretada sobre el salario del actor, adem\u00e1s, dispuso la entrega de los dineros que se encontraban a \u00f3rdenes del Despacho, cuyas \u00f3rdenes de pago ya fueron remitidas al accionante y a su apoderada judicial, por lo que ha cesado la supuesta vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos del accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb consagrado en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica no se predica de \u00abactuaciones judiciales\u00bb, pues sometidas como est\u00e1n a las formas propias de cada litigio, deben ser sorteadas acorde con esos puntuales par\u00e1metros y dentro de las oportunidades procesales previstas. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corte ha esgrimido: <\/p>\n
\u00abLas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales\u2026 deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (STC7405-2020; STC15807-2021), negrilla fuera de texto. <\/p>\n
2.- En el sub lite, el panorama descrito en la demanda permite colegir que lo reclamado por P\u00e9rez Ram\u00edrez el 14 de febrero de 2022, concierne a actuaciones propias del \u00abejecutivo de alimentos rad. 2020-00215\u00bb que se ritu\u00f3 en su contra, por lo que debe analizarse en el marco legal de ese procedimiento, sin que resulten aplicables las reglas contenidas en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En otras palabras, m\u00e1s all\u00e1 de que Pedro Luis lo haya suplicado por v\u00eda del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, lo instado se orientaba a emprender tr\u00e1mites propios del compulsivo, como el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y el desembolso de los estipendios. <\/p>\n
3.- Hecha la anterior precisi\u00f3n, de entrada, se anuncia el decaimiento de la ayuda y la convalidaci\u00f3n de lo opugnado, pero por inexistencia de la vulneraci\u00f3n aducida, habida cuenta que, de las probanzas incorporadas al dossier, se evidencia que: <\/p>\n
i).- El 16 de diciembre de 2021 el abogado de Carolina Berm\u00fadez alleg\u00f3 al Jugado Primero de Familia de Armenia la transacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n perseguida y, por ende, requiri\u00f3 la finalizaci\u00f3n del compulsivo por pago total, el \u00ablevantamiento de las medidas cautelares\u00bb y \u00abla entrega de los dep\u00f3sitos judiciales que reposa[ban] en el despacho\u00bb a la profesional del derecho que representa al quejoso (fls. 1 al 3; cdno 27ApoderadoSolicitaTerminacion). <\/p>\n
ii).- En auto de 11 de enero de 2022, se acept\u00f3 el convenio y se prob\u00f3 la autorizaci\u00f3n a la apoderada de P\u00e9rez Ram\u00edrez para retirar los \u00abt\u00edtulos judiciales\u00bb (fls. 1 y 2; cdno 28AutoOrdenaTerminacion); <\/p>\n
iii).- El d\u00eda 20 siguiente se expidi\u00f3 \u00abla orden de pago dep\u00f3sitos judiciales\u00bb n\u00ba 2022000008 y n\u00ba 2022000009 por el monto de $14\u2019590.467 y $3\u2019067.102, respectivamente, a nombre de la \u00abapoderada judicial\u00bb (fl. 1 cdno. 30Ordendepagoenero y fl. 1 cdno. 39Ordendeapagoenero) y, al otro d\u00eda, se remiti\u00f3 a trav\u00e9s de los e-mails abogadosasociadosdequi@gmail.com; sandra_torres_1983@hotmail.com dichos legajos. <\/p>\n
iv.- El 14 de febrero, el sedicente radic\u00f3 escrito que denomin\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb en el que exigi\u00f3 \u00abla entrega de todos los dineros que [le fueron] descontados\u00bb, e insisti\u00f3 en el \u00ablevantamiento de las cautelas\u00bb (fls. 1 al 21; cdno. 45Derechodepetici\u00f3n). <\/p>\n
v).- En prove\u00eddo de 3 de marzo, esto es, antes de que el actor acudiera a este mecanismo excepcional, el juzgado orden\u00f3 \u00abal centro de servicios judiciales compartir de manera inmediata el v\u00ednculo del expediente, en el cual podr\u00e1 apreciar que obran los oficios expedidos para el levantamiento de las medidas cautelares decretadas dentro del asunto\u00bb. Respecto a la \u00abno entrega de los dep\u00f3sitos judiciales\u00bb, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abla totalidad de los dep\u00f3sitos judiciales que figuraban para la \u00e9poca fueron entregados a la abogada (\u2026), tal y como fue acordado en el acuerdo allegado por las partes, por lo que se le requerir\u00e1 para que informe a su prohijado las razones por las cuales no le ha hecho los pagos respectivos, conforme a lo expresado por este, aclar\u00e1ndose que estos fueron expedidos desde el pasado 20 de enero de 2022 e informado por el enlace del centro de servicios judiciales el d\u00eda 21 de enero de los corrientes\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, le inform\u00f3 que \u00abuna vez consultada la base de datos del Banco Agrario se observa que existe un t\u00edtulo depositado en el mes de febrero del 2022, esto es con posterioridad a la orden de pago emanada a favor de la apoderada del demandado, por lo que se ordena entregarse a este\u00bb; y, es por ello, que elabor\u00f3 el \u00abt\u00edtulo judicial\u00bb n\u00ba 2022000020 a su nombre por la suma de $1\u2019391.818 descontada del mes de febrero de este a\u00f1o por la pagadora (fl. 1 cdno. 51Ordendepagomarzo). <\/p>\n
Significa entonces, que no se acreditaron las cr\u00edticas enrostradas por el querellante y, que, por tanto, no puede endilgarse al Juzgado Primero de Familia de Armenia \u201cacci\u00f3n y\/u omisi\u00f3n\u201d que conculque o amenace atributos b\u00e1sicos, raz\u00f3n por la cual no es posible la intervenci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
4.- Se agrega a lo antelado que, en esta sede no hay lugar a analizar lo aducido por el impugnante, en torno a las irregularidades en los estipendios descontados y los que reposaban en el portal del Banco Agrario de Colombia producto del embargo de su sueldo, puesto que, seg\u00fan su dicho, \u00abnadie se toma la molestia de sumar el monto que con soportes est[\u00e1] pidiendo [le] devuelvan (\u2026) monto total del embargo: $19\u2019365.776 (\u2026) devuelve el juzgado: $19\u2019049.387 (\u2026) donde est\u00e1n: $316.389\u00bb. Ello, por cuanto, como ese argumento no hizo parte del libelo incoatorio, constituye un hecho nuevo sobre el que esta Corte no puede pronunciarse sin trasgredir el \u00abderecho de defensa\u00bb de los dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n
Adicionalmente, revisado el infolio reprochado no se observa que Pedro Luis hubiese manifestado tales conjeturas ante la juez natural, de manera que puede -si as\u00ed lo estima pertinente- comparecer y exponer las inconformidades, cuestionamientos y\/o inconsistencias con el fin de provocar, de aquella, un pronunciamiento sobre la problem\u00e1tica que exhibe, quien con apoyo en los reportes que en tal sentido facilite la entidad bancaria en concordancia con los desprendibles de n\u00f3mina de la empresa pagadora, realizar\u00e1 la operaci\u00f3n matem\u00e1tica correspondiente. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, esta Colegiatura ha sostenido en forma reiterada, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, entre otras). <\/p>\n
5.- Ergo, se refrendar\u00e1 lo apelado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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