STC5462-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5462-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01206-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Albeiro Castro Camacho contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, el Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Nuevo y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2011-00145. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que fue procesado como coautor del delito de \u00abhurto calificado y agravado\u00bb tras ser involucrado en la sustracci\u00f3n de un ganado de la finca \u00abLa Escondida\u00bb ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo, hechos ocurridos en el a\u00f1o 2011. <\/p>\n
Refiere que, con fallo del 15 de octubre de 2014 el Juzgado Promiscuo Municipal de la mencionada localidad lo absolvi\u00f3 de los cargos en primera instancia; sin embargo, en sede de apelaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda el 17 de abril de 2018 revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n para en su lugar condenarlo a la pena de 120 meses de prisi\u00f3n por el punible que le fue imputado, pero en calidad de c\u00f3mplice, decisi\u00f3n esta \u00faltima contra la cual su defensor formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Destaca que, la Sala Especializada Penal de esta Corte el 27 de octubre de 2021, tras agotar el an\u00e1lisis correspondiente a la doble conformidad por tratarse de una primera condena, cas\u00f3 parcialmente la providencia confutada al modificar la pena impuesta, la cual disminuy\u00f3 a 42 meses de prisi\u00f3n, precisando que, por favorabilidad, y de conformidad con la ley 1944 de 2018, aplicaba la sanci\u00f3n prevista para el il\u00edcito de \u00ababigeato agravado o con violencia sobre las personas\u00bb; es decir, mantuvo la condena y la negativa de concesi\u00f3n de subrogados penales. <\/p>\n
Acusa dicho veredicto de constituir v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, esto es, por indebida valoraci\u00f3n probatoria. Al respecto, aduce que, la acusaci\u00f3n de la fiscal\u00eda se fund\u00f3 en lo obtenido de varias interceptaciones telef\u00f3nicas, de las cuales dedujo \u00ab(\u2026) su conocimiento previo de lo pactado para la comisi\u00f3n del delito\u00bb; empero, reprocha que, la autoridad accionada le otorg\u00f3 valor probatorio a los \u00abdatos biogr\u00e1ficos\u00bb de un n\u00famero celular vinculado a \u00abYeison Rodr\u00edguez\u00bb directo implicado (y con quien habr\u00eda dialogado sobre el hurto), aspecto que, seg\u00fan afirma, no fue objeto del debido y oportuno traslado a la defensa a fin de poder ejercer el contradictorio y porque se trata de una \u00abprueba de referencia\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular alega que, \u00ab(\u2026) la valoraci\u00f3n probatoria de los datos biogr\u00e1ficos del abonado telef\u00f3nico [311508\u2026] que determinan como una l\u00ednea perteneciente al se\u00f1or Yeison Rodr\u00edguez, que supuestamente introdujo el investigador Jamel Mart\u00ednez C\u00e1rdenas, por medio del el informe N\u00ba 23-27740 de 14 de febrero de 2014, los cuales nunca introdujo en su declaraci\u00f3n, ni muchos menos en su informe, puesto siempre manifest\u00f3 que no conoc\u00eda el propietario del respectivo n\u00famero [\u2026] que dentro de los anexos no aparece tales datos biogr\u00e1ficos. Y ahora aparecen esos datos biogr\u00e1ficos de forma extra\u00f1a y que valora la Corte, sin que los mismos hayan sido trasladados [\u2026] en la oportunidad procesal oportuna ni acreditado por el testigo de acreditaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En suma, por lo anterior pide, \u00ab(\u2026) se deje sin efecto el fallo de casaci\u00f3n SP48226-2020-rad 53056 de 27 de octubre de [2021] donde se casa parcialmente la providencia de segunda instancia condenatoria emitida por el Tribunal Superior de Monter\u00eda Sala Penal de fecha 17 de abril de 2018, y como consecuencia emita un nuevo fallo sin valorar los datos biogr\u00e1ficos del abonado\u00bb. <\/p>\n
1. El Fiscal 11 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia se opuso a la prosperidad del amparo y refut\u00f3 las afirmaciones del actor en relaci\u00f3n a que le fue vulnerado su debido proceso en la actuaci\u00f3n; se\u00f1ala que la defensa del procesado tuvo conocimiento de las interceptaciones realizadas a los distintos abonados telef\u00f3nicos en el marco de la investigaci\u00f3n, por cuanto dichos elementos fueron objeto de control legal previo y posterior por los jueces de control de garant\u00edas. A\u00f1adi\u00f3 que, la supuesta falta de descubrimiento debi\u00f3 ser alegada en juicio y al no hacerlo, se convalid\u00f3 la actuaci\u00f3n. Por lo dem\u00e1s, indic\u00f3 que lo pretende el accionante es \u00abrevivir un debate probatorio cuya oportunidad tuvo a plenitud realizar en el escenario correspondiente y que habida cuenta de la superaci\u00f3n de los tiempos procesales preclusivos, no tiene ninguna vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3 que no comparte las alegaciones del actor en torno a que no hubo una adecuada valoraci\u00f3n probatoria de parte de las autoridades judiciales convocadas, por cuanto, seg\u00fan el contenido de las declaraciones de los testigos \u00abse logra evidenciar que son testigos directos en tanto que sus manifestaciones son reproducci\u00f3n de lo que a trav\u00e9s de sus sentidos percibieron de los hechos acontecidos\u00bb. Destac\u00f3 tambi\u00e9n que, se aprecia que el accionante \u00abpretende derruir el acierto en el juicio valorativo realizado por los falladores de instancia, intentando crear una instancia adicional a trav\u00e9s de la tutela\u00bb. <\/p>\n
3. Un magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal inform\u00f3 que, en efecto, dicha Sala conoci\u00f3 del recurso extraordinario propuesto por la defensa de Castro Camacho contra la sentencia del tribunal a quo, las que decidi\u00f3 casar parcialmente de manera oficiosa y por favorabilidad \u00abdegradando su participaci\u00f3n de coautor a c\u00f3mplice y, por ende, readecu\u00f3 la pena principal de prisi\u00f3n de 120 a 42 meses, lapso en que tambi\u00e9n se estableci\u00f3 la pena accesoria de interdicci\u00f3n de derecho y funciones p\u00fablicas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el quejoso con la sentencia SP48226-2020 del 27 de octubre de 2021, mediante la cual, pese a que cas\u00f3 parcialmente el fallo del ad quem (al disminuir la pena impuesta), ratific\u00f3 la condena por el delito que le fue endilgado en calidad de c\u00f3mplice, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, esto es, por darle valor probatorio a una prueba de referencia que no fue introducida al juicio penal adecuadamente. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 la providencia atacada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
Sobre el debate propuesto por el censor en torno a que su condena se habr\u00eda soportado en una prueba de referencia, que adem\u00e1s no fue objeto de descubrimiento oportuno para la defensa, la Sala accionada, luego de efectuar un an\u00e1lisis detallado de cada una de las declaraciones vertidas en juicio, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00abAl analizar la prueba en su conjunto, la Sala advierte que no es cierto que el Tribunal Superior de Monter\u00eda fund\u00f3 la sentencia condenatoria en contra de ALBEIRO CASTRO CAMACHO en prueba de referencia contrariando lo dispuesto en el inciso segundo del art\u00edculo 381 de la Ley 906 de 2004, como lo indic\u00f3 su apoderado en la demanda. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal valor\u00f3 los testimonios de Ricardo Alberto Porras Sierra y Virgilio Zabala Torres como \u201cpuntuales, congruentes y espec\u00edficos\u201d, en raz\u00f3n a que de manera directa se\u00f1alan al acusado como la persona que el 8 de diciembre de 2011 solicit\u00f3 permiso para bajar un ganado de su propiedad en la finca \u201cLa Cantina\u201d, seg\u00fan lo afirm\u00f3 Porras Sierra, y como una de las personas que efectivamente baj\u00f3 los semovientes transportados en camiones en dicho predio pasadas las 5 de la tarde de ese d\u00eda, de acuerdo con lo manifestado por Zabala Torres. Y, seg\u00fan ambos testigos, como una de las personas que al d\u00eda siguiente recogi\u00f3 nuevamente los semovientes. <\/p>\n
La Sala comparte el valor probatorio otorgado por el Tribunal a estos testimonios claros, coherentes y directos, pues no se advierte, en primer lugar, en el testimonio de Porras Sierra que exista \u00e1nimo de incriminar falsamente a CASTRO CAMACHO, como \u00e9ste lo indic\u00f3 al afirmar, sin que exista en el proceso prueba alguna que as\u00ed lo corrobore, que la acusaci\u00f3n realizada en su contra est\u00e1 motivada en una venganza de los paramilitares por haber evitado en el 2002 que ultimaran al alcalde del Plato-Magdalena. En segundo lugar, menos a\u00fan se observa dicho \u00e1nimo en el testimonio de Zabala Torres, quien no s\u00f3lo no conoc\u00eda al acusado antes de haber ido a la finca \u201cLa Cantina\u201d a descargar el ganado en la tarde del 8 de diciembre de 2011, sino que, adem\u00e1s, desde ese mismo a\u00f1o no tiene v\u00ednculo laboral alguno con Porras Sierra\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante se\u00f1al\u00f3 que, aunque pudiera hablarse de una equivocaci\u00f3n del tribunal el considerar la entrevista realizada por el investigador del caso al implicado \u00abYeison Rodr\u00edguez Dur\u00e1n\u00bb, en la que este \u00faltimo reconoci\u00f3 ser propietario del abonado celular en cuesti\u00f3n, y se excluye dicha prueba por ser de referencia, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) entre los documentos incorporados mediante el testimonio del perito Jamel Mart\u00ednez C\u00e1rdenas, est\u00e1 presente la informaci\u00f3n suministrada por la empresa de telefon\u00eda Claro, en la que confirma que el m\u00f3vil prepago 3115086146 fue activado a nombre de Yeison Rodr\u00edguez Dur\u00e1n. Por lo tanto, es cierto que se hizo una llamada del tel\u00e9fono del acusado al abonado de propiedad de Yeison Rodr\u00edguez Duran, conductor de uno de los camiones en que se transportaba el ganado, como se estableci\u00f3 en el an\u00e1lisis LINK presentado durante el juicio por el perito Mart\u00ednez C\u00e1rdenas. <\/p>\n
A partir de la llamada realizada por CASTRO CAMACHO a Yeison Rodr\u00edguez Dur\u00e1n, como lo hizo el Tribunal, se infiere v\u00e1lidamente que el acusado previamente hab\u00eda acordado su contribuci\u00f3n con los autores del delito. La forma en que se hizo la llamada corrobora que hab\u00eda un acuerdo anterior entre el acusado y los autores del hecho pues, en primer lugar, s\u00f3lo fue una llamada de 26 segundos de duraci\u00f3n mediante la cual el acusado confirmaba, con s\u00f3lo dejar timbrar el tel\u00e9fono por un breve momento, al conductor del cami\u00f3n su presencia en el lugar acordado, esto es, en inmediaciones a la Subestaci\u00f3n de Polic\u00eda de Pueblo Nuevo-Magdalena, lugar al que dijo haber llegado Rodr\u00edguez Dur\u00e1n en la entrevista y en donde se encontraba CASTRO CAMACHO, como lo confirm\u00f3 su comandante Buelvas Ca\u00f1\u00f3n. En segundo lugar, la llamada se hizo a un abonado telef\u00f3nico distinto al que informaba Rodr\u00edguez Dur\u00e1n era el suyo, por esa raz\u00f3n, cuando se hizo el an\u00e1lisis LINK, el perito s\u00f3lo pudo establecer que desde el tel\u00e9fono del acusado se realiz\u00f3 la llamada hacia el abonado 3115086146, del que afirm\u00f3 no conocer su propietario en raz\u00f3n a que en la misi\u00f3n de trabajo no se orden\u00f3 buscar datos sobre dicho n\u00famero telef\u00f3nico. Fue posteriormente, como se analiz\u00f3, que Rodr\u00edguez Dur\u00e1n en la entrevista acept\u00f3 que el abonado referido tambi\u00e9n era suyo, manifestaci\u00f3n que fue corroborada por la empresa de telefon\u00eda Claro, al informar que dicho n\u00famero hab\u00eda sido activado a nombre de Yeison Rodr\u00edguez Dur\u00e1n. Al realizar de esta forma la comunicaci\u00f3n, el acusado pretendi\u00f3 evitar que la llamada fuera rastreada y, si esto ocurr\u00eda, argumentar que por su corta duraci\u00f3n era intrascendente, como lo se\u00f1al\u00f3 en su declaraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de conformidad con la anterior deducci\u00f3n, la Sala tutelada concluy\u00f3 que, \u00abLa prueba analizada, entonces, indica en el grado de certeza que CASTRO CAMACHO fue c\u00f3mplice en el hurto calificado y agravado ocurrido en la finca \u201cLa Escondida\u201d, pues realiz\u00f3 una contribuci\u00f3n efectiva consistente en esconder el ganado hurtado, previo acuerdo o concomitante con el hecho, con los autores del mismo\u00bb. <\/p>\n
Bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n atacada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al juzgador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o valoraci\u00f3n probatoria que coincida plenamente con la de las partes; a ese respecto, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Lo anterior porque, en rigor lo que se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que Sala de Casaci\u00f3n Penal apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico planteado y concluy\u00f3 que pod\u00eda establecerse la responsabilidad penal de Castro Camacho en los hechos investigados (en calidad de c\u00f3mplice) a partir de los elementos de conocimiento considerados por el ad quem, valorados en conjunto, incluso al margen de la prueba se\u00f1alada como de referencia. <\/p>\n
Adicionalmente, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01). <\/p>\n
Finalmente, en ese mismo sentido, sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador un determinado raciocinio probatorio, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta especial justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo que no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y, adem\u00e1s, porque lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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