STC5476-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5476-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01219-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Carlos Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez e Inversiones Caralga SA contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicitan, en consecuencia, se \u00abrevoque la providencia notificada el d\u00eda 22 de octubre de 2021\u2026 proferida por la Juez 36 Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u2026 y segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u2026 por\u2026 configura[r] un defecto procedimental e incurrir en v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Inverfast SAS promovi\u00f3 proceso ejecutivo de efectividad de la garant\u00eda real contra Inversiones Caralga SA, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que dict\u00f3 sentencia el 12 de mayo de 2021 en la que declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n de extinci\u00f3n de la garant\u00eda hipotecaria, tuvo por no probadas las defensas formuladas y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, en fallo de 21 de octubre siguiente la Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indicaron los accionantes que la decisi\u00f3n emitida por la Corporaci\u00f3n acusada adolec\u00eda de m\u00faltiples defectos sustantivos y procedimentales, pues valor\u00f3 equivocadamente los elementos materiales probatorios recaudados en el proceso, llegando a la conclusi\u00f3n equivocada de que no hab\u00eda prescripci\u00f3n de los t\u00edtulos. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1alaron que no se evaluaron las pruebas, pues se concluy\u00f3 que no exist\u00eda mala fe del ejecutante, se aval\u00f3 que una persona natural creara una jur\u00eddica y que el representante legal aceptara el endoso de unos t\u00edtulos que estaban prescritos para hacerlos exigibles y evitar que le sea oponible la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Sostuvieron que exist\u00eda incongruencia entre la conclusi\u00f3n a la que llegaba el despacho y la motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n, pues indic\u00f3 que las fechas de vencimiento de los t\u00edtulos no fueron diligenciados por el ejecutado, pero no se dijo con que instrucciones se llenaron. <\/p>\n
2.6. Aseveraron que se emiti\u00f3 una determinaci\u00f3n con un juicio valorativo equivocado; que se us\u00f3 la sociedad para ejecutar unos t\u00edtulos prescritos; que se hicieron afirmaciones que no proven\u00edan de las declaraciones efectuadas; que no se explicaron las razones por las que no exist\u00eda mala fe del ejecutante; que no se estudiaron los reparos concretos; que se configuraron los defectos f\u00e1ctico y sustantivo; y que se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que la actuaci\u00f3n que adelant\u00f3 no era contraria a la ley ni se enmarcaba en una v\u00eda de hecho; que se pretend\u00eda reanudar el debate de una controversia que se resolvi\u00f3 en providencia de 21 de octubre de 2021, en donde se confirm\u00f3 el fallo de primer grado; y que la Corte Suprema de Justicia conoci\u00f3 de otra tutela que tuvo como base de inconformidad lo resuelto en el asunto. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esta ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y refiri\u00f3 que esta acci\u00f3n excepcional no era una instancia adicional; que no se vislumbraba la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso; y que las decisiones fueron emitidas con apego a lo establecido en la ley y al an\u00e1lisis de los medios probatorios recaudados, al punto que la determinaci\u00f3n proferida fue confirmada por el superior. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia definitoria del asunto de 21 de octubre de 2021, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En el caso bajo estudio la ejecuci\u00f3n se promovi\u00f3 con base en los pagar\u00e9s Nos. P-79180810, P-79180811, P-79180812, P- 79180813, P-79180814, P-79180815, P-79180816, P-79180817, P- 79180818 y P-79180819 diligenciados en su totalidad al momento de presentaci\u00f3n de la demanda, en los que se observa que la ejecutada se comprometi\u00f3 incondicionalmente a pagar unas sumas de dinero al se\u00f1or Jorge Humberto Rojas Melo, quien los endos\u00f3 a la aqu\u00ed ejecutante; e igualmente, que cada uno tiene una fecha de vencimiento (1\u00ba de julio de 2019), lo que conduce a afirmar que los mismos en su aspecto formal re\u00fanen todos y cada uno de los requisitos que establece el art\u00edculo 422 del C.G.P., as\u00ed como los art\u00edculos 621 y 709 del Estatuto Comercial, tema que si bien fue objeto de discusi\u00f3n por v\u00eda de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo con fundamento en la excepci\u00f3n rotulada \u201cT\u00edtulos ejecutivos aportados en la demanda no son actualmente exigibles, claros y expresos vulnerando el art\u00edculo 430 del C. G. del P.\u201d, lo cierto es que el Tribunal se encuentra compelido a revisarlos de manera oficiosa, toda vez que al decir de la Sala Civil de la Corte Suprema\u2026 <\/p>\n
Para el caso, se tiene que los t\u00edtulos valores, pagar\u00e9s, adosados como venero de la ejecuci\u00f3n, re\u00fanen a cabalidad los presupuestos a que aluden las citadas normas del estatuto comercial, es decir, no se advierte que dejaran de reunir los requisitos para ser t\u00edtulo valor y pudieran ser cobrados por la v\u00eda ejecutiva, como en efecto acaeci\u00f3 al momento en que se libr\u00f3 la orden de apremio, en tanto tienen incorporadas las fechas de vencimiento, asimismo contienen sendas obligaciones expresas, claras y exigibles a cargo de la demandada, con lo que se cumple el requisito de que constituyen plena prueba en su contra. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se pronunci\u00f3 frente a los reparos formulados por la parte ejecutada as\u00ed: <\/p>\n
Como ya se expuso, de acuerdo con lo previsto en el canon 622 del C.Co., los t\u00edtulos valores adosados como soporte de la ejecuci\u00f3n pueden suscribirse con espacios en blanco, empero, en verdad estaba a cargo de la sociedad ejecutada probar que aquellos fueron diligenciados pasando por alto las instrucciones que imparti\u00f3 para tal efecto, lo que no aconteci\u00f3 en este asunto, en la medida que el testigo Carlos Alfonso Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez si bien refiri\u00f3 que los llen\u00f3 salvo en el espacio de la fecha de vencimiento, lo cierto es que para la presentaci\u00f3n de la demanda fueron presentados con todos sus espacios diligenciados, sin que la ejecutada lograra demostrar que se desconocieron las instrucciones que otorg\u00f3 sobre ese particular, en raz\u00f3n a que no cumpli\u00f3 con la carga de la prueba que ten\u00eda a cuestas sobre ese puntual aspecto. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el sub judice qued\u00f3 demostrado con el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 el representante legal de la demandada y el aludido testigo que entre \u00e9stos y el inicial acreedor de los t\u00edtulos b\u00e1culo de la acci\u00f3n existieron sendos y previos negocios jur\u00eddicos anteriores a la suscripci\u00f3n de aquellos; con los documentos, que el se\u00f1or Jorge Humberto Rojas Melo endos\u00f3 en propiedad tales instrumentos a la aqu\u00ed ejecutante, vale decir, persona jur\u00eddica distinta a sus socios individualmente considerados de conformidad con lo establecido en el canon 98 del C\u00f3digo de Comercio; con la versi\u00f3n del se\u00f1or Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez, que existieron acercamientos o tratativas con miras a lograr efectuar el pago de los pagar\u00e9s mediante la tradici\u00f3n de bienes ra\u00edces sostenidas en forma peri\u00f3dica durante el interregno de los tres a\u00f1os anteriores a la presentaci\u00f3n de la demanda, lo que desvirt\u00faa la configuraci\u00f3n de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de los t\u00edtulos; y con el dictamen pericial, que no fue el se\u00f1or Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez ni el representante legal de la demandada quienes diligenciaron la fecha de vencimiento contenida en los pagar\u00e9s objeto de cobro. <\/p>\n
Ahora, aunque la prueba documental da cuenta que el se\u00f1or Jorge Humberto Rojas Melo endos\u00f3 los citados pagar\u00e9s a la sociedad ejecutante, firmando tambi\u00e9n como representante legal de esta \u00faltima, ello no traduce per se que estemos ante un tenedor de mala fe, atendido que la demandada no desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n de orden constitucional consagrada en el canon 83 de la Carta Pol\u00edtica y legal en el art\u00edculo 769 del C\u00f3digo Civil, a lo que se suma, como ya se manifest\u00f3, que dicho endoso se verific\u00f3 de una persona natural a la jur\u00eddica aqu\u00ed convocante, con lo que se verific\u00f3 la circulaci\u00f3n de los comentados t\u00edtulos valores a una persona diferente al inicial acreedor. <\/p>\n
Y si bien al comenzar la audiencia inicial la juzgadora indag\u00f3 sobre la no concurrencia del se\u00f1or Jorge Humberto Rojas Melo como representante legal principal de la sociedad demandante, lo cierto es que en esa oportunidad quien acudi\u00f3 como representante legal suplente, se\u00f1or Rafael Puerto C\u00e1rdenas, no realiz\u00f3 manifestaci\u00f3n contraria a los intereses de la sociedad que representa constitutivos de confesi\u00f3n, situaci\u00f3n, que a juicio de la Sala, no evidencia la mala fe que la pasiva endilg\u00f3 a la actora y su representante legal. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Lo expuesto en el \u00edtem precedente sirve para indicar que tampoco se advierte que exista un defecto sustantivo por evidente contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n, por el hecho de que el tenedor primigenio haya sido el se\u00f1or Jorge Humberto Rojas Melo y tuviera conocimiento de las condiciones que dieron lugar al diligenciamiento de los t\u00edtulos, menos, a partir de lo que declararon los se\u00f1ores Juan Carlos Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez y Carlos Alfonso Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez, pues aun cuando ratificaron que los t\u00edtulos ten\u00edan la fecha de vencimiento en blanco, los instrumentos fueron presentados diligenciados en su integridad con la demanda, sin que \u00e9stos lograran demostrar que la actora hubiere desatendido las instrucciones que impartieron para su llenado. <\/p>\n
En punto a la defensa referida a que las condiciones o instrucciones de los t\u00edtulos se encontraban en la hipoteca, se debe tener en cuenta que los t\u00edtulos aportados como venero de la ejecuci\u00f3n satisfacen los principios de literalidad, incorporaci\u00f3n y la autonom\u00eda propios de esta clase de documentos, en torno a los cuales la doctrina tiene dicho que\u2026 <\/p>\n
Y para el caso, lo cierto es que los t\u00edtulos reportaron circulaci\u00f3n, sin que la demandada acreditara el desconocimiento de las instrucciones que imparti\u00f3 sobre su diligenciamiento; entonces, no se observa en qu\u00e9 consiste el defecto sustantivo invocado en el segundo de los reproches formulados, ni la contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n, contrario a lo alegado por la convocada. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a la inconformidad consistente en la falta de apreciaci\u00f3n o desconocimiento de la escritura p\u00fablica de hipoteca, el dictamen grafol\u00f3gico y las declaraciones de parte, si bien dentro de la primera figura una carta de aceptaci\u00f3n de la solicitud del cr\u00e9dito otorgado a la demandada, expedida por el se\u00f1or Jorge Humberto Rojas Melo, la falta de alusi\u00f3n a la misma en nada tiene incidencia frente a las conclusiones a las que arrib\u00f3 la juzgadora de primer grado, en tanto ilustra simple y llanamente sobre las condiciones que exigi\u00f3 el prestamista para el otorgamiento del cr\u00e9dito y desembolso del dinero que finalmente se verific\u00f3 en favor de la ejecutada, cuyo representante legal refiri\u00f3 que recibieron el capital contenido en los instrumentos ejecutados. <\/p>\n
Incluso, el dictamen grafol\u00f3gico, que la convocada estima que no se valor\u00f3, fue objeto de menci\u00f3n puntual por la sentenciadora para estimar que lo \u00fanico que pudo probar es que los se\u00f1ores Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez no llenaron el espacio de la fecha de vencimiento de los pagar\u00e9s; y las declaraciones de parte poco hacen por acreditar que los t\u00edtulos no re\u00fanen los requisitos legales y desconocen el negocio causal que les dio origen, as\u00ed como la demostraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, la falta de instrucciones para el diligenciamiento de los espacios en blanco, el conflicto de intereses entre el apoderado de la actora y la demandada, y el cobro de lo no debido, que fueron las exceptivas propuestas, menos, cuando el representante de la ejecutada confes\u00f3 que suscribi\u00f3 los pagar\u00e9s con el aludido espacio en blanco (sin dar cuenta de la existencia de instrucciones para su diligenciamiento) y que logr\u00f3, por intermedio del se\u00f1or Carlos Alfonso, acercamientos para pagar el importe de los t\u00edtulos cobrados, se itera, dentro del t\u00e9rmino de tres a\u00f1os anteriores a la presentaci\u00f3n de la demanda, e incluso con posterioridad a su presentaci\u00f3n, lo que era suficiente para colegir la inviabilidad de la prescripci\u00f3n que aleg\u00f3. <\/p>\n
Todo lo dicho en precedencia, coadyuva en descartar igualmente la procedencia de la \u201cindebida motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n\u201d, atendido que las conclusiones all\u00ed retratadas se encuentran soportadas en las pruebas legal y oportunamente adosadas a la actuaci\u00f3n, como en efecto lo exige el estatuto adjetivo civil; adem\u00e1s, en la alzada se insiste en que la funcionaria realiz\u00f3 una serie de afirmaciones contrarias a lo que dijo el representante legal de la demandada, lo que no refulge de la motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n, menos cuando aqu\u00e9l s\u00ed confes\u00f3 que suscribi\u00f3 los t\u00edtulos, as\u00ed como otros con los que se pagaron intereses y que autoriz\u00f3 al se\u00f1or Carlos Alfonso Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez para realizar acercamientos y propuestas de pago de las obligaciones cobradas. <\/p>\n
Puntualizando que: <\/p>\n
Y como ya se dijo, del interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 el representante legal de la convocante no se evidencia manifestaci\u00f3n contraria a los derechos e intereses de su representada, como s\u00ed aconteci\u00f3 del que respondi\u00f3 el de la ejecutada, no obstante, lo dicho por ellos no logra configurar la exceptiva orientada a hacer valer el conflicto de intereses que se aleg\u00f3 entre la demandada con el abogado Carlos Alfonso G\u00f3mez Garc\u00e9s, aspecto susceptible de ser ventilado y controvertido por v\u00eda de la acci\u00f3n disciplinaria, por parte de la convocada, toda vez que ac\u00e1 no se advirti\u00f3 la configuraci\u00f3n de una falta que amerite acoger la exceptiva propuesta con tal denominaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo expuesto, tambi\u00e9n coadyuva en desechar la procedencia de la falta de motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n en torno a la ausencia de carta de instrucciones, visto que la ejecutada, como se ha reiterado, no logr\u00f3 demostrar que se desconocieron las que imparti\u00f3, acaso persuadida de que le bastaba con alegar tal situaci\u00f3n para enervar las pretensiones de la demanda y los efectos que conlleva la suscripci\u00f3n de los t\u00edtulos valores cobrados, punto en que coincide la Sala con la juzgadora de primer grado en cuanto a que la demandada no cumpli\u00f3 con la carga de la prueba que ten\u00eda a cuestas en tal sentido. <\/p>\n
Colof\u00f3n de lo discurrido, en atenci\u00f3n a que los reparos formulados por las partes no tienen la virtualidad de progresar, se confirmar\u00e1 la sentencia apelada\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los tutelantes es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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