STC5692-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5692-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00264-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 24 de febrero de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo invocado por Alber Antonio Arbel\u00e1ez Bueno contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Calarc\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2021-00050. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, por medio de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales cuestionadas al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito -con prove\u00eddo del 20 de abril de 2018- conden\u00f3 al gestor a 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n tras hallarlo responsable de los delitos de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado\u00bb en concurso con hurto calificado agravado en modalidad tentada y concierto para delinquir, por hechos ocurridos el 2 de noviembre de 2017, fecha en la cual fue capturado en flagrancia -proceso de radicado 2017-03741-. <\/p>\n
2.2. En otro escenario, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia -con fallo del 22 de abril de 2021- lo conden\u00f3 a 84 meses de prisi\u00f3n, al encontrarlo responsable de los delitos de tr\u00e1fico o porte de estupefacientes, destinaci\u00f3n il\u00edcita de inmuebles, est\u00edmulo al uso il\u00edcito, concierto para delinquir agravado y como c\u00f3mplice de porte ilegal de armas de defensa personal -causa penal de radicado 2021-00050-. El condenado descont\u00f3 pena, dado que el 16 de julio de 2020, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de penas y Medidas de Seguridad de Calarc\u00e1 concedi\u00f3 la libertad condicional respecto al proceso 2017-03741. <\/p>\n
2.3. En raz\u00f3n de ello, el 16 de junio de 2021, solicit\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas. Sin embargo, el Juzgado atacado de Calarc\u00e1 neg\u00f3 el pedimento. Para ello, consider\u00f3 que \u00absi el condenado fue privado de la libertad el 2 de noviembre de 2017, en el radicado 2017- 03741, y permaneci\u00f3 en dicha situaci\u00f3n hasta el 16 de julio de 2020, f\u00e1cil es concluir que varios de los hechos ocurridos entre noviembre de 2015 y el a\u00f1o 2019, cuando se desmantel\u00f3 la banda criminal a la que pertenec\u00eda, y que fueron objeto de condena en el radicado 2021-00050, tuvieron ocurrencia estando privado de la libertad\u00bb. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n. La Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia la confirm\u00f3 -con providencia del 10 de septiembre de 20212. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, el accionante cuestion\u00f3 la sentencia del Colegiado, pues en su sentir no hubo una valoraci\u00f3n adecuada de las pruebas. Ello pues, en \u00abEntrevista de Alexander moreno S\u00e1enz, donde dice el entrevistado haberse reunido con mi representado en el a\u00f1o 2018, contradiciendo toda l\u00f3gica humana pues mi prohijado en el a\u00f1o 2018 se encontraba recluido en prisi\u00f3n intramuros en Bol\u00edvar Cauca. Y el se\u00f1or S\u00e1enz en prisi\u00f3n domiciliaria en Armenia. Por lo que es il\u00f3gico que este hecho hubiese podido ocurrir\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que \u00abse revoque lo dispuesto por el JUZGADO TERCERO DE EJECUSION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD mediante auto del d\u00eda 03 de agosto de 2021 decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el tribunal Superior de distrito judicial sala penal de Armenia Quind\u00edo\u00bb. En su lugar, se conceda lo pretendido respecto a la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia3 y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Calarc\u00e14, luego de narrar sus actuaciones, sustentaron la legalidad de sus decisiones. Raz\u00f3n por la cual solicitaron que se declare la improcedencia del amparo. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Primera Especializada de Armenia5, implor\u00f3 no dar \u00abtr\u00e1mite al reconocimiento de una vulneraci\u00f3n de derecho fundamental. No se advierte que alguna autoridad judicial dentro del proceso penal haya violentado norma, procedimiento o se haya apartado de la sana cr\u00edtica que derive afectaci\u00f3n de un derecho fundamental en cabeza de Arbel\u00e1ez Bueno\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva6, refiri\u00f3 que \u00abteniendo de presente el objeto de la demanda de tutela, circunscrita al cuestionamiento que el actor hace a la denegaci\u00f3n de la acumulaci\u00f3n realizada por el Juzgado 3 de EPMS de Calarc\u00e1 Quind\u00edo, no se evidencia por parte del Juzgado 4 de EPMS de Neiva, actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que conlleve la afectaci\u00f3n de derechos fundamentales al actor\u00bb. <\/p>\n
4. El Penal del Circuito Especializado de Armenia7, respecto a la inconformidad del actor, expres\u00f3 que \u00abla competencia para definir dicha solicitud es exclusiva de los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad, en este caso el Juzgado de 3\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, que resolvi\u00f3 negativamente la solicitud del accionante, y la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, que para tal efecto fungi\u00f3 como juez de penas de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el amparo invocado. Para ello, consider\u00f3 que \u00abEl razonamiento de la mencionada autoridad no puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando de manera alguna se percibe ileg\u00edtimo o caprichoso. Dado que la demanda de amparo no es una herramienta jur\u00eddica adicional, que en este evento se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una tercera instancia, no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en la interpretaci\u00f3n de las reglas aplicables al asunto, valoraciones probatorias o en el aislamiento a los lineamientos jurisprudenciales sobre el caso debatido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor insistiendo en los mismos argumentos planteados en la respuesta aportada a esta instancia constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si el Tribunal cuestionado vulner\u00f3 los derechos fundamentales de los gestores, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 10 de septiembre de 2021, con el cual se confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del 3 de agosto del mismo a\u00f1o, que neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas. Ello pues, adujo que existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente objeto de tutela. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia -con providencia del 10 de septiembre de 2021-, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a confirmar la decisi\u00f3n impugnada. Para ello, comenz\u00f3 por invocar el art\u00edculo 460 de la ley 906 de 2004 \u00abAcumulaci\u00f3n jur\u00eddica. Las normas que regulan la dosificaci\u00f3n de la pena, en caso de concurso de conductas punibles se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n cuando los delitos conexos se hubieren fallado independientemente. Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en diferentes procesos, En estos casos la pena impuesta en la primera decisi\u00f3n se tendr\u00e1 como parte de la sanci\u00f3n a imponer. No podr\u00e1n acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o \u00fanica instancia en cualquiera de los procesos, ni penas ya ejecutadas, ni las impuestas por delitos cometidos durante el tiempo que la persona estuviere privada de la libertad\u201d\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior para destacar que \u00abEn efecto, existe prohibici\u00f3n legal de conceder el beneficio de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, cuando la segunda conducta se ejecuta mientras se estaba privado de la libertad, prohibici\u00f3n que tiene su raz\u00f3n de ser en que no operaron en el caso concreto los fines de la pena, la prevenci\u00f3n especial y la reinserci\u00f3n social, pues a pesar de estar privado de la libertad incursion\u00f3 en nuevas conductas delictivas\u00bb. <\/p>\n
2.1. Por lo tanto, entr\u00f3 a verificar si las conductas por las que fue condenado el querellante en el proceso de radicado 2021-00050 ocurrieron total o parcialmente mientras se encontraba privado de la libertad por la causa 2017-03741. En efecto, se remiti\u00f3 a la sentencia por la que fue condenado, en la cual se estableci\u00f3 que \u00abLa presente causa se origin\u00f3 con una investigaci\u00f3n realizada contra una estructura criminal dedicada al tr\u00e1fico y comercializaci\u00f3n de estupefacientes, homicidios, porte ilegal de armas y destinaci\u00f3n il\u00edcita de inmuebles, en los departamentos del Cauca, Valle, Tolima y Quind\u00edo (municipios de La Tebaida, Quimbaya y Armenia), donde se tuvo como hecho inicial la tentativa de homicidio del ciudadano Jos\u00e9 Femando Vargas Toro, ocurrida el 22 de noviembre de 2015, y que perdur\u00f3 hasta el desmantelamiento del grupo de delincuencia organizada, en el a\u00f1o 2019\u00bb. <\/p>\n
2.2. Dicha referencia la hizo para resaltar que \u00abse profiri\u00f3 sentencia de condena en contra del se\u00f1or ARBEL\u00c1EZ BUENO por pertenecer a una organizaci\u00f3n delincuencial que oper\u00f3 entre los a\u00f1os 2015 y 2019, decisi\u00f3n que tiene presunci\u00f3n de acierto y legalidad\u00bb. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que la misma \u00abfue producto de una terminaci\u00f3n anticipada en virtud de un preacuerdo, condena que se fundament\u00f3 en la aceptaci\u00f3n de cargos y en los elementos materiales probatorios presentados por la fiscal\u00eda, que en raz\u00f3n de la terminaci\u00f3n anticipada adquirieron vocaci\u00f3n probatoria\u00bb. Seguidamente, trajo a colaci\u00f3n la entrevista realizada por Leydy Caterine Londo\u00f1o el 7 de noviembre de 2018, en la cual \u00abse\u00f1ala a alias PROSPERO (el hoy condenado) de trabajar con Moya y surtirle Marihuana, indic\u00f3 que montaron una \u201colla\u201d entre Prospero, Tasmania y Moya\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que en el interrogatorio realizado a Alexander Moreno el 30 de diciembre de 2018, este dijo que \u00abal ser cuestionado sobre el homicidio de JOS\u00c9 FERNANDO VARGAS TORO ocurrido el 19 de septiembre de 2018, narr\u00f3 que fue contactado para ejecutar una persona y se entrevist\u00f3 con PROSPERO, SOLDO y TOCAYO\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por tanto, consider\u00f3 que el aqu\u00ed accionante \u00abfue privado de la libertad en el a\u00f1o 2015 en el Departamento del Huila, nunca abandon\u00f3 su pertenencia a la organizaci\u00f3n delincuencial y en raz\u00f3n a ese acuerdo de voluntades fue que se le conden\u00f3 nuevamente en el a\u00f1o 2021 en el Departamento del Quind\u00edo por el delito de concierto para delinquir en concurso con los delitos de tr\u00e1fico o porte de estupefacientes, destinaci\u00f3n il\u00edcita de inmuebles y est\u00edmulo al uso il\u00edcito; como c\u00f3mplice de porte ilegal de armas de defensa personal\u00bb. Y, concluy\u00f3 que \u00able asiste raz\u00f3n al juez de primera instancia al negar la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, dado que, los delitos por los que se profiri\u00f3 la segunda condena se ejecutaron parcialmente mientras estaba privado de la libertad, por lo que se confirmar\u00e1 el auto impugnado\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.8 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido reiteradamente9 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-.10 <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades cuestionadas -en el desarrollo de sus facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia.11 <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada por improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 5-11. Anexo 0003 122103Demanda.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 39-44. Anexo 0003 122103Demanda.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-2. Anexo 0010 RTA SP TRIBUNAL SUP ARMEN.pdf <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-6. 0009 RTA J3EPCALARCE.pdf <\/p>\n
5\u0002 Folio 1-4.Anexo 0011 RTAFISC1ESP.pdf <\/p>\n
6\u0002 Folio 1-2. Anexo 0008 RTA J4EPNEIVA.pdf <\/p>\n
7\u0002 Folio 1-2. Anexo 0012 RTAJPE ARME.pdf <\/p>\n
8\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
9\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, entre otras. <\/p>\n
10\u0002 Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
11\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
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