STC5487-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5487-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2022-00129-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 8 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sim\u00f3n Alfredo Tafur Montesino contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito alimentario n\u00b0 1999-01133. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al no dar curso a la exoneraci\u00f3n de alimentos deprecada dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abmediante sentencia de fecha 18 de diciembre de 2000, el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena\u00bb, fij\u00f3 cuota alimentaria para sus hijos Luilly Rafael y Annie Mar\u00eda Tafur Manrique, quienes para esa \u00e9poca eran menores de edad, \u00aben cuant\u00eda del 25% del salario que recib\u00eda\u00bb, pero actualmente los alimentarios son mayores de edad (28 y 24 a\u00f1os, respectivamente), \u00aby con estudios superiores realizados\u00bb. <\/p>\n
Que ha promovido demandas para obtener la exoneraci\u00f3n de alimentos, pero \u00abno ha sido posible\u00bb su admisi\u00f3n por parte del accionado, pues \u00abha[n] sido rechazada[s]\u00bb; en una oportunidad \u00abpor no cumplir el requisito de procedibilidad, muy a pesar de aportar acta de no acuerdo\u00bb, y en otra al aducir \u00abque el acta\u00bb hab\u00eda sido \u00abutilizada\u00bb en proceso anterior. <\/p>\n
Que en \u00abotro intento de presentaci\u00f3n de demanda\u00bb adujo \u00abla sentencia STC5710 del 27 de abril de 2017 [pero], de igual forma fue rechazada\u00bb, raz\u00f3n por la que, tras agotar la conciliaci\u00f3n extrajudicial, acudi\u00f3 nuevamente ante el estrado acusado para que \u00abentre a tramitar y fallar la solicitud de exoneraci\u00f3n [pues sus hijos mayores] se han venido beneficiando de una cuota alimentaria a la cual ya no tienen derecho [y \u00e9l] se ve afectado con su pensi\u00f3n que constituye su m\u00ednimo vital [como] persona de la tercera de edad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, finalmente, que, de cara a la \u00faltima demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos, fue inadmitida por el accionado el 25 de marzo de 2022, y aunque \u00abdentro del t\u00e9rmino de ley se present\u00f3 escrito de subsanaci\u00f3n\u00bb, con prove\u00eddo del 31 del mismo mes y a\u00f1o, \u00abnuevamente fue rechaza[da] la demanda (\u2026), hechos que configuran (\u2026) la vulneraci\u00f3n a lo consagrado en el art\u00edculo 229 de nuestra constituci\u00f3n nacional\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que \u00abde manera transitoria, mientras curse el proceso de exoneraci\u00f3n (\u2026), se ordena la suspensi\u00f3n del pago de la cuota alimentaria que reciben Luilly Rafael y Annie Mar\u00eda Tafur Manrique, para que de esa manera no se contin\u00fae vulnerando [sus] derechos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Sexto de Familia de Cartagena, inform\u00f3 que el 25 de marzo de 2022 -data en la que se present\u00f3 a reparto esta acci\u00f3n-, su despacho \u00abinadmite la demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos por sendos errores de forma y de fondo que la demandante a\u00fan ni siquiera se ha tomado el trabajo de corregir, y que demuestran que existe un escenario procesal ordinario para hacer valer sus pretensiones\u00bb. Pidi\u00f3 denegar el auxilio porque \u00abno satisface la exigencia de relevancia constitucional, en la medida en que no se evidencia prima facie una afectaci\u00f3n o vulneraci\u00f3n de facetas constitucionales de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. Luilly Rafael y Annie Mar\u00eda Tafur Manrique, por intermedio de apoderado judicial, indicaron que el accionante ha sido forzado a pagar alimentos a su favor, precis\u00e1ndose que \u00abLuilly Rafael, hoy con 28 a\u00f1os de edad, termin\u00f3 el pasado septiembre del 2021 su carrera de maestro en m\u00fasica (\u2026), y Annie Mar\u00eda, hoy con 24 a\u00f1os de edad, termin\u00f3 el pasado noviembre del 2021, como tecn\u00f3loga en la gesti\u00f3n de la producci\u00f3n industrial (\u2026), actualmente desempleada, queriendo continuar sus estudios, es decir, cursar 4 semestres m\u00e1s para salir como profesional\u00bb; que \u00ablos t\u00edtulos judiciales por alimentos no se han podido cobrar desde el mes de abril del 2021, [porque el accionado], ha negado todo tipo de poderes o solicitudes dentro de este proceso [cuando] solamente tiene que ordenar al Banco Agrario corregir el error en el portal de pago\u00bb. Se opusieron a la pretensi\u00f3n del actor, \u00abhasta tanto (\u2026) se resuelva el pago de los t\u00edtulos judiciales por concepto de alimentos\u00bb, acotando que \u00abambas partes nos hemos visto perjudicados por la omisi\u00f3n o mora no justificada del Juzgado Sexto de Familia de Cartagena\u00bb. <\/p>\n
3. El Banco Agrario de Colombia, en relaci\u00f3n con los hechos, manifest\u00f3 que para el proceso alimentario en cuesti\u00f3n, \u00aben este momento se evidencian dep\u00f3sitos judiciales constituidos (\u2026), los cuales se encuentran en estado pagado, con fecha de corte al 25 de marzo de 2022\u00bb, y frente a las pretensiones, afirm\u00f3 que esa entidad \u00abno puede ni debe ser llamado como contradictor en esta acci\u00f3n constitucional, toda vez que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva habida cuenta de que su actuaci\u00f3n se limita a la funci\u00f3n de ente pagador, asunto totalmente independiente al supuesto inconveniente planteado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el auxilio se\u00f1alando que \u00abpese a que [la decisi\u00f3n de rechazo de la demanda] no fue controvertida, (\u2026) el accionado ha incurrido en la vulneraci\u00f3n de los derechos reclamados, al imprimir un excesivo ritual manifiesto, al inadmitir la demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos presentada, y luego rechazarla por falta de subsanaci\u00f3n, sin tener en cuenta, la actuaci\u00f3n desplegada por la parte ahora accionante\u00bb. Ello, porque en la \u00faltima inadmisi\u00f3n, \u00abno se especific\u00f3 en qu\u00e9 consist\u00edan tales inconsistencias, tan solo se indic\u00f3 de manera general que se deb\u00eda indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de [los hechos]\u00bb, y que aunque el actor los explic\u00f3, tal actuaci\u00f3n no fue apreciada como tampoco los documentos allegados, pues estos, \u00absi bien se encuentran un poco borrosos, no constituyen merito suficientes para rechazar la demanda (\u2026), decisi\u00f3n que resulta a todas luces desproporcionada\u00bb. Resolvi\u00f3 \u00abdejar sin efecto el auto de 31 de marzo de 2022, que rechaz\u00f3 la demanda [y] que, dentro del t\u00e9rmino de 48 horas, contadas a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n del presente prove\u00eddo, profiera una nueva decisi\u00f3n, teniendo en cuenta lo indicado en la parte motiva de [la] providencia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el funcionario judicial encartado, aseverando que \u00ab[r]esulta completamente inadmisible que el Tribunal decida volverse Juez de alzada en un proceso donde el Legislador NO lo ha establecido y en el que es evidente que a) la usuaria (sic) NUNCA ha ejercido los recursos de ley en sede ordinaria y b) Dej\u00f3 vencer los t\u00e9rminos para ello (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el actor: (i) al rechazar de manera sistem\u00e1tica las demandas de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria que formul\u00f3 al interior del proceso de fijaci\u00f3n de dicha prestaci\u00f3n econ\u00f3mica (rad. 1999-01133), aduciendo, entre otras formalidades, que omiti\u00f3 agotar el requisito de la conciliaci\u00f3n prejudicial; y (ii) al no resolver prontamente el pago, a quien corresponda, de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial puestos a disposici\u00f3n dentro del asunto en menci\u00f3n. <\/p>\n
2. De los fallos de tutela ultra y extra petita. <\/p>\n
El planteamiento del objeto de esta acci\u00f3n tiene lugar porque si bien el reproche del demandante se circunscribe, como se anot\u00f3 en el respectivo ac\u00e1pite, a que transitoriamente se suspenda el pago de dep\u00f3sitos judiciales por concepto de cuotas alimentarias a sus hijos mayores de edad, es deber del juez constitucional realizar un estudio panor\u00e1mico del caso y adoptar las medidas que estime pertinentes para resguardar las garant\u00edas superiores, puesto que \u00ab(\u2026) en materia de tutela, el juez puede al estudiar el caso concreto, conceder el amparo solicitado, incluso por derechos no alegados, pues la misma naturaleza de esta acci\u00f3n, as\u00ed se lo permite\u00bb (CC T-532\/94), y por ello, \u00aben sede de tutela est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u00bb (CSJ STC, 15 mar. 2011, exp. 00003-01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dada la naturaleza de la presente acci\u00f3n, la labor del juez no debe circunscribirse \u00fanicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no s\u00f3lo resulta procedente, sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario (\u2026), equivaldr\u00eda a que la administraci\u00f3n de justicia tendr\u00eda que desconocer el mandato contenido en el art\u00edculo 2\u00ba superior y el esp\u00edritu mismo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues -se reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de derecho\u00bb (CC T-310\/95). Se resalta. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, las disposiciones legales y la jurisprudencia aplicable a la tem\u00e1tica bajo estudio, la Sala confirmar\u00e1 la estimaci\u00f3n del amparo, previas las siguientes precisiones. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente se recuerda que, seg\u00fan la decantada jurisprudencia de esta Corte, la tutela contra decisiones jurisdiccionales solamente es viable cuando los funcionarios incurren en un proceder claramente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico, por arbitrario o antojadizo, y de esa manera se hace indispensable restablecerlo. Esto, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Entonces, aunque los falladores ordinarios tienen libertad razonable para interpretar y aplicar la ley, los jueces de tutela pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado que: \u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada en STC10401-2021, 18 ago. 2021, rad. 02199-00). <\/p>\n
3.2. Tambi\u00e9n se advierte que independientemente de que el ahora querellante no recurri\u00f3 el auto del 31 de marzo de 2022, mediante el cual se rechaz\u00f3 nuevamente su demanda de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria fijada judicialmente, se prescindir\u00e1 de la exigencia de la subsidiariedad, habida cuenta que existen relevantes circunstancias que justifican una postura m\u00e1s flexible para abordar su procedibilidad. <\/p>\n
Esto, porque en casos como el que ahora se revisa, la Corte ha reiterado que: \u00abexisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, citada en STC16774-2018, 18 dic. 2018, rad. 00418-01, entre otras). <\/p>\n
3.3. Dilucidado lo anterior, la Sala advierte que, en efecto, la decisi\u00f3n mediante la cual el funcionario encartado se abstuvo de admitir a tr\u00e1mite la solicitud de exoneraci\u00f3n de alimentos, configura yerro procedimental tanto absoluto como por exceso de rigorismo formal, aunado al desconocimiento del precedente jurisprudencial, en la medida en que para tal proceder, obvi\u00f3 la interpretaci\u00f3n que esta Corte ha dado de cara a la aplicaci\u00f3n de los preceptos que rigen la materia. <\/p>\n
Ciertamente, al definir un asunto de similares contornos, la Sala, adem\u00e1s de recordar que a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, el fuero de atracci\u00f3n o conexidad tambi\u00e9n aplica en relaci\u00f3n con los asuntos previstos en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 390, esto es, respecto de \u00ablas peticiones de incremento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos se tramitar\u00e1n ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidir\u00e1n en audiencia, previa citaci\u00f3n a la parte contraria, siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para este tipo de asuntos, no puede desconocerse lo previsto en el art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, que enlista las cuestiones que deben ser tramitadas bajo el procedimiento verbal sumario. <\/p>\n
As\u00ed, el numeral segundo de la mentada disposici\u00f3n contempla los de \u201cfijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n, exoneraci\u00f3n de alimentos y restituci\u00f3n de pensiones alimenticias\u201d, siempre y cuando, -res\u00e1ltese- \u201cno hubieren sido se\u00f1alados judicialmente\u201d. <\/p>\n
De, lo anterior, den\u00f3tese que el caso, como el que es ahora objeto de revisi\u00f3n, qued\u00f3 excluido de la regla general descrita, como quiera que la solicitud elevada ante el despacho acusado, se present\u00f3 luego de que contra \u00e9l, se fijara una cuota alimentaria en sentencia de 29 de septiembre de 2015. <\/p>\n
En otras palabras, al tener a su cargo una obligaci\u00f3n alimentaria, declarada por v\u00eda judicial, lo que le correspond\u00eda entonces al alimentante, era sencillamente solicitar al mismo juez que fij\u00f3 aquella prestaci\u00f3n, exonerarlo de la cuota, para que a esta petici\u00f3n, se le diera el tr\u00e1mite descrito en el numeral sexto del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso, del que se lee: \u201c[L]as peticiones de incremento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos se tramitar\u00e1n ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidir\u00e1n en audiencia, previa citaci\u00f3n a la parte contraria\u201d (\u2026). <\/p>\n
En suma, la citada prerrogativa, no enuncia ning\u00fan otro requisito que deba contemplase para efectos de solicitar la exoneraci\u00f3n de alimentos, basta \u2013rep\u00edtase-, con solicitarlo al juez de la causa, para que \u00e9ste, a continuaci\u00f3n del proceso de alimentos, proceda a resolverla en audiencia, con la comparecencia y participaci\u00f3n, claro est\u00e1, de la parte contraria, como se dej\u00f3 visto (CSJ STC5710-2017, 27 abr. 2017, rad. 00122-01, reiterada en STC19138-2017, 17 nov. 2017, rad. 00704-01)\u00bb. <\/p>\n
Siguiendo ese mismo derrotero, en caso semejante posteriormente expuso que \u00abresult\u00f3 desatinado el actuar del juzgado (\u2026) cuestionado toda vez que, err\u00f3 al rechazar la demanda de incremento de cuota alimentaria y dio un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, en esa medida, equivoc\u00f3 la direcci\u00f3n del asunto de marras, ello a la luz del a normatividad aplicable y la jurisprudencia que frente al tema se ha desarrollado\u00bb (STC10326-2018, 10 ago. 2018, rad. 00318-01, reiterada en STC11756-2018, 12 sep. 2018, rad. 00379-01). <\/p>\n
Recientemente, al desatar tutela de similares caracter\u00edsticas a la que es objeto del actual an\u00e1lisis, bajo tales par\u00e1metros precis\u00f3 que \u00abcuando la cuota de alimentos ya se encuentra determinada por la autoridad judicial competente, los asuntos atinentes al aumento, reducci\u00f3n o exoneraci\u00f3n de dicha obligaci\u00f3n, corresponde conocerlos y dirimirlos el mismo juez que la fij\u00f3, precisando que para ello no se requiere agotar conciliaci\u00f3n prejudicial ni las dem\u00e1s exigencias formales de una nueva demanda, sino que solo es menester la petici\u00f3n elevada por la parte interesada\u00bb, y advirti\u00f3 que \u00ab[l]o anterior en momento alguno impide que la contraparte haga uso del derecho de defensa y contradicci\u00f3n, pues de acuerdo al precepto 397 del estatuto adjetivo general, el asunto se tramita y decide \u00aben audiencia previa citaci\u00f3n a la parte contraria\u00bb; tampoco implica que la decisi\u00f3n se adopte sin un adecuado sustento probatorio, porque adem\u00e1s de la oportunidad para que las partes aporten y soliciten los pertinentes medios de convicci\u00f3n, la normativa en comento establece que \u00abel juez, a\u00fan de oficio, decretar\u00e1 las pruebas necesarias para establecer la capacidad econ\u00f3mica del demandado y las necesidades del demandante\u00bb (\u2026)\u00bb (CSJ STC13655-2021, 13 oct. 2021, rad. 00105-01). <\/p>\n
3.4. Es evidente, entonces, que el funcionario querellado, al inadmitir y seguidamente rechazar la demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos incoada por el se\u00f1or Tafur Montesino, incurri\u00f3 en los defectos de procedibilidad del amparo ya advertidos, lo que conlleva a la intervenci\u00f3n del fallador excepcional habida cuenta la flagrante vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del demandante, m\u00e1xime cuando, como se evidencia en el expediente, ha sido un comportamiento reiterativo. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el defecto procedimental, recu\u00e9rdese que para el caso presente se tipifica en primer lugar, porque so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, desconoci\u00f3 su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular del actor, al actuar al margen del procedimiento por no darle el debido alcance a las garant\u00edas contenidas en los art\u00edculos 390 y 397 de la codificaci\u00f3n adjetiva en comento. <\/p>\n
En segundo lugar, se configur\u00f3 dicho yerro por exceso ritual manifiesto, al exigir rigurosamente formalidades de una demanda que, adem\u00e1s de no requerirse, analiz\u00e1ndolas en detalle deven\u00edan f\u00fatiles o in\u00fatiles, como precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar de hechos claros y concretos que en momento alguno admit\u00edan complejidad. <\/p>\n
Sobre el desafuero en comento, la jurisprudencia constitucional y de esta Corporaci\u00f3n, ha dejado sentado que ri\u00f1e con el principio de prevalencia del derecho sustancial y desconoce la adecuada interpretaci\u00f3n de la norma adjetiva aplicable al caso examinado. <\/p>\n
As\u00ed, se incurre en el referido yerro cuando el juez \u00ab(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y en suma cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). Subraya la Sala. <\/p>\n
N\u00f3tese que para incursionar en el defecto en cuesti\u00f3n, el acusado tambi\u00e9n soslay\u00f3 el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, pues all\u00ed se consagra que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al precedente jurisprudencial vertical y especializado, es menester recordar que cuando se est\u00e1 frente a un caso que guarda connotaciones similares, el juez est\u00e1 llamado a atenderlo para no transgredir prerrogativas de \u00edndole superior como lo son las protegidas en sede de amparo. Dicha figura ha sido definida como \u00abaquel conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u00bb (CC T-1029\/12). <\/p>\n
En dicho pronunciamiento tambi\u00e9n dej\u00f3 sentado la Corte Constitucional, que \u00abla aplicabilidad del precedente por parte del juez es de car\u00e1cter obligatorio, siempre que la ratio decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) haya servido de base para solucionar un problema jur\u00eddico semejante, o una cuesti\u00f3n constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente\u00bb. <\/p>\n
3.5. Finalmente, en relaci\u00f3n con los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial, la Sala estima que deviene pertinente exhortar al juez accionado para que proceda a dar pronta y efectiva respuesta a las sendas peticiones que se han elevado al respecto, pues seg\u00fan el expediente digital, los alimentarios han insistido en que \u00ablos t\u00edtulos judiciales por alimentos no se han podido cobrar desde el mes de abril del 2021\u00bb, en raz\u00f3n a un \u00aberror en el portal de pago\u00bb del Banco Agrario de Colombia, frente a lo cual demandan una medida de \u00abcorrecci\u00f3n\u00bb por parte del director del proceso. <\/p>\n
Por consiguiente, en un t\u00e9rmino prudencial de diez (10) d\u00edas, deber\u00e1 el juzgado adoptar las \u00f3rdenes encaminadas a que, respecto a las mesadas alimentarias causadas y no sujetas a eventual restricci\u00f3n, oportunamente se efectu\u00e9 el pago a quien corresponde, de manera que se cumpla con el principio de una pronta y eficaz admiraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo estimatorio de primer grado, precisando que, bajo las circunstancias analizadas en precedencia, el accionado vulner\u00f3 las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del demandante, al incurrir en defectos procedimental y desconocimiento del precedente jurisprudencial; por tanto, se ratifican las decisiones y \u00f3rdenes impartidas a efecto de remediar los yerros. Por lo dem\u00e1s, se exhortar\u00e1 al accionado para que resuelva pronto y eficazmente lo atinente al pago de dep\u00f3sitos judiciales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, con las puntuales explicaciones se\u00f1aladas en esta instancia. <\/p>\n
EXHORTAR al Juez Sexto de Familia de Cartagena, para que, conforme a las circunstancias esbozadas en precedencia, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a dar pronta y efectiva respuesta a los alimentarios en relaci\u00f3n con el pago de los dep\u00f3sitos judiciales por concepto de cuotas causadas dentro del juicio con radicado n\u00b0 1999-01133. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5487-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC5487-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2022-00129-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63420","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63420"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63420\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}