STC5450-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00218-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por la convocante frente a la sentencia del pasado 16 de febrero, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Rita Esther P\u00e1jaro Guardo contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta misma Corte. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Laboral) y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito, ambos de Cartagena, as\u00ed como la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y la Procuradur\u00eda delegada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora deprec\u00f3, mediante apoderado, el respeto de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, \u00abseguridad social[ y] m\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente conculcadas por la Colegiatura repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar valor a lo dirimido en sede extraordinaria dentro del expediente laboral n.\u00b0 \u00ab2017-00150\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena se surti\u00f3, bajo el radicado y especialidad descritos a espacio, demanda de la titular del resguardo de marras contra Colpensiones, dirigida a la declaraci\u00f3n de que es \u00abbeneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993\u00bb e, igualmente, al reconocimiento y pago de la \u00abpensi\u00f3n legal de vejez\u00bb del \u00abAcuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la contienda provino fallo el 21 de septiembre de 2017, adverso a las pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La resoluci\u00f3n en cita la confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Distrito Judicial (Sala Laboral), en v\u00eda de apelaci\u00f3n de la parte all\u00ed demandante (ahora tutelante), a trav\u00e9s de sentencia de 27 de marzo de 2019. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Veredicto este que, a su turno, no fue casado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente de la Corte, en pronunciamiento CSJ SL3146, 9 jun. 2021, rad. 85229, por recurso del mismo extremo litigante (la demandante). <\/p>\n
<\/p>\n
5. La aqu\u00ed precursora critic\u00f3 la decisi\u00f3n del juez extraordinario pues, en estricto compendio, quiso ratificar la argumentaci\u00f3n del tribunal, hecha a partir de una errada valoraci\u00f3n de las historias laborales obrantes en el pleito, referente a que ella no cumpli\u00f3 con el n\u00famero de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensi\u00f3n reclamada, cuando lo cierto es que s\u00ed satisfizo la causaci\u00f3n del derecho; situaci\u00f3n por la que, adem\u00e1s, se habr\u00eda consumado una desatenci\u00f3n del \u00abprecedente constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral aport\u00f3 copia de su prove\u00eddo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena pregon\u00f3 estarse a las resultas del amparo. <\/p>\n
Ados\u00f3 reproducci\u00f3n del paginario cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) se opuso al \u00e9xito de clama, por la firmeza del fallo disentido. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (P.A.R.I.S.S.) adujo que las censuras le son extra\u00f1as. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No se allegaron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda al encontrar que lo fallado por el juez accionado \u00abde manera alguna se percibe ileg\u00edtimo o caprichoso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por la convocante, quien asistida del mandatario persisti\u00f3 en sus ataques. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de sobrevenir el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el entendido de que los cuestionamientos est\u00e1n enfilados contra el fallo CSJ SL3146, 9 jun. 2021, rad. 85229, con el cual la Sala de Casaci\u00f3n recriminada opt\u00f3 por no casar el de segunda instancia, adverso a las reclamaciones blandidas por la quejosa dentro del proceso laboral n.\u00b0 \u00ab2017-00150\u00bb frente a Colpensiones, se conduce a indagarlo en sus cimientos. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)En sede casacional no es objeto de discusi\u00f3n que: (i) la actora naci\u00f3 el 2 de agosto de 1946 y cumpli\u00f3 55 a\u00f1os en la misma data del a\u00f1o 2001 (f.\u00ba 28 y 29), y (ii) ten\u00eda m\u00e1s de 40 a\u00f1os de edad al 1.\u00ba de abril de 1994, por lo que, en principio, era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
Claro lo anterior, la Sala debe resolver si el Tribunal err\u00f3 al estimar que a la actora no se le pod\u00eda extender el r\u00e9gimen de transici\u00f3n hasta el 31 de diciembre de 2014, puesto que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 no acredit\u00f3 750 semanas de cotizaci\u00f3n. <\/p>\n
Pese a la orientaci\u00f3n f\u00e1ctica del cargo, es preciso indicar que el par\u00e1grafo 4.\u00ba transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, que adicion\u00f3 el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece: <\/p>\n
Art\u00edculo 1\u00ba Se adicionan los siguientes incisos y par\u00e1grafos al art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026). <\/p>\n
Par\u00e1grafo transitorio 4\u00ba. El r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en la Ley 100 de 1993 y dem\u00e1s normas que desarrollen dicho r\u00e9gimen no podr\u00e1 extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho r\u00e9gimen, adem\u00e1s tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, a los cuales se les mantendr\u00e1 dicho r\u00e9gimen hasta el a\u00f1o 2014. <\/p>\n
Pues bien, el Tribunal se bas\u00f3 en la historia de cotizaciones que decret\u00f3 como prueba oficiosa en segunda instancia (f.\u00ba 14 a 21, cuaderno del Tribunal) y concluy\u00f3 que la accionante no caus\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n de vejez con fundamento en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990 antes del 31 de julio de 2010, pues a esa fecha cotiz\u00f3 \u00abun total de 953,74 semana en toda la vida laboral, es decir, no cumpli\u00f3 con el requisito de las 1.000 semanas en cualquier \u00e9poca, tampoco con el de las 500 semanas anterior al cumplimiento de la edad, esto es desde el 2 de agosto de 1981 hasta el 21 de agosto del 2001 dado que durante ese tiempo cotiz\u00f3 38,6 semanas\u00bb. Asimismo, precis\u00f3 que tampoco acumul\u00f3 750 semanas a 2[5] de julio de 2005, para que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n se le hiciera extensivo hasta el a\u00f1o 2014, toda vez que \u00aba tal data ten\u00eda cotizadas 708,32 semanas\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Conforme lo anterior, es evidente que la asegurada pese a que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad el 2 de agosto de 2001, no caus\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n de vejez en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima reuni\u00f3 38,86 semanas de aportes y las 1.000 las acredit\u00f3 el 24 de junio de 2011, cuando ya hab\u00eda expirado en su caso el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo transitorio 4.\u00ba del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
Asimismo, aquella no acredit\u00f3 750 de aportes al 2[5] de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, para que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n se le extendiera hasta el a\u00f1o 2014. Y tampoco reuni\u00f3 el n\u00famero m\u00ednimo de cotizaciones que exige el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 9.\u00ba de la Ley 797 de 2003, pues para el a\u00f1o 2012, fecha de la \u00faltima cotizaci\u00f3n, se exig\u00edan 1.225 semanas de aportes y ella solo sufrag\u00f3 1.022,29 en toda la vida laboral. <\/p>\n
Ahora, la recurrente acusa como err\u00f3neamente apreciadas por el Colegiado de instancia la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 019641 de 25 de septiembre de 2009, a trav\u00e9s de la cual el ISS le neg\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez, as\u00ed como la hoja de prueba que sirvi\u00f3 de soporte al conteo de semanas que en ese acto se registr\u00f3 (f.\u00ba 10 y 11), pues afirma que en esos textos se consign\u00f3 que ella ten\u00eda a esa fecha 785 semanas y si se le restan 34 semanas que correspond\u00edan a los 20 a\u00f1as anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima, entonces \u00abantes del 2[5] de julio de 2005 (\u2026) ten\u00eda 751 semanas de cotizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, estima la Sala que con base en esas alegaciones no es dable edificar un yerro manifiesto de apreciaci\u00f3n probatoria, porque se trata simplemente de inferencias y deducciones subjetivas de la accionante sin fundamento alguno, toda vez que lo que se consign\u00f3 en la Resoluci\u00f3n aludida es que la asegurada \u00abha cotizado un total de 785 semanas, de las cuales 34 corresponden a los \u00faltimos 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima requerida\u00bb\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En esa perspectiva, el par\u00e1metro de contabilizaci\u00f3n fue la \u00faltima cotizaci\u00f3n en mayo 30 de 2009, mas no, el 2[5] de julio de 2005, como quiere hacerlo ver la censura\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de ayuda. <\/p>\n
Es que, en rigor, la accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que la Colegiatura encartada dispuso no casar el fallo de alzada, adverso a sus pretensiones, luego de concluir, en resumen, la falta de acreditaci\u00f3n del derecho a la \u00abpensi\u00f3n de vejez\u00bb perseguido, como consecuencia de que ella incumpli\u00f3 con el requisito de tiempo previsto en el Acuerdo 049 de 1990, de \u00ab1.000 semanas en cualquier \u00e9poca\u00bb o, \u00ab500\u00bb dentro de los 20 a\u00f1os anteriores a la edad de retiro2, ni satisfizo las \u00ab750 semanas\u00bb al 25 de julio de 2005 (Acto Legislativo 01 \u00eddem) \u00abpara que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n se le hiciera extensivo hasta el\u2026 2014\u00bb. <\/p>\n
Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobar de plano, o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Tambi\u00e9n es tema averiguado que divergir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [compelir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado impone, entonces, resolver de modo ratificatorio, por lo hasta ahora consignado, no sin antes recordar, con ocasi\u00f3n del soslayo de jurisprudencia atribuido en la censura, que para esta Magistratura es crucial el respeto por los pronunciamientos judiciales, y m\u00e1s si provienen de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles causales de procedibilidad del amparo, no atisbadas en el debate sub examine. Postura que se ha venido prohijando con m\u00e1s ah\u00ednco a partir de los precedentes CSJ STC13814, STC13815 y STC13816 de 2021 (14 oct.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo de marras fue remitido a esta Sala de la Corte, para tales fines, el 6 de abril del a\u00f1o en curso, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2\u0002 Antes del 31 de julio de 2010, seg\u00fan lo preconizado en el mencionado Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
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