STC5693-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5693-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01743-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de mayo dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Genny Teher\u00e1n Gelves contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado 3 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. y las dem\u00e1s partes del proceso laboral de radicado 2016-00398. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante procura el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad social, estabilidad laboral reforzada, trabajo, salud, igualdad, m\u00ednimo vital y asociaci\u00f3n sindical, presuntamente vulnerados por los despachos accionados. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La gestora instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la AFP Protecci\u00f3n S.A., con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo que fue terminado \u00abpor causas imputables al patrono (Despido Indirecto)\u00bb y la ineficacia del despido, por cuanto su empleador no solicit\u00f3 la autorizaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo, as\u00ed como que se ordenara el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, entre otros. <\/p>\n
2.2. El 5 de diciembre de 2017, el Juzgado 3\u00ba Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 la ineficacia del despido y conden\u00f3 a la demandada a reintegrarla y pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, as\u00ed como la indemnizaci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997; a su vez, decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de los descuentos realizados y absolvi\u00f3 a la accionada respecto de las otras pretensiones. <\/p>\n
2.3. El 14 de febrero de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 el fallo del a quo y neg\u00f3 el reintegro y los pagos ordenados, confirmando en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
2.4. El 24 de marzo de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto y no cas\u00f3 la sentencia atacada. <\/p>\n
2.5. Al respecto, la tutelante afirm\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, por no valorar los correos electr\u00f3nicos que indicaban lo referente a la reubicaci\u00f3n laboral, las recomendaciones m\u00e9dicas, la confesi\u00f3n del empleador y los comprobantes de n\u00f3mina. <\/p>\n
Sobre el defecto sustantivo, indic\u00f3 que lo resuelto se fundament\u00f3 en una sentencia que trataba un caso de terminaci\u00f3n por mutuo acuerdo, situaci\u00f3n diferente a la suya, y que se le dio un alcance distinto \u00abal art\u00edculo 26 de la Ley 361\/97\u00bb. Tambi\u00e9n se desconocieron los precedentes constitucionales relacionados con la estabilidad laboral reforzada y la obligatoriedad de obtener autorizaci\u00f3n del Ministerio de Trabajo para terminar un contrato laboral de una persona en condiciones de discapacidad o disminuci\u00f3n f\u00edsica. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se dejen sin efecto las sentencias de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral, para que se acceda a sus pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n convocada indic\u00f3 que la decisi\u00f3n proferida era razonable, toda vez que \u00abLa censura no demostr\u00f3 que el Tribunal se hubiera equivocado al colegir la improcedencia del reintegro de la trabajadora, quien decidi\u00f3 dimitir por causas atribuibles al empleador\u00bb; adem\u00e1s, resalt\u00f3 que se fundament\u00f3 en las sentencias SL1451-2018 y SL410-2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente. <\/p>\n
2. Quien adujo ser el apoderado de la se\u00f1ora Teher\u00e1n Gelves en el proceso ordinario manifest\u00f3 que coadyuvaba en todas sus partes el escrito de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que la determinaci\u00f3n cuestionada fue \u00abdebidamente fundamentada, sustentada en argumentos razonables, que descartan que sea producto de la arbitrariedad o el capricho, y que hayan consecuentemente vulnerado o puesto en riesgo los derechos fundamentales invocados por la parte actora\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N1 <\/p>\n
La interpuso la accionante, quien pidi\u00f3 que se \u00abampare en los Derechos Fundamentales Constitucionales que estimamos vulnerados por las autoridades accionadas\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala accionada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 24 de marzo de 2021, que defini\u00f3, en \u00faltimas2, el proceso ordinario laboral promovido contra la AFP Protecci\u00f3n S.A., en tanto no cas\u00f3 la sentencia dictada el 14 de febrero de 2018, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. De conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la ahora tutelante, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
2.1. Para ello, sostuvo que el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 ten\u00eda por objeto garantizar la estabilidad a los trabajadores afectados en su salud frente a una eventual discriminaci\u00f3n de parte del patrono y, luego de analizar su constitucionalidad, seg\u00fan fallo C-531-2000, que estableci\u00f3 que \u00abla eficacia del despido de un trabajador o la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo por raz\u00f3n de la limitaci\u00f3n, est\u00e1 condicionada a la obtenci\u00f3n del permiso de la oficina del trabajo\u00bb, estim\u00f3 que en el caso objeto de estudio \u00abla falta de prueba de los hechos que soportaron la renuncia motivada de la trabajadora, no permit\u00eda el reintegro, seg\u00fan los t\u00e9rminos del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, consider\u00f3 que no se configur\u00f3 error alguno por parte del Tribunal, pues, como lo expuso la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en sentencia CSJ SL1451-2018, es procedente desestimar \u00ab\u2026la pretensi\u00f3n de reintegro derivada de la renuncia, al igual que la fundamentada en la situaci\u00f3n de discapacidad del demandante, habida cuenta que la protecci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 opera en relaci\u00f3n con los despidos, no frente a dimisiones\u2026\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la protecci\u00f3n especial contenida en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 opera en relaci\u00f3n con el despido m\u00e1s no en el evento de la renuncia por parte de la trabajadora, era evidente que el cargo no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperar. <\/p>\n
2.2. En lo pertinente al principio de consonancia, se\u00f1al\u00f3 que no existi\u00f3 equivocaci\u00f3n alguna en el hecho de que \u00abel Tribunal hiciera hincapi\u00e9 en la falta de acreditaci\u00f3n de las causas que impulsaron a la actora a poner fin al contrato de trabajo\u00bb y en que, para el efecto, hubiera decidido \u00abverificar si se configuraban los supuestos de un despido indirecto (\u2026) pues no pod\u00eda deso\u00edr el descontento planteado por la apelante\u00bb, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 66A del ordenamiento adjetivo del trabajo. <\/p>\n
En lo relacionado con la presunta confesi\u00f3n de la empresa, indic\u00f3 que, acorde con lo dispuesto en el art\u00edculo 195 del CPC, hoy 191 del CGP, aquella no se estructur\u00f3, pues solo se observa que la entidad explic\u00f3 \u00ablas razones por las cuales la empresa continu\u00f3 pagando los salarios de la trabajadora pese a que no prestaba en servicio efectivo\u00bb y, en lo concerniente a las pruebas de la renuncia y comprobantes de n\u00f3mina, resalt\u00f3 que en nada aportaban al quiebre de la sentencia, pues la primera solo \u00abcontiene la aceptaci\u00f3n de la renuncia de la trabajadora a partir del 10 de agosto de 2011\u00bb, sin que de la misma se evidenciara una justa causa que conllevara la modificaci\u00f3n de lo determinado por el Tribunal, y los desprendibles solo \u00abdan cuenta de los descuentos y falta de remuneraci\u00f3n por los meses de enero, febrero y diciembre de 2004, marzo y noviembre de 2005 y mayo de 2006\u00bb, que no pod\u00edan ser considerados como la causa de renuncia de la actora, toda vez que \u00abdesde su ocurrencia, transcurrieron m\u00e1s de 5 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2.4. Finalmente, en lo atinente a la prohibici\u00f3n de los descuentos, consider\u00f3 que, aunque le asist\u00eda raz\u00f3n a la censura, en la medida en que el Tribunal desconoci\u00f3 lo dispuesto en el inciso 2 del art\u00edculo 149 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, que impide hacer descuentos -aun con autorizaci\u00f3n del trabajador- que afecten el salario m\u00ednimo legal, lo cierto era que no se casar\u00eda la sentencia, pues \u00aben sede de instancia se llegar\u00eda a id\u00e9ntica decisi\u00f3n absolutoria\u00bb, dado que dichos descuentos \u00abse practicaron hasta 2006, la relaci\u00f3n laboral finaliz\u00f3 el 10 de agosto de 2011 y la demanda se present\u00f3 el 12 de agosto de 2014\u00bb, por lo que era evidente que \u00abse super\u00f3 el plazo de 3 a\u00f1os para entablar la acci\u00f3n laboral, seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 488 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y 151 del estatuto procesal de la misma materia\u00bb. <\/p>\n
3. Analizada la providencia rebatida, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida, la Sala accionada estudi\u00f3 los reproches expuestos por la casacionista -reiterados en sede de tutela- y motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, la normativa y jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, el Colegiado hall\u00f3 debidamente sustentada la decisi\u00f3n del Tribunal, en el sentido de negar el reintegro y los pagos ordenados por el a quo, al establecer que la actora no cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de probar la ocurrencia de los hechos generadores que acarrearon el presunto despido indirecto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso sub examine se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la accionante, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Adicionalmente, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el escenario para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, como se reclama, pues: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…)\u2019\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
<\/p>\n
En el caso bajo estudio no es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n y a un nuevo an\u00e1lisis de las probanzas allegadas al plenario, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como se dijo atr\u00e1s, la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra motivada razonadamente en las pruebas consideradas, la normativa y jurisprudencia relacionada. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La impugnaci\u00f3n interpuesta por el se\u00f1or Luis \u00c1ngel Torres G\u00f3mez se rechaz\u00f3 el 14 de diciembre de 2021 por el a quo constitucional, \u00abpor cuanto (\u2026) carece de legitimidad en la causa para actuar dentro de la presente acci\u00f3n, pues la demanda de tutela fue suscrita directamente por la accionante, sin que obre poder especial en el expediente donde se le faculte para actuar como su apoderado en esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que cuando las sentencias de instancia han sido objeto de recursos \u00abla valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
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