STC5456-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5456-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01203-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Natacha Valencia R\u00edos, Liliana Olaya Gonz\u00e1lez, Nora Elena Ruiz, Martha Janeth Bedoya, Deimer Fabi\u00e1n Camelo Aguirre, Wilderman Z\u00fa\u00f1iga Montero, John Arles Murillas, Cruz Berenice Solarte Parra, Ram\u00f3n Jairo Giraldo y Jhon Janier Villada Hern\u00e1ndez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela 2021-00046. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en su propio nombre, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de \u00abacceso a la justicia y efectivo cumplimiento de las providencias judiciales, confianza leg\u00edtima [y] acceso al empleo p\u00fablico tras concurso de merito [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y las pruebas recopiladas se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil inici\u00f3 el proceso de selecci\u00f3n n\u00famero 437 de 2017 con el fin de proveer, de forma definitiva, los cargos del Sistema General de Carrera Administrativa de la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca que se encontraban vacantes, entre los cuales se ofert\u00f3 el empleo denominado \u00abauxiliar de servicios generales c\u00f3digo 470, grado 02\u00bb identificado con OPEC 56159. <\/p>\n
2.2. Agotadas las etapas propias del concurso y por virtud del fallo de tutela proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali el 9 de diciembre de 2021, dentro del amparo 2021-000461, la aludida comisi\u00f3n, mediante Resoluci\u00f3n 089 de 13 de enero de 2022 declar\u00f3 desiertas 39 vacantes del oficio indicado en precedencia y confeccion\u00f3 una nueva lista de elegibles unificada, en la que se incluyeron los aqu\u00ed gestores. <\/p>\n
2.3. Mediante sentencia de segunda instancia expedida el pasado 1\u00ba de febrero al interior de la salvaguarda aludida en el numeral precedente, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali orden\u00f3: <\/p>\n
2.4. Ante el incumplimiento de lo dispuesto en la decisi\u00f3n constitucional arriba referida, algunos de los vinculados a la acci\u00f3n de tutela promovieron incidente de desacato que finaliz\u00f3 con auto de 18 de marzo del a\u00f1o en curso, a trav\u00e9s del cual, el juzgado cognoscente, declar\u00f3 que la gobernadora del Valle del Cauca y la secretaria de educaci\u00f3n del referido ente territorial, no hab\u00edan materializado la orden impartida, imponi\u00e9ndoles, en consecuencia, multa de tres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes a cada una, al tiempo que compuls\u00f3 copias penales y disciplinarias en contra de las referidas funcionarias a efectos de que los organismos competentes iniciaran las averiguaciones del caso. <\/p>\n
2.5. La anterior determinaci\u00f3n fue confirmada, en lo esencial, por el Tribunal Superior de Cali el pasado 25 marzo, siendo objeto de modificaci\u00f3n solo en cuanto al monto de la sanci\u00f3n pecuniaria, la que fue reducida a dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
2.6. El pasado 4 de abril los ac\u00e1 accionantes solicitaron la apertura de un nuevo tr\u00e1mite incidental ante la presunta reticencia de la autoridad departamental para cumplir el fallo, el cual se encuentra siguiendo su curso. <\/p>\n
3. Los aqu\u00ed promotores acudieron a la herramienta consagrada en el art\u00edculo 86 Superior al considerar que la c\u00e9lula judicial de conocimiento \u00abno ha encaminado \u00f3rdenes para el efectivo cumplimiento de la sentencia\u00bb y el correctivo irrogado se torna insuficiente de cara a la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales pues \u00abla gobernaci\u00f3n accionada ha prolongado (por m\u00e1s de 13 meses)\u00bb sus nombramientos, situaci\u00f3n que los ve abocados a sufrir un perjuicio irremediable \u00abde forma individual y a nivel de sustento familiar [de] quienes dependen econ\u00f3micamente\u00bb de ellos, por lo que solicitaron \u00abse ordene al Juzgado 07 Civil de Circuito de Cali que\u2026 emita \u00f3rdenes que garanticen el cumplimiento de la sentencia\u2026 espec\u00edficamente\u2026 realizar todos los nombramientos conforme a la orden de la sentencia de tutela de segunda instancia [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Ahora bien, con posterioridad allegaron un escrito al que denominaron \u00absolicitud cambio de pretensiones y an\u00e1lisis de fondo\u00bb en el que manifestaron lo siguiente: <\/p>\n
4.1. La lista de elegibles confeccionada por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil mediante la Resoluci\u00f3n 089 de 13 de enero de 2022, en cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali, fue \u00abderogada\u00bb a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 4388 de 20 de abril de 2022, \u00abcon el fin de evadir el cumplimiento a la orden del tribunal superior [sic]\u2026 [y] sin mediar autorizaci\u00f3n del particular para realizar dicha revocatoria directa [sic]\u00bb. <\/p>\n
4.2. Para los promotores se hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional habida cuenta que \u00abaunque la lista de elegibles unificada\u2026 fuese producto de la primera instancia del proceso; el honorable tribunal superior en ning\u00fan momento revoco [sic] este acto administrativo, es mas [sic] no revoco [sic] el proceso de primera instancia como tal, lo \u00fanico que cambio [sic] fue la orden de protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4.3. En consecuencia, deprecaron \u00abmodificar la orden de decisi\u00f3n de la sentencia de tutela del 01 de febrero de 2022 proferida por el honorable tribunal superior del circuito de cali [sic]\u00bb y \u00abdeclarar la nulidad del acto administrativo 4388 del 20 de abril de 2022, por medio del cual\u2026 [se] deroga la lista de elegibles unificada\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Cali, por conducto del magistrado ponente del fallo de segunda instancia del pasado 1\u00ba de febrero y del auto de 25 de marzo siguiente, por medio del cual resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta, dentro de la acci\u00f3n de tutela 2021-00046, remiti\u00f3 copia de las providencias indicando que en ellas se consignaron \u00ablas razones que tuvo la sala para tomar la[s] decisi[ones]\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de aquella ciudad relat\u00f3 que, en el incidente de desacato promovido por los gestores del resguardo 2021-000462, sancion\u00f3 con multa a la gobernadora del Valle del Cauca y a la Secretaria de Educaci\u00f3n de dicho ente territorial, decisi\u00f3n que, al ser consultada ante su superior funcional, fue confirmada, por lo que remiti\u00f3 copia de los prove\u00eddos al \u00e1rea de Jurisdicci\u00f3n Coactiva de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional para que se adelantaran los tr\u00e1mites respectivos. <\/p>\n
Inform\u00f3, igualmente, que los ac\u00e1 accionantes formularon nueva solicitud de apertura de tr\u00e1mite de desacato el cual se encuentra en curso habida consideraci\u00f3n que, si bien es cierto con auto del pasado 21 abril se dispuso el cierre a favor del Departamento del Valle del Cauca, tambi\u00e9n lo es que orden\u00f3 su iniciaci\u00f3n formal contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil pues dicha entidad, de forma unilateral y sin haberlo previsto la sentencia de segundo grado emanada del Tribunal Superior de Cali, derog\u00f3 el acto administrativo por medio del cual conform\u00f3 la lista de elegibles unificada, contrariando as\u00ed la protecci\u00f3n constitucional dispensada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en consecuencia, desestimar el ruego por cuanto \u00abha realizado diligentemente las actuaciones tendientes al cumplimiento del fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales accionadas lesionaron, dentro de la acci\u00f3n de tutela distinguida con radicaci\u00f3n 2021-00046, los derechos fundamentales de los ac\u00e1 gestores pues, en sentir de ellos, los correctivos adoptados como consecuencia del desobedecimiento de la orden impartida por el Tribunal Superior de Cali en el fallo de 1\u00ba de febrero de 2022, se tornan insuficientes de cara a la protecci\u00f3n otorgada, al tiempo que \u00abno han encaminado \u00f3rdenes para el efectivo cumplimiento de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. Improcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones emitidas en incidentes de desacato <\/p>\n
En punto de la viabilidad del resguardo constitucional frente a decisiones proferidas al interior del incidente de desacato, ha de acudirse al criterio reiterado por la jurisprudencia de la Sala, que refiere que la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta contra actuaciones judiciales y prove\u00eddos de este mismo talante, resulta, por regla general improcedente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC13840-2016, 29 sept. 2016, rad. 01680-01). <\/p>\n
De otro lado, el precedente constitucional ha dicho que la decisi\u00f3n que define un incidente de desacato puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneraci\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). <\/p>\n
Seguidamente ese Alto Tribunal reiter\u00f3 la procedencia excepcional de la tutela en trat\u00e1ndose de \u00abrevertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo\u00bb (CC T-951\/13, T-373\/14); luego, recogiendo sus propios precedentes, mediante sentencia SU-627\/15, concluy\u00f3 que \u00absi la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su procedencia cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, entre otras). <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento supralegal, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia, pues le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, toda vez que no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Bajo el anterior entendimiento, se denegar\u00e1 el resguardo, dada su evidente improcedencia, por cuanto no satisface el requisito de procedibilidad que viene mencion\u00e1ndose, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que exponen los actores teniendo en cuenta que en la c\u00e9lula judicial querellada actualmente est\u00e1 en curso un tr\u00e1mite incidental incoado por los ac\u00e1 gestores como consecuencia de la presunta desatenci\u00f3n al fallo de tutela de 1\u00ba de febrero de 2022 el cual, si bien fue cerrado a favor de la gobernadora del Valle del Cauca, a\u00fan permanece vigente frente a los funcionarios de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil encargados de materializar la orden impartida, seg\u00fan se desprende de los medios de convicci\u00f3n recopilados, de manera que es dicha actuaci\u00f3n donde los interesados deben poner de presente los cuestionamientos que hoy y no a trav\u00e9s de esta herramienta constitucional, puesto que no puede utilizarse para soslayar los procedimientos establecidos o para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Cabe reiterar que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido pues, como se dijo, el asunto no ha finalizado en la medida que est\u00e1 pendiente de resolverse, por parte del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali, el incidente por el presunto desacato de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de ese distrito judicial, siendo tema de examen y pronunciamiento la posible imposici\u00f3n de correctivos m\u00e1s dr\u00e1sticos a los ya determinados por efecto de la supuesta renuencia de los organismos all\u00ed accionados o, inclusive, la modulaci\u00f3n de las disposiciones adoptadas, con apoyo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional (SU-034 de 2018). <\/p>\n
As\u00ed, reiteradamente ha sido se\u00f1alado por esta Corte, al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (Subrayas extra texto) <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se declarar\u00e1 improcedente el resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta que el tr\u00e1mite objeto de escrutinio a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, subsistiendo en \u00e9l la posibilidad para que los solicitantes formulen las solicitudes que consideren pertinentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al que fueron vinculados, entre otras personas, los ac\u00e1 accionantes por virtud del inter\u00e9s que les asist\u00eda en el resultado al hacer parte de la lista de elegibles para el empleo ofertado. <\/p>\n
2\u0002 Esliana Serna Ram\u00edrez, Andr\u00e9s Felipe Rodr\u00edguez Santa y Mar\u00eda Fernanda Gonz\u00e1lez Montoya <\/p>\n
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