STC5671-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5671-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76111-22-13-000-2022-00042-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 25 de marzo de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo invocado por Dora Ligia Arias Ortiz contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de Palmira. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a Bancolombia S.A. y a Michelle Alexandra Salinas Acevedo. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades Judiciales cuestionadas al interior del proceso ejecutivo de radicado 2018-00333. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. En contra de la gestora, Bancolombia S.A. adelant\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Municipal encarado, el cual, -con prove\u00eddo del 26 de abril de 2021, adjudic\u00f3 a Michelle Alexandra Salinas el bien objeto de la garant\u00eda. <\/p>\n
2.2. En dicha causa, el 4 de mayo siguiente, la actora present\u00f3 nulidad con fundamento en la indebida notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo, la cual fue resuelta favorablemente en auto del 2 de julio de 20212. Frente a ello, Michelle Alexandra Salinas present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, el cual prosper\u00f3. <\/p>\n
2.4. Inconforme con la determinaci\u00f3n, la promotora present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. El Juzgado Civil del Circuito atacado -con prove\u00eddo del 11 de enero de 20223- confirm\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, por esta v\u00eda, la tutelante refiri\u00f3 que la demandante no hizo \u00abla notificaci\u00f3n en legal forma del mandamiento ejecutivo librado en el asunto sub examine, por cuanto para la fecha de la citaci\u00f3n para la notificaci\u00f3n personal, es decir, el 10 de octubre de 2.018, y para la fecha de la notificaci\u00f3n por aviso, es decir, el 15 de noviembre de 2.018, \u00e9sta se encontraba residiendo en Espa\u00f1a\u00bb. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que \u00abla comentada citaci\u00f3n y notificaci\u00f3n por aviso debieron realizarse personalmente en el lugar de residencia de mi patrocinada en Espa\u00f1a o a su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico, lo que nunca hizo la parte demandante\u00bb. La misma se hizo a personas ajenas que no conoce. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se ordene a las autoridades accionadas dejar sin efecto las providencias que negaron la nulidad procesal por indebida notificaci\u00f3n. Y, en su lugar, restablecer la que inicialmente concedi\u00f3 la misma. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El juzgado Primero Civil Municipal de Palmira4, luego de relatar sus actuaciones, indic\u00f3 que \u00abpor parte de este despacho judicial no existe actuaci\u00f3n alguna que hubiere vulnerado los derechos fundamentales del extremo demandado aqu\u00ed accionante, pues al recurso de apelaci\u00f3n impetrado por el interesado, se le dio el tr\u00e1mite legalmente establecido, siendo conocidos sus argumentos por el Juez de segunda instancia, quien decide confirmar lo resuelto por este despacho judicial en primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Michelle Alexandra Salinas Acevedo5, frente a lo expuesto por la quejosa en el escrito tutelar, se\u00f1al\u00f3 que la demandada \u00absiempre tuvo conocimiento de la demanda, debido a todas las diligencias que se realizaron sobre el inmueble de su propiedad, como lo son: diligencia de secuestro del inmueble, correos electr\u00f3nicos sobre el curso del proceso enviados por la apoderada de la demandante a la demandada en los a\u00f1os 2018 y 2019; tambi\u00e9n se observa a folio 97 del expediente, estado de cuenta dentro de la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito, donde es visible que a fecha 13-11- 2018, la demandada DORA LIGIA ARIAS ORTIZ realiza un abono a la deuda por valor de $ 1.750.000, es decir que, la demandada despu\u00e9s de haber sido notificada del inicio del proceso ejecutivo a fecha 10-10-2018 realiza un abono a la deuda, lo que lleva a concluir bajo la sana cr\u00edtica, que la demandada si fue notificada debidamente de la demanda en su contra y\/o al menos conoc\u00eda de la existencia del proceso en su contra, guardando silencio\u2026\u00bb <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga -en su calidad de juez constitucional- neg\u00f3 el amparo invocado. Para ello, consider\u00f3 que \u00abLas decisiones cuestionadas, en todo caso, no fueron inopinadas y as\u00ed se disienta de la argumentaci\u00f3n de los juzgadores de instancia, mientras no sea caprichosa o arbitraria, debe ser respetada. Seg\u00fan se tiene explicado, \u201caunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora insistiendo en los mismos argumentos planteados en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la gestora, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 11 de enero de 2022, que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del 1\u00ba de septiembre del 2021, con la cual se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del 2 de julio del mismo a\u00f1o, que decret\u00f3 la nulidad implorada. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira, con providencia del 11 de enero de 2022, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a confirmar la decisi\u00f3n impugnada. Para ello, de entrada puntualiz\u00f3 que en el presente asunto \u00abno se halla configurada, ninguna de las causales de nulidad procesal previstas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como tampoco, se edifica la nulidad contemplada en el numeral 8\u00b0, alegada por el togado, ni la supra legal que deviene con la violaci\u00f3n al debido proceso y que se encuentra contemplada en el art\u00edculo 29 de nuestra Carta Magna, toda vez, que normativa y jurisprudencialmente, est\u00e1n determinadas las condiciones, en que estas proceden, motivo por el cual, el despacho considera que la misma es improcedente\u00bb <\/p>\n
2.1. Lo anterior en raz\u00f3n a que luego de haber revisado todo el tr\u00e1mite, en lo tocante con la notificaci\u00f3n alegada, constat\u00f3 que \u00ablas citaciones (Personal y por aviso) fueron enviadas y recibidas a la carrera 28 Norte No 11\u001f-55 de esta localidad, sitio que corresponde al predio objeto de este tr\u00e1mite y que fuera reportado por la profesional del derecho en la demanda para surtirse las notificaciones, que seg\u00fan certificaciones expedidas por la empresa de correo PRONTO ENV\u00cdOS, fueron efectivamente recibidas, lo que aparece glosado en el expediente\u00bb. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que a la aqu\u00ed accionante, \u00able enviaron en los a\u00f1os 2018 y 2019 a su correo electr\u00f3nico comunicaciones acerca del estado del proceso, que en el desarrollo de su notificaci\u00f3n el d\u00eda 13 de noviembre de 2018 abon\u00f3 al cr\u00e9dito la suma de $1.750.000,00\u00bb por lo que encontr\u00f3 que \u00abla parte pasiva ten\u00eda pleno conocimiento de la existencia de las diligencias\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por otro lado, expres\u00f3 que \u00absi bien es cierto, que para el a\u00f1o 2018, cuando se efect\u00fao la notificaci\u00f3n de la se\u00f1era DORA LIGIA ARIAS ORTIZ, en el predio que garantizaba la obligaci\u00f3n, no era necesario su envi\u00f3 al correo electr\u00f3nico de las comunicaciones, debido a que las mismas hab\u00edan sido recibidas sin ning\u00fan tipo de censura, seg\u00fan las constancias expedidas por la empresa de correos (PRONTO ENV\u00cdOS); que la notificaci\u00f3n a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico tan solo se vino a regular con posterioridad a su notificaci\u00f3n conforme al Decreto 806 de Junio 04 de 2020, en raz\u00f3n a la Pandemia Mundial del Covid 19\u00bb. Motivo por el cual, consider\u00f3 que \u00abno se le ha vulnerado el debido proceso habida cuenta, que se cumplieron a cabalidad con los presupuestos, para tener como debidamente notificada a la demandada\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por consiguiente, estim\u00f3 que no le asiste raz\u00f3n a la gestora, toda vez que \u00abse agotaron cada una de las etapas m\u00e1s <\/p>\n
importantes dentro del proceso como es la notificaci\u00f3n en debida forma, tal como lo establecen los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, a efectos de garantizarle de esta manera el acceso a las diligencias\u00bb. Seguidamente, luego de invocar la sentencia C-783\/2004, dispuso la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.6 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido reiteradamente7 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-.8 <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada por improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-6. Anexo 003Demanda.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-10. Anexo 037 Auto decreta nulidad.pdf. Carpeta 765204003001-2018-00333-00 Ejecutivo con Garant\u00eda Real Menor. OneDrive_2022-05-09. <\/p>\n
3\u0002 Folio 5-6. Anexo 056 Devuelven expediente segunda instancia.pdf. Carpeta 765204003001-2018-00333-00 Ejecutivo con Garant\u00eda Real Menor. OneDrive_2022-05-09. <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-4. Anexo 007Juzgado1CivilMpalPalmira.pdf <\/p>\n
5\u0002 Folio 4-7.Anexo 008MichelleAlexandraSalinasAcevedo.pdf <\/p>\n
6\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
7\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, entre otras. <\/p>\n
8\u0002 Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
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