STC5703-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5703-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01245-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del Norte SA (COOMULPINORT) contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la sede judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abdejar sin efecto la providencia de\u2026 25 de marzo de 2022, con la cual desato la alzada formulada\u2026 contra el auto que aprob\u00f3 las costas, de fecha 1 de septiembre de 2021, y realice un nuevo estudio teniendo en cuenta solo los argumentos en que se apoya la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Transportes del Norte SA promovi\u00f3 demanda declarativa contra la Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del Norte SA, que fue desestimada con sentencia del 27 de noviembre de 2017, en la que, adem\u00e1s, se conden\u00f3 en costas a la demandante y se fij\u00f3, como agencias en derecho \u00abla suma de quince millones de pesos\u2026 a cargo de la parte demandante\u2026, que corresponde al 10% del valor de las pretensiones de la demanda\u2026, de conformidad con las directrices del acuerdo 1887 de 2003, modificado por el acuerdo 2222 de 2003\u2026\u00bb. Contra esa providencia se formul\u00f3 apelaci\u00f3n, siendo confirmada con fallo del 16 de julio de 2018. <\/p>\n
2.2. Cumplido lo anterior, se elabor\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, que fue aprobada por el a quo con auto del primero de septiembre de 2021, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandada, al mostrarse inconforme con el valor de las agencias en derecho fijadas en primera instancia. <\/p>\n
2.3. Mediante prove\u00eddo del 25 de marzo de 2022, el Tribunal criticado resolvi\u00f3 la prenotada alzada, en el sentido de modificar la liquidaci\u00f3n de costas, \u00abrespecto a las agencias en derecho de esta segunda instancia\u00bb y, en lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 el auto cuestionado. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que, como soporte de la alzada que formul\u00f3 frente al auto de primero de septiembre de 2021, precis\u00f3 que el juzgador de primer grado \u00abpas\u00f3 por alto que las pretensiones de la demanda, seg\u00fan el juramento estimatorio. ascend\u00edan a la suma de $ 11.795.325.451.oo y por tanto el 10% de las agencias en derecho corresponden a la suma de $1.179.532.545\u00bb; y que el Tribunal criticado vulner\u00f3 \u00abla non reformatio in pejus\u00bb, toda vez que \u00abel demandante\u2026 nunca controvirti\u00f3 la condena en costas, ni tampoco el porcentaje del 10% de las agencias en derecho\u00bb, por lo que \u00abestos t\u00f3picos al estar en firmes eran inmodificables\u00bb. <\/p>\n
2.5. Adicion\u00f3 que \u00abal admitir el a quem que las agencias en primera instancia efectivamente corresponden a $15.000.000, lo que hizo fue modificar el porcentaje del 10% de las agencias en derecho de primera instancia a un nuevo porcentaje del 0.127169022%\u00bb, aspecto que no fue controvertido a trav\u00e9s de la alzada; que \u00abla suma de los $15.000.000 que fue reconocida es irrisoria frente a la suma se\u00f1alada bajo el apremio del juramento estimatorio realizado en la demanda reformada presentada por Transportes del Norte SA\u00bb; y que el Tribunal criticado desconoci\u00f3 las normas que regulan la fijaci\u00f3n de agencias en derecho. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta manifest\u00f3 que \u00abno se configura la conculcaci\u00f3n de derechos alegada\u2026, pues\u2026 la decisi\u00f3n acaeci\u00f3 del an\u00e1lisis minucioso de todas las pruebas recaudadas al interior del expediente y se dieron las razones por las cuales no se deb\u00edan acoger las replicar del apelante, pero s\u00ed deb\u00edan modificarse las cuentas en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la providencia de 25 de marzo de la anualidad anterior no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que no hab\u00eda lugar a incrementar el monto de agencias en derecho de primera instancia, incluido en la liquidaci\u00f3n aprobada con auto del primero de septiembre de 2021, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Bien sabido es que las agencias en derecho corresponden a una contraprestaci\u00f3n por los gastos en los que incurri\u00f3 la parte vencedora en defensa de sus derechos, circunstancia por la cual de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez debe aplicar las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, as\u00ed mismo, deber\u00e1 tener en cuenta la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente, la cuant\u00eda del proceso y dem\u00e1s circunstancias especiales, sin que ello exceda el m\u00e1ximo de las tarifas se\u00f1aladas. <\/p>\n
Frente a las tarifas se\u00f1aladas por el Consejo Superior de la Judicatura, es menester advertir que en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el art\u00edculo 43 de la Ley 794 del 2003, se expidi\u00f3 el Acuerdo 1887 el cual fue modificado por el Acuerdo 2222 ambos del mismo a\u00f1o, en donde se fijaron unos l\u00edmites m\u00e1ximos y unos criterios de gradualidad teniendo presente \u201cla naturaleza, calidad y duraci\u00f3n \u00fatil de la gesti\u00f3n ejecutada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente, autorizada por la ley, la cuant\u00eda de la pretensi\u00f3n y las dem\u00e1s circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables\u201d se\u00f1alando que \u201clas tarifas por porcentaje se aplicaran inversamente al valor de las pretensiones\u201d. <\/p>\n
Y aun cuando debe tenerse en cuenta que actualmente se expidi\u00f3 el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto del 2016, que derog\u00f3 las anteriores disposiciones en materia de agencias en derecho, no se puede perder de vista que por expresa estipulaci\u00f3n del art\u00edculo 7 de la mentada normativa, \u00e9sta s\u00f3lo aplica a los procesos iniciados a partir de su publicaci\u00f3n, de manera que los asuntos comenzados con anterioridad a su entrada en vigencia se rigen por los reglamentos previamente citados, caso que acontece en el asunto marras, ya que el mismo se radic\u00f3 ante la oficina judicial de reparto el 18 de diciembre del 2015. <\/p>\n
De cara al asunto marras, observa esta magistratura que tal como lo refiere la parte recurrente, la cuant\u00eda del asunto conforme juramento estimatorio realizado en la demanda reformada y presentada por Transportes del Norte S.A., asciende a la suma de $11.795.325.451.oo, por lo que claramente los quince millones se\u00f1alados por la juez a quo, por concepto de agencias en derecho, en efecto no corresponder\u00edan al 10% del valor de las pretensiones negadas, como se afirm\u00f3 en el numeral cuarto de la sentencia proferida el 27 de noviembre del 2017. <\/p>\n
Sin embargo, comoquiera que el marco tarifario previsto en el Acuerdo emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, para reconocer agencias en derecho en el escenario de los procesos verbales de primera instancia puede ir \u201chasta\u201d el veinte por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, $15.000.000.oo como lo estableci\u00f3 la juez de instancia se encuentra dentro del rango que para estos casos consagra el reglamento pertinente, m\u00e1xime si en cuenta se tiene que la definici\u00f3n de la primera instancia se surti\u00f3 en un lapso menor a los dos a\u00f1os y aun cuando se realizaron cuatro diligencias, en las cuales se surtieron las audiencias de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, procedente es aclarar que la verdadera contienda se efect\u00fao en las diligencias del 9 de junio y 24 de noviembre del 2017, dado que la realizada el 21 de abril del mismo a\u00f1o, fue suspendida de mutuo acuerdo por las partes a efectos de adelantar un eventual acuerdo conciliatorio y la efectuada el 27 de noviembre de dicha calenda, simplemente se convoc\u00f3 para hacer la lectura del fallo respectivo, dado que el d\u00eda en el cual se recepcionaron los alegatos de conclusi\u00f3n la audiencia finaliz\u00f3 en un horario no laboral. De igual forma es menester recalcar que si bien existi\u00f3 una debida defensa, pues se contest\u00f3 en tiempo, lo cierto es que adem\u00e1s de las respectivas contestaciones a la demanda y su reforma, no existi\u00f3 otro despliegue jur\u00eddico may\u00fasculo, pues contra las decisiones tomadas en dicha instancia no de formul\u00f3 inconformidad alguna diferente a la propuesta luego de proferido el fallo. <\/p>\n
Por lo cual y como quiera que la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho, corresponde a una tarea prudente del juez de primer grado que no debe desconocer los par\u00e1metros establecidos en la norma procesal, los principios ni disposiciones se\u00f1aladas por el Consejo Superior de la Judicatura, se considera que el yerro en el cual s\u00ed incurri\u00f3 la juez de instancia fue en la equivalencia del porcentaje al cual corresponde el monto se\u00f1alado, que en cualquier caso se itera comprende rangos de hasta el 20% de las pretensiones negadas, por lo que no necesariamente el funcionario judicial deb\u00eda se\u00f1alar un porcentaje determinado cercano o igual al veinte por ciento, como erradamente lo infiere el memorialista, pues t\u00e9ngase en cuenta que las agencias en derecho conforme lo ha puntualizado la Corte Suprema de Justicia corresponden a \u201cuna partida representativa del pago de honorarios al profesional que se contrat\u00f3 para ejercer vocer\u00eda, en virtud del derecho de postulaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Por todo lo anterior, considera esta magistratura que la cantidad dineraria es producto de una equitativa y razonable ponderaci\u00f3n de las circunstancias desarrolladas en el proceso en primera instancia y si bien no se desconoce que con posterioridad a la emisi\u00f3n del fallo de primera instancia, fueron varias las actuaciones que se surtieron no s\u00f3lo ante este Tribunal Superior sino tambi\u00e9n ante la Corte Suprema de Justicia, lo cierto es que el reconocimiento a dicho desgaste se realiz\u00f3 al momento de proferirse el auto fechado 6 de agosto del 2021, momento en el cual se tasaron las agencias en derecho de esta segunda instancia en el 1% de las pretensiones negadas, por lo que no le asiste raz\u00f3n a la parte recurrente que deban elevarse las agencias de primera instancia al porcentaje equivocadamente referido por la juez de instancia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la promotora es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada examin\u00f3 la sentencia de primera instancia y concluy\u00f3 que si bien en dicha providencia se indicaron dos valores a t\u00edtulo de agencias en derecho, uno en una cuant\u00eda determinada ($15\u00b4000.000) y otro en porcentaje (10% del valor de las pretensiones de la demanda), lo cierto es que el monto que deb\u00eda reconocerse, atendiendo los criterios establecidos en las normas que regulan la fijaci\u00f3n de tal concepto, era el de $15\u00b4000.000, comoquiera que dicha suma era la que se acompasaba a la gesti\u00f3n judicial que se despleg\u00f3 por la demandada, en primera instancia, en defensa de su derechos. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, la conclusi\u00f3n del fallador ad quem, que determin\u00f3 que las agencias en derecho de primera instancia, liquidadas en $15\u00b4000.000, resultaban ajustadas a derecho, no conculc\u00f3 los derechos fundamentales de la tutelante, porque no hizo m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n, habida cuenta que fue ese el monto que se contempl\u00f3 en la liquidaci\u00f3n aprobada con el auto de primero de septiembre de 2021. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, como el monto aprobado por el a quo, a t\u00edtulo de agencias en derecho de primera instancia, fue de $15\u00b4000.000, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el funcionario de segunda instancia, no ocurri\u00f3 la vulneraci\u00f3n al debido proceso por desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus, porque la situaci\u00f3n decidida no sufri\u00f3 alteraci\u00f3n. <\/p>\n
4. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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