STC5720-2022<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5720-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 70001-22-14-000-2022-00015-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo el 22 de febrero de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar – CAJACOPI, Atl\u00e1ntico, formul\u00f3 contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Segundo Civil Oral Municipal, todos de la nombrada ciudad, por hechos relacionados con la acci\u00f3n de tutela adelantada ante esos Despachos, por la se\u00f1ora Ana Candelaria Palencia Ayola, bajo el radicado n\u00b0 2021-00511. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La entidad solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto los jueces accionados al proferir las sentencias constitucionales, omitieron la evidencia documental que aport\u00f3 en relaci\u00f3n con presuntos fraudes en la reclamaci\u00f3n de licencias de maternidad, dentro de los cuales podr\u00eda estar involucrada la se\u00f1ora Palencia Ayola, por registrar varias irregularidades en \u00abun modus operandi similar\u00bb al de otros usuarios, las cuales puso en conocimiento de la UGPP y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3, que la raz\u00f3n de su inconformidad se centra en que los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Segundo Civil Oral Municipal de Sincelejo, se limitaron a comprobar que los periodos de tiempo cotizados por la all\u00ed accionante fueran acordes al periodo de gestaci\u00f3n que la misma registr\u00f3, omitiendo las denuncias presentadas en el sentido ya indicado. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3: \u00abque de manera provisional, y mientras que se realiza de fondo el estudio de la presente acci\u00f3n de tutela, se suspendan los efectos de las sanciones impuestas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Segundo Civil Oral Municipal de Sincelejo, realiz\u00f3 un recuento del tr\u00e1mite constitucional cuestionado, e indic\u00f3 que, efectivamente su fallo favoreci\u00f3 a la accionante, ya que la misma acredit\u00f3 que s\u00ed hab\u00eda realizado suficientes aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, como para acceder a la licencia de maternidad solicitada, por lo que orden\u00f3 su reconocimiento inmediato. <\/p>\n
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2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, asever\u00f3 que emiti\u00f3 su decisi\u00f3n con total apego a las directrices normativas existentes, y evalu\u00f3 las mismas cuestiones aqu\u00ed planteadas por la accionante. <\/p>\n
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3. La \u00d3ptica Moderna de Medell\u00edn, inform\u00f3 que celebr\u00f3 un contrato de prestaci\u00f3n de servicios con la se\u00f1ora Palencia Ayola, el cual inici\u00f3 el 5 de agosto del 2020 y finaliz\u00f3 el 5 de agosto del 2021, as\u00ed como que su colaboradora realiz\u00f3 varios pagos al sistema de salud, en su calidad de independiente, debido a la modalidad de su contrato. <\/p>\n
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4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP, se\u00f1al\u00f3 que, al revisar sus bases de datos, ech\u00f3 de menos varias contribuciones realizadas por la referida sociedad, debido a que, entre esta y la se\u00f1ora Ana Candelaria Palencia Ayola, no existi\u00f3 un v\u00ednculo laboral, dado que esta \u00faltima realiz\u00f3 las cotizaciones como \u00abindependiente\u00bb, y presenta algunas inconsistencias, con base en las cuales inici\u00f3 los requerimientos del caso. <\/p>\n
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5. La Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo – DIAN y la Superintendencia Nacional de Salud -SUPERSALUD, alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, ya que no tuvieron injerencia en la situaci\u00f3n relatada. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo neg\u00f3 el amparo, tras determinar que este no cumpl\u00eda con los requisitos de procedibilidad, al tratarse de una tutela formulada contra fallos del mismo linaje, pues \u00absi bien la motivaci\u00f3n de la queja constitucional alude a un supuesto \u201cfraude\u201d, este no se predica de la decisi\u00f3n propiamente dicha, sino que se dice devenir del comportamiento de quien fuera la actora en aquella tutela y de la \u00d3ptica Moderna de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, que en el fallo de segunda instancia cuestionado se examin\u00f3 que el tema del supuesto \u00abfraude\u00bb reiterado en esta ocasi\u00f3n, ya hab\u00eda sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes, y que las respectivas investigaciones no hab\u00edan finiquitado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar accionante, para reprochar que el Tribunal constitucional, hubiese validado los errores procesales en los que incurrieron los Juzgados accionados, y, porque, en su sentir, no se dio una respuesta de fondo a la coyuntura presentada con ocasi\u00f3n al reconocimiento de una licencia de maternidad en apariencia fraudulenta. <\/p>\n
Reafirm\u00f3 los argumentos presentados en el escrito de tutela, y recalc\u00f3 que es competencia del juez del amparo verificar si existe o no, una verdadera vulneraci\u00f3n del derecho fundamental alegado. <\/p>\n
Indic\u00f3 adem\u00e1s, que pese a la facultad probatoria que ten\u00eda el juez constitucional, nunca se requiri\u00f3 a la usuaria accionante para arribar a la veracidad de los hechos. Por \u00faltimo, destac\u00f3 que todos los fallos han tenido bases \u00abescuetas\u00bb con poco despliegue argumentativo. <\/p>\n
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1. La jurisprudencia ha reiterado, en incontables oportunidades, que los mecanismos contemplados para controlar las providencias proferidas en sede de amparo son, la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional e, incluso, la formulaci\u00f3n de insistencia, dado que: \u00abLas equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto\u00bb. [CSJ STC4618-2022]. <\/p>\n
Solo en especial\u00edsimas situaciones, se ha admitido la procedencia de una tutela dirigida contra una sentencia emitida en id\u00e9ntica acci\u00f3n, siempre y cuando, adem\u00e1s de los requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales1, \u00abse demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit)\u00bb 2. <\/p>\n
2. En el evento en estudio, CAJACOPI aleg\u00f3 la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto -afirm\u00f3- los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Segundo Civil Oral Municipal de Sincelejo en la emisi\u00f3n de los fallos constitucionales de 9 de diciembre de 2021 y 7 de febrero de 2022, en la acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00b0 700014003002 20210051100\/01, no tuvieron en cuenta la denuncia que elev\u00f3 en relaci\u00f3n con la posible incursi\u00f3n de la all\u00ed accionante [Ana Candelaria Palencia Ayola] en presuntas irregularidades para solicitar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. <\/p>\n
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3. Al revisar los fallos cuestionados advierte la Sala, que la omisi\u00f3n planteada es inexistente, puesto que, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo que resolvi\u00f3 su impugnaci\u00f3n, tuvo en cuenta en la sentencia, <\/p>\n
\u00abel presunto fraude del cual habla la accionada, por disposici\u00f3n de ella misma, se puso en conocimiento de la autoridad competente, investigaci\u00f3n que no se haya finiquitada, por lo que [no le era] dable tomar decisiones diferentes a la ya expuesta y tampoco es pertinente mediante esta acci\u00f3n entrar a determinar la relaci\u00f3n laboral de la accionante a fin de verificar presunto contrato realidad, toda vez que el problema de estudio de esta demanda de tutela es completamente diferente\u00bb. <\/p>\n
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4. Tal razonamiento resultaba suficiente, ya que, ciertamente, el juez constitucional no est\u00e1 facultado para entrar a resolver la existencia o no de v\u00ednculos laborales, o la eventual incursi\u00f3n de las partes en presuntos delitos, pues es claro que su tarea no es la de interferir en asuntos de otras especialidades, ni mucho menos la de investigar o juzgar conductas punibles, habida cuenta que para tales fines existen jueces laborales y un ente titular de la acci\u00f3n penal, como lo es la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
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5. En todo caso, no puede perderse de vista que, al consultar la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional3, se pudo constatar que la acci\u00f3n de tutela varias veces mencionada, fue radicada el 2 de mayo del a\u00f1o que avanza [n\u00b0 T-8710621] sin que a la fecha hubiese sido sometida a la eventual revisi\u00f3n por parte de esa Corporaci\u00f3n, prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, por lo que no se cumple con el requisito de subsidiaridad, puesto que CAJACOPI a\u00fan cuenta con ese mecanismo de defensa, sobre el que esta Sala ha establecido que: <\/p>\n
\u00abcualquier presunta irregularidad a recriminar en punto de las acciones constitucionales iniciales, habr\u00e1 ser planteada ante la Corte Constitucional (a la que le compete pronunciarse acerca de ellas en caso de seleccionarla para revisi\u00f3n) en ejercicio de las herramientas al efecto instauradas enantes enunciadas, posibilidad a la que bien puede recurrir la peticionaria en tanto que, como se verific\u00f3 en la p\u00e1gina web de la aludida Corporaci\u00f3n, y seg\u00fan esta Sala puso de manifiesto en un asunto de an\u00e1loga naturaleza, \u2018a la presente data a\u00fan no ha sido radicada la acci\u00f3n de tutela materia de este pronunciamiento, lo cual comporta que [el censor], si lo estima del caso, puede solicitar que la misma sea objeto de revisi\u00f3n y, de no accederse a lo propio, con todo, tiene a su disposici\u00f3n la facultad de insistir en ello, de acuerdo a la normativa de marras\u00bb [CSJ STC, 5 feb. 2015, rad. 00104-00. Reiterado en STC5822-2019. Mayo 13 de 2019. Rad. 2019-0016-01; reiterado en STC4618-2022]. <\/p>\n
De tal manera, el mecanismo constitucional dise\u00f1ado por el propio Constituyente, es la aludida revisi\u00f3n, para evitar \u00abque toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales\u00bb4. <\/p>\n
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6. Consecuencia de lo expuesto es que se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto Cfr. CSJ STC5420-2022. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional SU627-2015. <\/p>\n