STC5464-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5464-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01305-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Otto Nicol\u00e1s Bula Bula contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de la justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene \u00abde[jar] sin efectos el auto interlocutorio del 5 de abril de 2022\u00bb y, en consecuencia, se confirmen \u00ablos prove\u00eddos del 11 y 19 de noviembre de 2021 y 28 de enero de 2022, emitidos por el Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan (C\u00f3rdoba) en el proceso con radicaci\u00f3n 236603103001-2021-00169-00\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Otto Nicol\u00e1s Bula Bula promovi\u00f3 demanda posesoria en contra de Daniel y Miguel Uribe, respecto de los 6 predios que conforman \u00abla Hacienda Bizerta\u00bb; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan (C\u00f3rdoba), autoridad que, con prove\u00eddos de 11, 19 de noviembre de 2021 y de 28 de enero de 2022, accedi\u00f3 al decret\u00f3 de la medida cautelar innominada de designaci\u00f3n de un administrador judicial de los inmuebles objeto de litis, cuyas facultades son la de planeaci\u00f3n, organizaci\u00f3n, direcci\u00f3n, realizaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las actividades econ\u00f3micas de los mismos, con el fin de evitar que los fundos se sigan usufructuando de manera indiscriminada; determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n por los convocados. <\/p>\n
2.2. El 5 de abril de 2022 el Tribunal, en sede de alzada, revoc\u00f3 dicha cautela, al considerar la improcedencia de la misma en el caso concreto. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el actor, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que, la misma se pretendi\u00f3 con el fin de \u00abevitar las consecuencias derivadas del despojo de la posesi\u00f3n, prevenir da\u00f1os como los ya causados y hacer cesar los que se est\u00e1n causando\u00bb, pues se est\u00e1 haciendo talas masivas de los \u00e1rboles de los predios, vendiendo su madera, talas que se est\u00e1n haciendo sin licencia ni permiso, en desmedro del inventario de los \u00e1rboles, los cuales agregan un activo de alto valor, ya que proporcionan sombra a los semovientes; de ah\u00ed que, hab\u00eda necesidad de la medida. <\/p>\n
2.4. Refiri\u00f3 que contrario a lo manifestado por el Tribunal, en punto a que no se pretendieron perjuicios, lo cierto es que \u00abes elemental entender que no es lo mismo explotar unas tierras con vocaci\u00f3n ganadera, dotadas de suficientes \u00e1rboles que proporcionen sombra a los semovientes, que los mismos predios convertidos ya en sabana como producto de su irresponsable deforestaci\u00f3n\u00bb; sumado a que, no existe norma expresa que indique la improcedencia de dicha cautela \u00abpor no pretenderse simult\u00e1neamente una indemnizaci\u00f3n de perjuicios o reparaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb, contrario sensu, en su sentir, el literal c) del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso contempla su procedencia, entre otras, para evitar perjuicios, prevenir da\u00f1os y cesar los mismos. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que tambi\u00e9n existi\u00f3 un yerro al aplicar la sentencia de tutela STC11406-2020, pues si bien la misma indica que no se pueden solicitar medidas cautelares innominadas, cuando estas han sido encasilladas como nominadas, lo cierto es que, para el caso concreto, \u00abse solicit\u00f3 la designaci\u00f3n de un administrador de los bienes por parte del juzgado de conocimiento, que no el secuestro con la consecuente designaci\u00f3n de un secuestre\u00bb, raz\u00f3n por la que no se puede aseverar una identidad de medidas, m\u00e1xime cuando \u00ablas normas vigentes establecen diferenciaciones para los distintos auxiliares de la justicia que cumplen funciones de administraci\u00f3n en desarrollo de su labor\u00bb. <\/p>\n
2.6. Indic\u00f3 que tampoco es de recibo el argumento del Tribunal respecto de que no se puede decretar una medida cautelar innominada sobre inmuebles ya embargados, pues en el proceso que decret\u00f3 la anterior cautela se est\u00e1 disputando la verdadera y leg\u00edtima titularidad sobre las acciones de una compa\u00f1\u00eda comercial, por lo que, contrario a lo dicho por el togado querellado no puede culminar en un secuestro \u00abno solo porque el secuestro no fue pedido por ninguna de las dos partes enfrentadas, sino porque las pretensiones de ambas demandas, tanto la principal como la de mutua petici\u00f3n, carecen totalmente de aspiraciones indemnizatorias o cualquier otra reparaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Miguel Uribe Escobar y Daniel Uribe Mej\u00eda manifestaron que la solicitud de amparo no es una instancia adicional del proceso; que de la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, m\u00e1xime cuando lo pretendido por el promotor es anteponer su propio criterio; que no se vulneraron garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional esta llamada al fracaso, habida cuenta que el Tribunal criticado, en la providencia del 5 de abril de 2022, que revoc\u00f3 las que dict\u00f3 el Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan el 11, 19 de noviembre de 2021 y 28 de enero de 2022, expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba inviable la medida cautelar innominada pretendida. <\/p>\n
En efecto, tras referir jurisprudencia respecto de la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la cautela, conforme las disposiciones del literal c) del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, se ocup\u00f3 del caso concreto, consignando que: <\/p>\n
\u2026en el caso, no es dable predicar que la medida cautelar decretada, cual es la designaci\u00f3n de un administrador judicial de los predios, logre superar el juicio de necesidad de cara al objeto del litigio, y mucho menos con el nivel de rigurosidad que demanda la jurisprudencia. <\/p>\n
2.2.1. Lo anterior es as\u00ed, porque si, en el caso, con la demanda s\u00f3lo se pretende la recuperaci\u00f3n de la posesi\u00f3n de unos predios, sin pretenderse adicionalmente la indemnizaci\u00f3n de perjuicios que autoriza el art\u00edculo 982 del CC; o, como lo expresara el A quo en su auto de 28 de enero de 2.022, si \u00abno se est\u00e1 pidiendo o expresando concretamente la devoluci\u00f3n de frutos, ni se pide o hace alg\u00fan cobro de dinero sino (\u2026) simplemente la posesi\u00f3n\u00bb; o, como lo se\u00f1alara el vocero judicial de la parte actora al descorrer el traslado de la apelaci\u00f3n, \u00e9sta \u00abni pretende el pago de perjuicios (\u2026), ni en general, ninguna pretensi\u00f3n pecuniaria\u00bb; luego ninguna amenaza al derecho pretendido habr\u00eda por la eventual demora de un probable fallo judicial favorable a la demanda (periculum in mora), puesto que, el tiempo en que se produzca dicha decisi\u00f3n judicial, no irroga inquietante riesgo de que no pueda lograrse la efectiva restituci\u00f3n posesoria. <\/p>\n
2.2.2. Se suma a lo anterior, que siendo el objeto de lo pretendido \u00fanicamente la recuperaci\u00f3n de la posesi\u00f3n de los predios, sin resarcimiento de perjuicios, ni devoluci\u00f3n de frutos, ni ninguna pretensi\u00f3n pecuniaria, no viene al caso entonces disponer alguna medida en procura a proteger las utilidades o frutos civiles que se puedan extraer de los predios durante el proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que la medida cautelar innominada de la designaci\u00f3n de un administrador de los predios, no cumpl\u00eda con el juicio de necesidad y rigurosidad pertinentes, pues el promotor solo pretende con la demanda la recuperaci\u00f3n de la posesi\u00f3n, sin reclamar alg\u00fan tipo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios, ni devoluci\u00f3n de frutos, es decir, ninguna petici\u00f3n pecuniaria, por lo que deviene improcedente impartir una cautela para proteger las utilidades que pueda extraer los fundos; de ah\u00ed que, al margen de las dem\u00e1s consideraciones expuestas por el Tribunal, lo cierto es que, al no probar la necesidad, rigurosidad y efectividad dispuestas en el literal c) del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso no hab\u00eda lugar al decreto de la medida, consideraci\u00f3n que es suficiente para la revocatoria de dicho decreto. <\/p>\n
Entonces, las inferencias efectuadas por el Tribunal no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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