STC5463-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5463-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01202-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo de Jes\u00fas Hidalgo L\u00f3pez contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el Juzgado Quinto de Familia de esa misma ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, tr\u00e1mite al que fueron vinculados todos los intervinientes en la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo pretende protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades accionadas, por lo que pidi\u00f3 se ordene \u00abfi[jar] un t\u00e9rmino perentorio para cumplimiento integral, del fallo emanado por el Juzgado Quinto de Familia de Manizales\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Gustavo de Jes\u00fas Hidalgo L\u00f3pez formul\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra Colpensiones, con el fin de que se d\u00e9 una respuesta a su petici\u00f3n radicada el 10 de abril de 2018 con radicaci\u00f3n n\u00b0 2018_3953963 y se le reconozcan los aportes pensionales que est\u00e1n en mora, los cuales comprenden el per\u00edodo de noviembre de 1991 a marzo de 1994, efectuados a su favor por su empleador para esa data, Ra\u00fal Botero Restrepo, por lo que pidi\u00f3 se rectifique su historia laboral, atendiendo dichas cotizaciones, para poder acceder a su pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto de Familia de Manizales, quien el 22 de junio de 2018 ampar\u00f3 las prerrogativas de petici\u00f3n, acceso a la informaci\u00f3n y a la seguridad social, al considerar que atendiendo la jurisprudencia, le corresponde al fondo de pensiones adelantar de manera rigurosa el tr\u00e1mite administrativo, con el fin de enderezar el camino tendiente a todos los aportes efectuados a seguridad social en pensiones se vean reflejados de manera efectiva en su historia laboral, por lo que dispuso: \u00abSEGUNDO: SE ORDENA a COLPENSIONES a trav\u00e9s de su gerente y\/o representante legal, que en el caso del se\u00f1or GUSTAVO HIDALDO L\u00d3PEZ, proceda a adelantar el tr\u00e1mite administrativo correspondiente, en el que se observe un an\u00e1lisis detallado que verifique tanto los hechos como el marco normativo en el que se encuadra la situaci\u00f3n del mismo, de forma que se obtenga una resoluci\u00f3n que d\u00e9 prioridad a los requerimientos por \u00e9l planteados en su reclamaci\u00f3n, respecto de la correcci\u00f3n de su historial laboral e inclusi\u00f3n de los aportes dejados de cotizar en los periodos por \u00e9l reclamados en su derecho de petici\u00f3n. TERCERO: Se ordena a COLPENSIONES, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n del fallo, proceda a informar al se\u00f1or GUSTAVO HIDALGO L\u00d3PEZ, en los t\u00e9rminos de tiempo y modo en que se proceder\u00e1 con el cobro coercitivo en contra del empleador deudor, debiendo comunicarle de manera peri\u00f3dica el estado actual del procedimiento adelantado en su favor, para lo cual deber\u00e1 valerse de las herramientas tecnol\u00f3gicas de las cuales cuenta para localizar al empleador deudor, as\u00ed mismo, deber\u00e1 echar mano de todo medio probatorio v\u00e1lido con el fin de obtener la informaci\u00f3n veraz y certera respecto del historial cotizado por el accionante, medio que le permitir\u00e1n obtener una correcta y oportuna determinaci\u00f3n de las obligaciones pensionales a cargo de terceros, todo esto encaminado a la garant\u00eda de los derechos fundamentales del actor\u00bb; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de impugnaci\u00f3n, el 6 de agosto de 2018 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el actor, en s\u00edntesis, que el fallo referido a espacio \u00abolvid\u00f3 se\u00f1alar un plazo perentorio para que Colpensiones cumpla la orden prescrita en el ordinal segundo, solo se\u00f1al\u00f3 t\u00e9rmino para el cumplimiento del ordinal tercero, respectivo. En consecuencia, y en atenci\u00f3n a varios desacatos, el \u00faltimo de fecha 06 de julio de 2021, Colpensiones siempre ha respondido al Juez de tutela, \u00fanicamente, sobre las gestiones adelantadas del cobro ejecutivo al empleador moroso, sin \u00e9xito ninguno, por falta de se\u00f1alamiento de un t\u00e9rmino perentorio para el cumplimiento del ordinal segundo, los reiterativos desacatos han sido negados\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que su garant\u00eda al debido proceso est\u00e1 lesionada \u00abporque por la falta de fijaci\u00f3n de un t\u00e9rmino perentorio para que el accionado acate el ordinal segundo merma la garant\u00eda del amparo tutelar que [le] concedi\u00f3 el Juzgado Quinto de Familia de Manizales, desde junio de 2018, y por tal circunstancia est\u00e1n afectados derechos sustanciales, en especial el de la seguridad social y el derecho pensional\u00bb. <\/p>\n
La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; anot\u00f3 que conforme a la jurisprudencia supralegal el juez que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela tiene la facultad de modular el fallo en aspectos accidentales como el echado de menos por el accionante, por lo que pidi\u00f3 denegar el resguardo. <\/p>\n
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2. La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones inst\u00f3 la negativa del resguardo, al considerar que la acci\u00f3n de tutela no procede contra decisiones del mismo linaje; indic\u00f3 que tambi\u00e9n incumple el presupuesto de inmediatez, toda vez que el fallo criticado data del a\u00f1o 2018. <\/p>\n
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3. El Juzgado Quinto de Familia de Manizales manifest\u00f3 que el 22 de junio de 2018 profiri\u00f3 la decisi\u00f3n criticada, donde ampar\u00f3 las prerrogativas invocadas, orden\u00e1ndole a Colpensiones que en el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas le informe al promotor \u00abcomo proceder\u00eda en cuanto al cobro coercitivo respecto del empleador-deudor\u00bb, decisi\u00f3n que conform\u00f3 el Tribunal; que respecto de dicho fallo, el promotor a incoado incidentes de desacato, los que han sido archivados por hecho superado, al informar Colpensiones que la \u00fanica forma de estudiar la pensi\u00f3n de vejez del actor, es que el empleador-deudor cancele las cuotas no consignadas; remiti\u00f3 copia escaneada de las diligencias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No cabe duda de que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo de tutela dictado por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales el 6 de agosto de 2018, que confirm\u00f3 el que dict\u00f3 el Juzgado Quinto de Familia de esa misma ciudad el 22 de junio anterior, que concedi\u00f3 la solicitud de amparo deprecada por Gustavo de Jes\u00fas Hidalgo L\u00f3pez; pues, en sentir del promotor, dichas sedes judiciales omitieron dar un t\u00e9rmino a Colpensiones, respecto del numeral segundo de la parte resolutiva del mentado fallo, esto es, para \u00abadelantar el tr\u00e1mite administrativo correspondiente, en el que se observe un an\u00e1lisis detallado que verifique tanto los hechos como el marco normativo en el que se encuadra la situaci\u00f3n del mismo, de forma que se obtenga una resoluci\u00f3n que d\u00e9 prioridad a los requerimientos por \u00e9l planteados en su reclamaci\u00f3n, respecto de la correcci\u00f3n de su historial laboral e inclusi\u00f3n de los aportes dejados de cotizar en los periodos reclamados en su derechos de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor no podr\u00e1 ser atendida, m\u00e1xime cuando la tutela cuestionada, adem\u00e1s de que no fue reparada por el promotor, fue excluida de revisi\u00f3n el 28 de septiembre de 2018, conforme se verific\u00f3 en el portal web de la Corte Constitucional (T-6973822), sin que se efectuara solicitud alguna ante ese Alto Tribunal. <\/p>\n
3.1. Ahora, no olvida la Sala que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados y que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, toda vez que la queja del peticionario no se contrae a dichas situaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al margen de lo anterior, destaca la Sala que el promotor puede acudir ante el fallador de instancia, con el fin de pretender el t\u00e9rmino de cumplimiento ac\u00e1 peticionado, pues, conforme lo dispuesto por la jurisprudencia supralegal (T-086\/03), el juez que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela cuenta con la facultad de modular el fallo, con el fin de garantizar el debido goce de los derechos protegidos, por lo que, si el estrado judicial considera que se cumplen con los par\u00e1metros para realizar dicho agregado, puede proceder de conformidad; de ah\u00ed que, la solicitud de amparo tambi\u00e9n deviene improcedente. <\/p>\n
\u2026competencia especial del juez de tutela para modular las \u00f3rdenes en las circunstancias del caso concreto con el fin de asegurar el goce efectivo del derecho amparado. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2. El que se mantenga la competencia del juez de tutela con respecto a los remedios espec\u00edficos que \u00e9ste puede adoptar para corregir la situaci\u00f3n, se funda en dos razones. En primer lugar, se trata de una regla necesaria para cumplir con el mandato seg\u00fan el cual todas las autoridades estatales deben garantizar el goce efectivo del derecho (art\u00edculo 2 C.P.). Por encima de las dificultades pr\u00e1cticas y trabas formales, el juez esta llamado a tomar las medidas que se requieran para que, en realidad, la persona afectada pueda disfrutar de su derecho. Una sentencia de tutela no puede quedar escrita, tiene que materializarse en conductas positivas o negativas a favor de las personas cuyo derecho fue amparado. La segunda raz\u00f3n es que el remedio al que recurre un juez constitucional para salvaguardar un derecho, en ocasiones no supone \u00f3rdenes simples, ejecutables en un breve t\u00e9rmino mediante una decisi\u00f3n \u00fanica del destinatario de la orden, sino \u00f3rdenes complejas, es decir, mandatos de hacer que generalmente requieren del transcurso de un lapso significativo de tiempo, y dependen de procesos decisorios y acciones administrativas que pueden requerir el concurso de diferentes autoridades y llegar a representar un gasto considerable de recursos, todo lo cual suele enmarcarse dentro de una determinada pol\u00edtica p\u00fablica. Este punto se abordar\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n
3.3. Por lo tanto, el juez de tutela no desconoce el orden constitucional vigente al modificar o alterar aspectos accidentales del remedio dispuesto para evitar que se siga violando o amenazando el derecho fundamental de una persona que ha reclamado su protecci\u00f3n, siempre y cuando lo haga en aquellos casos en que sea necesario para asegurar el goce efectivo del derecho y dentro de los l\u00edmites de sus facultades. Es el propio ordenamiento, en el art\u00edculo 29 del Decreto 2591 de 1991, el que mantiene en cabeza del juez de tutela la competencia para adoptar las medidas encaminadas a que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. <\/p>\n
4. Competencia restringida del juez de tutela para modificar \u00f3rdenes, en especial cuando \u00e9stas son complejas. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, entra la Sala a precisar los par\u00e1metros dentro de los cuales el juez de tutela ejerce esta facultad. Para ello se establecer\u00e1: cu\u00e1ndo es posible que modifique la orden judicial impartida originalmente, cu\u00e1l es el fin al que se debe propender al introducir este cambio y cu\u00e1les son los l\u00edmites y alcances de esta facultad. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
4.1. En primer lugar, la modificaci\u00f3n de la orden impartida por el juez no puede tener lugar en cualquier caso. Este debe corroborar previamente que se re\u00fanen ciertas condiciones de hecho que conducir\u00e1n a que dadas las particularidades del caso, el derecho amparado no vaya a ser realmente disfrutado por el interesado o que se est\u00e9 afectando gravemente el inter\u00e9s p\u00fablico. Esto puede suceder en varias hip\u00f3tesis: (a) cuando la orden por los t\u00e9rminos en que fue proferida nunca garantiz\u00f3 el goce efectivo del derecho fundamental tutelado o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; (b) en aquellos casos en que su cumpli\u001fmiento no es exigible porque se trata de una obligaci\u00f3n imposible o porque implica sacrificar de forma grave, directa, cierta manifiesta e inminente el inter\u00e9s p\u00fablico; y (c) cuando es evidente que siempre ser\u00e1 imposible cumplir la orden. <\/p>\n
4.1.1. (a) Que la orden pueda ser modificada cuando nunca protegi\u00f3 el derecho, devino inane o simplemente no es posible cumplirla, es algo que se deriva de la funci\u00f3n misma de la tutela. En este sentido apuntan tanto la consagraci\u00f3n constitucional que exige a los jueces garantizar el goce efectivo de los derechos (art\u00edculos 2 y 86, C.P.) como el Decreto 2591 de 1991 (art.27), que se\u00f1ala expresamente que el juez de tutela mantiene la competencia del proceso \u201c(\u2026) hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.\u201d <\/p>\n
4.1.2. (b) El segundo caso, cuando haya una afectaci\u00f3n grave, directa, cierta, manifiesta e inminente del inter\u00e9s p\u00fablico, surge tambi\u00e9n de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991. La Carta Pol\u00edtica no solo valora el inter\u00e9s general (art\u00edculo 1 C.P.) que comprende la protecci\u00f3n de los derechos de todos, sino que fija como uno de los par\u00e1metros para que el juez de tutela intervenga en la defensa de los derechos de una persona frente a un particular, que la conducta de \u00e9ste \u201c(\u2026) afecte grave y directamente el inter\u00e9s colectivo\u201d (acento fuera del texto normativo, art\u00edculo 86, C.P.) Por lo tanto, si una vulneraci\u00f3n grave y directa del inter\u00e9s colectivo justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela respecto del ejercicio de actividades por parte de particulares, en modo alguno puede el juez, precisamente, afectar de forma grave y directa dicho inter\u00e9s, mediante la orden que imparta en la sentencia. Este l\u00edmite tambi\u00e9n surge del art\u00edculo 7\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 en el que se otorga competencia al juez de tutela para que desde el momento mismo de la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n, como medida cautelar, suspenda la aplicaci\u00f3n del acto concreto que amenace o vulnere el derecho cuya protecci\u00f3n se invoca. En dicha norma, sin embargo, se advierte que el ejercicio de esta facultad se ve limitado cuando puedan producirse \u201c(\u2026) perjuicios ciertos e inminentes al inter\u00e9s publico\u201d (acento fuera de la norma), en cuyo caso se podr\u00e1 disponer la ejecuci\u00f3n o continuidad del acto en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Teniendo en cuenta las condiciones que expl\u00edcitamente establecen los textos normativos al tipo de afectaci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico que se debe dar para que se justifique modificar aspectos accidentales de la orden originalmente impartida se deduce un quinto requisito impl\u00edcito en dichos textos: la afectaci\u00f3n debe ser manifiesta. Seg\u00fan las normas, para que el funcionario judicial ajuste su orden no pueden existir dudas respecto a si es grave o no, a si la afectaci\u00f3n se vincula causalmente de forma directa con la ejecuci\u00f3n de la orden proferida originalmente o no, o a si se afectar\u00eda realmente o no el inter\u00e9s p\u00fablico. <\/p>\n
La Corte subraya que no cualquier afectaci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico justifica al juez de tutela intervenir en el proceso y ajustar la orden. Se trata de casos excepcionales en los que la vulneraci\u00f3n a \u00e9ste inter\u00e9s re\u00fane las caracter\u00edsticas antes mencionadas. (i) Debe ser grave, esto es, debe ser de gran impacto negativo, tiene que tratarse de un perjuicio de magnitud considerable. (ii) Debe ser directa, o sea, no pueden existir causas eficientes aut\u00f3nomas que medien entre la orden y la afectaci\u00f3n al inter\u00e9s p\u00fablico. (iii) Debe ser cierta, es decir, la afectaci\u00f3n no puede ser indeterminada, hipot\u00e9tica o eventual. (iv) Debe ser manifiesta, en el sentido de que no debe ser objeto de duda; debe ser evidente. (v) Por \u00faltimo, la afectaci\u00f3n debe ser inminente: no puede tratarse de una amenaza futura, sino de una amenaza que indefectiblemente tendr\u00eda lugar de no modificarse aspectos accidentales de la orden originalmente impartida. <\/p>\n
4.1.3. (c) El tercer evento en el que se podr\u00eda presentar la necesidad de ajustar la orden es cuando es evidente que siempre ser\u00e1 imposible cumplir lo ordenado. Este caso es tan s\u00f3lo una aplicaci\u00f3n del principio general del derecho seg\u00fan el cual \u201cnadie puede ser obligado a lo imposible\u201d (nemo potest ad impossibile obligari). As\u00ed, por ejemplo, si un juez de tutela ordena que se practique una intervenci\u00f3n quir\u00fargica de alto riesgo a una persona en el t\u00e9rmino de 48 horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la sentencia, y el m\u00e9dico tratante alega que hay que preparar al paciente antes de la operaci\u00f3n con un determinado tratamiento por un periodo superior a una semana, es evidente que siempre ser\u00e1 imposible cumplir la orden, es decir, operar al paciente \u201cantes de 48 horas\u201d. No obstante, es preciso advertir que como ya lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional, se debe tratar de una verdadera imposibilidad, no cualquier dificultad para cumplir una obligaci\u00f3n implica que esta deba ser tenida por imposible. As\u00ed por ejemplo, la desidia administrativa, la falta de dinero o las trabas burocr\u00e1ticas, por s\u00ed mismas, no pueden ser invocadas como razones de la imposibilidad para cumplir una orden.. <\/p>\n
4.3. En tercer lugar, el alcance de las modificaciones que le es posible introducir al juez de tutela a la orden proferida inicialmente, como se dijo, no puede implicar un cambio absoluto de la orden impartida originalmente. Nuevamente los l\u00edmites est\u00e1n dados por la misma finalidad de la acci\u00f3n de tutela: garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Por eso, al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad. Pero el juez no puede modificar el contenido esencial de la orden. <\/p>\n
4.4. En cuarto lugar, cuando el juez de tutela se ve obligado a modificar aspectos accidentales de su orden por cuanto resulta necesario evitar que se afecten de manera grave, directa, manifiesta, cierta e inminente el inter\u00e9s p\u00fablico es probable que la alteraci\u00f3n de la medida adoptada conlleve disminuir el grado de protecci\u00f3n concedido originalmente. En estos eventos la actuaci\u00f3n judicial debe guiarse por el siguiente criterio: buscar la menor reducci\u00f3n posible de la protecci\u00f3n concedida y compensar dicha reducci\u00f3n de manera inmediata y eficaz El juez de tutela debe elegir entre todas las modificaciones que pueda adoptar, aquella que represente la menor disminuci\u00f3n del goce del derecho tutelado, pero que a la vez, evite la afectaci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico de relevancia constitucional que justific\u00f3 la modificaci\u00f3n de la orden. <\/p>\n
En todo caso, como el objetivo que debe perseguir el juez de tutela en \u00faltimas es garantizar el goce efectivo del derecho, cuando sea necesario modificar aspectos accidentales de la orden original y ello implique una reducci\u00f3n en el grado de protecci\u00f3n adjudicado, es preciso que se adopte una medida compensatoria. El juez deber\u00e1 incluir una orden adicional a la principal que compense a la persona que vio disminuida la protecci\u00f3n que en un primer momento recibi\u00f3. Quien deber\u00e1 asumir, en justicia, la carga de esta nueva decisi\u00f3n ser\u00e1 la persona o las personas que se beneficiaron con la alteraci\u00f3n de lo ordenado en el fallo original. <\/p>\n
4.5. Finalmente, resta se\u00f1alar que esta facultad de modificar las \u00f3rdenes originalmente impartidas en un fallo de tutela tiene sentido, especialmente, en aquellos casos en que \u00e9stas no son simples sino complejas. <\/p>\n
Como ya se anot\u00f3, las \u00f3rdenes que imparte el juez de tutela pueden ser de diverso tipo y, por lo tanto, su simplicidad o complejidad es una cuesti\u00f3n de grado. No obstante, se puede decir que una orden de tutela es simple cuando comprende una sola decisi\u00f3n de hacer o de abstenerse de hacer algo que se encuentra dentro de la \u00f3rbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden y se puede adoptar y ejecutar en corto tiempo, usualmente mediante una sola decisi\u00f3n o acto Por el contrario una orden de tutela es compleja cuando conlleva un conjunto de acciones u omisiones que sobrepasan la \u00f3rbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo superior a 48 horas para que el cumplimiento sea pleno. <\/p>\n
La posibilidad de alterar las \u00f3rdenes impartidas originalmente dentro de un proceso de tutela, tiene sentido, en especial, cuando el juez adopt\u00f3 una orden compleja para asegurar el goce efectivo de un derecho. En estas situaciones el remedio adoptado suele enmarcarse dentro de una pol\u00edtica p\u00fablica del estado y puede significar plazos, dise\u00f1os de programas, apro\u001fpiaci\u00f3n de recursos, elaboraci\u00f3n de estudios o dem\u00e1s actividades que no puedan realizarse de forma inmediata y escapan al control exclusivo de la persona destinataria de la orden original. En ocasiones, por ejemplo, el juez de tutela se ve obligado a vincular a un proceso a varias autoridades administrativas, e incluso a particulares, para que todas las personas, conjuntamente, logren adoptar una serie de medidas necesarias para salvaguardar el goce efectivo del derecho. <\/p>\n
Dada la diversidad de \u00f3rdenes que puede impartir el juez de tutela y la multiplicidad de factores relevantes que han de ser considerados para que el amparado en su derecho pueda efectivamente gozar de \u00e9ste, la cuesti\u00f3n de determinar cu\u00e1l es la orden apropiada en cada caso requiere de cuidadoso an\u00e1lisis por parte del juez para evitar que la orden impartida carezca de la virtud de garantizar realmente el derecho en las circunstancias de amenaza o vulneraci\u00f3n apreciadas en cada proceso. La orden es una consecuencia l\u00f3gica de la decisi\u00f3n de amparar un derecho fundamental, pero no es s\u00f3lo eso. Tambi\u00e9n es el remedio concreto que ha de ser concebido atendiendo a las condiciones reales de cada caso para que tenga el potencial de lograr el pleno restablecimiento del derecho vulnerado o de eliminar las causas de la amenaza del mismo, afectando en m\u00ednimo grado otros derechos o intereses p\u00fablicos constitucionalmente relevantes. <\/p>\n
El juez constitucional ha de ser razonable al fijar las \u00f3rdenes que profiere, cuid\u00e1ndose de impartir un mandato absurdo o imposible, bien sea porque lo dispuesto es en s\u00ed mismo irrealizable o porque es claramente inviable dadas las condicio\u001fnes de lugar, tiempo y modo fijadas por el propio fallo. Sin embargo, en el caso en que la soluci\u00f3n es una orden compleja, las posibilidades que tiene el juez de prever los resultados de su decisi\u00f3n se reducen. La variedad de \u00f3rdenes y actores que deben realizarlas, o la complejidad de las tareas impuestas, que pueden suponer largos procesos al interior de una entidad, obligan al juez de tutela a ser ponderado al momento de concebir el remedio, ordenarlo y vigilar su cumplimiento. La labor del juez en sede de tutela no acaba, entonces, en el momento de proferir sentencia y renace cuando alguna de las partes vuelve a plantear el caso, por ejemplo, en un incidente de desacato. El juez de tutela debe garantizar el goce efectivo del derecho, y en aquellos casos en que impartir una orden no basta, es necesario que el juez mantenga el control de la ejecuci\u00f3n de la misma. Es esa, precisamente, la raz\u00f3n por la que el Decreto 2591 de 1991 concede facultades especiales al juez en materia de tutela. Por ello es posible, por ejemplo, que un juez de tutela considere necesario que la entidad que debe cumplir el mandato impartido en un fallo de tutela, deba entregar peri\u00f3dicamente informes al juez, para que \u00e9ste verifique el cumplimiento del mismo, pudiendo a la vez, adoptar determinaciones que permitan ajustar la orden original a la nuevas circunstancias que se puedan presentar todo con miras a garantizar el goce efectivo del derecho fundamental amparado y sin modificar la decisi\u00f3n que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
4.6. As\u00ed pues, cuando el juez de tutela resuelve amparar el derecho cuya protecci\u00f3n se invoca, conserva la competencia para dictar \u00f3rdenes que aseguren que el derecho sea plenamente restablecido o las causas de la amenaza sean eliminadas, lo cual comprende introducir ajustes a la orden original siempre y cuando ello se haga dentro de los siguientes par\u00e1metros para que se respete la cosa juzgada: (1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones de hecho es necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien porque (a) la orden original nunca garantiz\u00f3 el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane; (b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el inter\u00e9s p\u00fablico o (c) porque es evidente que lo ordenado siempre ser\u00e1 imposible de cumplir. (2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad: las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisi\u00f3n y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor reducci\u00f3n posible de la protecci\u00f3n concedida y compensar dicha reducci\u00f3n de manera inmediata y eficaz. A estos cuatro requisitos de orden sustancial, se agregan otros de orden procesal, tal como se muestra en el siguiente apartado. (CC T-086\/2003). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, el presente reclamo se torna improcedente, por lo que se negar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
6 <\/p>\n
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STC5463-2022 Magistrado ponente STC5463-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01202-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo de Jes\u00fas Hidalgo L\u00f3pez contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63404","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63404","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63404"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63404\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}