STC5661-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5661-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00208-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Antonio Abel Salas Salinas frente a la sentencia del pasado 31 de marzo, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra los Juzgados Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad y Promiscuo Municipal de Calamar (Bol\u00edvar). Al tr\u00e1mite fueron integrados el despacho 11\u00b0 Civil del Circuito de la capital atlanticense y Orlando Rosell\u00f3n Vergara. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso y \u00abDEFENSA\u00bb, presuntamente conculcadas por las dependencias jurisdiccionales requeridas, dentro del expediente ejecutivo n.\u00b0 \u00ab2019-00120\u00bb. <\/p>\n
Y en concreto, se entiende, dejar sin valor las determinaciones ah\u00ed adoptadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado 11\u00b0 Civil del Circuito de Barranquilla se surti\u00f3 el descrito litigio, por demanda de Orlando Rosell\u00f3n Vergara contra el titular del pedido de resguardo de marras, con el fin de procurar el pago de la suma contenida en \u00abletra de cambio\u00bb, m\u00e1s intereses. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la contienda provino, previa notificaci\u00f3n al all\u00e1 enjuiciado (aqu\u00ed tutelante), auto el 26 de agosto de 2020, a trav\u00e9s del cual se dispuso continuar el cobro. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Luego de repartido el paginario al estrado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma urbe, este dispuso asumirlo y comisionar al despacho Promiscuo Municipal de Calamar (Bol\u00edvar), para fines de llevar a cabo el secuestro de un inmueble embargado, en virtud de prove\u00eddo de 19 de noviembre de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El precursor del amparo critic\u00f3, en estricto compendio, la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n en su contra y el secuestro de su finca, pues el t\u00edtulo base de cobro fue firmado por \u00e9l en calidad de \u00abcodeudor\u00bb de otras personas, cuyo monto, adem\u00e1s, ya est\u00e1 \u00abcancelado\u00bb. Motivo por el que ha denunciado penalmente la \u00abfalsedad ideol\u00f3gica\u00bb y \u00abFRAUDE PROCESAL\u00bb del ejecutante. <\/p>\n
Adujo que no pudo rebatir el mandamiento de pago por negligencia de su apoderado, quien lo hizo enterarse del pleito, pero no lo defendi\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los dispensadores de justicia acusados se opusieron, por aparte, al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado 11\u00b0 Civil del Circuito de Barranquilla enunci\u00f3 que no conoce actualmente del ejecutivo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Orlando Rosell\u00f3n Vergara guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, en tanto que \u00abno est\u00e1 instituida como una instancia alternativa\u00bb a las existentes en la controversia disentida, al punto que el quejoso no ha elevado all\u00ed sus reproches. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por el convocante, quien insisti\u00f3 en sus ataques contra la continuidad de la ejecuci\u00f3n, pese a no deber nada e igualmente, respecto a la actitud omisiva de su abogado y a las conductas del all\u00e1 demandante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, cada que sobrevenga el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Deviene evidente, circunscrito el debate a los reparos del memorial impugnatorio, que el quejoso omiti\u00f3 proponer excepciones (como demandado) dentro de la ejecuci\u00f3n por \u00e9l cuestionada, a fin de rebatir el correspondiente mandamiento de pago; motivo por el cual el entonces despacho conocedor dict\u00f3 auto de seguir adelante con el cobro1 el 26 de agosto 2020. Tal circunstancia, en consecuencia, se traduce como un repudio de la oportunidad para ventilar las censuras ahora tra\u00eddas sobre su supuesta no obligaci\u00f3n al pago ah\u00ed reclamado. <\/p>\n
Cuando se dejan de emplear las alternativas directas de ayuda previstas en el orden jur\u00eddico, los contendientes quedan atados a los efectos de las decisiones judiciales adversas, por ser el resultado de su propia incuria, con m\u00e1s veras si no se ha intervenido activamente (por conducto de recursos, solicitudes, etc.) en el atinente juicio. <\/p>\n
Entonces, si el aqu\u00ed activante las desperdici\u00f3: <\/p>\n
\u2026[N]o (\u2026) puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023; reiterada en STC, 27 may. 2016, rad. 00401-01 y STC8508-2018, rad. 00306-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. De otro lado, la afirmaci\u00f3n del quejoso que sugiere negligencia de su mandatario en el decurso ejecutivo resulta insuficiente para abrir paso al resguardo, pues si aquel esgrime que la labor de dicho profesional fue inapropiada, puede poner ese parecer en conocimiento de las autoridades competentes, punto sobre el que esta Magistratura ha decantado: <\/p>\n
(\u2026)[E]n relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues,\u2026 seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas. No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente(\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado, frente a ello, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que \u2018Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2019 (…) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(…) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (…)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u2026 (CSJ STC 9 de junio de 2004, exp. 00448-01 y 21 de marzo de 2006, exp. 00228-01, reiteradas en providencias de 23 de octubre de 2012, exp. 62803-02, STC9510 de 13 de julio de 2016, rad. n.\u00b0 00905-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo propio puede hacer, si esgrime que del ejecutante o de alguno de los part\u00edcipes e intervinientes en el pleito materia de reparos se cometi\u00f3 alguna conducta penal o disciplinariamente reprobable, m\u00e1xime cuando \u00e9l dijo haber impetrado alguna denuncia. <\/p>\n
No por nada, esta Magistratura doctrin\u00f3: <\/p>\n
si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871 y STC14669 de 2016; STC13994-2017). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Se impone, sin m\u00e1s, ratificar el veredicto del tribunal a-quo, por lo brevemente consignado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 440 (inciso 2\u00b0) del C\u00f3digo General del Proceso: (\u2026)Si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenar\u00e1, por medio de auto que no admite recurso, el remate y el aval\u00fao de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecuci\u00f3n para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y condenar en costas al ejecutado\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
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