STC5706-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5706-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01312-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Gonzalo Ria\u00f1o Vargas contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa localidad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, defensa, \u00abequidad\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice conculcadas por las sedes judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos, las sentencias del\u2026 9 de febrero de 2021 y\u2026 de\u2026 25 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Banco Davivienda SA promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Gonzalo Ria\u00f1o Vargas, quien formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito que fueron desechadas con sentencia del 9 de febrero de 2021, por lo que se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandado, siendo confirmada con providencia del 25 de agosto de 2021. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el ejecutado deprec\u00f3 la adici\u00f3n del fallo de segunda instancia, que fue negada con auto del 27 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la sentencia de primera instancia denota \u00abausencia de apreciaci\u00f3n de las pruebas\u2026, la decisi\u00f3n judicial se bas\u00f3 en consideraciones conceptuales y normativas alejadas de las pruebas del legajo judicial, la realidad y la verdad procesal\u00bb; y que el Tribunal convocado incurri\u00f3 en un error \u00abde interpretaci\u00f3n jur\u00eddico-gramatical, respecto del adjetivo \u201cvigente\u201d el cual asimila al adjetivo \u201cexigible\u201d, para negar el segundo cumplimiento de los requisitos de Decreto 4828 de 2010\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que el ad quem convocado omiti\u00f3 valorar \u00abel acta de cr\u00e9dito CRN 88 de marzo 18 de 2010 del Comit\u00e9 Cr\u00e9dito Regional del Banco Davivienda, que evidencia y prueba la naturaleza y la calidad de peque\u00f1o y mediano productor demandado\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n dej\u00f3 de analizar \u00abtodos los reparos y sustentaci\u00f3n expuestos, ni la revisi\u00f3n arm\u00f3nica, razonada y sistem\u00e1tica de las pruebas, se desconoci\u00f3 la especial protecci\u00f3n del estado a los cr\u00e9ditos l\u00ednea Finagro a trav\u00e9s de los decretos, resoluciones y directiva presidencial para mitigar los efectos de la ola invernal\u00bb. <\/p>\n
2.5. Tambi\u00e9n resalt\u00f3 que \u00abfue copiosa la documentaci\u00f3n arrimada al expediente con la cual se probaba la calidad de la afectaci\u00f3n sobre la ola invernal (confesada por la actora), sin que se haya indicado nada a este respecto\u00bb; y que \u00abno existi\u00f3 menci\u00f3n alguna sobre los Decretos 4580, 4627, 4628, 4629,4673, 4674, 4703, 4820, 4825, 4831 de 2010; 4580 de 2011. que contemplaron el plan de alivio de la deuda agropecuaria- para ola invernal\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
Entonces, entre esa \u00faltima fecha (27 de septiembre de 2021) y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 22 de abril de 2022, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
3. Lo anterior resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
4 <\/p>\n
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