STC5688-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5688-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01350-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Jes\u00fas Mendoza Figueroa, frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la nombrada ciudad, y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario radicado bajo el consecutivo 2009-00213. <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, vivienda digna y a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver, como lo hizo, el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el ejecutado contra la sentencia que en primera instancia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Como sustento de su queja, luego de relacionar las condiciones en las que se pact\u00f3 el contrato de mutuo y la garant\u00eda hipotecaria base del litigio, as\u00ed como la cadena de cesiones efectuadas, explic\u00f3 que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga en sentencia de 21 de noviembre de 2014, tras declarar infundados los medios de excepci\u00f3n planteados, dispuso la continuaci\u00f3n del proceso en los t\u00e9rminos del mandamiento de pago, decisi\u00f3n apelada por el ejecutado Richard Hern\u00e1ndez Garc\u00eda. <\/p>\n
Adujo que, la Sala Civil Familia accionada en providencia de 16 de febrero de 2022, la revoc\u00f3, para en su lugar invalidar el mandamiento de pago, ordenar el levantamiento de las cautelas decretadas frente al predio objeto del gravamen y condenarlo en costas y perjuicios en su calidad de ejecutante, por haberse incumplido, supuestamente, el requisito de la reestructuraci\u00f3n, por tratarse de una obligaci\u00f3n sobre la recaen los efectos de la Ley 546 de 1999 y de los postulados que jurisprudencialmente se han venido desarrollando, desconociendo con tal proceder, el dinero que tuvo que sufragar al momento de adquirir los derechos del cr\u00e9dito exigido. <\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3 revocar la decisi\u00f3n atacada, con el fin de \u00abratificar\u00bb la sentencia de primera instancia, luego de tener en cuenta las \u00abliquidaciones, reliquidaciones y reestructuraci\u00f3n, que han sido elaboradas y presentadas dentro de los t\u00e9rminos correspondientes, en las que se evidencia la real posibilidad financiera del deudor\u00bb, en contra de quien se hallan vigentes otros procesos coercitivos. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a la Corporaci\u00f3n accionada, para que ejerciera su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, adem\u00e1s de remitir el link de acceso al expediente digital contentivo del juicio objeto de estudio, realiz\u00f3 un resumen de las principales actuaciones all\u00ed surtidas, sin efectuar un pronunciamiento directo frente a las manifestaciones del suplicante. <\/p>\n
Por su parte, tanto la apoderada general de Central de Inversiones S.A, como el ex liquidador de Sociedad Andina 1 Ltda, coincidieron en exigir la desvinculaci\u00f3n de las entidades a las que representan, luego de esgrimir al efecto, en suma, que ninguna injerencia tienen en los hechos y pretensiones enlistados en la demanda originaria. <\/p>\n
Al momento del registro del proyecto no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De manera preliminar, considera la Sala necesario, con sustento en el expediente digital que fue remitido al tr\u00e1mite constitucional, efectuar un recuento de las actuaciones procesales surtidas en el mismo, <\/p>\n
1.1. El 12 de junio de 2009, Sociedad Andina 1 Ltda (segunda cesionaria), por conducto de mandatario judicial, demand\u00f3 por la v\u00eda ejecutiva hipotecaria al se\u00f1or Richard Hern\u00e1ndez Garc\u00eda, con base en la primera copia de la escritura p\u00fablica # 1575 de 13 de abril de 1994, otorgada en la Notar\u00eda Quinta del C\u00edrculo de Bucaramanga y el pagar\u00e9 # 07015144-8, junto con las respectivas constancias de cesi\u00f3n y endoso, respectivamente, efectuadas por el Banco Central Hipotecario a favor de Central de Inversiones S.A. <\/p>\n
A la demanda se acompa\u00f1aron, adem\u00e1s, el certificado de tradici\u00f3n del bien inmueble objeto de la garant\u00eda real, el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la solicitante y el certificado de \u00abreliquidaci\u00f3n y conversi\u00f3n de UPAC a UVR, con corte a diciembre de 31 de 1999, en el que consta el alivio aplicado\u00bb. <\/p>\n
1.2. Mediante auto de 16 de julio de 2009, se libr\u00f3 mandamiento de pago conforme a lo solicitado en la demanda y, se decret\u00f3 el embargo y posterior secuestro del predio afectado. <\/p>\n
1.3. Notificado el ejecutado, procedi\u00f3 a ejercer su derecho a la defensa, presentando los medios exceptivos de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria\u00bb, \u00abindebida reliquidaci\u00f3n de y liquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por inaplicaci\u00f3n de efectos de sentencias de la Corte Constitucional\u00bb, \u00abpago total o parcial de la obligaci\u00f3n\u00bb, \u00abregulaci\u00f3n y perdida de intereses\u00bb, \u00abindebido c\u00e1lculo de intereses de plazo y moratorios al cobrarlos en UVR, en contra de los dispuesto en sentencia C-955 de 2000\u00bb, \u00abinexigibilidad de la obligaci\u00f3n por falta de requisitos en el t\u00edtulo al ser complejo, pues no se observa constancia de agotamiento del proceso de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n ni allegan reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, \u00abinexigibilidad de los intereses de plazo y de mora\u00bb e \u00abinexigibilidad de seguros\u00bb. <\/p>\n
1.4. Al descorrer el traslado de las excepciones, la apoderada judicial del demandante, entre otros asuntos y espec\u00edficamente frente a la r\u00e9plica relacionada con la falta de reestructuraci\u00f3n, que \u00abno es cierto que al presentar la demanda no se alleg\u00f3 la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, si se revisa el expediente, encontramos que esta se adjunt\u00f3 en 10 folios\u00bb (resalta la Corte). <\/p>\n
1.5. Previa aportaci\u00f3n de los documentos de rigor, en providencia de 2 de noviembre de 2012 y en calidad de cesionario del cr\u00e9dito y de la garant\u00eda, se reconoci\u00f3 al se\u00f1or Ariel Barajas Garc\u00eda, quien a su vez, lo cedi\u00f3 al se\u00f1or Pedro Jes\u00fas Mendoza Figueroa (aqu\u00ed accionante), quien se acept\u00f3 como tal, en auto de 21 de mayo siguiente. <\/p>\n
1.6. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, en sentencia de 21 de noviembre de 2014, desestim\u00f3 todos y cada uno de los mecanismos de contradicci\u00f3n del ejecutado, y orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos del mandamiento de pago. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el se\u00f1or Richard Hern\u00e1ndez Garc\u00eda la apel\u00f3, con fundamento, b\u00e1sicamente, en los mismos hechos en los que ciment\u00f3 las excepciones. <\/p>\n
1.7. El Tribunal Superior de Bucaramanga en providencia de 16 de febrero de 2022, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, no por virtud de los alegatos del apelante, sino en \u00abejercicio del control oficioso del t\u00edtulo y, concretamente, en lo que respecta a la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito \u2013que debe anteceder al proceso-\u00bb, comoquiera que dicho requisito no fue cumplido al momento de la interposici\u00f3n de la demanda. As\u00ed entonces, se orden\u00f3 la cesaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, adem\u00e1s del levantamiento de las cautelas decretadas, y la consecuente condena en costas al ejecutante. <\/p>\n
2. Ahora bien, en el asunto en estudio, el se\u00f1or por Pedro Jes\u00fas Mendoza Figueroa pretende que mediante esta v\u00eda excepcional, se invalide la providencia de segunda instancia, acabada de rese\u00f1ar. <\/p>\n
Al respecto, advierte la Sala el fracaso del amparo, en la medida que la decisi\u00f3n reprochada es producto de un atendible an\u00e1lisis probatorio, acompasado con la aplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial vigente sobre la materia, que no puede ser considerado como arbitrario o caprichoso. <\/p>\n
Siguiendo ese hilo interpretativo, concluy\u00f3 que al estar de por medio la protecci\u00f3n del derecho a la vivienda del ejecutado, y pese a que, <\/p>\n
\u00abbasta una simple consulta en el sistema de gesti\u00f3n Justicia Siglo XXI para establecer que el demandado tiene varios procesos ejecutivos incoados en su contra y, adem\u00e1s, en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del predio gravado con hipoteca se encuentra registrado un embargo por impuestos municipales desde el a\u00f1o 2010; no hay otras probanzas que permitan concluir, luego de valorarse en su conjunto las que obran en el expediente, que el demandado no puede cumplir con la obligaci\u00f3n que garantiz\u00f3 con bien hipotecado. Ninguna otra averiguaci\u00f3n conoce el proceso, fruto de la gesti\u00f3n del ejecutante, fuera de lo ya constatado (subraya fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, hizo \u00e9nfasis en que, <\/p>\n
\u00absi bien este tribunal en sus precedentes horizontales consideraba que la existencia de otros ejecutivos exoneraba al acreedor del deber de reestructurar, porque se presum\u00eda la incapacidad de pago del deudor moroso, la reciente rectificaci\u00f3n de l\u00ednea jurisprudencial sobre el tema de la misma Corte Suprema de Justicia, impone a esta sala lo propio. Entonces, obviar el procedimiento financiero en ciernes, requiere que: (i) el caudal probatorio -que d\u00e9 cuenta de la insolvencia del ejecutado- sea vasto y concluyente, por ejemplo, que se inscriba el remanente; y (ii) se efect\u00fae un an\u00e1lisis del caso que supere la presunci\u00f3n rese\u00f1ada, porque el solo hecho de ser demandado en uno o varios juicios coercitivos no implica, per se, la incapacidad de atender la obligaci\u00f3n respaldada con hipoteca\u00bb. <\/p>\n
3. En vista de lo anotado, para la Corte los argumentos del Tribunal Superior accionado para resolver el recurso de apelaci\u00f3n \u2013se itera- no son susceptibles de tildarse como sesgados o antojadizos, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revel\u00f3 el asunto y la jurisprudencia m\u00e1s reciente aplicable al caso, toda vez que luego de analizados los documentos obrantes en el expediente, consider\u00f3 que sin lugar a equ\u00edvocos, se incumpli\u00f3 con el requisito de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, torn\u00e1ndose insostenible la continuidad de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el asunto materia de estudio, en reciente pronunciamiento, SCT4213-2022, 6 abril, la Corte record\u00f3, <\/p>\n
\u00ab10. Si bien es cierto, de tiempo atr\u00e1s, esta Sala ven\u00eda sosteniendo que en aquellos procesos ejecutivos hipotecarios con cr\u00e9ditos adquiridos bajo el sistema UPAC que no hubieran sido reestructurados, pero que contaban con embargos de remanentes o cobros coactivos vigentes, no hab\u00eda lugar a su terminaci\u00f3n, pues dicho escenario demostraba fehacientemente la incapacidad de pago del demandado3, no lo es menos, que esa postura nunca fue absoluta, debido a que tales criterios no resultaban suficientes para arribar a esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, en un evento de visos similares al examinado, la Corte redefini\u00f3 su criterio, al punto de concluir que \u00abno basta con advertir la existencia de un tr\u00e1mite ejecutivo o de unos embargos de remanentes vigentes contra el accionado, para impedir la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario, cuando este no haya sido reestructurado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999, por ausencia de la capacidad de pago del demandado, pues los operadores judiciales est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de valorar, en conjunto, todas las pruebas y elementos de juicio del caso concreto, que le permitan concluir si hay lugar o no a la terminaci\u00f3n del proceso, con base en los requisitos establecidos para el efecto\u00bb. [STC5248-2021] [\u00c9nfasis no original] <\/p>\n
Sobre el particular, se consider\u00f3 que lo m\u00e1s razonado era mantener la postura adoptada desde la sentencia STC14779-2019, toda vez que, adem\u00e1s de lo dicho en esa oportunidad, la legislaci\u00f3n vigente no establece una prueba solemne o tarifa legal para acreditar la capacidad econ\u00f3mica de una persona. Por el contrario, conforme al art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez deber\u00e1 apreciar las pruebas \u00aben conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb. [Ib\u00eddem] <\/p>\n
Es m\u00e1s, se precis\u00f3 la necesidad de que los juzgadores de conocimiento, en casos an\u00e1logos, no tuvieran por desvirtuada la capacidad econ\u00f3mica de los deudores de cr\u00e9ditos de vivienda otorgados en UPAC con la simple existencia de un embargo coactivo inscrito sobre el predio gravado hipotecariamente, siendo de \u00absu resorte emprender una actividad proactiva en tal materia\u00bb [Ejusdem] tesis que en esa oportunidad reiter\u00f3 reciente pronunciamiento que en tal sentido se\u00f1alaba: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) pese a haberse entendido, como elemento demostrativo de esa eventualidad, la existencia de otros compulsivos en donde se haya decretado el embargo de los remanentes o cobros coactivos, tal circunstancia, per se, no apareja tal conclusi\u00f3n, porque ese mero hecho, contemplado en bruto, no lleva impl\u00edcita la incapacidad de pago del enjuiciado. <\/p>\n
Por el contrario, resulta indispensable una labor proactiva del juzgador para esclarecer con suficiencia este presupuesto, teniendo en cuenta que de ello depende la prerrogativa para los deudores de reorganizar su cr\u00e9dito hipotecario atendiendo a sus \u00abreales posibilidades financieras\u201d, para, de esa manera, garantizarles la facultad de conservar su lugar de habitaci\u00f3n, derecho de rango supralegal y fin primordial de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Avalar ese proceder aparejar\u00eda el desconocimiento de las reglas probatorias propias del procedimiento civil porque introduce una presunci\u00f3n de car\u00e1cter judicial sin sustento en la ley o en la Constituci\u00f3n, donde el hecho base pasa a ser el \u201cembargo coactivo\u201d para de ah\u00ed deducirse la insolvencia patrimonial de los deudores (CSJ STC474-2020 de 29 enero, citando CSJ, STC14779-2019 de 30 octubre). <\/p>\n
11. De modo que, en este caso, la autoridad enjuiciada suministr\u00f3 razones suficientes para revocar el auto de 9 de noviembre de 2019, las que, como ya se dijo, guardan armon\u00eda con el precedente jurisprudencial proferido en la materia, y que deben ser respetadas, pues la intromisi\u00f3n constitucional, trat\u00e1ndose de providencias judiciales, est\u00e1 reservada para casos de indiscutible arbitrariedad, esto es, cuando \u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo\u00bb [CSJ STC4330-2021]. <\/p>\n
4. Puestas de ese modo las cosas, el ataque dirigido a descalificar la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica realizada por la Colegiatura criticada, parece m\u00e1s bien una diferencia conceptual no susceptible de ser avalada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, instrumento que no es una instancia adicional para obtener una decisi\u00f3n m\u00e1s favorable, lo que desemboca en la declaratoria de improcedencia de la misma, pues, aunque el accionante no comparta la tesis adoptada, por ser contraria a sus intereses, no es esta senda el mecanismo para calificar cu\u00e1l de las posiciones resulta m\u00e1s o menos ajustada al sub examine (ver entre otras, STC10259 de 2021 y STC2621-2022). <\/p>\n
5. En conclusi\u00f3n, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, el amparo ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Pedro Jes\u00fas Mendoza Figueroa, frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 42, Ley 546 de 1999. <\/p>\n
3\u0002 Entre otras, STC1551-2017 que reitera lo considerado en las sentencias STC13347-2015, STC11343-2016 y STC17838-2016. <\/p>\n
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STC5688-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5688-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01350-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Jes\u00fas Mendoza […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63441","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63441","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63441"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63441\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63441"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63441"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63441"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}