STC5697-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5697-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00083-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 25 de enero de 2022, con la cual se deneg\u00f3 el amparo reclamado por Jhon V\u00edctor V\u00e1squez Jim\u00e9nez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, Meta. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario del referido municipio del Meta. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla -con providencia del 19 de noviembre de 2010- resolvi\u00f3 condenar al actor a 324 meses de prisi\u00f3n por el delito de homicidio agravado en concurso heterog\u00e9neo con fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de armas de fuego o municiones, en el proceso penal de radicado 2007-00733. <\/p>\n
2.2. Afirm\u00f3 el tutelante que ha solicitado en diversas oportunidades que se le conceda libertad condicional, debido a que ha cumplido con las 3\/5 partes de la pena. Sin embargo, indic\u00f3 que el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, Meta, deneg\u00f3 nuevamente dicho petitorio con auto del 18 de mayo de 2021, por considerar que no cumpl\u00eda con los presupuestos previstos en el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 20001. <\/p>\n
2.3. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el gestor inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. El a quo natural mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n, por lo que, concedi\u00f3 la alzada en el efecto suspensivo2. <\/p>\n
2.4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio -con prove\u00eddo del 20 de octubre de 2021- confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n impugnada. Para ello, entre otras razones, porque si bien su conducta ha sido buena \u00ablo cierto es que en su caso la ponderaci\u00f3n de los comportamientos il\u00edcitos por los que se le conden\u00f3, al igual que su naturaleza y modalidad, permiten concluir que resulta necesaria la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena\u00bb3. <\/p>\n
2.5. Se duele de que los estrados judiciales accionados incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente. Esto, debido a que interpretaron y aplicaron err\u00f3neamente el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, pues limitaron el an\u00e1lisis de la petici\u00f3n de libertad condicional \u00fanicamente en la gravedad del il\u00edcito cometido, sin entrar a evaluar el proceso de resocializaci\u00f3n y su comportamiento dentro del centro penitenciario. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, se le conceda la libertad condicional que le fue negada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas (Meta)4, solicit\u00f3 ser desvinculado del amparo como quiera que no vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
2. La Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior acciona5, manifest\u00f3 que la presente acci\u00f3n es improcedente, por cuanto \u00absu objetivo es cuestionar una decisi\u00f3n judicial respecto de la cual se agotaron los recursos y, que por medio de dicho mecanismo se le conceda el subrogado penal, es decir, busca convertirla en una especie de tercera instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda impetrada. Para ello, manifest\u00f3 que \u00abno existe defecto alguno en el auto dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio que finiquit\u00f3 el tr\u00e1mite de la solicitud de libertad condicional decidida en primera instancia por el juez ejecutor de Acac\u00edas, Meta\u00bb. Como fundamento de lo anterior, indic\u00f3 que el ad quem natural, al momento de resolver la alzada promovida contra el auto del 18 de mayo de 2021, \u00abreafirm\u00f3 la aplicabilidad por favorabilidad del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, con la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, y respecto del cumplimiento de los requisitos all\u00ed previstos, acudi\u00f3 a los criterios se\u00f1alados en las sentencias C-194 de 2005 y C-757 de 2014 de la Corte Constitucional y la sentencia de esta Corporaci\u00f3n STP 15806 \u2013 2019\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el extremo activo, quien se limit\u00f3 a se\u00f1alar su intenci\u00f3n de \u00abapelar\u00bb el fallo de primera instancia. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del actor, con ocasi\u00f3n de la providencia dictada el 20 de octubre de 2021, con la cual se confirm\u00f3 la negativa de la libertad condicional invocada. Ello pues, adujo que no se tuvo en cuenta al momento de resolver el petitorio la readaptaci\u00f3n social que ha tenido y su buen comportamiento dentro del establecimiento penitenciario y carcelario. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la autoridad Judicial encarada -con providencia del 20 de octubre de 2021-, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a confirmar la decisi\u00f3n impugnada. Para ello, comenz\u00f3 por analizar los requisitos exigidos por la ley6 para conceder la libertad condicional de un reo, y apuntal\u00f3 que \u00abel Juez ejecutor, partiendo de la valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta por la que se emiti\u00f3 condena, debe ponderar los elementos que certifican el comportamiento intramuros del sentenciado, aunado a los requisitos objetivos que corresponden: i) al cumplimiento de las tres quintas (3\/5) partes de la pena impuesta, ii) al pago de los perjuicios derivados de la conducta punible y iii) a la demostraci\u00f3n del arraigo social y familiar del condenado\u00bb. <\/p>\n
2.1. Visto lo anterior, trat\u00e1ndose de la forma en la que debe abordarse la \u00abvaloraci\u00f3n de la conducta punible\u00bb, adujo que \u00abel ejecutor en manera alguna puede realizar un an\u00e1lisis ajeno, apartado o que no corresponda a los l\u00edmites impuestos por el juez de conocimiento al momento de proferir la sentencia, toda vez que lo se\u00f1alado en ese momento se erigen en el derrotero inicial, a partir del cual el operador judicial colige la necesidad de continuar o no con la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n irrogada\u00bb. En el punto, a\u00f1adi\u00f3 que esta postura se encuentra sustentada en las sentencias C-195 de 2005 y C-757 de 2014 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.2. Con base en lo expuesto ut supra, y confirmando lo decidido en primera instancia, estableci\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a juicio de la Sala le asisti\u00f3 raz\u00f3n al a quo al negar la libertad condicional al penado recurrente, acorde a la valoraci\u00f3n de la conducta que se realizara por el juez fallador, toda vez que la misma resulta de importante lesividad, impidiendo que, al menos por ahora, se suspenda el tratamiento penitenciario al que viene siendo sometido. <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, como el Juez Sexto Penal del Circuito de Barranquilla, al momento de proferir la sentencia del diecinueve (19) de noviembre de dos mil diez (2010), destac\u00f3 la mayor gravedad del comportamiento por el que fue condenado Jhon V\u00edctor V\u00e1squez Jim\u00e9nez, resaltando sobre ese particular lo siguiente: \u00ab\u2026 dada la forma de realizaci\u00f3n del il\u00edcito donde pr\u00e1cticamente el autor ejecut\u00f3 a su v\u00edctima no es posible que se le imponga la pena m\u00ednima\u00bb. Consideraciones, que se vieron reflejadas en el proceso de dosificaci\u00f3n punitiva, pues no se impuso el l\u00edmite m\u00ednimo del cuarto seleccionado (25 a\u00f1os) sino que se aument\u00f3 en doce (12) meses m\u00e1s, imponi\u00e9ndose la pena de veintis\u00e9is (26) a\u00f1os de prisi\u00f3n. (\u2026) <\/p>\n
En ese orden, para el Tribunal, como lo fue para el juez a quo, el comportamiento desplegado por el condenado, gener\u00f3 una indudable afectaci\u00f3n al bien jur\u00eddico tutelado de la vida, en la medida que se asoci\u00f3 con otros ciudadanos para ejecutar sin m\u00e1s al occiso indefenso. <\/p>\n
Tal realidad, no desvirtuada por el impugnante, permite sostener que en verdad la valoraci\u00f3n de la conducta punible desarrollada por el penado, evidencia un mayor reproche que otras, pues pone en evidencia su desprecio por los derechos de los dem\u00e1s ciudadanos, como quiera que, reiteramos se trata de un comportamiento que se cimienta en altos niveles de lesividad, pues vulnera el bien jur\u00eddico de mayor relevancia, como lo es la vida\u00bb. (Se subraya) <\/p>\n
Por lo expuesto, concluy\u00f3 que \u00abresulta claro que hizo bien el juez ejecutor al no otorgar la libertad condicional a Jhon V\u00edctor V\u00e1squez Jim\u00e9nez, pues si bien su conducta penitenciaria ha sido buena, de ah\u00ed que se emitiera concepto favorable por la direcci\u00f3n del penal para la concesi\u00f3n del sustitutivo en examen, lo cierto es que en su caso la ponderaci\u00f3n de los comportamientos il\u00edcitos por los que se le conden\u00f3, al igual que su naturaleza y modalidad, permiten concluir que resulta necesaria la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable7. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido8 y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la parte tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-7, archivo \u201cAUTO 0843 NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-6, archivo \u201cAUTO 1184 NIEGA REPOSICION Y CONCEDE APELACION\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-16, archivo \u201c04. AutoInterlocutorio2Instancia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201cOFICIO 0156 RESPUESTA TUTELA 2022-00083\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c121544 – Respuesta acci\u00f3n de tutela Jhon V\u00edctor V\u00e1squez Jim\u00e9nez – ejecuci\u00f3n de penas\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, que modific\u00f3 el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000. <\/p>\n
7\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128) <\/p>\n
8\u0002 Art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, y el art\u00edculo 471 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
<\/p>\n
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