STC5486-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5486-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2022-00089-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 6 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n G\u00f3mez Dorado contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito con funci\u00f3n de conocimiento, el Juzgado Once de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de dicha capital, as\u00ed como los intervinientes dentro del habeas corpus radicado con el n\u00b0 2022-00143. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad personal, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada al desatar la apelaci\u00f3n del tr\u00e1mite judicial antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito con Funci\u00f3n de conocimiento de Cali, imparte legalidad a un preacuerdo, donde se establece la responsabilidad penal del se\u00f1or Sebasti\u00e1n G\u00f3mez Dorado [por el delito de Fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones] y lo condena a 54 meses de prisi\u00f3n y le niega el subrogado de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y el sustituto de la prisi\u00f3n efectiva por la domiciliaria (\u2026), a pesar de que el juez de primera instancia encontr\u00f3 probados el arraigo familiar y social, adem\u00e1s que el delito no estaba dentro de las prohibiciones del art\u00edculo 68A del C.P.\u00bb. <\/p>\n
Que seg\u00fan las disposiciones que integran el cap\u00edtulo V del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, \u00ab(i) que [el art\u00edculo 450] faculta al juez para ordenar el encarcelamiento de la persona, en caso de considerar que la detenci\u00f3n sea necesaria; (ii) que el art\u00edculo 447 del C.P.P., continuamente invocado por la Fiscal\u00eda en su intervenci\u00f3n, concede \u201cbrevemente y por una sola vez\u201d la palabra al fiscal y luego a la defensa, para que se refieran al procesado, sin establecer ning\u00fan medio de control sobre la orden de encarcelamiento, y (iii) que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que el anuncio del sentido del fallo y la sentencia conforman \u201cun todo inescindible\u201d, en el que es posible diferenciar entre la orden de encarcelamiento que se emite al enunciar el sentido del fallo y la sentencia condenatoria\u00bb. <\/p>\n
Que en el caso en cuesti\u00f3n, \u00abel juez de conocimiento en su prove\u00eddo estableci\u00f3 que una vez en firme la sentencia y en firme o ejecutoriada, es decir cuando se hayan agotado los medios de impugnaci\u00f3n establecidos, se proceder\u00eda al cumplimiento de la sanci\u00f3n impuesta\u00bb, por lo que, \u00abtrat\u00e1ndose del derecho penal, prima el principio de favorabilidad, [y que] la Corte Constitucional en sentencia C-342-2017, [se\u00f1ala] que el juez de conocimiento al momento de dictar el sentido de fallo y tomar decisiones alrededor de la libertad del acusado, est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de evaluar todas las circunstancias relacionadas con el caso y la conducta del mismo, velando por la integridad de sus derechos fundamentales y la vigencia del principio pro libertate\u00bb. <\/p>\n
Que correspond\u00eda al fallador de la acci\u00f3n de habeas corpus, \u00abconsiderar, que la privaci\u00f3n de la libertad es excepcional y que m\u00e1s a\u00fan debe serlo la privaci\u00f3n de la libertad intramural, por implicar una afectaci\u00f3n m\u00e1s profunda de los derechos fundamentales (\u2026) de conformidad con la doctrina reconocida por la Corte Constitucional (\u2026)\u00bb, por lo que \u00abseguir\u00e1 sosteniendo que la orden de captura [librada el 15 de diciembre de 2021] es ilegal, en raz\u00f3n a [que la imparti\u00f3] el juez de conocimiento [pese a] la falta de competencia, [pues] el art\u00edculo 177 de la Ley 906 de 2004, expresa que su competencia ha sido suspendida [porque], mediante auto de sustanciaci\u00f3n [del] 24 de enero de 2022, el Juez 16 Penal del Circuito de Cali, concede la apelaci\u00f3n (\u2026) \u201cen el efecto suspensivo ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Cali, acorde con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 177 de la Ley 906\/04, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 1142 de 2007\u201d (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, a trav\u00e9s de esta senda jur\u00eddica, se \u00abordene la libertad inmediata\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Diecis\u00e9is Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, inform\u00f3, en relaci\u00f3n con el hoy accionante, que \u00aben la sentencia se orden\u00f3 la privaci\u00f3n de la libertad, de manera inmediata, sin que estuviera supeditada a su ejecutoria, conforme a los presupuestos del art\u00edculo 450 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, al disponer que el juez podr\u00e1 ordenar la privaci\u00f3n de la libertad, una vez anuncie el sentido del fallo. El recurso suspende los dem\u00e1s efectos, mas no lo referente a la privaci\u00f3n de la libertad para cumplir la pena impuesta\u00bb. As\u00ed mismo, \u00abla orden de captura (\u2026) se materializ\u00f3 el 17 de marzo (\u2026) y al ser puesto a disposici\u00f3n del Despacho el d\u00eda 18 de marzo (\u2026), mediante auto No. 50 (\u2026) se procedi\u00f3 a legalizar su captura, dentro de las 36 horas siguientes, al haberse verificado que se le dieron a conocer sus derechos como capturado, que recibi\u00f3 buen trato y que la orden de captura estaba vigente\u00bb. Solicit\u00f3 se declare la improcedencia del auxilio, \u00abcomoquiera que no ha existido vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales y a las garant\u00edas judiciales\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Once de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Cali, dijo que tramit\u00f3 acci\u00f3n constitucional de habeas corpus que interpuso el ac\u00e1 querellante \u00abel 18 de marzo de 2022\u00bb, deneg\u00e1ndola al d\u00eda siguiente \u00abpor improcedente\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, remiti\u00f3 el link para acceder al expediente digital contentivo del tr\u00e1mite cuestionado, evidenci\u00e1ndose que, con prove\u00eddo del 25 de marzo de 2022, ese estrado resolvi\u00f3 de manera desfavorable la impugnaci\u00f3n planteada por el accionante. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el amparo al \u00abno observar defecto [en la decisi\u00f3n del] Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, para confirmar la negaci\u00f3n de dar libertad a Sebasti\u00e1n G\u00f3mez Dorado, [en tanto] consider\u00f3 que el Juzgado Once de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple se fundament\u00f3 en el art\u00edculo 450 del C.P.P. siendo que es el Juez de conocimiento quien tiene la facultad de ordenar la privaci\u00f3n de la libertad, as\u00ed mismo, tuvo en cuenta la falta del requisito de subsidiariedad en tanto [el actor] no ha controvertido la providencia con la cual se legaliz\u00f3 su captura, [por ello], la libertad que pide se le otorgue por esta v\u00eda, no ha sido pedida ante el juez natural, lo que hizo fue apelar la sentencia de condena en la que se ordena cumplir la pena impuesta\u00bb, concluyendo que \u00abtales argumentos, respaldados en el entendimiento de la norma penal y la que reglamenta la acci\u00f3n constitucional de habeas corpus (Ley 1095 de 2006), sean compartidos o no por el juez de tutela, obedecen a una comprensi\u00f3n razonable del asunto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor del resguardo para reiterar los argumentos de su demanda tutelar y, por consiguiente, perseguir la revocatoria del fallo de primera instancia y en su lugar, la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales objeto de invocaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, conculc\u00f3 los derechos fundamentales aducidos por el reclamante, al confirmar la denegaci\u00f3n de la acci\u00f3n de habeas corpus (rad. 2022-00143), o si, por el contrario, tal decisi\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador excepcional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Corte realiza a la queja constitucional y con observancia en los informes y piezas procesales adosadas al expediente, se establece que la sentencia denegatoria del amparo ser\u00e1 confirmada, pero precisando que lo ser\u00e1 porque: (i) conforme al desarrollo jurisprudencial, la acci\u00f3n deviene improcedente por dirigirse a cuestionar lo definido un tr\u00e1mite de habeas corpus; y (ii) no se avizora defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantar la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
3.1. Improcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite del habeas corpus <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, esta Sala ha dicho y reiterado que deviene impertinente el amparo para atacar lo emitido dentro de la acci\u00f3n p\u00fablica creada para la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la libertad personal, en la medida en que: <\/p>\n
\u00ab[A]l Juez constitucional le est\u00e1 vedada la posibilidad de aprehender las atribuciones que el constituyente y el legislador le han deferido a otros estrados, y desde esta \u00f3ptica replantear el estudio de asuntos que se surtieron por los senderos normales, con seguimiento del debido proceso y en aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas que rigen la materia; la que resulta a\u00fan m\u00e1s evidente en el tr\u00e1mite del habeas corpus, para el cual el ordenamiento jur\u00eddico ha llenado de garant\u00edas a quien lo reclama\u2026 En ese sentido la Corte en casos an\u00e1logos al que se analiza, ha reiterado que: \u00abexaminados los fundamentos de la queja y las pruebas aportadas, advierte la Corte que el amparo constitucional resulta improcedente, pues en lo que toca con el cuestionamiento que enfila el peticionario contra los funcionarios judiciales que negaron tanto en primera como en segunda instancia, la acci\u00f3n p\u00fablica de habeas corpus que promovi\u00f3 con miras a obtener le fuese concedida la libertad por encontrarse \u00abilegalmente\u00bb detenido, observa la Sala que [\u2026] tales decisiones escapan, en principio, de examen por parte del juez constitucional mediante la acci\u00f3n de tutela, pues ellas en s\u00ed mismas consideradas encarnan una excepcional acci\u00f3n constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental [\u2026]\u00bb. (CSJ STC, 19 jun. 2007, rad. 01194\u201301, reiterada en STC19498-2017 nov. 22 de 2017, rad. 03104-00). <\/p>\n
Asimismo, se ha recalcado la inviabilidad del resguardo en estos eventos, habida cuenta que las determinaciones que se adopten en dicho tr\u00e1mite no pueden ser revisadas mediante la acci\u00f3n de tutela, toda vez que \u00abtales decisiones escapan, en principio, del examen por parte del juez constitucional mediante la acci\u00f3n de tutela, pues ellas en s\u00ed mismas consideradas encarnan una excepcional acci\u00f3n constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental\u00bb (CSJ STC, 10 mar. 2011, rad. 00383-00; STC17508-2015, 16 dic. 2015, rad. 03055-00; STC12261-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 01280-01, entre otras). <\/p>\n
Del mismo modo, se ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00abRelativo a los reparos del accionante contra las determinaciones que en sede de habeas corpus le desestimaron el restablecimiento de la garant\u00eda de la libertad, tampoco se conceder\u00e1 el auxilio, teniendo en cuenta la improcedencia de cuestionar tales actuaciones a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
Lo anterior se fundamenta en que al juez de tutela le est\u00e1 restringido el examen de providencias emitidas en otras acciones de naturaleza constitucional, pues, para establecer si efectivamente se quebrant\u00f3 el derecho invocado, el cual constituye el t\u00f3pico medular del aludido mecanismo de protecci\u00f3n, el sistema jur\u00eddico nacional tiene previstos otros instrumentos de defensa judicial, esto es, los recursos ordinarios y extraordinarios a los cuales puede acudir el interesado\u00bb (CSJ STC15888-2016, 3 nov. 2016, rad. 01312-01, citada en STC515-2020, 29 ene. 2020, rad. 00086-00, entre otras). <\/p>\n
Sin embargo, la anterior premisa no impide que, a trav\u00e9s de la tutela, se verifique la legalidad del tr\u00e1mite y su decisi\u00f3n definitoria, cuando \u00ab(\u2026) est\u00e9 de por medio una grave y manifiesta vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso o a la defensa (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 30 may. 2013, rad. 01116-00, citada entre otras en STC16661-2014, 4 dic. 2014, rad. 00304-01). <\/p>\n
3.2. De la razonabilidad. <\/p>\n
Se predica de la resoluci\u00f3n adoptada por el juzgador ad quem dentro de la acci\u00f3n de habeas corpus impetrada por el se\u00f1or G\u00f3mez Dorado, porque para mantener la denegaci\u00f3n proferida por el Juzgado Once de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Cali el 19 de marzo de 2022, mediante providencia del 25 del mismo mes y a\u00f1o, sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que la solicitud de h\u00e1beas corpus se encamina a la hip\u00f3tesis de una ilegal privaci\u00f3n de la libertad, al encontrarse en tr\u00e1mite un recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia dictada por el Juzgado 16 Penal del Circuito de Cali, pues concretamente aduce el apoderado del accionante que el 15 de diciembre de 2021 el juzgado mencionado emiti\u00f3 sentencia y orden\u00f3 la captura del se\u00f1or G\u00f3mez Dorado, y mediante auto del 24 de enero de 2022 concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n en el efecto suspensivo, por lo que es ilegal la orden impartida el 18 de marzo de 2022, cuando se ordena de nuevo la captura del sentenciado, puesto que la competencia del juzgado estaba suspendida para pronunciarse sobre el proceso\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Sobre la procedibilidad del h\u00e1beas corpus es pertinente indicar que la acci\u00f3n no est\u00e1 instituida para suplantar o invadir competencias atribuidas a los jueces naturales, en la medida que ellos son quienes deben intervenir exclusivamente con ocasi\u00f3n de los recursos ordinarios. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la H. Corte Suprema de Justicia al respecto ha manifestado: <\/p>\n
\u201cEl n\u00facleo del h\u00e1beas corpus corresponde a la necesidad de proteger el derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por definici\u00f3n de quien tiene facultad para hacerlo y ante \u00e9l se dan, por el legislador, diferentes medios de reacci\u00f3n que conjuren el desacierto, nadie duda que el h\u00e1beas corpus est\u00e1 por fuera de este \u00e1mbito y pretender aplicarlo es invadir \u00f3rbitas funcionales ajenas. Su inmediatez, su perentoriedad, su efecto discriminatorio, al punto que no hay fuero o especialidad que d\u00e9 competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia que se le haga actuar en donde no es el radio de su intervenci\u00f3n (\u2026)\u201d (Sala de Casaci\u00f3n Penal, sentencia de septiembre 27 de 2000, rad. 14153, citada en sentencias del 17 de mayo de 2007, rad. 27511, del 18 de noviembre de 2008 y 16 de enero de 2009, entre otras). De manera similar, la Corte Constitucional se pronunci\u00f3 en el control previo realizado en sentencias C-187 de 2006\u00bb. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, el juez de h\u00e1beas corpus tampoco puede soslayar el estudio cuando se esgrime una trasgresi\u00f3n abrupta de orden constitucional o legal que afecta el derecho a la libertad, pero dentro de los l\u00edmites inmanentes de la acci\u00f3n, que tiene naturaleza subsidiaria, especialmente en la hip\u00f3tesis de prolongaci\u00f3n ilegal de la libertad por orden de autoridad judicial que es la aqu\u00ed estudiada (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) Confrontados entonces los aspectos f\u00e1cticos del caso con el marco jur\u00eddico previamente esbozado, es evidente que la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus cuya impugnaci\u00f3n aqu\u00ed se decide contraviene los par\u00e1metros dentro de los que est\u00e1 permitida su utilizaci\u00f3n. No a otra conclusi\u00f3n se puede arribar si est\u00e1 en curso un tr\u00e1mite judicial en el que se vienen agotando los cauces legales, y al interior del cual no obra prueba concerniente a que la petici\u00f3n que aqu\u00ed se eleva, se haya presentado ante el Juez que emiti\u00f3 el fallo condenatorio de primera instancia, ni ante la corporaci\u00f3n ante la cual se surte el recurso de apelaci\u00f3n contra dicho fallo. <\/p>\n
De ah\u00ed que la presente solicitud desatiende el principio de subsidiariedad que rige las actuaciones constitucionales, pues el actor no ha controvertido la legalidad del auto que aqu\u00ed censura -auto del 18 de marzo de 2022, mediante el cual se legaliza la captura del sentenciado- ante el juez natural, antes de acudir a este medio excepcional\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n expuesta se muestra ajustada a las disposiciones legales y jurisprudenciales que rigen la situaci\u00f3n planteada, sin que lo decidido constituya yerro espec\u00edfico de procedibilidad, por lo que las discrepancias esbozadas por el querellante en el caso bajo examen, demuestran que la intenci\u00f3n es imponer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio del juez de la causa. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00); del mismo modo, que este instrumento \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en ST3932-2022, 31 mar. 2022, rad. 00100-01). <\/p>\n
Por tanto, se reitera que las decisiones que obedecen a un criterio razonable, no constituyen una v\u00eda de hecho susceptible de correcci\u00f3n por esta senda, en la medida que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al fallador del resguardo para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis o sustituyendo al juez de conocimiento, pues es claro que la tutela no es una herramienta jur\u00eddica alternativa sino excepcional y residual. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado, porque, aunado a su improcedencia derivada del desarrollo jurisprudencial por enfilarse contra lo resuelto en un mecanismo de habeas corpus, la actuaci\u00f3n criticada no es producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de enmendarse a trav\u00e9s del mecanismo invocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por las puntuales razones explicadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5486-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC5486-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2022-00089-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63419","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63419","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63419"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63419\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63419"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63419"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63419"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}