STC5709-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5709-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02350-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 de la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Ernesto P\u00e1ez Ramos contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso laboral con radicado n\u00ba 2013-00362. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, el actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad social e igualdad, presuntamente vulnerados por la Sala accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 en compendio, que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra ExxonMobil de Colombia SA, con el fin de obtener, el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n estipulada en el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, a partir del 1\u00ba de julio de 2004, fecha en la que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os y reuni\u00f3 los dem\u00e1s requisitos exigidos por la aludida normativa. <\/p>\n
El referido asunto fue tramitado ante el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien, mediante sentencia de 24 de junio de 2014 conden\u00f3 a la demandada al pago de la prestaci\u00f3n, argumentando que la pensi\u00f3n que se reconoci\u00f3 al actor en el acta de conciliaci\u00f3n fue voluntaria, porque al momento de su suscripci\u00f3n si bien el beneficiario hab\u00eda prestado sus servicios a la empresa por m\u00e1s de 29 a\u00f1os, solo ten\u00eda 50 a\u00f1os de edad y el canon 260 ibidem exig\u00eda m\u00ednimo 55, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 2 de septiembre de 2015, modificando, el numeral segundo del fallo de primera instancia en cuanto a la fecha de prescripci\u00f3n de las diferencias pensionales. <\/p>\n
Inconforme, ExxonMobil de Colombia interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante sentencia SL4166-2021 de 14 de julio de 2021, dispuso casar parcialmente la decisi\u00f3n de segundo grado y, en sede de instancia, resolvi\u00f3 modificar el numeral primero del fallo proferido por el Juzgado Dieciocho Laboral, fijando el valor de la primera mesada pensional del actor en la suma de $7.160.000, a partir del 1\u00ba de julio de 2004, precisando que para el 2021, ascend\u00eda a $14.231.380. <\/p>\n
Igualmente, indic\u00f3 que incurri\u00f3 en defecto sustantivo al aplicar el canon 2\u00ba del Decreto 314 de 1994 y someter al tope de 20 salario m\u00ednimos legales mensuales vigentes la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida, as\u00ed como, en desconocimiento del precedente, pues dio aplicaci\u00f3n sin ning\u00fan tipo de argumentaci\u00f3n o an\u00e1lisis a la sentencia SL1870 de 2020, en la que, frente a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica diferente, la misma Sala sostuvo que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n del art\u00edculo 260 \u00edbidem se causa a la fecha de retiro de la empresa si el trabajador ha laborado por m\u00e1s de 20 a\u00f1os, contrario a lo consignado en decisiones como las SL5423-2019, SL1651-2020, SL1835-2021, entre otras, todas proferidas en procesos contra ExxonMobil de Colombia S.A. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que existi\u00f3 una violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, en especial del art\u00edculo 53 referente al principio de favorabilidad, pues frente a dos criterios de la misma Sala sobre un mismo texto legal, opt\u00f3 por aplicar el que le resultaba m\u00e1s gravoso al demandante. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efectos la sentencia SL4166-2020\u00bb y, en su lugar, ordenar a la Sala accionada \u00abque dicte nuevamente la sentencia en la que resuelva el recurso de casaci\u00f3n (\u2026) con total observancia de las reglas del debido proceso y con respeto de las garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Ponente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, alleg\u00f3 copia de la sentencia cuestionada. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, remiti\u00f3 el link del expediente digital del proceso objeto de reproche. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s, convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo invocado, tras advertir que la decisi\u00f3n cuestionada no luc\u00eda arbitraria ni violatoria del ordenamiento jur\u00eddico, indic\u00f3, adem\u00e1s, que no se configur\u00f3 el defecto org\u00e1nico alegado por el actor, dado que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral estaba habilitada para pronunciarse sobre el cargo formulado en el recurso presentado por ExxonMobil de Colombia S.A., el cual vers\u00f3 en una presunta aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el supuesto yerro sustantivo, sostuvo que no se demostr\u00f3 y, descart\u00f3 el aparente desconocimiento del precedente argumentando que, la Sala accionada reiter\u00f3 la jurisprudencia de su propia especialidad, la cual tiene un car\u00e1cter vinculante, obligatorio y es un criterio propio de la autonom\u00eda e independencia que gozan las autoridades judiciales en el ejercicio de sus funciones. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante cuestionando la ausencia de an\u00e1lisis de los argumentos expuestos en el escrito inicial. Respecto al defecto org\u00e1nico, precis\u00f3 que lo reprochado sobre ese aspecto es que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral abordara el estudio de requisitos y fecha de causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n legal, derecho que, seg\u00fan lo definido en la sentencia de primera instancia se caus\u00f3 el 1\u00ba de julio de 2004 cuando cumpli\u00f3 55 a\u00f1os y complet\u00f3 los requisitos de tiempo y edad del art\u00edculo 260, aspecto que la sociedad demandada no objet\u00f3 en el recurso de apelaci\u00f3n, lo que imped\u00eda denunciarlo en casaci\u00f3n, en el que tampoco lo involucr\u00f3, por lo que la accionada carec\u00eda de atribuci\u00f3n para proveer sobre tales aspectos. <\/p>\n
En lo que refiere al defecto sustantivo, adujo que las consideraciones expresadas estaban completamente apartadas de la realidad, porque dicho yerro fue debidamente demostrado en el escrito de tutela. Por otra parte, en relaci\u00f3n con el desconocimiento del precedente, destac\u00f3 que contrario a lo afirmado en el fallo constitucional, s\u00ed relacion\u00f3 los pronunciamientos que conforman el precedente cuyo desconocimiento se invoc\u00f3. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sobre el defecto por violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, anot\u00f3 que no fue analizado en el fallo impugnado, por lo cual solicit\u00f3 que se efectuara el examen omitido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
Su censura radica, seg\u00fan expone, en los defectos org\u00e1nico y sustantivo en que incurri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n accionada, as\u00ed como en el desconocimiento del precedente y la violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica -art\u00edculo 53-. <\/p>\n
3. Examinada la decisi\u00f3n cuestionada, se observa que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral consider\u00f3, de entrada, que le asist\u00eda raz\u00f3n a la recurrente en cuanto afirm\u00f3 que el Tribunal limit\u00f3 su an\u00e1lisis a \u00ab(i) la norma aplicable para fijar el tope m\u00e1ximo pensional de la prestaci\u00f3n legal que el a quo reconoci\u00f3 a su favor con fundamento en el art\u00edculo 260 de C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; (ii) la fecha a partir de la cual oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de las diferencias pensionales causadas, y (iii) la procedencia o no de la excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Partiendo de ese punto, concluy\u00f3 que no se discut\u00eda que la pensi\u00f3n reconocida por la empresa en el acta de conciliaci\u00f3n de 18 de enero de 2000 fue voluntaria y, que, la concedida por el fallador de primera instancia era la legal contemplada en el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, aspectos que no fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal, bajo el entendido que no hac\u00edan parte de la apelaci\u00f3n interpuesta por las partes. <\/p>\n
Enseguida indic\u00f3, que las premisas f\u00e1cticas de las que parti\u00f3 el Tribunal y que se entend\u00edan admitidas por la censura en esa acusaci\u00f3n jur\u00eddica, correspond\u00edan a que \u00ab(i) la pensi\u00f3n otorgada al actor en la conciliaci\u00f3n de 18 de enero de 2000 fue de car\u00e1cter voluntario y anticipada; (ii) la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n que reconoci\u00f3 el a quo fue la legal, prevista en el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, que deb\u00eda ser calculada con las reglas que la regulan, y (iii) la pensi\u00f3n voluntaria al tener el car\u00e1cter de anticipada, se sustituy\u00f3 por la pensi\u00f3n legal cuando el actor caus\u00f3 este derecho al cumplir la edad de 55 a\u00f1os, esto es, el 1.\u00ba de julio de 2004\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed determin\u00f3 que el problema jur\u00eddico a abordar en sede casacional, se circunscrib\u00eda a determinar si el Tribunal err\u00f3 al reliquidar la pensi\u00f3n legal de jubilaci\u00f3n del demandante y aplicar el tope m\u00e1ximo pensional previsto en el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Posteriormente, rese\u00f1\u00f3 lo establecido en el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, para luego referir que en la sentencia SL1870 de 2020 esa Sala determin\u00f3 que de conformidad con el numeral 2\u00ba de dicho canon2, la pensi\u00f3n legal de jubilaci\u00f3n all\u00ed prevista, se causa con el tiempo de servicios y el retiro de la empresa. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, concluy\u00f3 que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de Jaime Ernesto P\u00e1ez Ramos se caus\u00f3 cuando se retir\u00f3 de la compa\u00f1\u00eda, -16 de enero de 2000-, comoquiera que a esa fecha ten\u00eda m\u00e1s de 20 a\u00f1os de servicios prestados, en los t\u00e9rminos del aludido precepto normativo, por lo cual el tope pensional que reg\u00eda para el caso del actor, era el m\u00e1ximo de 20 salarios m\u00ednimos mensuales legales a que alud\u00eda el Decreto 314 de 1994 vigente cuando se estructur\u00f3 el derecho y, no, por el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 797 de 2003 como erradamente lo hab\u00eda estimado el Tribunal. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, consider\u00f3 que el cargo prosperaba y cas\u00f3 parcialmente el fallo de segunda instancia, en cuanto confirm\u00f3 el valor de la mesada pensional que estableci\u00f3 el a quo en la suma de $7.982.763. <\/p>\n
Seguidamente, y, en sede de instancia, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abTeniendo en cuenta que el disfrute de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n del actor inici\u00f3 el 1\u00ba de julio de 2004 y que no fue objeto de la apelaci\u00f3n de las partes el ingreso base de liquidaci\u00f3n pensional que se calcul\u00f3 con el promedio salarial del \u00faltimo a\u00f1o de servicios ni la tasa de reemplazo del 75%, se tiene que el valor de la mesada a la fecha de disfrute o exigibilidad es de $7.566.845,37. <\/p>\n
Ese valor se obtuvo al tomar el salario promedio de \u00faltimo a\u00f1o, que fue de $7.564.469. el cual se actualiz\u00f3 a la fecha de disfrute de la prestaci\u00f3n -1.\u00ba de julio de 2004- y arroj\u00f3 la suma de $10.089.127,16 y a esta se le aplic\u00f3 una tasa de reemplazo del 75%, para un valor de $7.566.845,37. <\/p>\n
A esta suma se le aplica el tope de los veinte salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, que para el a\u00f1o 2004 equival\u00eda a la suma de $7.160.000, pues el salario m\u00ednimo mensual legal para ese a\u00f1o se fij\u00f3 en $358.000. En ese orden, el valor de la primera mesada a 1.\u00ba de julio de 2004, con el tope de los veinte salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes es de $7.160.000\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo rese\u00f1ado, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: Modificar el numeral primero del fallo que el 24 de junio de 2014 profiri\u00f3 el Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 en el sentido de fijar el valor de la primera mesada pensional de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n del actor en la suma de $7.160.000, a partir del 1.\u00ba de julio de 2004. Para el 2021, el valor de la mesada pensional asciende a $14.231.380,52. <\/p>\n
SEGUNDO: Modificar el numeral 3.\u00ba de la parte resolutiva de la sentencia del a quo, en cuanto a que el valor del retroactivo que la demandada adeuda al actor por diferencias pensionales insolutas causadas entre el 1.\u00ba de febrero de 2010 y el 31 de mayo de 2021, asciende a la suma de $56.996.185,84. Por indexaci\u00f3n de dicho valor se adeuda la suma $12.973.841,68, sin perjuicio de la que se siga causando hasta el momento de pago de las diferencias ordenadas en esta providencia\u00bb. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia constitucional de primera instancia habr\u00e1 de ser confirmada, comoquiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por el accionante y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la Sala Especializada solvent\u00f3 el problema jur\u00eddico planteado, efectuando un an\u00e1lisis al art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y a la jurisprudencia emitida por esta Corporaci\u00f3n referente a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de dicho canon, estudio que la condujo a determinar que en el caso concreto, la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n del demandante se caus\u00f3 cuando se retir\u00f3 del servicio. <\/p>\n
4.1. En punto al defecto org\u00e1nico alegado, contrario a lo aducido por el actor, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ten\u00eda competencia y estaba habilitada para pronunciarse en sede de casaci\u00f3n sobre el alcance del art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, pues, tal y como lo advirti\u00f3 al inicio de su estudio, el Tribunal limit\u00f3 su an\u00e1lisis a algunos aspectos entre ellos \u00abla norma aplicable para fijar el tope m\u00e1ximo pensional de la prestaci\u00f3n legal que el a quo reconoci\u00f3 a [favor del demandante] con fundamento en el art\u00edculo 260 de C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb. Igualmente el cargo formulado por ExxonMobil de Colombia S.A. radic\u00f3 sobre la supuesta aplicaci\u00f3n indebida de ese precepto normativo. <\/p>\n
De otra parte, sobre el desconocimiento del precedente, tampoco tiene asidero el reproche elevado por el quejoso, teniendo en cuenta que justamente la Sala de Casaci\u00f3n accionada, ciment\u00f3 su decisi\u00f3n en la tesis desarrollada en la sentencia SL1870 de 2020, en la cual se explic\u00f3 que si bien en otros contextos esa Corporaci\u00f3n hab\u00eda se\u00f1alado que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo solo se consolidaba o adquir\u00eda plenamente con el cumplimiento de los dos requisitos de tiempo y edad3, lo cierto era que de conformidad con el inciso 2\u00ba de ese canon \u00abel trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensi\u00f3n al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) a\u00f1os de servicio\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, las divergencias exteriorizadas a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente al resultado de la providencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional en busca de una instancia adicional inexistente en el ordenamiento procesal, para reabrir un debate ya definido por el juzgador competente. (CSJ. STC de 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. N\u00f3tese, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural (STC 1308-2021, reiterada en STC2310-2022). <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al principio de favorabilidad, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ha se\u00f1alado que, \u00abdicha regla interpretativa consiste en que cuando existan dudas fundadas en el entendimiento de una norma, esto es, cuando el operador jur\u00eddico encuentre l\u00f3gicamente posibles y razonablemente aplicables al asunto debatido dos o m\u00e1s intelecciones del precepto, debe acoger aquella que m\u00e1s beneficie al trabajador\u00bb (CSJ SL, 23 nov. 2010, rad. 41122), lo que no se present\u00f3 en el evento en estudio. <\/p>\n
En este orden, y como bien lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, resulta manifiesta la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada, en la medida que la determinaci\u00f3n cuestionada no es el resultado de un proceder arbitrario, inferencia que, se insiste, no puede ser derruida con los argumentos tra\u00eddos por el accionante, m\u00e1xime cuando no hay afectaci\u00f3n a su m\u00ednimo vital, dado que est\u00e1 recibiendo su prestaci\u00f3n sobre un tope de los 20 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes. <\/p>\n
6. De conformidad con lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n asignada a esta Sala el 8 de abril de 2022. <\/p>\n
2\u0002 \u201cArt\u00edculo 260. Derecho a la pensi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) a\u00f1os de edad, si es var\u00f3n, o a los cincuenta (50) a\u00f1os si es mujer, despu\u00e9s de veinte (20) a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este C\u00f3digo, tiene derecho a una pensi\u00f3n mensual vitalicia de jubilaci\u00f3n o pensi\u00f3n de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el \u00faltimo a\u00f1o de servicio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensi\u00f3n al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) a\u00f1os de servicio\u201d. <\/p>\n
3\u0002CSJ SL, 22 nov.2011, rad. 35713, CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 43806, CSJ SL8093-2014. <\/p>\n
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STC5709-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC5709-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02350-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 de la sentencia proferida el 23 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63455","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63455","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63455"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63455\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63455"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63455"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63455"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}