STC5451-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5451-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01165-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Yessica Juliet Ram\u00edrez Viasus contra la Sala Civil del Tribunal Superior del distrito judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2019-00495. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos de petici\u00f3n y a un debido proceso, los cuales estima trasgredidos (i) con el auto de 24 de junio de 2021, mediante el cual el juez a quo termin\u00f3, por desistimiento t\u00e1cito, el proceso declarativo por ella promovido, sin reparar en que exist\u00edan medidas cautelares pendientes de practicar, que imped\u00edan apremiarla para integrar el contradictorio; (ii) con el auto de segunda instancia de 16 de febrero de 2022, con el cual la magistratura encartada, en sede de queja, declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n que ella interpuso contra el aludido prove\u00eddo de terminaci\u00f3n, mediante un \u00abexamen sencillo del alegato\u00bb y (iii) por el silencio del Consejo Superior de la Judicatura frente a la petici\u00f3n que ella le elev\u00f3 para que certificara las fallas que present\u00f3 el portal web de la Rama Judicial los d\u00edas 28, 29 y 30 de junio de 2021, que le habr\u00edan impedido conocer e impugnar oportunamente el auto con el cual se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la demanda. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se dejen sin efecto las fustigadas providencias y que se ordene resolver la petici\u00f3n por ella formulada. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un recuento de lo acontecido en el juicio que incumbe a esta tramitaci\u00f3n y defendi\u00f3 la legalidad de las providencias que all\u00ed dict\u00f3. <\/p>\n
2. La magistratura encartada envi\u00f3 copia del auto con el cual resolvi\u00f3 el recurso de queja formulado por la aqu\u00ed accionante y recalc\u00f3 que dicho prove\u00eddo no contiene v\u00eda de hecho alguna que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. Myriam Viasus Salazar y Joselyn Ram\u00edrez Perdomo (padres de la accionante y litisconsortes por activa en el juicio que incumbe a esta actuaci\u00f3n) abogaron en favor del pretendido resguardo, principalmente por la importancia que representa dicho juicio para el resarcimiento de los perjuicios cuya causaci\u00f3n los motiv\u00f3 a promoverlo. <\/p>\n
4. Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A. se opuso a la pretendida salvaguarda por considerar que las providencias objeto de censura no involucran v\u00edas de hecho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela refleja una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales all\u00ed invocadas que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la demanda de tutela en lo que ata\u00f1e a las providencias judiciales fustigadas. <\/p>\n
2.1 Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
2.2 Razonabilidad del auto de 16 de febrero de 2022. <\/p>\n
Al revisar la referida determinaci\u00f3n, mediante la cual el tribunal encartado declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 la accionante contra el prove\u00eddo mediante el cual se termin\u00f3 el proceso por desistimiento t\u00e1cito, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abse refuta el auto que deneg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto adiado 24 de junio del mismo a\u00f1o mediante el cual se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del asunto por desistimiento t\u00e1cito, por haberse presentado de forma extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Es del caso resaltar que la providencia criticada es susceptible del recurso de apelaci\u00f3n conforme el literal e) del Art. 317 del CGP, en concordancia con el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 321 del C. G. del P., sin embargo, en el presente asunto, la negativa obedece a que el recurso fue interpuesto en forma extempor\u00e1nea, por tanto, no puede abrirse paso la queja instaurada por el apoderado del extremo actor. <\/p>\n
Dispone el art\u00edculo 117 ib\u00eddem, que los t\u00e9rminos y oportunidades se\u00f1alados en este C\u00f3digo para la realizaci\u00f3n de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposici\u00f3n en contrario, por lo tanto, los t\u00e9rminos previstos para determinado acto procesal no pueden ser modificados ni prorrogados prorrogarse a voluntad de las partes, de los auxiliares de la justicia, ni por los jueces, excepto que la misma norma que lo se\u00f1ala as\u00ed lo indique, de lo contrario se extingue la posibilidad para ejercitar la facultad dada para ello. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, hizo bien el a-quo al negar la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, sin que sea de recibo el argumento expuesto por el quejoso, relacionado con que el t\u00e9rmino se ampli\u00f3 porque no tuvo acceso a la p\u00e1gina de la rama judicial, por cuanto, como se dijo l\u00edneas atr\u00e1s los t\u00e9rminos previstos en la ley adjetiva son perentorios y de obligatorio cumplimiento y, en este caso, conforme el art\u00edculo 295 del C. de P. C., la notificaci\u00f3n de la providencia se deber\u00e1 realizar por estado, lo que ocurri\u00f3 seg\u00fan se advierte del estado del 25 de junio, y, como el escrito de apelaci\u00f3n se present\u00f3 el 1 de julio en hora inh\u00e1bil siguiente, es evidente que el mismo lo fue de manera extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016). <\/p>\n
2.3. Ausencia del presupuesto de subsidiariedad frente al auto de 23 de junio de 2022. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
Por ello, y dada la razonabilidad de la decisi\u00f3n del tribunal de declarar bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n que la actora intent\u00f3 formular contra el prove\u00eddo con el cual se dispuso la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, por extempor\u00e1neo, en esta oportunidad no le es factible a la Corte entrar a examinar de fondo esta \u00faltima providencia, puesto que para ello era indispensable que la convocante agotara los mecanismos procesales que para esos efectos ten\u00eda a su alcance en el juicio declarativo sobre el que versa esta tramitaci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Al respecto, se ha recalcado que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ha de convenirse en que la parte actora desaprovech\u00f3 la oportunidad con la que contaba para exponer ante el fallador cognoscente de segundo grado los argumentos que aqu\u00ed plante\u00f3, orientados a evidenciar la improcedencia del desistimiento t\u00e1cito que en su contra aplic\u00f3 el juez a quo, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC5331-2014 y STC5341-2014). <\/p>\n
3. Sobre la denunciada trasgresi\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
La garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, detenta estirpe fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas; por ello, al haberse presentado una solicitud en inter\u00e9s particular, surge el derecho a obtener un pronunciamiento de fondo. Sobre el tema la Corte ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita\u00bb (CSJ STC de 19 de marzo. 2014, Rad. 00053-01, reiterado en STC1336 13 feb de 2015). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n la Sala indic\u00f3 que: \u00ab(\u2026) el derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, reiterada en STC3233-2018, 8 mar. 2018, rad. 00005-01, entre otras). <\/p>\n
Seg\u00fan lo documentado en las diligencias, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial no se pronunci\u00f3 frente a la petici\u00f3n que le formul\u00f3 la hoy accionante el 5 de agosto de 2021, a trav\u00e9s de su mandatario judicial, con miras a que se certificara si el portal web de la Rama Judicial funcion\u00f3 con normalidad los d\u00edas 28, 29 y 30 de junio de 2021. <\/p>\n
Sobre el particular, se impone dar estricta aplicaci\u00f3n a lo preceptuado en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, que establece \u00absi el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguaci\u00f3n previa\u00bb. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, el resguardo habr\u00e1 de concederse, comoquiera que la entidad convocada no acredit\u00f3 que hubiese emitido respuesta de fondo en relaci\u00f3n con la solicitud presentada por la accionante el 5 de agosto de 2021, por lo tanto se ordenar\u00e1 que en el t\u00e9rmino de veinticuatro (24) horas contado a partir del momento en que se notifique el presente fallo, proceda a emitir una respuesta clara, precisa, y de fondo en atenci\u00f3n a la petici\u00f3n formulada por Yessica Juliet Ram\u00edrez Viasus, la cual deber\u00e1 ser comunicada en debida forma al interesado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se conceder\u00e1 la salvaguarda \u00fanicamente en lo que ata\u00f1e al derecho de petici\u00f3n de la accionante, puesto que, en lo dem\u00e1s, la solicitud de amparo resulta improcedente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. TUTELAR el derecho fundamental de petici\u00f3n de Yessica Juliet Ram\u00edrez Viasus. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial que, en el t\u00e9rmino de veinticuatro (24) horas contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a emitir respuesta de fondo, en relaci\u00f3n con la solicitud formulada por la accionante el 5 de agosto de 2021. <\/p>\n
TERCERO: COMUN\u00cdQUESE lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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