STC5707-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5707-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01346-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Bon Jovi Duarte D\u00edaz contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados D\u00e9cimo y Once Civiles del Circuito de esta ciudad, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual con radicado N\u00b0 11001310301020180021000. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en el asunto indicado. <\/p>\n
En apoyo de su reclamo, manifest\u00f3 que el 30 de abril de 2018 formul\u00f3 la demanda origen del proceso censurado, contra Luis Omar Pulecio Caicedo y Este es Mi Bus SAS, reclamando que se les declarara responsables de los perjuicios sufridos por el accidente de tr\u00e1nsito que le gener\u00f3 la amputaci\u00f3n de su extremidad izquierda. <\/p>\n
Explic\u00f3 que en raz\u00f3n a que los demandados fueron notificados el 17 de mayo y 22 de junio de 2018, y transcurridos casi casi dos (2) a\u00f1os sin emitirse sentencia, solicit\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que tramitaba el asunto, decretar la nulidad, dada su falta de competencia conforme al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, petici\u00f3n que fue acogida el 3 de diciembre de 2020, por lo cual se enviaron las diligencias al despacho siguiente. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad, se rehus\u00f3 a tramitar el litigio y promovi\u00f3 conflicto de competencia el 31 de agosto de 2021, colisi\u00f3n resuelta por el Tribunal accionado el 30 de marzo de 2022, en el sentido de ordenar que el proceso deb\u00eda seguir siendo conocido por el Juzgado D\u00e9imo Civil del Circuito, pues, seg\u00fan indic\u00f3, no obraba \u00abla s\u00faplica de las partes\u00bb para disponer la nulidad de lo actuado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que al estar claramente \u00abinobservado el contenido del expediente y las reiteradas s\u00faplicas de p\u00e9rdida de competencia\u00bb, solicit\u00f3 a la Corporaci\u00f3n acusada aclarar su decisi\u00f3n, lo que se neg\u00f3 en auto de 27 de abril siguiente, con lo que incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico porque desconoci\u00f3 los escritos con los cuales solicit\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia en varias ocasiones. <\/p>\n
Alega, que se encuentran lesionadas sus garant\u00edas, comoquiera que han pasado m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os desde la presentaci\u00f3n de la demanda, sin que se haya proferido sentencia, cuesti\u00f3n agravada si se tiene en cuenta su situaci\u00f3n de salud por las lesiones que padeci\u00f3. <\/p>\n
Con fundamento en lo narrado, pidi\u00f3, ordenarle al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abdeclarar la p\u00e9rdida de competencia del JUZGADO D\u00c9CIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1, y que sea el JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO quien contin\u00fae con el tr\u00e1mite del proceso judicial instaurado\u00bb. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 2 de mayo se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 del asunto censurado por la remisi\u00f3n que le efectu\u00f3 su hom\u00f3logo D\u00e9cimo Civil del Circuito al declarar la p\u00e9rdida de competencia con fundamento en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y en atenci\u00f3n a que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en providencia de 30 de marzo de 2022, al definir el conflicto de competencia que promovi\u00f3, determin\u00f3 que el proceso siguiera siendo tramitado por el referido despacho D\u00e9cimo, es a \u00e9ste a quien corresponde resolverlo. <\/p>\n
2. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 los antecedentes del asunto e indic\u00f3 que como el accionante, solicit\u00f3 varias veces decretar la p\u00e9rdida de competencia, al establecer que se cumpl\u00edan los presupuestos para ello, en auto de 3 de diciembre de 2020 acogi\u00f3 tal solicitud. Advirti\u00f3 que con esa actuaci\u00f3n no lesion\u00f3 los derechos invocados. <\/p>\n
3. El apoderado judicial de Este es Mi Bus SAS advirti\u00f3 que esa compa\u00f1\u00eda ha intentado llegar a acuerdos con el accionante, pero no ha sido posible. Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que se encuentran \u00aben disposici\u00f3n de continuar con la actuaci\u00f3n iniciada en su oportunidad para atender las etapas procesales siguientes\u00bb. <\/p>\n
4. El Centro Internacional de Investigaciones Forenses y Criminal\u00edsticas, Centro Internacional Forense S.A.S. \u2013en reorganizaci\u00f3n-, acept\u00f3 algunos de los hechos relatados por el solicitante y advirti\u00f3 estar atenta a la decisi\u00f3n que se adopte en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
5. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Unicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. Al respecto, esta Corte ha manifestado: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015, reiterada en STC10401 de 2021). <\/p>\n
Para la procedencia de amparos como el presente, deben observarse las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales, entre \u00e9stas: \u00abque la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela\u00bb (CSJ, STC075-2022). <\/p>\n
A las anteriores, deben sumarse las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, las cuales, seg\u00fan la doctrina de esta Corte, siguiendo la l\u00ednea de la Corte Constitucional, se contraen en los defectos o vicios: org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico, material o sustantivo, error inducido, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente, y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n1, los cuales se presentan cuando: <\/p>\n
\u00abi) Defecto org\u00e1nico, (\u2026) el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. <\/p>\n
ii) Defecto procedimental absoluto, (\u2026) se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. <\/p>\n
iii) Defecto f\u00e1ctico, (\u2026) surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. <\/p>\n
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales2 o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n; <\/p>\n
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. <\/p>\n
vi) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. <\/p>\n
vii) Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado3. <\/p>\n
viii) Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb (C.C. T-522 de 2001, reiterada en CSJ, STP-109764 de 24 de marzo de 2020) (subraya fuera de texto). <\/p>\n
2. A la luz de lo expuesto y una vez revisado el expediente digital se encuentra que procede la protecci\u00f3n reclamada por el se\u00f1or Bon Jovi Duarte D\u00edaz, al haberse incurrido en un defecto f\u00e1ctico por el magistrado sustanciador, ya que omiti\u00f3 valorar las pruebas arrimadas al expediente al adoptar la providencia de 30 de marzo de 2022, corregida el 27 de abril siguiente, con la cual dirimi\u00f3 el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados D\u00e9cimo y Once Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, para disponer que el primero deb\u00eda seguir conociendo del asunto de responsabilidad civil extracontractual impulsado por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
En efecto, se encuentra que en esa decisi\u00f3n la Corporaci\u00f3n accionada relat\u00f3 como antecedentes del asunto, que el citado Juzgado D\u00e9cimo admiti\u00f3 el litigio el 10 de mayo de 2018 y que, tras declarar la p\u00e9rdida de competencia por superarse los t\u00e9rminos contemplados en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para emitir sentencia, envi\u00f3 las diligencias al Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien se neg\u00f3 a asumir el conocimiento del proceso y suscit\u00f3 el correspondiente conflicto. <\/p>\n
Enseguida cit\u00f3 el mencionado art\u00edculo, y aludi\u00f3 a lo consignado en la sentencia T-341 de 2018 de la Corte Constitucional sobre los presupuestos exigidos para abrirle paso a la \u00abp\u00e9rdida de competencia\u00bb rese\u00f1ada y, a la luz de tal pronunciamiento, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) efectuada la revisi\u00f3n del proceso, esta instancia no observa configurada ninguna de las anteriores causales, en especial, la ateniente a la s\u00faplica de las partes4, hito que aqu\u00ed se echa de menos. <\/p>\n
Por lo tanto, el proceder del Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., no se acompasa con los requisitos que reclama la jurisprudencia para que tenga lugar la nulidad decretada y, por ende, no era dable declarar la p\u00e9rdida de competencia prevista en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Aunque el actor, como lo expuso a trav\u00e9s de este amparo, le pidi\u00f3 al Tribunal aclarar su decisi\u00f3n porque, en s\u00edntesis, fue \u00e9l quien provoc\u00f3 la \u00abp\u00e9rdida de competencia\u00bb decretada por el Juzgado de conocimiento al elevar solicitudes con ese prop\u00f3sito en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n, el Tribunal accionado en auto de 27 de abril de 2022, neg\u00f3 tal petici\u00f3n porque \u00abno se daban los presupuestos del art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; y, adicionalmente, corrigi\u00f3 la decisi\u00f3n de 30 de marzo de 2022, para precisar que el asunto deb\u00eda remitirse al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, comunicando de ello a su hom\u00f3logo Once. <\/p>\n
2.1 El panorama descrito evidencia, sin duda, el quebranto de las prerrogativas del accionante, pues adem\u00e1s de la tardanza que ha tenido que soportar en la resoluci\u00f3n de su proceso, esto es, cuatro a\u00f1os, lo cierto es que la Corporaci\u00f3n censurada defini\u00f3 el referido conflicto desconociendo completamente el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como la sentencia de exequibilidad C-443 de 25 de septiembre de 2019, porque, analizado el expediente se advierten las peticiones que el aqu\u00ed accionante, Bon Jovi Duarte D\u00edaz, elev\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 29 de enero, 19 de octubre y 11 de noviembre de 2020, [fls. 141, 149, 151 y 153, Cdno. PPal. 2, expediente digital] con miras a lograr la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y la celeridad de su proceso, y, por las cuales, el Juzgado de conocimiento en auto de 3 de diciembre de 2020 acogi\u00f3 su s\u00faplica, anul\u00f3 lo actuado desde el 10 de julio de 2020 y remiti\u00f3 las diligencias al despacho siguiente. <\/p>\n
Por tanto, nada explica la lac\u00f3nica argumentaci\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en cuanto a que la falta de petici\u00f3n de las partes imped\u00eda aplicar lo establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, postura que se contrapone abiertamente a lo probado en el proceso y que, en consecuencia, lesiona las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
Sobre la procedencia del amparo en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n pruebas, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[U]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u00bb (subraya fuera de texto (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01, STC15259-2018, STC1673-2019, STC4330-2019, STC10976-2021, STC12083-2021, STC1482-2022 y, STC2681-2022 entre otras muchas). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se abre paso la protecci\u00f3n solicitada para conjurar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas del accionante, siendo necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela para que Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resuelva nuevamente el asunto, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed examinado, puntualmente, las distintas peticiones que elev\u00f3 el actor reclamando la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, atendiendo asimismo a los presupuestos establecidos en dicho canon y en la jurisprudencia concordante, de cara a la \u00abp\u00e9rdida de competencia\u00bb exigida. <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela promovida por el se\u00f1or Bon Jovi Duarte D\u00edaz. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Magistrado Carlos Augusto Zuluaga Ram\u00edrez de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, o quien funja como tal, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, deje sin efecto la providencia de 30 de marzo de 2022, corregida el 27 de abril siguiente, y los que de \u00e9ste se desprendan, y proceda a resolver, nuevamente, el conflicto de competencia planteado dentro del asunto cuestionado, conforme a lo resuelto en esta sentencia. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de la misma. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el punto, pueden consultarse las Sentencias de la Corte Constitucional SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia T-522 de 2001. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. Sentencias T-462 de 2003, SU-1184 de 2001 ; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001. <\/p>\n
4\u0002 Respecto de dicha \u00abcausal\u00bb, de acuerdo con la sentencia citada por el Tribunal, \u00ab(\u2026) no podr\u00e1 ser convalidada y, por tanto, dar\u00e1 lugar a la p\u00e9rdida de competencia, cuando en el caso concreto se verifique (i) Que la p\u00e9rdida de competencia se alegue por cualquiera de las partes antes de que se profiera sentencia de primera o de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
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STC5707-2022 Magistrada ponente STC5707-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01346-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Bon Jovi Duarte D\u00edaz contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63454","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63454","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63454"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63454\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63454"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63454"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63454"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}