STC5474-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5474-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01900-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Gustavo Adolfo Murillo Cano frente al fallo proferido el 23 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos al debido proceso, \u00abdefensa t\u00e9cnica y material\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas al definir la causa penal seguida en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, decretar \u00abla Nulidad de todo lo actuado dentro del proceso a partir de la audiencia de acusaci\u00f3n que se vari\u00f3 para verificaci\u00f3n de preacuerdo\u00bb y ordenar \u00abcancelar la orden de captura que pudiese estar vigente como consecuencia de la sentencia condenatoria confirmada\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. Con sentencia de 8 de julio de 2021 la Colegiatura convocada confirm\u00f3 la dictada el 3 de marzo anterior por el Juzgado accionado, en la cual se conden\u00f3 al quejoso a 54 meses de prisi\u00f3n, al hallarlo responsable, \u00aba t\u00edtulo de autor, de la comisi\u00f3n de la conducta punible de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones\u2026, reconociendo la diminuente punitiva correspondiente a la variaci\u00f3n del grado de participaci\u00f3n de autor a c\u00f3mplice como parte de un preacuerdo\u00bb. Actuaci\u00f3n frente a la cual el procesado dej\u00f3 de incoar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, aleg\u00f3 el reclamante, en concreto, que la condena impuesta deriv\u00f3 de la deficiente asesor\u00eda que le brind\u00f3 el apoderado judicial que all\u00ed constituy\u00f3, quien lo convenci\u00f3 de aceptar el acuerdo bajo la falsa premisa de que ello le permitir\u00eda acceder a algunos subrogados penales, improcedentes en el caso concreto porque el delito por el cual era procesado \u00abten\u00eda una pena superior de 8 a\u00f1os\u00bb; situaci\u00f3n que las autoridades acusadas pudieron constatar y tomar las medidas adecuadas para el restablecimiento de sus garant\u00edas, pero omitieron hacerlo, a pesar de estar obligadas a ello, dando por sentado, sin serlo, que \u00abla voluntad de aceptaci\u00f3n del procesado\u2026 hubiese sido expresada previamente\u00bb, impartiendo legalidad, de forma errada, a un defectuoso preacuerdo. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, \u00aben todo momento, quiso demostrar que el porte de esa arma ten\u00eda una justificaci\u00f3n legal. Muy puntualmente\u2026[,] que fue v[\u00ed]ctima de algunos hechos delictivos, que hicieron que ese d\u00eda, por temor, [la] portara… De lo que se entiende podr\u00edan desvirtuar la antijuridicidad de su actuar en un juicio. Pero que, finalmente, ante la promesa de la detenci\u00f3n domiciliaria decidi\u00f3 aceptar los hechos\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda Ciento Noventa Seccional de la Unidad de Seguridad y Salud P\u00fablica se declar\u00f3 \u00abinhibida para dar alg\u00fan tipo de juicio de valor, debido a que\u2026 actu\u00f3 con apego a la constituci\u00f3n y la ley, por lo que en ning\u00fan momento el supuesto \u201cyerro\u201d procesal que se intenta demostrar\u2026 es responsabilidad de la actuaci\u00f3n procesal de [ese] despacho\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Medell\u00edn indic\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el apoderado judicial del demandante\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 129 Judicial II Penal se\u00f1al\u00f3 remitirse \u00aba la audiencia de verificaci\u00f3n del preacuerdo donde el procesado\u2026 acept\u00f3 los cargos de manera libre, voluntaria y debidamente informado, por lo mismo[,] la acci\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn solicit\u00f3 \u00abse niegue el amparo\u2026, en tanto el actor pretende remover la ejecutoria de unas providencias que fueron proferidas con el respeto pertinente al debido proceso y de todas sus garant\u00edas, gozando as\u00ed de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, queriendo ahora utilizar la acci\u00f3n de tutela como una instancia m\u00e1s de controversia, lo que no es debido\u00bb. <\/p>\n
5. El abogado Luis Arbel\u00e1ez, quien intervino como defensor del accionante en la actuaci\u00f3n recriminada, se opuso a la prosperidad del resguardo porque, sumado a que el quejoso contaba con otros medios de defensa y no exist\u00eda ning\u00fan perjuicio irremediable, lo cierto era que \u00e9l \u00abactu\u00f3 con diligencia y responsabilidad\u00bb en el asunto en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque el inconforme \u00abdebi\u00f3 exponer sus reparos, a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, del cual no hizo uso, por lo que desech\u00f3 la herramienta jur\u00eddica a su alcance y perdi\u00f3 la oportunidad procesal id\u00f3nea para discutir lo pretendido\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el censor celebr\u00f3 preacuerdo con la Fiscal\u00eda, lo que \u00able impide, en principio, retractarse\u00bb, comoquiera que su aceptaci\u00f3n \u00abse produjo de manera espont\u00e1nea, libre y consciente en presencia de la titular del Juzgado\u00bb; aunado a que \u00abfue asistido por una defensa t\u00e9cnica, que ejecut\u00f3 su labor de acuerdo con los hechos contenidos en el proceso. Distinto es que la t\u00e1ctica defensiva por la que se opt\u00f3 no hubiese obtenido resultado favorable o no fuese del agrado del interesado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales, destac\u00f3 que el a-quo encontr\u00f3 razonable el proceder de los accionados pero bajo una an\u00e1lisis sesgado de las respuestas de estos frente a la petici\u00f3n de amparo, sin analizar, como correspond\u00eda, las vistas p\u00fablicas del asunto fustigado; as\u00ed mismo, afirm\u00f3 que en el caso concreto la falta de agotamiento del recurso extraordinario de casaci\u00f3n no era obst\u00e1culo para la formulaci\u00f3n de la solicitud de protecci\u00f3n, cuya exigencia, por parte del juzgador supralegal de primer grado, constitu\u00eda \u00abun nuevo requisito para la procedencia de las tutelas\u00bb, contrario a lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional (CC C-590\/05, T-060\/16 y US-297\/15), m\u00e1xime cuando la oportunidad para formularlo precluy\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitada ante la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este caso se critica la causa penal clausurada con las sentencias proferidas el 3 de marzo y 8 de julio de 2021 por el Juzgado y el Tribunal encartados, respectivamente, en la cual el accionante result\u00f3 condenado a 54 meses de prisi\u00f3n como responsable del delito de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones\u00bb. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del opugnante, patente era la inviabilidad de su petici\u00f3n de amparo, toda vez que al alcance del inconforme estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para exponer las quejas aqu\u00ed planteadas, mecanismo al que no acudi\u00f3. <\/p>\n
De ese modo, contrario a lo aducido en la impugnaci\u00f3n, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n al interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
…es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables…-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Lo dicho, que no precisamente lo consignado por el a-quo constitucional, impone respaldar su determinaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 25 de febrero, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 28 de marzo \u00faltimo, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 el d\u00eda 30 siguiente y el 31 posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
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