STC5480-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5480-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2022-00017-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 24 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Chila Hern\u00e1ndez Cer\u00f3n contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2016-00137. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que la querellante inici\u00f3 en el a\u00f1o 2016 un ejecutivo contra Tania Milena Torres, Harold Mauricio Ibarra Guevara, Liliana Hern\u00e1ndez Calvache y Carlos Hern\u00e1n Luna Mera, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto. <\/p>\n
Posteriormente, el 5 de octubre de 2018, el estrado cognoscente declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir del 17 de noviembre de 2017, situaci\u00f3n que dej\u00f3 sin efectos la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
El 21 de octubre de 2021, el fallador censurado dispuso continuar con la actuaci\u00f3n, por lo que la demandante solicit\u00f3 fijar fecha de remate de los inmuebles secuestrados, as\u00ed como la entrega de los t\u00edtulos judiciales y alleg\u00f3 el aval\u00fao junto con la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la cual fue modificada por la sede fustigada el 24 de marzo de 2022. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo constitucional se ordene: (i) entregar los dineros depositados en la cuenta del despacho y (ii) programar la subasta de los bienes involucrados en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto indic\u00f3 que no se han violado las garant\u00edas esenciales de la promotora al se\u00f1alar que \u00abcon relaci\u00f3n a la afirmaci\u00f3n de la accionante [acerca] de las solicitudes de fijaci\u00f3n de fecha para remate y de pago de t\u00edtulos judiciales, la Judicatura emiti\u00f3 sendos prove\u00eddos, clarificando a la se\u00f1ora apoderada de la actora, que no hab\u00eda lugar a acceder a los mencionados pedimentos, por cuanto, no se hab\u00eda trabado a\u00fan la litis y no se hab\u00eda dictado el auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n o sentencia que hubiere resuelto excepciones, as\u00ed las cosas, las peticiones de la togada, eran improcedentes en el momento en que fueron enfiladas\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo al estimar que \u00absi la actuaci\u00f3n que la parte actora considera vulneradora de derechos fundamentales es el haberse proferido el auto mediante el cual se realiz\u00f3 un control de legalidad desvinculando una serie de actuaciones con relaci\u00f3n a los defectos encontrados en el procedimiento de notificaci\u00f3n a los herederos determinados e indeterminados de quien fuera la pasiva del proceso (\u2026) lo cierto es que dicha providencia data del siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021) y en contra de ella, no se propuso recurso alguno, pudiendo esgrimirse el de reposici\u00f3n, de ah\u00ed que no se cumple con el requisito relativo a la subsidiaridad\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la promotora no aleg\u00f3 en el juicio la transgresi\u00f3n invocada en el amparo. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que el 15 de marzo de 2022 su apoderada aport\u00f3 los aval\u00faos, solicit\u00f3 la entrega de los dineros retenidos y la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, quebrant\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la accionante al no haber entregado los t\u00edtulos judiciales y fijado fecha de remate. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
Este particular mecanismo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras herramientas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclaman o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro. <\/p>\n
4. Del caso concreto. <\/p>\n
Al revisar el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte la improcedencia del instrumento constitucional en la medida que incumple el requisito que viene de comentarse, dado que actualmente se encuentran actuaciones en curso tendientes a resolver lo aqu\u00ed planteado. <\/p>\n
En efecto, la c\u00e9lula judicial inform\u00f3 que \u00abla liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito apenas fue aportada por la parte actora el 1 de marzo de 2022, de la cual, se ha dado traslado a partir del d\u00eda 8 de marzo [del a\u00f1o en curso], fenecido este lapso, se proceder\u00e1 a su revisi\u00f3n para su eventual aprobaci\u00f3n o modificaci\u00f3n. Siendo ese, el momento (\u2026) oportuno para disponer, si es del caso la entrega de t\u00edtulos judiciales\u00bb, al tiempo que, \u00aben la etapa procesal en que se encuentra este (\u2026) ejecutivo, no es factible a\u00fan se\u00f1alar fecha para remate, por cuanto, el aval\u00fao (\u2026) a\u00fan no ha sido aprobado y no ha sido objeto de contradicci\u00f3n, superado lo cual, se resolver\u00e1 lo pertinente, si a ello hay lugar, previa petici\u00f3n de la parte interesada\u00bb. <\/p>\n
Adicional a ello, del examen realizado al expediente ejecutivo, se advierte que la gestora en abril del presente a\u00f1o radic\u00f3 memoriales en procura de obtener lo pretendido en este excepcional mecanismo, puesto que solicit\u00f3: (i) programar la venta p\u00fablica de los bienes secuestrados y (ii) entregar los t\u00edtulos judiciales. <\/p>\n
De lo expuesto, se puede concluir que no existe un pronunciamiento definitivo sobre la cuesti\u00f3n planteada por la querellante a trav\u00e9s del resguardo, y se desconocen las determinaciones que puedan adoptarse al interior del proceso objeto de censura, siendo imperioso destacar que el fallador constitucional no puede atribuirse facultades propias del juez de conocimiento, pues es a este \u00faltimo funcionario a quien le corresponde pronunciarse al respecto. <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (subrayado en texto, ver entre otras STC6172-2015, 21 may 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00). <\/p>\n
Por lo tanto, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas, de manera que el auxilio resulta prematuro. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Con las precisiones se\u00f1aladas, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda, en tanto que desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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