STC5482-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5482-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2022-00147-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 5 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Elizabeth Ortega Ortega contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio ejecutivo 2011-00057. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial convocada en el recaudo 2011-00057. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de convicci\u00f3n allegados, se desprende que en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga cursa el ejecutivo referenciado en p\u00e1rrafos procedentes, promovido por la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito de Santander Ltda. \u2013 Financiera Comultrasan contra Mar\u00eda Elizabeth Ortega Ortega, en el que se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n mediante providencia del 15 de junio de 2011 proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
El 28 de febrero de 2022, la ac\u00e1 accionante formul\u00f3 solicitud de terminaci\u00f3n anormal del litigio por desistimiento t\u00e1cito, pues en su concepto la actuaci\u00f3n permaneci\u00f3 inactiva desde el \u00ab15 de noviembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
Con auto del 23 de marzo de 2022, la c\u00e9lula judicial accionada dispuso \u00abno dar tr\u00e1mite por carecer de derecho de postulaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 73 del C. G. P.\u00bb. <\/p>\n
3. Para la gestora el despacho realiz\u00f3 \u00abuna interpretaci\u00f3n inadecuada a la norma, no accedi\u00f3 al desistimiento t\u00e1cito y por el contrario envi\u00f3 oficio al secuestre presuntamente nombrado desde el a\u00f1o 2017 y es por esta circunstancia que impetro esta acci\u00f3n p\u00fablica de tutela por un yerro sustancial en la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la norma con respecto a la no aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, solicita \u00ab (\u2026) declarar la nulidad de la actuaci\u00f3n a partir del auto del tr\u00e1mite del 23 de marzo del presente a\u00f1o y en su lugar expedir el auto declarando la procedencia del desistimiento t\u00e1cito por inactividad procesal de la pare (sic) demandante y del despacho judicial de conocimiento por haber transcurrido m\u00e1s de 1 a\u00f1o de inactividad procesal en el proceso ejecutivo de la referencia y de radicado 2011-5701\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Primera Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, relacion\u00f3 lo acontecido en la causa en cuesti\u00f3n y seguidamente, reliev\u00f3 que el 28 de febrero de los corrientes la gestora solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito; sin embargo, explic\u00f3 que, conforme al prove\u00eddo del \u00ab23 de marzo de 2022\u00bb, dispuso no dar tr\u00e1mite por carecer de derecho de postulaci\u00f3n y resalt\u00f3 que la demandante no formul\u00f3 \u00abrecurso de ninguna \u00edndole\u00bb, y finalmente se\u00f1al\u00f3 que, dentro del juicio la actora se encuentra representada por una abogada. <\/p>\n
En suma, solicit\u00f3 negar el amparo por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad pues \u00abla decisi\u00f3n atacada no fue controvertida a trav\u00e9s de los recursos que la ley procesal prev\u00e9 para tal efecto\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda porque \u00ab(\u2026) la actuaci\u00f3n del estrado judicial increpado tiene un fundamento normativo adecuado, el cual no se puede desdibujar a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, siendo palpable que la promotora acude a esta v\u00eda residual a controvertir la tesis del fallador ordinario, pretendiendo que el Juez de tutela acoja su posici\u00f3n como m\u00e1s id\u00f3nea, cuesti\u00f3n que excede los prop\u00f3sitos de este escenario constitucional\u00bb y agreg\u00f3 que \u00abno presenta vicio alguno que permita tal solicitud, o al menos no evidencia yerro formal que vulnere los derechos fundamentales de la promotora, es decir, que la supuesta equivocaci\u00f3n que se le endilga a la falladora accionada, no tienen la relevancia constitucional y por lo tanto no es amparable por v\u00eda de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante replicando las argumentaciones del escrito inicial. Refut\u00f3 la providencia del tribunal a quo pues considera que la juez accionada ten\u00eda \u00abel deber legal\u2026 de aplicar de oficio [el desistimiento t\u00e1cito] sin necesidad de requerir siquiera a la parte obligada a aportar la actividad procesal exigida so pena de incurrir en la [mentada figura]\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que, \u00abno se requiere que se pronuncie la apoderada judicial dentro del proceso ejecutivo, porque para exigir el respeto de un derecho fundamental de rango constitucional no se requiere de [abogado] y ni siquiera de agente oficioso si se est\u00e1 con todas las facultades f\u00edsicas y ps\u00edquicas por parte de la persona que es titular del derecho constitucional violado\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como hecho novedoso, cuestion\u00f3 el actuar del secuestre designado por el despacho de quien reproch\u00f3 que \u00abdej[\u00f3] deteriorar desapareciendo [su] veh\u00edculo por falta de funcionamiento, caus\u00e1ndome perjuicios de car\u00e1cter econ\u00f3mico y moral, sin que nadie hubiese respondido por ese da\u00f1o y por ese perjuicio\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el recaudo 2011-00057, por no finalizar el asunto por desistimiento t\u00e1cito al no darle tr\u00e1mite por carecer de derecho de postulaci\u00f3n conforme lo dispone el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisados los argumentos de la presente queja constitucional y las piezas procesales allegadas al expediente, esta Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n deprecada, por ausencia de vulneraci\u00f3n, pues, ninguna irregularidad se advierte en el proceder del despacho judicial demandado. <\/p>\n
Lo anterior, porque al dirigirse el reproche contra el prove\u00eddo del 23 de marzo de 2022, dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga que dispuso no dar tr\u00e1mite a la solicitud de desistimiento t\u00e1cito formulada en causa propia, dentro del ejecutivo 2011-00057, es evidente que tal decisi\u00f3n no conlleva afectaci\u00f3n alguna que amerite la injerencia del juez constitucional, en la medida en que se ajusta clara y objetivamente a lo previsto en el ordenamiento legal aplicable para la tem\u00e1tica y juicio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga le se\u00f1al\u00f3 a Mar\u00eda Elizabeth Ortega Ortega que no dar\u00eda tr\u00e1mite a la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, por carecer del derecho de postulaci\u00f3n, lo cual est\u00e1 en armon\u00eda con el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso que establece que \u00ablas personas que hayan de comparecer al proceso deber\u00e1n hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervenci\u00f3n directa\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, el Decreto 196 de 1971, \u00abpor el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogac\u00eda\u00bb, en su art\u00edculo 28 numeral 2 consagra la excepci\u00f3n para litigar en causa propia, sin ser abogado inscrito, en procesos de m\u00ednima cuant\u00eda; sin embargo, como el asunto sobre el que recae la queja, es de menor cuant\u00eda, no se encuentra cobijado por dicha exclusi\u00f3n, por tanto, de conformidad con el canon 73 arriba citado, la comparecencia de la parte debe hacerse por conducto de apoderado. <\/p>\n
Seg\u00fan lo que acaba de verse, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por la accionante, habida consideraci\u00f3n que la funcionaria convocada actu\u00f3 con apego al ordenamiento jur\u00eddico, pues la exigencia de formular la solicitud de terminaci\u00f3n anormal del juicio, a trav\u00e9s de un profesional del derecho, no es arbitraria ni desconoce el postulado constitucional de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, toda vez que es precisamente el mismo art\u00edculo 229 Superior el que autoriz\u00f3 al legislador para definir en qu\u00e9 tipo de asuntos la ciudadan\u00eda podr\u00eda concurrir sin la representaci\u00f3n de un abogado. <\/p>\n
3.2. De otra parte, cabe precisar que la gestora est\u00e1 en libertad de formular nuevamente la solicitud de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso ante el juzgado cognoscente, a trav\u00e9s de apoderado judicial de conformidad con el art\u00edculo 73 ib\u00edd, a efectos de que el fallador de conocimiento emita un pronunciamiento definitivo y, en caso de ser negada, formular los recursos respectivos. <\/p>\n
3.3. Finalmente, en lo atinente al reproche atribuido al secuestre, relativo al supuesto deterioro del veh\u00edculo que dice ser de su propiedad, dicha reclamaci\u00f3n constituye un hecho nuevo que no fue puesto en conocimiento del juzgador constitucional de primer grado, por ende, no ser\u00e1 objeto de pronunciamiento en esta instancia, pues ello implicar\u00eda preterir la garant\u00eda de defensa de quien no tuvo la oportunidad de controvertirlo. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]s cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u00bb (CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01, reiterada STC175-2017, 19 enero 2017, rad. 2016-02054-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por la promotora, comoquiera que las actuaciones de la autoridad judicial demandada no desbordaron el r\u00e9gimen legal aplicable y, por contera, no constituyen una v\u00eda de hecho que autorice la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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