STC5472-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5472-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01167-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Nergilly Rafael Guzm\u00e1n Caile frente al fallo proferido el 15 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa, libertad y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas en la causa penal seguida en su contra, al dictar sentencias condenatorias y denegarle la libertad condicional. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en consecuencia, \u00ab[d]ejar sin valor y efecto la[s] Sentencia[s]\u2026 que el Juez [accionado]\u2026 dict[\u00f3] en primera instancia el 19 de mayo de 2017\u2026 [y] el Tribunal [convocado] en segunda\u2026 el 10 de febrero de 2021\u00bb; as\u00ed como los prove\u00eddos emitidos por esas autoridades el 5, 21 de abril y 10 de mayo de esa anualidad; y ordenar, \u00aben su lugar, reconocer [su] absoluci\u00f3n de todos los cargos endilgados\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En la causa penal seguida contra el accionante por el punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os, agravado, surtidas las etapas de rigor, el 19 de mayo de 2017 el Juzgado encausado dict\u00f3 sentencia, en la cual lo conden\u00f3 a 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n, a la vez que le deneg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la pena; decisi\u00f3n que el 10 de febrero de 2021 confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal encartado; determinaci\u00f3n \u00faltima frente a la cual el tutelante inco\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual se encuentra en tr\u00e1mite ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Por otro lado, el 5 de abril de ese a\u00f1o el a-quo \u00abneg\u00f3 la concesi\u00f3n del beneficio de libertad condicional\u00bb deprecado por el procesado, decisi\u00f3n que mantuvo el d\u00eda 21 siguiente y que confirm\u00f3 el ad-quem el 10 de mayo posterior. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela el quejoso, quien indic\u00f3 estar privado de la libertad desde el 13 de noviembre de 2013, por cuenta del referido proceso penal, acus\u00f3 a los falladores de emitir las aludidas sentencias desconociendo \u00ablas formas propias del juicio en donde se [l]e imput[\u00f3], encarcel[\u00f3], acus[\u00f3] y conden[\u00f3] por un supuesto delito que\u2026[,] por error (de tipo), no acertaron en su adecuaci\u00f3n; lo mismo que el error en la apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de la conducta de la supuesta v\u00edctima y el contenido de sus relatos ante los funcionarios que intervinieron en el caso\u00bb; supuestos todos por los cuales, incluso, en su momento, el ente fiscal, \u00aben vez de imputar y acusar\u00bb, debi\u00f3 \u00absolicitar la preclusi\u00f3n del procedimiento por atipicidad del hecho investigado y no lo hizo\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que ante esas irregularidades era inviable que a su caso se aplicaran \u00ablos efectos del art\u00edculo 199 (# 5 y 8) de la ley 1098 de 2006, para negar el derecho a la libertad que\u2026 invoc\u00f3\u00bb, m\u00e1xime cuando las sedes judiciales acusadas carec\u00edan de competencia para resolver sobre esa petici\u00f3n debido a que, sumado a lo se\u00f1alado a espacio, ya hab\u00eda concluido la primera instancia, con sentencia, y \u00e9sta fue confirmada por el Tribunal, encontr\u00e1ndose, para cuando la present\u00f3, control\u00e1ndose en esa Corporaci\u00f3n los t\u00e9rminos para la proposici\u00f3n de la casaci\u00f3n; adem\u00e1s, las determinaciones adversas a ese ruego era contentivas de una motivaci\u00f3n insuficiente, al dejar de lado la totalidad de sus argumentos, e inadecuada, por soportarse con precedentes, en su sentir, en desuso; desoyendo que para el caso concreto \u00abla ley 1709 de 2014 [especialmente sus preceptos 30 y 32], tiene incidencia preferente y exclusiva, sobre [el] contenido de los numerales 5 y 8 del art\u00edculo 199 y 216 de la ley 1098 de 2006 y m\u00e1s a\u00fan en frente del principio de favorabilidad y prohomine conforme al art\u00edculo 29 de la carta pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda Sexta Seccional de Arauca indic\u00f3 no haber quebrantado las garant\u00edas invocadas por el censor. <\/p>\n
2. La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Arauca histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y destac\u00f3 que la petici\u00f3n de libertad condicional que le present\u00f3 el sentenciado deb\u00eda resolverla, en primer t\u00e9rmino, el juzgador a-quo, por lo que, en su oportunidad, la remiti\u00f3 a \u00e9ste para tal prop\u00f3sito, y posteriormente confirm\u00f3 la negativa frente a la misma porque \u00abno es dable conceder ese beneficio al actor, por tratarse de un delito contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual, donde obra como v\u00edctima una menor de edad\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura neg\u00f3 el amparo reclamado, de un lado, al advertir insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad de cara las sentencias fustigadas, al hallarse \u00aben curso la demanda de casaci\u00f3n, \u2026toda vez que no es posible suplantar a los funcionarios competentes para definir sobre materias que todav\u00eda son objeto de debate (SU-026\/12), pues se tratar\u00eda de un pronunciamiento prematuro al interior de una actuaci\u00f3n en curso e implicar\u00eda una interferencia injustificada en la \u00f3rbita de competencia de las autoridades ordinarias\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, al encontrar sujeta a un criterio razonable la negativa frente a la petici\u00f3n de libertad condicional, comoquiera que \u00abno existi\u00f3 falta de competencia del juzgado\u2026 para pronunciarse sobre la misma, en raz\u00f3n a que\u2026 fue presentada cuando se cumpl\u00eda el t\u00e9rmino para presentar la demanda de casaci\u00f3n, por manera que no existencia sentencia condenatoria en firme, no se activ\u00f3 la competencia de los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad, siendo, por tanto, el juez fallador el encargado de resolver la petici\u00f3n del subrogado, mientras la sentencia no est\u00e9 en firme y la vigilancia del cumplimiento de la condena haya sido asumida por el juez de ejecuci\u00f3n de penas, conforme a la competencia se\u00f1alada en el art\u00edculo 38 de la Ley 906 de 2004\u00bb; sumado a que \u00aben las providencias cuestionadas\u2026 se dejaron plasmadas con suficiencia las razones por las cuales no resulta viable conceder el subrogado de la libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el actor insistiendo en la prosperidad de sus pretensiones y deprec\u00f3 un \u00aban\u00e1lisis integral, jur\u00eddico y completo de [su] demanda\u00bb, en tanto que se desconocieron los precedentes sobre la materia (CC T-1232\/00, C-590\/05 y T-442\/07), de los cuales extract\u00f3 que \u00abla prevalencia de los derechos de los menores no puede ser entendida como la negaci\u00f3n absoluta de las garant\u00edas de los condenados, entendiendo que se hace extensible a quienes apenas tiene la condici\u00f3n de imputados o acusados y, por tanto, se les presume inocentes\u00bb (CC T-718\/15; CSJ STP8442-2015, 2 jul., rad. 80488; y CSJ STP6017-2016, rad. 84957). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, circunscrita la Sala a la opugnaci\u00f3n formulada, muy a pesar de las alegaciones del censor, se anticipa la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
3. Respecto de las sentencias emitidas en primera y segunda instancia en la causa penal cuestionada, el reclamo supralegal resulta presuroso, toda vez que el juicio criticado a\u00fan se halla en curso, pues est\u00e1 en tr\u00e1mite el recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto por la defensa del procesado frente a la sentencia del ad-quem. <\/p>\n
Luego, es ante el juez de conocimiento que el actor debe manifestar los reparos ahora tra\u00eddos en la acci\u00f3n tuitiva frente a la condena impuesta, pues es ese el escenario propicio para ello, acorde con los mecanismos de defensa id\u00f3neos que contempla la legislaci\u00f3n para exponer sus desacuerdos. <\/p>\n
N\u00f3tese que ante la obligaci\u00f3n de hacer uso de los remedios extraordinarios, en particular, la casaci\u00f3n, antes de acudir a la tutela, la jurisprudencia ha sido pac\u00edfica, insistente e invariable (criterio sostenido, entre muchas otras providencias, en CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-02973-01; STC, 30 abr. 2014, rad. 2014-0504-01; STC, 30 oct. 2014, rad. 2014-02052-01; STC, 6 ag. 2015, rad. 2015-01697-00; STC, 4 ag. 2016, rad. 2016-02119-00; y STC5318-2018, 26 abr., rad. 2017-02136-02), situaci\u00f3n que precisamente se presenta en el caso bajo estudio. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, como el recurso extraordinario de casaci\u00f3n respecto de la sentencia de segundo grado -la cual en \u00faltimas el actor pretende dejar sin efecto- est\u00e1 en curso, se muestra evidente que, frente a tal aspecto, la protecci\u00f3n solicitada resulta inviable, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En casos de similares contornos al de ahora la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u2026resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (CJS STC, 3 jul. 2015, rad. 00229-01; reiterado, entre otros, en STC10789-2015 y STC3950-2016). <\/p>\n
3.2. Por ese sendero, con ocasi\u00f3n de lo expuesto por el accionante, en este punto debe agregarse que advertida la improcedencia del amparo por la presencia de otro mecanismo judicial com\u00fan mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el quejoso tilda como v\u00eda de hecho, sin dejar de lado que contrario a lo manifestado por \u00e9ste, \u00abno hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (STC, 18 oct. 2013, rad. 2013-01488-01; reiterada en STC, 27 en. 2014, rad. 2013-01978-01). <\/p>\n
4. De otro lado, en cuanto a los prove\u00eddos de 5, 21 de abril y 10 de mayo de 2021, a trav\u00e9s de los cuales, en su orden, el Juzgado acusado no accedi\u00f3 al beneficio de la libertad condicional rogado, mantuvo esa decisi\u00f3n y el Tribunal convocado la confirm\u00f3, la salvaguarda no se abre paso porque aqu\u00e9llos guardan explicaci\u00f3n en un entendimiento ponderado del orden jur\u00eddico o, en otras palabras, no lucen irracionales. <\/p>\n
4.1. En efecto, al auscultar la \u00faltima de esas decisiones, por cuanto fue con ella que, ante el juzgador natural, se zanj\u00f3 de forma definitiva la situaci\u00f3n reprochada, se advierte que, de entrada, el Tribunal precis\u00f3 ser el competente para resolver, as\u00ed: <\/p>\n
Conforme lo reglado en los art\u00edculos 20, 33 numeral 1\u00b0, 176 inciso final\u2026, m\u00e1xime estando en presencia de un recurso que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de un auto interlocutorio que se refiri\u00f3 a la libertad del enjuiciado, proferido en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Arauca que hace parte de este Distrito Judicial. <\/p>\n
Seguidamente, destac\u00f3 los que consider\u00f3 \u00ab[a]spectos relevantes de los subrogados penales y las restricciones de su aplicaci\u00f3n en los delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales\u00bb, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Los subrogados penales son medidas sustitutivas de las penas de prisi\u00f3n y arresto, han sido entendidos como un mecanismo indispensable para racionalizar el uso de la reclusi\u00f3n como medio aflictivo y para evitar que el individuo, contrario a reinsertarse a la sociedad como consecuencia de la pena, termine por des socializarse2; estos beneficios proceder\u00e1n siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por el legislador. <\/p>\n
Al efecto la normatividad nacional refiere que los subrogados pueden ser3: i.-) la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, ii.-) la libertad condicional, iii.-) reclusi\u00f3n hospitalaria o domiciliaria, y iv.-) la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con [la] libertad condicional, la doctrina ha entendido que \u00e9ste tiene un doble significado: uno moral y otro social; lo primero, porque estimula al condenado que ha dado muestra de su readaptaci\u00f3n, y lo segundo, porque motiva a los dem\u00e1s convictos a seguir el mismo ejemplo, con lo cual se logra la finalidad rehabilitadora de la pena4. El principal argumento para que esta figura haya sido incorporada dentro de nuestra legislaci\u00f3n, conforme a la jurisprudencia, es la resocializaci\u00f3n del condenado, pues \u00absi una de las finalidades de la pena es obtener su readaptaci\u00f3n y enmienda y esta ya se ha logrado por la buena conducta en el establecimiento carcelario, resultar\u00eda innecesario prolongar la duraci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad. En este sentido, puede afirmarse que la libertad condicional es uno de esos logros del derecho penal, que busca evitar la c\u00e1rcel a quien ya ha logrado su rehabilitaci\u00f3n y por lo tanto puede reincorporarse a la sociedad\u00bb5. <\/p>\n
La mencionada figura jur\u00eddica se encuentra regulada en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014. Dicha norma consagra que, el juez, previa valoraci\u00f3n de la conducta punible, conceder\u00e1 la libertad condicional a quien haya cumplido los siguientes requisitos: i.-) que la pena impuesta sea privativa de la libertad; ii.-) que el condenado haya cumplido las 3\/5 partes de ella; iii.-) que su buena conducta en el sitio de reclusi\u00f3n permita colegir al funcionario judicial que es innecesario seguir ejecutando la pena, y; iv.-) que se demuestre arraigo familiar y social. <\/p>\n
Sin embargo, trat\u00e1ndose de conductas punibles que involucran a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, expedido mediante la Ley 1098 de 2006, contiene una regulaci\u00f3n de car\u00e1cter especial dentro del marco del sistema de responsabilidad penal para menores. Concretamente, en el t\u00edtulo II se previ\u00f3 un procedimiento singular cuando aquellos son v\u00edctimas de delitos y, en ese contexto, el art\u00edculo 199 consagr\u00f3 unas reglas espec\u00edficas sobre los beneficios y mecanismos sustitutivos, cuando se trata de \u00abhomicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales, o secuestro\u00bb, listado del que se destaca la prevista en el numeral 5\u00b0, seg\u00fan la cual, para estos casos \u00abno proceder\u00e1 el subrogado penal de Libertad Condicional, previsto en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal\u00bb. <\/p>\n
Luego, descendiendo al caso concreto, precis\u00f3 que la controversia sometida a su definici\u00f3n tuvo \u00abg\u00e9nesis en la decisi\u00f3n adoptada por el primer grado el\u2026 (5) de abril de 2021, mediante la cual no concedi\u00f3 el beneficio de libertad condicional del procesado\u2026, atendiendo la prohibici\u00f3n legal contemplada en el canon 199 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, expedido mediante la Ley 1098 de 2006\u00bb: respecto de la cual el accionante, \u00aben ejercicio de su defesa material, manifest\u00f3 que el subrogado penal contemplado en el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000, s\u00ed es aplicable al interior de la actuaci\u00f3n judicial que se adelanta en su contra, al argumentar que \u00abla sentencia de segunda instancia no est\u00e1 ejecutoriada\u00bb, as\u00ed como por la existencia de vicios en la emisi\u00f3n de las respectivas providencias\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, resalt\u00f3 su respaldo a la decisi\u00f3n del a-quo, comoquiera que, \u00aba la luz de lo indicado por el art\u00edculo 199 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, son claras las reglas que deben aplicarse en trat\u00e1ndose de delitos que atentan contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales, respecto de los cuales, expresamente el mencionado beneficio le resultan inaplicables\u00bb; de donde, sostuvo, era inviable desconocer que el quejoso \u00abfue procesado y condenado en primera y segunda instancia como autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os agravado, punible que evidentemente protege el bien jur\u00eddico enunciado en precedencia\u00bb; a lo que de forma categ\u00f3rica a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
Lo anterior tiene raz\u00f3n de ser, por cuanto la legislaci\u00f3n colombiana, en cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos, ha instituido el principio pro infans, el cual garantiza la prevalencia del inter\u00e9s de los menores de edad frente al de los adultos, acorde a la protecci\u00f3n constitucional consagrada en el art\u00edculo 44 Superior. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en providencia radicada con el No. 85044 del\u2026 (21) de abril de 20166, se pronunci\u00f3 respecto a las prohibiciones contenidas en la norma en comento. En esta oportunidad, la autoridad de cierre de la justicia ordinaria se\u00f1al\u00f3, que pese a los cambios de orientaci\u00f3n con respecto a los beneficios judiciales o administrativos contenidos en el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006, la limitaci\u00f3n del subrogado penal de libertad condicional, cuando se trata de delitos contemplados en el t\u00edtulo IV del C\u00f3digo Penal, conserva su vigencia. Espec\u00edficamente se dijo por esta autoridad: <\/p>\n
\u00abUna primera apreciaci\u00f3n de la norma permite advertir c\u00f3mo en ella el legislador, por pol\u00edtica criminal, introduce una forma de limitar, o mejor, eliminar, beneficios legales, judiciales y administrativos, que no asoma insular o extra\u00f1a a nuestra tradici\u00f3n legislativa en materia penal, dado que en el pasado se ha recurrido a similar m\u00e9todo, el cual, no huelga resaltar, ha sido avalado por la Corte Constitucional, por entenderlo propio de la libertad de configuraci\u00f3n legislativa que ata\u00f1e al Congreso de la Rep\u00fablica.\u201d <\/p>\n
Para mayor ilustraci\u00f3n del actor, importante resulta recordar los planteamientos expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en sede de tutela, sentencia STP 8299-14, donde se dej\u00f3 plenamente clarificada la vigencia del art\u00edculo 199-5 de la ley 1098 de 2006: <\/p>\n
Como meridianamente se puede observar, el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006 no fue derogado t\u00e1citamente por el art\u00edculo 32 de la Ley 1709 de 2014, pues este fen\u00f3meno jur\u00eddico s\u00f3lo acontece cuando la disposici\u00f3n nueva no es conciliable con la anterior, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, toda vez que la exclusi\u00f3n de beneficios contenida en la \u00faltima regla, s\u00f3lo incorpor\u00f3 algunos delitos para los cuales no proced\u00edan la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria -dentro de los cuales enlist\u00f3 aquellos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales-, dejando inc\u00f3lumes aquellas disposiciones normativas que regulan el subrogado de la libertad condicional, m\u00e1s a\u00fan cuando aquellas se encuentran revestidas de tal especificidad como lo es el caso de los delitos en los que la v\u00edctima sea un menor de edad. <\/p>\n
En consecuencia, lo que en \u00faltimas hizo el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 32 de la Ley 1709 de 2014 fue establecer que la libertad condicional prevista en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal no se encuentra vedada para aquellos que hubieran sido condenados por los punibles relacionados en el p\u00e1rrafo 1\u00ba ib\u00eddem, dentro de los cuales no se incluyeron aquellos que atenten contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual cuando la v\u00edctima sea un menor de edad, de manera que, resulta apenas obvio, cuando se trate de este tipo de infracciones, la prohibici\u00f3n contin\u00faa vigente\u00bb. (Negrilla y subrayado ajeno al texto original) <\/p>\n
Con fundamento en todo ello concluy\u00f3 que era improcedente \u00abconceder la libertad condicional solicitada por el procesado\u2026, por tratarse de un delito contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales, donde obra como v\u00edctima una menor de edad\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 abstenerse de pronunciarse en cuanto a los reparos del inconforme en punto \u00aba los presuntos vicios obrantes en las sentencias de primera y segunda instancia, ya que en nada controvierte la decisi\u00f3n adoptada por la juzgadora de instancia el\u2026 (5) de abril de 2021, m\u00e1xime cuando, a trav\u00e9s de su defesa t\u00e9cnica, hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n; ser\u00e1 entonces la Corte Suprema de Justicia quien emitir\u00e1 la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
4.2. De este modo, resulta notorio que los falladores ordinarios, m\u00e1s all\u00e1 de que sus conclusiones sean compartidas o no por esta Sala, hicieron un an\u00e1lisis integral del pedimento de libertad condicional efectuado por el procesado, no s\u00f3lo desde el punto de vista de las normas que gobiernan los subrogados penales y el principio de favorabilidad, sino desde los hechos esgrimidos como fundamento, encontrando inviable acceder al mismo, destacando que, contrario a la opini\u00f3n del reclamante, sin que su decisi\u00f3n reluzca antojadiza o injustificada, seg\u00fan precedente sobre la materia, se itera, \u00ablo que en \u00faltimas hizo el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 32 de la Ley 1709 de 2014 fue establecer que la libertad condicional prevista en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal no se encuentra vedada para aquellos que hubieran sido condenados por los punibles relacionados en el p\u00e1rrafo 1\u00ba ib\u00eddem, dentro de los cuales no se incluyeron aquellos que atenten contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual cuando la v\u00edctima sea un menor de edad\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, no puede existir un reproche constitucional o v\u00eda de hecho cuando hay una fundamentaci\u00f3n suficiente en las providencias de conocimiento, m\u00e1xime porque all\u00ed se evalu\u00f3 el contenido de las normas que rigen la materia y se explic\u00f3 que por la naturaleza del delito cometido no pod\u00eda accederse a la pretensi\u00f3n del tutelante, pues el acceso carnal violento agravado con menor de catorce a\u00f1os es uno de los punibles en los que se ha proscrito el otorgamiento de la libertad condicional. <\/p>\n
En rigor, lo que el quejoso plantea es una diferencia de criterio acerca de la manera como su juez natural defini\u00f3 su solicitud, en cuyo caso tal interpretaci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano, \u00abm\u00e1xime si la que ha[n] hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el fallador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al juzgado ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ, STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada, entre muchas otras, en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
5. Lo dicho impone respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la providencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte desde el 9 de julio de 2021, el diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 1\u00ba de abril \u00faltimo, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 el d\u00eda 4 siguiente y el 5 posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
2\u0002 Revista Nuevo Foro Penal Vol. 13, No. 88, enero-junio 2017, pp. 285-288. Universidad EAFIT, Medell\u00edn (ISSN 0120- 8179). <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculos 64 y 68\u00aa de la L. 599\/2000. <\/p>\n
4\u0002 Puede verse al respecto: Corte Constitucional, sentencia C-806 de 2002. <\/p>\n
5\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. <\/p>\n
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STC5472-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC5472-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01167-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Nergilly Rafael Guzm\u00e1n Caile frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63407","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63407","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63407"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63407\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63407"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63407"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63407"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}