STC5475-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5475-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01167-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Oscar Rafael de la Pe\u00f1a Vargas contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene los despachos criticados que \u00abprocedan a dejar sin efectos el auto del 12 de enero\u2026 y\u2026 del 24 de febrero de 2022\u2026 y auto de 30 de marzo de 2022\u2026 del Tribunal Superior\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Oscar Rafael de la Pe\u00f1a Vargas promovi\u00f3 proceso de pertenencia contra los herederos indeterminados de Pierre Enrique Chadid Sierra, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga. <\/p>\n
2.2. Mediante prove\u00eddo de 12 de enero de 2022 el referido estrado orden\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar decretada, decisi\u00f3n que fue recurrida, pero que el Tribunal Superior de Barranquilla la confirm\u00f3 en auto de 30 de marzo de 2022. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que adquiri\u00f3 el predio de buena fe; que posterior a la compra se inscribi\u00f3 la medida de embargo y suspensi\u00f3n de poder dispositivo del bien en 2008, que luego de admitida la pertenencia, la SAE se present\u00f3 para que se le hiciera la entrega del bien exhibiendo las resoluciones emitidas. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el estrado acusado, en aras de preservar la posesi\u00f3n de los demandantes y mientras se surt\u00eda el proceso, con auto de 15 de enero de 2019 decret\u00f3 como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega; y con auto de 12 de noviembre de 2019 resolvi\u00f3 decretar la suspensi\u00f3n del proceso de pertenencia por prejudicialidad ante la existencia de un proceso penal -en su criterio adelantado por la Fiscal\u00eda 25 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio-. <\/p>\n
2.5. Adujo que se emiti\u00f3 el auto de 12 de enero de 2022 ordenando el levantamiento de la medida cautelar; que agot\u00f3 los recursos, pero se mantuvo la decisi\u00f3n; que el 30 de marzo de 2022 la SAE de manera inmediata pidi\u00f3 la entrega del inmueble; y que dichas decisiones constitu\u00edan una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que no se resolvi\u00f3 la reanudaci\u00f3n del proceso sino de plano se orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la medida cautelar; que las decisiones se emitieron para perjudicar a los poseedores de la Finca; que no se discut\u00eda la legalidad del acto administrativo, pues no se anulaba sino lo que se suspend\u00eda el cumplimiento de la cautela. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que no se materializ\u00f3 el secuestro; que la finca siempre ha estado en su posesi\u00f3n; que no se ha extinguido el dominio; y que exist\u00eda perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga indic\u00f3 que conoc\u00eda del juicio criticado, el que se encontraba suspendido hasta que se resolviera el proceso de extinci\u00f3n de dominio; que ante la solicitud de la SAE orden\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar decretada, decisi\u00f3n que recurrida, fue confirmada por el superior; que se configuraba la causal de improcedencia de inexistencia de vulneraci\u00f3n y\/o amenaza de derechos fundamentales; y que no hab\u00eda incurrido en transgresi\u00f3n de las prerrogativas esenciales de las partes, quienes hab\u00edan hecho uso de los recursos de ley en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que en el prove\u00eddo criticado se observaron los lineamientos jur\u00eddicos propios del proceso; y que no se conculcaron los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
3. La Sociedad de Activos Especiales SAE refiri\u00f3 que era la encargada de la administraci\u00f3n de los bienes inmersos en los procesos de extinci\u00f3n de dominio, sin tener injerencia en decisiones judiciales; que no se vulneraron las garant\u00edas esenciales del accionante; que siempre hab\u00eda obrado con apego a la ley; que no se demostr\u00f3 perjuicio irremediable alguno; que una vez levantada la cautela, se program\u00f3 la diligencia de entrega del bien para el 19 de abril anterior, empero, la Procuradur\u00eda solicit\u00f3 un plazo para que el ocupante entregara; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
4. Mar\u00eda Mercedes Palacios Villota adujo que coadyuvaba la petici\u00f3n de resguardo, reiter\u00f3 los argumentos expuestos en la tutela y sostuvo que se agotaron todos los mecanismos de defensa; que los actos administrativos de la SAE no se encontraban sometidos a control de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa; y que estaba acreditado el perjuicio irremediable. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 30 de marzo de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Para empezar, cabe recordar que el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, prev\u00e9 que\u2026 <\/p>\n
Realizada tal precisi\u00f3n y volviendo sobre el caso sub examine, se observa que el despacho mediante auto de fecha 12 de enero de 2022, resolvi\u00f3 levantar la medida cautelar decretada el 15 de enero de 2019, mediante la cual se decret\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional de la pr\u00e1ctica de las diligencias ordenadas en las Resoluciones Nos. 030 de 2017 y 4602 de 2018, por la Sociedad de Activos Especiales S.A.E. <\/p>\n
En el presente caso tenemos que se decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, pero no se estipul\u00f3 nada acerca de la medida cautelar en cuesti\u00f3n, es sabido que son medidas que afectan el funcionamiento del proceso por el cual se orden\u00f3 suspensi\u00f3n. Era del caso que dicha medida cautelar fuera levantada junto con la suspensi\u00f3n, ya que mantenerla detiene el habitual desarrollo del proceso de extinci\u00f3n de dominio que recae sobre dicho bien inmueble. <\/p>\n
Examinando los elementos de juicio, se verifica que en el folio No. 24 del expediente, consta claramente que los demandantes no estaban legitimados a pedir la suspensi\u00f3n de los actos administrativos emitidos por S.A.E, que por ministerio de la Ley se presumen legales. Por tanto, el proceso de pertenencia aqu\u00ed invocado no es el escenario id\u00f3neo para discutir la legalidad de un acto administrativo y desde el punto de vista material, su posesi\u00f3n puede y debe defenderse mediante la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega del bien. <\/p>\n
Es menester mencionar que esta es una irregularidad, la cual puede ser saneada teniendo en cuenta, las facultades brindadas por el legislador a los jueces, como es la oportunidad de control de legalidad y la funci\u00f3n de director del proceso, que lo autoriza a alejarse de una decisi\u00f3n dictada en el proceso que implique una ilegalidad en la actuaci\u00f3n, a la cual, no estar\u00eda obligado a respetar, por no constituir una eficaz ley para el proceso.-Por lo que la justeza del auto materia de alzada y su mecanismo procesal se ajusta al ordenamiento procesal.-. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, considerando que las solicitudes de la parte actora son improcedentes, no existe otra alternativa distinta a la de confirmar el auto apelado\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia con la que se confirm\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar deprecada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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