STC5717-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5717-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01775-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Israel Camelo Cifuentes contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y las Fiscal\u00edas 16 Especializada de la Unidad contra el Narcotr\u00e1fico y 36 de apoyo, ambas de Cali. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y de petici\u00f3n, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas en el curso del proceso penal con radicado 2006-00063 y la denuncia con radicado 2020-50016. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que fue condenado en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, por los delitos de concierto para delinquir y tr\u00e1fico de estupefacientes agravado, a la pena privativa de la libertad de 232 meses, decisi\u00f3n en la cual el colegiado cuestionado incurri\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria frente a la cantidad del estupefaciente incautado que conllev\u00f3 a que le impusieran una pena m\u00e1s alta. <\/p>\n
Adujo que, si las pruebas obrantes en el proceso reflejaban un total de 1.300 gramos de \u00abhero\u00edna\u00bb incautada, resultaba desacertado que en la sentencia de segunda instancia se afirmara que se trat\u00f3 de 3.500 gramos y consecuente con ello aplicara la circunstancia de agravaci\u00f3n punitiva prevista la normativa penal. <\/p>\n
Por lo anterior, formul\u00f3 denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n contra las autoridades judiciales que intervinieron en su caso, al estimar que 2.200 gramos de la droga retenida \u00abse perdieron ante la falta de celeridad en el tr\u00e1mite\u00bb; sin embargo, las Fiscal\u00edas accionadas no han adelantado la investigaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que \u00ab[S]e me tutele el derecho de petici\u00f3n porque no he recibido de fondo una respuesta de mis solicitudes, que se lleve a cabo una investigaci\u00f3n y que se llegue a unos resultados donde se clarifique cual fue la verdadera cantidad traficada\u00bb, en aras de proteger, tambi\u00e9n, su derecho al debido proceso. Adem\u00e1s, que \u00abse me tutele el derecho a acceder a la justicia [\u2026] estoy mal condenado porque no existi\u00f3 agravante alguno y la Fiscal 2 UNAIM miente [\u2026] lo justo es que no siga purgando una pena desproporcionada [\u2026] por [el Tribunal] cometer un error, desconocer y apartarse \u2026abruptamente del ordenamiento jur\u00eddico resolver con arbitrariedad \u2026y [agravar] la pena sin raz\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
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II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Las Fiscal\u00edas acusadas realizaron un recuento de las actuaciones surtidas. La Fiscal\u00eda 36 Especializada contra el Narcotr\u00e1fico, a la cual inicialmente le correspondi\u00f3 la denuncia aludida, indic\u00f3 que libr\u00f3 \u00f3rdenes a polic\u00eda judicial, obteniendo el informe de investigador de campo de fecha 15 de diciembre de 2020 que \u00abse encuentra para valoraci\u00f3n e impulso\u00bb. Por su parte, la Fiscal\u00eda 16 Seccional de esa Direcci\u00f3n advirti\u00f3 sobre la alta carga laboral del Despacho. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali resalt\u00f3 que en anterior oportunidad el accionante interpuso acci\u00f3n de tutela para cuestionar la condena en su contra. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo propuesto, toda vez que el tutelante previamente \u00abacudi\u00f3 al amparo para cuestionar la sentencia en su contra. [\u2026] basta con citar [el] fallo de tutela de primera instancia CSJ, STP5565-2021, 18 may. 2021, rad. 114468 [\u2026] decisi\u00f3n [\u2026] impugnada y confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil el 4 de agosto de 2021 [\u2026] por lo tanto, se acredita la actuaci\u00f3n temeraria del accionante\u00bb. <\/p>\n
Sobre la presunta mora en la que ha incurrido la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en la denuncia penal 2020-50016, consider\u00f3 que \u00abse han librado varias \u00f3rdenes a polic\u00eda judicial, recibi\u00e9ndose las \u00faltimas respuestas\u2026 el 15 de diciembre de 2020, las cuales est\u00e1n pendientes de ser valoradas, para adoptar las medidas de impulso [\u2026]\u00bb, lo que \u00abevidencia que no ha existido la pasividad que alega el accionante y, si bien, [\u2026] la Fiscal\u00eda 16 no ha dado impulso a la misma, ello ha obedecido a la gran congesti\u00f3n laboral que afronta la misma, como se puede observar del cuadro estad\u00edstico enviado\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
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IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor cuestiona la decisi\u00f3n condenatoria emitida el 23 de noviembre de 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, que lo conden\u00f3 a 232 meses de prisi\u00f3n por los delitos de concierto para delinquir y tr\u00e1fico de estupefacientes. Asimismo, depreca la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al interior de la investigaci\u00f3n penal de radicado 202050016, por la presunta mora en la definici\u00f3n de la p\u00e9rdida del estupefaciente denunciada. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con lo anterior, advierte la Sala que el amparo no se abre paso, por cuanto el promotor, previamente, concurri\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n, alegando cuestiones id\u00e9nticas a las ahora expuestas. <\/p>\n
2.1. En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de radicado interno 114468, interpuesta por el aqu\u00ed accionante contra las autoridades ahora convocadas, por sentencia STP5565-2021 de 18 de mayo de 2021, confirmada por esta Sala en prove\u00eddo STC9751-2021 del 4 de agosto siguiente. Tal determinaci\u00f3n fue excluida de revisi\u00f3n por la Sala Once de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional el 28 de febrero de 2022 (T.8531806)1. <\/p>\n
En dicha oportunidad, el promotor solicit\u00f3 que se salvaguardara su derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali por lo resuelto en sentencia condenatoria de segunda instancia en el proceso penal de radicado 2006-00063. Estim\u00f3 tambi\u00e9n vulnerados sus derechos fundamentales frente a la solicitud formulada ante la Direcci\u00f3n Especializada contra el Narcotr\u00e1fico de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para conocer el estado e impulso de la investigaci\u00f3n 202050016. <\/p>\n
Al decidir la tutela en menci\u00f3n, se descart\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada, tras ponerle de presente al tutelante que se inobserv\u00f3 el requisito de subsidiariedad, toda vez que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no acredit\u00f3 el agotamiento de los medios de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance para controvertir la decisi\u00f3n del tribunal, como el recurso extraordinario de casaci\u00f3n [\u2026] mecanismo de defensa id\u00f3neo para garantizar los derechos que considera le fueron afectados [\u2026] aun cuando contaba con la posibilidad de ejercer el derecho de contradicci\u00f3n y presentar las correspondientes censuras a trav\u00e9s de una demanda de casaci\u00f3n, el actor asumi\u00f3 una actitud pasiva y permiti\u00f3 que las decisiones de instancia cobraran firmeza, luego bajo ese entendido resulta improcedente ahora acudir de manera directa a la jurisdicci\u00f3n constitucional, desconociendo su car\u00e1cter residual y subsidiario\u00bb (STP5565-2021). <\/p>\n
En lo relacionado a la solicitud de amparo frente al requerimiento formulado ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el a quo constitucional precis\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la Fiscal\u00eda 36 de apoyo de la Fiscal\u00eda 16 Especializada de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Narcotr\u00e1fico el 7 de octubre de 2020, mediante oficio No.2014-0401 D-16 DECN-CALI, dio respuesta a la solicitud de informaci\u00f3n y celeridad presentada por el accionante [\u2026] Mediante dicho oficio el ente acusador le inform\u00f3 que se encontraba adelantando la investigaci\u00f3n pertinente en los hechos denunciados por aqu\u00e9l en el radicado 110016099144202050016; que hab\u00eda elaborado un programa metodol\u00f3gico y librado \u00f3rdenes a polic\u00eda judicial; decretado inspecci\u00f3n al proceso penal, y que una vez recolectados los elementos de juicio necesarios proceder\u00eda a evaluar y\/o estudiar la posibilidad de emitir nuevas \u00f3rdenes o tomar una decisi\u00f3n frente al proceso. [\u2026] Dicha respuesta, en los t\u00e9rminos indicados, resuelve de fondo la solicitud [\u2026]\u00bb (STP5565-2021). <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n, como se indic\u00f3, fue confirmada, con similares argumentos, por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2.2. Sobre el particular, debe recordarse que el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que, \u00abcuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u2018nuevo\u2019 derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb (Se subraya) (CSJ STC 24 feb. 2006, Rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. Rad. 00294-00 y STC2713-2020, 12 de marzo Rad. 2020-00038-01). <\/p>\n
2.3. Entonces es claro que la intenci\u00f3n del legislador no fue auspiciar el uso desmedido de este selecto instrumento, sino reprochar severamente cualquier actitud que se dirija en tal sentido, pues quien as\u00ed proceda no ver\u00e1 triunfar sus pretensiones. En ese orden, no es posible volver a analizar el asunto, dado que, previamente, esta jurisdicci\u00f3n especial efectu\u00f3 un pronunciamiento frente a las circunstancias referidas, negando el amparo y, por tanto, se impone estarse a lo all\u00ed resuelto, toda vez que al respecto existe cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
3. Sumado a lo anterior, en torno a la falta de resoluci\u00f3n de fondo de la denuncia promovida por el tutelante, se acredit\u00f3 que el ente acusador viene adelantando las labores investigativas pertinentes. Para ello, realiz\u00f3 entrevista al denunciante, emiti\u00f3 orden de inspecci\u00f3n al proceso 2006-00063 y se recibi\u00f3 por parte del funcionario de polic\u00eda judicial informe de cumplimiento el 15 de diciembre de 2020 y el 18 de enero de 2021. <\/p>\n
De manera que, pese a la carga laboral aludida y la congesti\u00f3n judicial, s\u00ed se han realizado actuaciones en el tr\u00e1mite, sin que, en todo caso, pueda el juez constitucional definir un asunto que corresponde tramitar a la autoridad de conocimiento ni intervenir en una investigaci\u00f3n penal en curso, en virtud de la naturaleza subsidiaria de la acci\u00f3n de tutela2. <\/p>\n
4. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
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V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n