STC5683-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5683-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01181-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de once de mayo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C. once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Agropecuaria Janna S.A.S. instaur\u00f3 en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva al Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de la misma ciudad y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 11001 31 03 047 2020 00088 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La sociedad actora, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, seguridad jur\u00eddica, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, para que se revocara la decisi\u00f3n emitida por la Corporaci\u00f3n accionada y, en su lugar, \u00abse sostenga el fallo primigeniamente ordenado por el a quo\u00bb. <\/p>\n
En sustento sostuvo que la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013ANI- la demand\u00f3 con el fin de que se decretara \u00abpor motivos de utilidad p\u00fablica o de inter\u00e9s social\u00bb, la expropiaci\u00f3n de una franja de terreno equivalente a \u00ab42.519,57 M2\u00bb, que hace parte del predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u00abLOTE B\u00bb, situado en el municipio de Sahag\u00fan (C\u00f3rdoba), identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 148-48258. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en sentencia de 23 de junio de 2021, el a quo accedi\u00f3 a las pretensiones e impuso a su favor y a cargo de la entidad p\u00fablica convocante el pago de \u00ab$1.662\u2019906.177.oo\u00bb a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o emergente y lucro cesante, monto modificado por el superior en sede de apelaci\u00f3n, en el sentido de condenar a la ANI a desembolsar tan solo \u00ab$357.178.799.oo\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que la Magistratura querellada incurri\u00f3 en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, toda vez que redujo ostensiblemente el importe de la reparaci\u00f3n, para lo cual ech\u00f3 mano \u00fanicamente del dictamen aportado con el escrito genitor, emitido por un experto del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013IGAC, descartando los peritajes elaborados por Humberto Zapata G\u00f3mez, Siervo Antonio Cabrales y Rafael Vergara Severiche, estos dos \u00faltimos dispuestos de oficio en primera instancia, quienes tasaron los perjuicios entre \u00ab$1.662\u2019906.177.oo\u00bb
y \u00ab$2.390\u2019638.133\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la equivocaci\u00f3n del Tribunal confutado tuvo origen en lo siguiente: <\/p>\n
(i) Desatendi\u00f3 que el \u00abvalor\u00bb comercial del predio lo establece la reglamentaci\u00f3n urban\u00edstica municipal o distrital vigente, por tal raz\u00f3n, si en ella se indica que el fundo es urbano, \u00abse aval\u00faa como urbano, no como rural\u00bb. <\/p>\n
(ii) No hab\u00eda lugar a descontar la \u00abplusval\u00eda\u00bb sobre el precio de la heredad por el anuncio de la ampliaci\u00f3n de la \u00abTroncal de Occidente\u00bb, porque esa carretera ya exist\u00eda para el momento en que se pregon\u00f3 la obra, \u00abimplicando ello que el bien no se valoriz\u00f3 por la mera construcci\u00f3n de una segunda calzada\u00bb, es m\u00e1s, la ANI ni siquiera calcul\u00f3 porcentaje alguno por ese \u00edtem, debiendo hacerlo conforme el Decreto 2729 de 2012. <\/p>\n
(iii) No tuvo en cuenta que, como ya estaba levantada la \u00abTroncal de Occidente\u00bb y su ensanchamiento se iba a realizar en la \u00abzona o franja\u00bb inicial de \u00abexclusi\u00f3n\u00bb, no era necesario incluir ese par\u00e1metro en la apreciaci\u00f3n econ\u00f3mica del bien. En todo caso, si el \u00abaval\u00fao se hace con la t\u00e9cnica residual el aspecto de retiro obligatorio y franjas de jardines y dem\u00e1s que se deben ceder, son tenidas en cuenta dentro de los valores finales de gastos de construcci\u00f3n, como son tambi\u00e9n los financieros, los de materiales de construcci\u00f3n, urbanismo, gastos de dise\u00f1os, de profesionales y obreros de la construcci\u00f3n, que sin duda son un m\u00e9todo v\u00e1lido para llegar a un precio del predio a avaluar\u00bb.
<\/p>\n
(iv) El terru\u00f1o objeto del pleito se encontraba \u00abvalorizado\u00bb para la \u00e9poca en que se llev\u00f3 a cabo la \u00aboferta formal de compra\u00bb (28 dic. 2016) y la \u00abentrega anticipada\u00bb (25 Ag. 2017), precisamente porque colindaba con la \u00abTroncal de Occidente\u00bb, por tal raz\u00f3n los peritajes aludidos incluyeron ese mayor \u00abvalor\u00bb en su cuantificaci\u00f3n, de ah\u00ed que, sea errada la consideraci\u00f3n del juez plural en eso de que no deb\u00eda comprenderse ese aspecto en la estimaci\u00f3n cremat\u00edstica. <\/p>\n
(v) Para el iudex plural, las \u00abexperticias\u00bb referidas dejaron de lado \u00abmejoras realizadas en el predio\u00bb, entonces, siendo ello as\u00ed, bien pudo acoger \u00abesa parte del aval\u00fao e incorporarla al que fue tenido en cuenta por el a quo\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, manifest\u00f3 que en la determinaci\u00f3n criticada se dio prevalencia a la afectaci\u00f3n al erario p\u00fablico m\u00e1s que \u00abllegar a la convicci\u00f3n del justo precio del bien expropiado\u00bb, aminorando \u00abel monto de la indemnizaci\u00f3n que en cuanto al valor del metro cuadrado de tierra hicieron los otros tres peritos que aportaron sus dict\u00e1menes al proceso\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 alleg\u00f3 copia digital del infolio objetado y dijo atenerse a \u00ablo que obra[ba]\u00bb all\u00ed. <\/p>\n
El Banco Agrario de Colombia S.A. refiri\u00f3 que no ha conculcado prerrogativa alguna a la empresa \u00abaccionada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite, Agropecuaria Janna S.A.S. critica el examen probatorio llevado a cabo en el veredicto de 22 de febrero pasado, mediante el cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00abmodific\u00f3\u00bb el de primer grado, en el sentido de disminuir la cuant\u00eda de la \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb dentro del tr\u00e1mite de \u00abexpropiaci\u00f3n\u00bb incoado en su contra por la Agencia Nacional de Infraestructura. <\/p>\n
2.- No obstante, se anticipa la negativa del resguardo, porque ning\u00fan proceder desmesurado o arbitrario puede advertirse en la providencia aludida, de manera que la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb se encuentra vedada. <\/p>\n
Es bien sabido que el juez de \u00abtutela\u00bb tiene una facultad limitada a la hora de poner en tela de juicio la ponderaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n efectuada por los juzgadores de instancia, porque, en verdad, en esa delicada funci\u00f3n gozan de una discreta autonom\u00eda que est\u00e1 avalada por la propia norma fundamental. <\/p>\n
Y aunque excepcionalmente se permite que por esta v\u00eda se corrijan yerros protuberantes y manifiestos cometidos por los sentenciadores naturales, dicha hip\u00f3tesis no es predicable en el sub-examine, pues el entendimiento que dio el \u00abTribunal\u00bb interpelado a los \u00abdict\u00e1menes\u00bb practicados en la contienda censurada, denota una labor ecu\u00e1nime. <\/p>\n
2.1. Luego de resumir el marco legal y jurisprudencial en torno a la \u00abexpropiaci\u00f3n por v\u00eda judicial\u00bb, se dedic\u00f3 al estudio de la evidencia, acervo que, despu\u00e9s de pormenorizar, lo condujo a establecer que en efecto, tanto el \u00abperitaje\u00bb acogido por el \u00aba quo\u00bb como los rendidos por Siervo Antonio Cabrales y Rafael Vergara Severiche, no pod\u00edan erigirse como \u00abpar\u00e1metro para determinar la indemnizaci\u00f3n que debe pagar el Estado colombiano\u00bb a favor de la propietaria, ya que la \u00abtasaci\u00f3n\u00bb comercial era excesiva. <\/p>\n
Ello por cuanto, si bien en el POT de Sahag\u00fan, C\u00f3rdoba se indic\u00f3 que la porci\u00f3n de terreno motivo de las aspiraciones era \u00aburbano\u00bb, en verdad, ten\u00eda una \u00abdestinaci\u00f3n agropecuaria\u00bb, de manera que el \u00abmetro cuadrado de ese inmueble deb\u00eda obtenerse con el m\u00e9todo residual a partir del planteamiento de un hipot\u00e9tico proyecto de vivienda de inter\u00e9s social, lo que implica que se tratar\u00eda de un da\u00f1o incierto, puesto que, se itera, la franja estaba dedicada a actividades agropecuarias y no urban\u00edsticas\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, se omiti\u00f3 restar el \u00abmonto correspondiente al mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituy\u00f3 el motivo de utilidad p\u00fablica para la adquisici\u00f3n, al tenor del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 61 de la Ley 388 de 1997\u00bb y, aunque el ente estatal all\u00e1 precursor no adelant\u00f3 \u00abel procedimiento previsto en el Decreto Reglamentario 2729 de 2012 para descontar el valor de la plusval\u00eda\u00bb, era obligaci\u00f3n del experto referirse a ese factor en el justiprecio de la \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb, por ser un mandato de orden p\u00fablico. <\/p>\n
A\u00f1\u00e1dase a ello, que <\/p>\n
\u00abno se consider\u00f3 la forma c\u00f3mo afectaba a la valuaci\u00f3n comercial del predio la faja de retiro obligatorio o \u00e1rea de reserva o de exclusi\u00f3n que imped\u00eda \u2018cualquier tipo de construcci\u00f3n o mejora\u2019, de acuerdo con la Ley 1228 de 2008, m\u00e1xime que el terreno se hallaba ubicado al lado de una carretera de la red vial nacional, que exig\u00eda de 15 a 30 metros a cada lado del eje de la v\u00eda, lo cual resultaba trascendente en este caso, pues la franja de terreno ten\u00eda una dimensi\u00f3n de 13,55 metros en el lindero Norte y 36,34 metros en el lindero Sur, de manera que cualquier proyecto de vivienda hipot\u00e9tico deb\u00eda realizar un estudio del porcentaje de \u00e1rea que deb\u00eda cederse \u00fanicamente por el factor de la faja de retiro obligatorio o \u00e1rea de reserva o de exclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, el \u00abaval\u00fao comercial\u00bb se hizo en el a\u00f1o 2018, pese a que el prop\u00f3sito de la \u00abexperticia\u00bb era cotizar el <\/p>\n
\u00abvalor que ten\u00eda el inmueble cuando se decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n, puesto que la oferta formal de compra data del 28 de diciembre de 2016 y la entrega anticipada se produjo el 25 de agosto de 2017, lo que supone que los fundamentos de la pericia no corresponden al momento material en que el propietario perdi\u00f3 los derechos de uso y goce del bien, sin que para tal fin fuera pertinente acudir a un operaci\u00f3n de correcci\u00f3n monetaria, como lo sugiri\u00f3 esa persona en la audiencia del 14 de noviembre de 2019, dado que para el a\u00f1o 2018 ya exist\u00eda la doble calzada construida por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, es decir, los predios contiguos a esa v\u00eda ya habr\u00edan obtenido un mayor valor por esa obra de utilidad p\u00fablica, que deb\u00eda ser descontado por imperativo legal\u00bb. <\/p>\n
Y si lo dicho fuera poco, se prescindi\u00f3 de ajustar la \u00abmejoras realizadas en el predio, las cuales ya hab\u00edan sido identificadas previamente por la entidad p\u00fablica en la oferta formal de compra, por cuanto el auxiliar de la justicia realiz\u00f3 su experticia cuando aquellas ya no exist\u00edan\u00bb. <\/p>\n
Tras acentuar lo anterior, lucubr\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abante los yerros cometidos en los dict\u00e1menes elaborados por los peritos CABRALES RODR\u00cdGUEZ, VERGARA SEVERICHE y ZAPATA G\u00d3MEZ que impiden determinar con claridad y suficiencia el valor de la franja de terreno expropiada, en especial por la falta de estudio del mayor valor que gener\u00f3 la obra de infraestructura de utilidad p\u00fablica, la cesi\u00f3n de la faja de retiro obligatorio o \u00e1rea de reserva o de exclusi\u00f3n ordenada por la Ley 1228 de 2008 y la destinaci\u00f3n agropecuaria que ten\u00eda el bien hasta cuando el propietario lo entreg\u00f3 a la entidad p\u00fablica, los cuales ya fueron explicados ampliamente en precedencia, resulta improcedente que se acoja cualquiera de esos aval\u00faos comerciales, dado que dicha decisi\u00f3n comportar\u00eda una grave afectaci\u00f3n del erario por cuanto la indemnizaci\u00f3n se pagar\u00e1 con recursos p\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n
2.2. Teniendo en mente esas disgregaciones, dio paso al examen del concepto t\u00e9cnico arribado por la ANI y elaborado por el IGAC, respecto del cual concluy\u00f3 que: (i) Se hab\u00eda confeccionado en \u00abel a\u00f1o 2014\u00bb, cuando a\u00fan no estaba edificada \u00abla doble calzada de la \u2018Autopista de la Sabana\u2019\u00bb y, teniendo en cuenta que el \u00abuso de suelo espec\u00edfico y principal era residencial, pero que la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica era agropecuaria -ganader\u00eda intensiva- y que la franja de terreno ten\u00eda como mejoras ciertos cultivos y especies vegetales\u00bb; (ii) A partir del \u00abestudio de mercado de predios similares urbanizados\u00bb se adopt\u00f3 el precio de \u00ab$25.000\u00bb por metro cuadrado, en tanto que, las dem\u00e1s \u00abexperticias\u00bb calcularon ese costo en alrededor de \u00ab$100.000 m2, e incluso cercanos a $200.000 m2\u00bb, en los cuales estaban incluidos el \u00abmayor valor generado por dicha obra de infraestructura vial\u00bb; y, (iii) Se atendi\u00f3 que \u00abdeb\u00eda cederse un 50 % del lote por las franjas m\u00ednimas de retiro obligatorio o \u00e1reas de exclusi\u00f3n vial, seg\u00fan la Ley 1228 de 2008, que el costo de urbanismo era de $10.000 m2 y que la ganancia en un ejercicio de loteo ser\u00eda del 15 %, de donde se obtuvo un valor de $6.000 m2 de terreno no urbanizado. De ah\u00ed que, una vez sumadas las mejoras y los cultivos -$3.510.810- se extrajo la cifra de $258.628.230.\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, ultim\u00f3 que <\/p>\n
\u00abel valor que m\u00e1s se ajust\u00f3 a las condiciones reales en las que se encontraba el predio objeto de expropiaci\u00f3n fue la realizada por el INSTITUTO GEOGR\u00c1FICO AGUST\u00cdN CODAZZI, puesto que result\u00f3 m\u00e1s precis\u00f3 el monto de $6.000 m2 de terreno no urbanizado para el 2014, que los de $45.192 m2 para el 2018, $36.000 m2 para el a\u00f1o 2019 y 49.500 m2 para el a\u00f1o 2017, hechos por los se\u00f1ores CABRALES RODR\u00cdGUEZ, VERGARA SEVERICHE y ZAPATA G\u00d3MEZ, respectivamente, debido a que, se insiste, en los peritajes hechos por ellos se omitieron unos factores trascendentales que habr\u00edan disminuido considerablemente el valor del metro cuadrado, los cuales no pueden obviarse en atenci\u00f3n que ello comportar\u00eda una afectaci\u00f3n grave del presupuesto p\u00fablico al incrementarse en m\u00e1s de un 600 %, e incluso en m\u00e1s de un 800 % en el caso del dictamen aportado por la parte pasiva, la valuaci\u00f3n que fue estimada, en un primer momento, por la Administraci\u00f3n P\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
2.3. Pero no se detuvo all\u00ed. En sentir del \u00abad quem\u00bb, como el \u00abperitaje\u00bb mencionado se elabor\u00f3 tiempo atr\u00e1s y en \u00abaras de la justicia material\u00bb, era procedente aplicar la \u00abcorrecci\u00f3n monetaria de ese valor hasta agosto de 2017, momento en que se llev\u00f3 a cabo la entrega anticipada del bien expropiado y del dep\u00f3sito judicial por la suma de $258.628.230 a favor del extremo pasivo, puesto que para aquel momento esa cifra de dinero no ten\u00eda el mismo poder adquisitivo que en septiembre de 2014\u00bb. As\u00ed que, una vez invoc\u00f3 las f\u00f3rmulas aritm\u00e9ticas correspondientes, determin\u00f3 que la suma a reconocer a favor de la empresa all\u00e1 demandada ascend\u00eda a \u00ab$ $357.178.799\u00bb, eso s\u00ed, rest\u00e1ndole el anticipo consignado en \u00abdep\u00f3sito judicial\u00bb. <\/p>\n
3.- Como se observa, la \u00abCorporaci\u00f3n\u00bb atacada se apart\u00f3 de las conclusiones de los \u00abdict\u00e1menes\u00bb de Humberto Zapata G\u00f3mez, Siervo Antonio Cabrales y Rafael Vergara Severiche, bajo las siguientes premisas fundamentales. En primer lugar, porque el \u00e1rea objeto controversia estaba dedicada a actividades \u00abagropecuarias\u00bb, por lo tanto, para su \u00abc\u00e1lculo comercial\u00bb debi\u00f3 tenerse en cuenta ese aspecto. En segundo t\u00e9rmino, en el \u00abvalor\u00bb del bien ra\u00edz se incluy\u00f3 el \u00abmayor valor del bien\u00bb por el anuncio de la \u00abobra p\u00fablica\u00bb, cuando era obligatorio la sustracci\u00f3n de ese \u00edtem, conforme lo establecido en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 61 de la Ley 388 de 1997. De otra parte, se rest\u00f3 importancia a la afectaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble generada por \u00abla faja de retiro obligatorio o \u00e1rea de reserva o de exclusi\u00f3n. Finalmente, esas \u00abexperticias\u00bb se obtuvieron cuando la autopista ya hab\u00eda sido construida por la ANI, por ende, el \u00abimporte\u00bb de la superficie se cuantific\u00f3 con el \u00abmayor valor por esa obra de utilidad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
4.- Ergo, es clara la improsperidad del ruego supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Agropecuaria Janna S.A.S. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este prove\u00eddo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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