STC5501-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5501-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01126-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Fernando y Ana Patricia Pulido D\u00edaz contra la Sala Civil del Tribunal Superior del distrito judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2015-01005. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estiman trasgredido con los autos de 5 de noviembre de 2021 y 14 de enero de 2022, mediante los cuales la magistratura encartada decidi\u00f3 (y despu\u00e9s confirm\u00f3 en sede de reposici\u00f3n) declarar desierto su recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, de 13 de marzo de 2020 (al cual se le imparti\u00f3 el tr\u00e1mite del Decreto 806 de 2020), pese a que oportunamente sustentaron esa alzada ante el juez a quo y posteriormente ante el mismo tribunal, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico suministrado para el efecto. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidieron que se dejen sin efecto los fustigados prove\u00eddos y que, en su lugar, se ordene tramitar su impugnaci\u00f3n vertical. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 enfatiz\u00f3 que la providencia objeto de censura no fue emitida en ese Despacho, de manera que no le es atribuible la trasgresi\u00f3n en que se fundamenta la demanda de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Se conceder\u00e1 el amparo deprecado, comoquiera que, conforme al criterio decantado de esta Corporaci\u00f3n, la magistratura accionada incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por un exceso ritual manifiesto; yerro procedimental que amerita la injerencia del fallador constitucional para conjurar la actuaci\u00f3n constitutiva de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, a trav\u00e9s del referido pronunciamiento, al cual se remite la soluci\u00f3n de este asunto, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 con claridad que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la discusi\u00f3n en torno a si es viable declarar desierta la apelaci\u00f3n contra una sentencia que se haya sustentado, por escrito, antes de la oportunidad prevista en el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020 no es novedosa (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, una nueva mirada del tema impone abordar la problem\u00e1tica anunciada desde el plano constitucional, teniendo en cuenta que el nuevo panorama \u2013escritural- en que transitan las fases de la apelaci\u00f3n en virtud del mencionado Decreto impone una revisi\u00f3n m\u00e1s reflexiva a fin de determinar si de verdad resulta proporcional declarar la deserci\u00f3n, cuando de todos modos el impugnante cumpli\u00f3 la carga argumentativa con anticipaci\u00f3n al t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 14 de esa normatividad. <\/p>\n
(\u2026) El C\u00f3digo General del Proceso estableci\u00f3 que el impugnante debe cumplir tres cargas a fin de que el superior examine la cuesti\u00f3n decidida: i) interponer la apelaci\u00f3n, ii) formular los reparos concretos ante el juez de primera instancia y iii) sustentar el recurso ante el superior, (CSJ STC3969-2018, STC7113-2018, STC6359-2020, entre otras); estructura que cambi\u00f3 con la entrada en rigor del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n realmente radic\u00f3 en la forma de recaudo de los argumentos del recurrente para los casos que no requieren la pr\u00e1ctica de pruebas, esto es, ya no ser\u00e1 oralmente y en audiencia, sino de manera escrita y dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas (\u2026). <\/p>\n
Significa que la percepci\u00f3n directa, la inmediaci\u00f3n, el debate hablado, as\u00ed como los otros tantos matices y beneficios que le son propios al r\u00e9gimen de oralidad, ya no son predicables en un contexto guiado por la escrituralidad. <\/p>\n
Lo que estaba en sinton\u00eda con el art\u00edculo 3\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva\u00bb, al igual que con el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 107, que se\u00f1ala c\u00f3mo \u00ab[l]as intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos\u00bb. <\/p>\n
Por ende, la tesis de la Sala recreada sobre el ambiente de la palabra hablada para justificar la deserci\u00f3n del recurso en ese escenario por la ausencia del apelante a la audiencia contiene unos elementos filos\u00f3ficos diferentes a la problem\u00e1tica surgida en un entorno gobernado por la escritura, como lo reglamenta el susodicho Decreto. <\/p>\n
Desde esa l\u00f3gica, a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. <\/p>\n
(\u2026) Dicho en otras palabras, sin duda cuando el recurrente aporta el escrito de sustentaci\u00f3n antes de la oportunidad contemplada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 act\u00faa de forma deficiente, lo que es censurable en la medida en que desatiente el mandato legal; no obstante, dada la naturaleza del error y su eventual intrascendencia frente a la carga de sustentar la alzada, es desproporcionado que se le sancione con la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 la primera instancia\u00bb. Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se dej\u00f3 sentado que \u00ab\u2026los falladores est\u00e1n llamados acatar y hacer cumplir las formas prescritas por el legislador, como las que se han impuesto para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n \u2013por escrito y en un momento espec\u00edfico-, de modo que no pueden desconocerlas. Pero tambi\u00e9n lo es que no las pueden exigir irreflexivamente, pues no son simples ritualidades desprovistas de sentido, sino medios destinados para dotar de validez y eficacia los actos procesales designados a hacer efectivos los derechos de las partes, en este caso, el de impugnar las providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora, no es que la Corte se est\u00e9 contradiciendo con las pautas que traz\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso en virtud de la carga del recurrente de sustentar ante el superior y en audiencia, pues all\u00e1, en el contexto de la oralidad y de la prohibici\u00f3n de sustituir las intervenciones orales por escrito, no luc\u00eda desmesurado sancionar al recurrente con la deserci\u00f3n del recurso, puesto que al no existir otro momento en el que el censor pod\u00eda proponer sus argumentos de inconformidad verbalmente, el no asistir a la vista p\u00fablica destinada para el efecto conllevaba la no sustentaci\u00f3n del acto de impugnaci\u00f3n; pero, en estos tiempos, en el panorama de la escritura, cuando la formalidad a la que est\u00e1 ligada el ejercicio del derecho fundamental a la doble instancia y de impugnaci\u00f3n ha cumplido su finalidad, pese a su cumplimiento imperfecto por parte del recurrente, la imposici\u00f3n de esa consecuencia parece desproporcionada. <\/p>\n
En ese orden, por cuanto los ahora querellantes apelaron, a trav\u00e9s de su mandataria judicial, la providencia de primer grado y presentaron el escrito contentivo de los \u00abreparos concretos\u00bb, argumentando su disenso a manera de sustentaci\u00f3n, no pod\u00edan recibir como respuesta que tal actividad era inane frente al medio de impugnaci\u00f3n ordinario por ellos incoado. <\/p>\n
De esta manera, deviene di\u00e1fano que el fallador de segundo grado incurri\u00f3 en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que, se insiste, as\u00ed se asumiera que los apelantes no efectuaron pronunciamiento alguno dentro del t\u00e9rmino que consagra el art\u00edculo 14 del precitado Decreto 806 de 2020, lo cierto es que al interponer su recurso de alzada ante el fallador a quo, los querellantes no solo se limitaron a exponer sus reparos concretos, sino que desarrollaron esos ataques mediante una argumentaci\u00f3n que, en ausencia de un escrito posterior, debi\u00f3 servir de insumo suficiente para emitir un pronunciamiento de fondo por parte del juez de apelaci\u00f3n, especialmente por tratarse de un tr\u00e1mite surtido conforme a las disposiciones extraordinarias del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
El yerro en cuesti\u00f3n \u2013y con ello la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por ver frustrada la segunda instancia\u2013 se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial, pues all\u00ed se establece que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, aunado a que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se conceder\u00e1 el amparo solicitado, ordenando, para el efecto, la invalidaci\u00f3n del auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los tutelantes y conminando al tribunal ad quem a tramitar el citado medio defensivo, teniendo en cuenta las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales de Luis Fernando y Ana Patricia Pulido D\u00edaz. <\/p>\n
SEGUNDO: DECLARAR sin valor ni efecto los autos de 5 de noviembre de 2021 y 14 de enero de 2022, mediante los cuales la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado por los aqu\u00ed accionantes, as\u00ed como las decisiones que de los mismos se desprendan. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, adopte las medidas necesarias para continuar el tr\u00e1mite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se emiti\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que Luis Fernando y Ana Patricia Pulido D\u00edaz instauraron contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes: <\/p>\n
En el proceso de pertenencia que Jos\u00e9 Rufino Pulido promovi\u00f3 en contra de los herederos determinados e indeterminados de Mart\u00edn Le\u00f3n Arias, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en audiencia de 13 de marzo de 2020 profiri\u00f3 sentencia en la que neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el apoderado del demandante <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 5 de noviembre de 2021 declar\u00f3 desierta la alzada, decisi\u00f3n que mantuvo el 14 de enero de 2022, al desatar la reposici\u00f3n formulada, pese a que oportunamente sustentaron esa alzada ante el juez a quo y posteriormente ante el mismo tribunal, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico suministrado para el efecto. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Se conceder\u00e1 el amparo deprecado, comoquiera que, conforme al criterio decantado de esta Corporaci\u00f3n, la magistratura accionada incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por un exceso ritual manifiesto; yerro procedimental que amerita la injerencia del fallador constitucional para conjurar la actuaci\u00f3n constitutiva de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En ese orden, por cuanto los ahora querellantes apelaron, a trav\u00e9s de su mandataria judicial, la providencia de primer grado y presentaron el escrito contentivo de los \u00abreparos concretos\u00bb, argumentando su disenso a manera de sustentaci\u00f3n, no pod\u00edan recibir como respuesta que tal actividad era inane frente al medio de impugnaci\u00f3n ordinario por ellos incoado. <\/p>\n
De esta manera, deviene di\u00e1fano que el fallador de segundo grado incurri\u00f3 en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que, se insiste, as\u00ed se asumiera que los apelantes no efectuaron pronunciamiento alguno dentro del t\u00e9rmino que consagra el art\u00edculo 14 del precitado Decreto 806 de 2020, lo cierto es que al interponer su recurso de alzada ante el fallador a quo, los querellantes no solo se limitaron a exponer sus reparos concretos, sino que desarrollaron esos ataques mediante una argumentaci\u00f3n que, en ausencia de un escrito posterior, debi\u00f3 servir de insumo suficiente para emitir un pronunciamiento de fondo por parte del juez de apelaci\u00f3n, especialmente por tratarse de un tr\u00e1mite surtido conforme a las disposiciones extraordinarias del Decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por los se\u00f1ores Luis Fernando y Ana Patricia Pulido D\u00edaz. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020, mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Se destaca que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 en nada modific\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde al incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala de Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1) y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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STC5501-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC5501-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01126-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Fernando y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63425","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63425","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63425"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63425\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63425"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63425"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63425"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}