STC5468-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00047-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Israel Camelo Cifuentes contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad; a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el asunto objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Sin formular pretensi\u00f3n concreta, el promotor del resguardo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y libertad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Contra Israel Camelo Cifuentes se adelant\u00f3 proceso penal por las conductas punibles de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir con fines de narcotr\u00e1fico\u00bb, siendo condenado a 232 meses de prisi\u00f3n con sentencia del 23 de noviembre de 2011. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el condenado solicit\u00f3 se le concediera el beneficio de \u00abprisi\u00f3n domiciliaria\u00bb, que le fue negado con prove\u00eddo de 25 de junio de 2021, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el sentenciado, siendo confirmada por el Tribunal criticado con auto del 10 de diciembre de 2021. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del amparo que \u00ab[se] encuentra mal condenado a una pena de 232 meses de prisi\u00f3n\u00bb, por cuanto \u00abno se present\u00f3 el agravante en el delito de narcotr\u00e1fico\u00bb, porque \u00abse traficaron s\u00f3lo 1.3 kilos de hero\u00edna\u00bb y, adem\u00e1s, comoquiera que la conducta de concierto para delinquir se encontraba prescrita, por lo que \u00abla condena en legalidad es de 8 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que cumple los requisitos necesarios para que se le conceda el beneficio de \u00abprisi\u00f3n domiciliaria\u00bb, previsto \u00aben el art. 23 de la ley 1709\/14, que adicion\u00f3 el art. 38B de la ley 599\/00\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cali destac\u00f3 que \u00abde lo reclamado, esta Judicatura no tiene ninguna injerencia ya que se trata de un asunto que ha sido objeto de debate en todas las instancias judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de esa localidad, rindieron informe sobre las actuaciones que han adelantado en el tr\u00e1mite acusado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto, de un lado, \u00abse configura la temeridad del reclamo constitucional\u00bb, toda vez que \u00abel accionante, por lo menos, por tercera vez acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela contra la sentencia condenatoria emitida en su adversidad con base en similares argumentos\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, destac\u00f3 que, en lo que ata\u00f1\u00eda a las decisiones que negaron el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria que reclam\u00f3 el tutelante, \u00ablas resoluciones judiciales censuradas est\u00e1n dotadas de argumentos razonables, a partir de la interpretaci\u00f3n del marco normativo aplicable\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante destac\u00f3 que el juzgado de ejecuci\u00f3n cuestionado \u00abbien puede redosificar la pena en\u2026 8 a\u00f1os porque hoy d\u00eda se sabe\u2026 que no existi\u00f3 el agravante\u00bb y, adem\u00e1s, porque el delito de concierto para delinquir estaba prescrito, con lo que cumplir\u00eda los requisitos necesarios para acceder a la prisi\u00f3n domiciliaria que solicit\u00f3. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no se configura la temeridad que se le enrostr\u00f3, pues se trata de acciones de tutela con finalidad diferente, pero que \u00abse basan en una \u00fanica verdad, la cual es que s\u00f3lo se traficaron 1.3 kilos de hero\u00edna\u00bb, por lo que no debi\u00f3 conden\u00e1rsele con agravante. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, seg\u00fan las cuales cumple los requisitos necesarios para acceder a la prisi\u00f3n domiciliaria que deprec\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Analizada la demanda constitucional, se advierte que el quejoso cuestion\u00f3: (i) la sentencia de 23 de noviembre de 2011, a trav\u00e9s de la cual fue condenado, en segunda instancia, a 232 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir con fines de narcotr\u00e1fico\u00bb; y (ii) el prove\u00eddo de 10 de diciembre de 2021, que confirm\u00f3 el dictado el 25 de junio de 2021, que le neg\u00f3 el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria que reclam\u00f3. <\/p>\n
Entonces, los reclamos que elev\u00f3 el gestor del resguardo, enfilados a predicar que dicha condena resulta errada, por cuanto, seg\u00fan \u00e9l, no se configuraba el agravante que le fue imputado y, adicionalmente, porque la acci\u00f3n penal de la conducta de concierto para delinquir se encontraba prescrita, son aspectos que ponen en entredicho la legalidad de tal decisi\u00f3n, de lo que se extracta que viene siendo criticada en esta nueva acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, de manera liminar se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela soportada en similares hechos y con la que pretend\u00eda el quiebre de la prenotada sentencia de 23 de noviembre de 2011, resguardo que fue negado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia con sentencia de 18 de mayo de 2021, decisi\u00f3n confirmada por esta Corporaci\u00f3n con providencia del 4 de agosto siguiente, por lo que est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella oportunidad est\u00e1 Sala precis\u00f3 que el actor sustent\u00f3 su petici\u00f3n de amparo en los siguientes hechos: <\/p>\n
El accionante pretende que se ordene dar respuesta de fondo a las peticiones que radic\u00f3 con el fin de conocer el estado de la denuncia que present\u00f3 y se realice una nueva investigaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n para que se \u00abredosifique [su] pena\u00bb. <\/p>\n
Como sustento, se\u00f1al\u00f3 que fue condenado en segunda instancia a pena privativa de la libertad por los delitos de concierto para delinquir y tr\u00e1fico de estupefacientes agravado, en relaci\u00f3n con lo anterior, consider\u00f3 que el tribunal incurri\u00f3 en crasos errores en la valoraci\u00f3n probatoria, pues al decidir tuvo en cuenta una cantidad de \u00abhero\u00edna\u00bb mayor a la incautada, por lo cual, le impuso una pena m\u00e1s alta a la que realmente correspond\u00eda. A su vez, formul\u00f3 denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n contra las autoridades judiciales que intervinieron en su caso, al estimar que parte de la droga retenida se perdi\u00f3 y ante la falta de celeridad en el tr\u00e1mite, el 2 de agosto de 2020, solicit\u00f3 se le indicara el estado actual de la noticia criminal. Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que de realizarse una nueva investigaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de su caso, se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n que \u00abla cantidad traficada [fue menor] y de esta manera hacer que la H. mag corrija su adefesio legal en el fallo de 2\u00aa instancia y quitarnos el agravante que nunca existio (sic) y fue invento suyo\u00bb. (CSJ STC9751-2021). <\/p>\n
Y ante esas contingencias la Corte resolvi\u00f3 que: <\/p>\n
1. De entrada, advierte la Sala que, si bien es cierto, la presente acci\u00f3n se enfila contra las peticiones que radic\u00f3 el gestor con el fin de iniciar de una nueva investigaci\u00f3n que conlleve a la redosificaci\u00f3n de su pena y a conocer el estado de su denuncia por la presunta p\u00e9rdida del estupefaciente, tambi\u00e9n lo es, como lo advirti\u00f3 el a quo, que \u00ab[d]el escrito de la demanda se infiere que el accionante ISAREL (sic) CAMELO CIFUENTES considera lesionadas sus prerrogativas fundamentales por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali por lo resuelto en la sentencia condenatoria de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Efectuada la anterior aclaraci\u00f3n, se dilucida que el auxilio no puede abrirse paso y, por ende, ha de confirmarse el fallo impugnado, debido a que se echa de menos el cumplimiento del requisito de subsidiaridad, por cuanto el reclamante no agot\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, como mecanismo extraordinario de defensa judicial contra la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
Por consiguiente, resulta claro que el libelista no hizo uso del aludido medio de impugnaci\u00f3n contra el veredicto de segundo grado que estima transgredi\u00f3 sus garant\u00edas constitucionales, pese a que era el mecanismo id\u00f3neo y eficaz para obtener un pronunciamiento del juzgador en relaci\u00f3n con las censuras respecto de las cuales ahora extra\u00f1a una soluci\u00f3n; incuria que resulta imposible subsanar por esta especial v\u00eda, dada su naturaleza residual y subsidiaria. <\/p>\n
3.2. En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 el gestor del resguardo, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, habida cuenta que aunque el accionante dice exponer novedosos argumentos en la presente solicitud, lo cierto es que todos ellos est\u00e1n encaminados, exclusivamente, a cuestionar la legalidad de la decisi\u00f3n que le encontr\u00f3 responsable de los delitos de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir con fines de narcotr\u00e1fico\u00bb y lo conden\u00f3 a 232 meses de prisi\u00f3n, la cual, como qued\u00f3 anotado, fue objeto de an\u00e1lisis por esta misma Colegiatura en la sentencia de tutela citada a espacio, supuesto frente al que insistentemente ha indicado la Corte que: <\/p>\n
\u2026 \u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
3.3. Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que, si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1. <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
4. En lo que ata\u00f1e a la otra de las inconformidades del actor, circunscrita a la providencia de 10 de diciembre de 2021, que confirm\u00f3 la dictada el 25 de junio de 2021, que le neg\u00f3 el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria que reclam\u00f3, el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, toda vez que el citado auto (de 10 de diciembre) no luce arbitrario, toda vez que el Tribunal accionado expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba improcedente conceder la anotada prerrogativa al tutelante, respecto de lo que precis\u00f3 que: <\/p>\n
Frente la instituci\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria, que fuera modificada por la ley 1709 de 2014, se hace necesario decantar, tres modalidades diversas: (i) la prisi\u00f3n domiciliaria prevista en el art\u00edculo 38 de la ley 599 del 2000; (ii) la prisi\u00f3n domiciliaria como padre o madre cabeza de familia y (iii) la prisi\u00f3n domiciliaria especial para los condenados que hayan cumplido la mitad de la pena. <\/p>\n
La prisi\u00f3n domiciliaria \u201cespecial\u201d se encuentra regulada en el art\u00edculo 38G, adicionado por el art\u00edculo 28 de la Ley 1709 de 2014, que dispone: <\/p>\n
La ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad se cumplir\u00e1 en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 38B del presente c\u00f3digo, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la v\u00edctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparici\u00f3n forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tr\u00e1fico de menores; uso de menores de edad para la comisi\u00f3n de delitos; tr\u00e1fico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales; extorsi\u00f3n; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpaci\u00f3n y abuso de funciones p\u00fablicas con fines terroristas; financiaci\u00f3n sexuales; extorsi\u00f3n; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpaci\u00f3n y abuso de funciones p\u00fablicas con fines terroristas; financiaci\u00f3n del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administraci\u00f3n de recursos con actividades terroristas; fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego y municiones de uso restringido, uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; delitos relacionados con el tr\u00e1fico de estupefacientes, salvo los contemplados en el art\u00edculo 375 y el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 376 del presente c\u00f3digo. <\/p>\n
En esa sinton\u00eda, los numerales 3\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 38B de la misma normatividad, adicionado por el art\u00edculo 23 de la Ley 1709 de 2014, exigen: <\/p>\n
(\u2026) 3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. <\/p>\n
En todo caso corresponde al juez de conocimiento que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuaci\u00f3n la existencia o inexistencia del arraigo. <\/p>\n
4. Que se garantice mediante cauci\u00f3n el cumplimiento de las siguientes obligaciones. <\/p>\n
a) No cambiar la residencia sin autorizaci\u00f3n, previa del funcionario judicial; <\/p>\n
b) Que dentro del t\u00e9rmino que fije el juez sean reparados los da\u00f1os ocasionados con el delito. El pago de la indemnizaci\u00f3n debe asegurarse mediante garant\u00eda personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la v\u00edctima, salvo que demuestre insolvencia; <\/p>\n
c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; <\/p>\n
d) permitir la entrada a la residencia de los servidores p\u00fablicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusi\u00f3n. Adem\u00e1s deber\u00e1 cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisi\u00f3n domiciliaria y las adicionales que le impusiere el juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad. <\/p>\n
Al interpretar los enunciados normativos, se concluye que para acceder al beneficio referido la persona: i) debe estar condenada, ii) debe haber cumplido la mitad de la pena, iii) que el delito por el que fue condenado no se encuentre dentro del pliego de delitos excluidos por el 38G, iv) debe acreditar el arraigo familiar y social, v) que no pertenezca al grupo familiar de la v\u00edctima y vi) que mediante cauci\u00f3n garantice el cumplimiento de las obligaciones previstas en el precitado numeral 4\u00ba del art\u00edculo 38B. <\/p>\n
Bajo tales postulados, en el presente asunto el se\u00f1or Israel Camelo Cifuentes solicit\u00f3 en su favor la prisi\u00f3n domiciliaria especial. Frente al primer aspecto, es decir, que haya ejecutado la mitad de la pena impuesta, encuentra la Sala que, si bien al momento de elevar la solicitud hab\u00eda descontado 113 meses lo que en efecto no dar\u00eda lugar a dar por cumplido dicho requisito pues la mitad de la pena impuesta -232 meses- corresponder\u00eda a 116 meses, falt\u00e1ndole, entonces, tres meses, lo cierto es que a noviembre, cinco meses despu\u00e9s, fecha en que se remite la actuaci\u00f3n para desatar el recurso de alzada ya estar\u00eda cumplido el requisito referido. <\/p>\n
En esa medida, tal como refiere el recurrente, cumple con el primer requisito de procedibilidad de la prisi\u00f3n domiciliaria especial enmarcada en el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal, al haber ejecutado la mitad de la condena. Ser\u00eda entonces, lo siguiente, analizar el delito por el que fue condenado no se encuentra en el pliego de excluidos que establece el mismo enunciado normativo. <\/p>\n
As\u00ed, como se indic\u00f3, se tiene que el art\u00edculo 38G establece un pliego de delitos excluidos del mismo, entre ellos, \u201cdelitos relacionados con el tr\u00e1fico de estupefacientes, salvo los contemplados en el art\u00edculo 375 y el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 376\u201d. En ese sentido, el se\u00f1or Israel Camelo Cifuentes fue condenado por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, establecido en el art\u00edculo 376 pero, se adecu\u00f3 espec\u00edficamente en el inciso 1\u00ba, dada la cantidad de sustancia estupefaciente incautada. De manera que, dicho delito se encuentra inmerso en el listado de conductas excluidas del beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria especial. Raz\u00f3n por la cual, sin mayor an\u00e1lisis resultar\u00eda improcedente la postulaci\u00f3n del recurrente. Tal como lo concluy\u00f3 el juez de primera instancia. <\/p>\n
Ahora, indica el recurrente que el referido pliego de exclusi\u00f3n no se le debe aplicar porque se ha de tener en cuenta que la misma Ley 1709\/14 que adicion\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria especial al C\u00f3digo Penal, establece que la prohibici\u00f3n de concesi\u00f3n del beneficio no opera respecto de la libertad condicional y la prisi\u00f3n domiciliaria que establece el art\u00edculo 38G. Luego, ser\u00eda procedente la concesi\u00f3n del sustituto solicitado. <\/p>\n
Tal postulaci\u00f3n resulta improcedente porque lo que pretende el recurrente es la aplicaci\u00f3n mixta de dos instituciones completamente diferentes. En efecto, la Ley 1709 de 2014 no s\u00f3lo adicion\u00f3 al C\u00f3digo Penal la prisi\u00f3n domiciliaria especial que solicita el se\u00f1or Camelo Cifuentes, sino que, adem\u00e1s, modific\u00f3 varios enunciados normativos del c\u00f3digo. Uno de ellos fue la modificaci\u00f3n hecho a la cl\u00e1usula general de exclusi\u00f3n de beneficios y subrogados penales establecida en el art\u00edculo 68A, donde se agreg\u00f3 un par\u00e1grafo que establece que el pliego de exclusiones all\u00ed contenido no se podr\u00e1 aplicar cuando se trate de libertad condicional o el beneficio establecido en el art\u00edculo 38G, figura que es la solicitada por el condenado. <\/p>\n
Luego, como lo se\u00f1ala el recurrente en efecto dicha cl\u00e1usula general de exclusi\u00f3n que establece el art\u00edculo 68A no puede ser tenida en cuenta a la hora de estudiar la procedencia del beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria especial. Sin embargo, ello no conlleva per se a que todas las personas que soliciten el beneficio conforme a lo reglado en el art\u00edculo 38G tenga acceso al mismo, pues como se dej\u00f3 decantado al inicio de la parte considerativa del presen prove\u00eddo, dicho enunciado normativo incorpora su propio pliego de delitos excluidos del beneficio, respecto del cual el legislador no fij\u00f3 ning\u00fan criterio que except\u00fae su aplicaci\u00f3n. De manera que, se ha de aplicar siempre que se estudie la concesi\u00f3n de tal sustituto especial. <\/p>\n
De suerte que, como se indic\u00f3, el delito por el cual fue condenado el se\u00f1or Israel Camelo Cifuentes se encuentra en el listado de delitos excluidos establecido en el art\u00edculo 38G objeto de estudio, raz\u00f3n por la cual no procede la concesi\u00f3n del beneficio, sin que sea posible aplicar la excepci\u00f3n establecida en la cl\u00e1usula general de exclusi\u00f3n por tratarse de instituciones diferentes. <\/p>\n
En ese sentido, as\u00ed el se\u00f1or Israel Camelo Cifuentes haya ejecutado la mitad de la pena impuesta, no es procedente la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria especial que establece el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal porque el delito de narcotr\u00e1fico por el cual fue condenado se encuentra excluido de tal beneficio. Raz\u00f3n por la que no hay lugar a evaluar los otros criterios de procedibilidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Tribunal cuestionado interpret\u00f3 las normas que regulan la concesi\u00f3n del benefici\u00f3 que reclam\u00f3 el querellante y concluy\u00f3 que no se cumpl\u00edan los requisitos necesarios para otorg\u00e1rselo, toda vez que el delito por el que fue condenado le impide acceder a la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Entonces, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC5468-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00047-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de enero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63406","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63406","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63406"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63406\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63406"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63406"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63406"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}