STC5494-2022_1 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5494-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00534-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 31 de marzo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Vladimir Ernesto Daza Hern\u00e1ndez contra dos magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, extensiva a las partes e intervinientes en los juicios penales 2018-00029 y 2020-86078. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, en su propio nombre, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales \u00aba la salud, vida, debido proceso y dem\u00e1s\u00bb que estima lesionadas por los funcionarios judiciales convocados. <\/p>\n
2. Dice que \u00abdesde el mes de enero del a\u00f1o 2020, viene siendo investigado por los delitos de prevaricato por acci\u00f3n agravados y abuso de la funci\u00f3n p\u00fablica por hechos acaecidos en el municipio de Maicao\u2026 cuando fung\u00eda como Juez Segundo Promiscuo Municipal\u00bb de dicha poblaci\u00f3n, encontr\u00e1ndose cobijado \u00abcon medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario\u00bb que no se ha materializado \u00abpor situaciones de car\u00e1cter personal\u2026 como lo son problemas de salud mental\u00bb. <\/p>\n
Comenta que los magistrados cognoscentes de las actuaciones penales han convocado a varias sesiones de audiencias para realizarlas de forma virtual, pero que muchas de ellas no se han podido realizar pues la defensa y el delegado de la Fiscal\u00eda han solicitado su aplazamiento, raz\u00f3n por la cual, a instancias del ente persecutor estatal, \u00abdesde hace aproximadamente tres (3) citaciones para ac\u00e1 se [les] est\u00e1 citando de manera presencial para llevar[las] a cabo\u2026 situaci\u00f3n que\u2026 ha venido rechazando\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que ha solicitado en varias ocasiones \u00abque se sigan realizando las audiencias de car\u00e1cter virtual, ya que no cuent[a] con los medios econ\u00f3micos para trasladar[se] hasta la ciudad de Riohacha y que\u2026 no cuent[a] con ninguna vacuna contra el Covid 19, precisamente por [su] situaci\u00f3n con respecto a la medida de aseguramiento [sic]\u00bb; no obstante, los funcionaros querellados no atienden sus ruegos. <\/p>\n
3. Por lo anterior solicita, ordenar \u00abal Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha\u2026 Sala Penal se [le] cite a todas las audiencias de car\u00e1cter virtual\u2026 y que se le de [sic] aplicaci\u00f3n a lo que todos los despachos judiciales del pa\u00eds est\u00e1n realizando como lo es el acuerdo PCSJA22-11930 de fecha 25 de febrero del a\u00f1o 2022 [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado sustanciador de la causa penal 2020-86075 se\u00f1al\u00f3 que \u00abha garantizado los derechos fundamentales de todas las partes que intervienen en el mismo\u00bb pues las diligencias judiciales han sido programadas \u00abde forma c\u00e9lere\u00bb al tiempo que ha resuelto \u00aben debida forma las diferentes solicitudes planteadas\u00bb por el ac\u00e1 quejoso. <\/p>\n
Dijo que a partir del pasado 10 de diciembre las sesiones de audiencia de acusaci\u00f3n y preclusi\u00f3n (esta \u00faltima solicitada por la defensa del enjuiciado) est\u00e1n siendo programadas para realizarse de forma presencial, con fundamento en la facultad discrecional que otorgan los Acuerdos PCSJA21-11840 de 26 de agosto de 2021 y PCSJA22-11930 del pasado 25 de febrero, dados los m\u00faltiples obst\u00e1culos que ha venido presentado el quejoso con la formulaci\u00f3n de recusaciones y amenazas en contra de los funcionarios integrantes de la sala, de donde se desprende que su intenci\u00f3n no es otra que dilatar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Por su parte un empelado adscrito al despacho del magistrado ponente del asunto 2018-00029 indic\u00f3, tambi\u00e9n, que se ha dispuesto la continuaci\u00f3n de la audiencia de juicio oral de forma presencial y que el acusado, el 2 de marzo del cursante a\u00f1o, solicit\u00f3 llevarla a cabo virtualmente; no obstante, tal se encontraba pendiente de resolver. <\/p>\n
Posteriormente, ante requerimiento de esta Corporaci\u00f3n, el aludido servidor judicial alleg\u00f3 copia del auto del pasado 31 de marzo a trav\u00e9s del cual se accedi\u00f3 a la realizaci\u00f3n de la vista p\u00fablica de forma remota. <\/p>\n
3. Finalmente la Fiscal 105 Seccional, perteneciente a la Direcci\u00f3n Especializada contra la Corrupci\u00f3n, ratific\u00f3 el dicho del magistrado cognoscente de la actuaci\u00f3n 2020-86078 al recalcar que la decisi\u00f3n de realizar las audiencias presencialmente, prohijando una petici\u00f3n formulada por ella en tal sentido, obedeci\u00f3 a la actitud dilatoria del acusado, ac\u00e1 accionante, quien no puede pretender \u00abdirigir el proceso\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el resguardo tras considerar que la decisi\u00f3n por medio de la cual el magistrado sustanciador de la causa 2020-86078 no accedi\u00f3 a la realizaci\u00f3n de audiencias virtuales \u00abno merece reparo\u2026 pues si bien el art\u00edculo 3\u00ba del Acuerdo PCSJA22-11930\u2026 dispone que las audiencias en raz\u00f3n del estado de emergencia\u2026 ser\u00e1n preferentemente virtuales; tambi\u00e9n, habilita que sean presenciales dependiendo de las circunstancias especiales de cada caso, facultando a la corporaci\u00f3n, magistrado o juez definir la forma de realizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, el gestor la impugn\u00f3, sin presentar consideraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales invocadas por Vladimir Daza Hern\u00e1ndez, al no acceder a la realizaci\u00f3n de audiencias virtuales dentro de la causa penal 2020-86078 que en su contra se sigue por los delitos de prevaricato por acci\u00f3n agravado y abuso de la funci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
Desde ya se advierte que no se abordar\u00e1 el examen del presunto quebrantamiento de las mismas prerrogativas al interior del proceso 2018-00029, por sustracci\u00f3n de materia, habida consideraci\u00f3n que el despacho del magistrado sustanciador remiti\u00f3 auto del pasado 31 de marzo, a trav\u00e9s del cual acogi\u00f3 la petici\u00f3n del promotor de adelantar la continuaci\u00f3n del juicio oral de forma remota, utilizando las herramientas tecnol\u00f3gicas disponibles. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que habr\u00e1 de confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que la decisi\u00f3n adoptada por la colegiatura acusada dentro de la causa penal 2020-86078 no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, para que el magistrado sustanciador no accediera a la solicitud de realizaci\u00f3n de las audiencias de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n y solicitud de preclusi\u00f3n, de forma virtual, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se han programado varias sesiones virtuales\u2026 lo que demuestra que, dada la relevancia de este caso, dicho medio virtual no ha sido efectivo para poder culminar la referida audiencia [de acusaci\u00f3n], todo esto por las diferentes causas atribuibles a la defensa y el procesado\u2026 lo cual atenta con los principios de eficiencia y celeridad de la actuaci\u00f3n judicial (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, con apoyo del Acuerdo PCSJA22-11930 del pasado 25 de febrero, a trav\u00e9s del cual el Consejo Superior de la Judicatura adopt\u00f3 medidas para la prestaci\u00f3n del servicio de justicia en la actual coyuntura de salud p\u00fablica, dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [se] establece que el retorno a despachos judiciales \u201cser\u00e1 m\u00ednimo del 60 % en cada despacho\u2026 en todo el territorio nacional\u201d queriendo ello decir que es obligatoria la presencialidad en las sedes judiciales de los empleados y funcionarios, salvo que existan impedimentos por temas de salud o fuerza mayor, sin que sea inferior a un 60 % (\u2026) <\/p>\n
Por encontrarlo v\u00e1lido, teniendo en cuenta las diferentes programaciones de audiencia\u2026 desde el a\u00f1o 2021 hasta la fecha, sin que se haya podido finalizar\u2026 y ante la relevancia del proceso de la referencia, teniendo en cuenta que se trata de la etapa de un juzgamiento a un exjuez de la Rep\u00fablica, la audiencia se realizar\u00e1 de manera presencial, con las restricciones y protocolos para acceso y permanencia en sedes judiciales, previstos por el Consejo Superior de la Judicatura (art\u00edculo 7\u00ba, Acuerdo PCSJA22-11930 del 25 de febrero de 2022) (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Para esta Corporaci\u00f3n, las razones en las que el tribunal convocado soport\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la solicitud realizada por Daza Hern\u00e1ndez de realizar las audiencias a trav\u00e9s de plataformas tecnol\u00f3gicas, no lucen antojadizas y, por ende, no constituyen una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda; por el contrario, se aprecian jur\u00eddicamente sustentadas, en tanto que dio aplicaci\u00f3n al Acuerdo PCSJA22-11930 del 25 de febrero del a\u00f1o en curso, que autoriza al juez o magistrado, como director del despacho y del proceso, para adelantar las labores judiciales de forma presencial, cuando la situaci\u00f3n lo amerite. <\/p>\n
As\u00ed, es claro que los constantes retrasos para evacuar la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra del ac\u00e1 quejoso en el proceso 2020-86078, debido en su gran mayor\u00eda a causas atribuibles exclusivamente a \u00e9l o a su defensor, motivaron al magistrado sustanciador a adoptar la determinaci\u00f3n de continuar la tramitaci\u00f3n del asunto presencialmente, al amparo de la facultad discrecional consagrada en el acto administrativo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, descart\u00e1ndose as\u00ed la incursi\u00f3n en alguna de las causales especiales de procedibilidad del resguardo frente a determinaciones judiciales y, por ende, la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha sostenido que al juez del auxilio \u00ab(\u2026) le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada entre otras en STC6066-2018, 10 may. 2018, rad. 00102-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la sentencia objeto de revisi\u00f3n en tanto la decisi\u00f3n censurada no comporta desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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