STC5721-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5721-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01186-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Nubia D\u00edaz Bravo, Germ\u00e1n Camilo C\u00e1rdenas D\u00edaz y Yorly Cardozo Vargas contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Acacias y la Superintendencia Delegada para la Protecci\u00f3n, Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, defensa e igualdad, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, resguardar los derechos esenciales de los accionantes D\u00edaz Bravo y C\u00e1rdenas D\u00edaz, y consecuencialmente, \u00abdejar sin efectos el fallo [dictado el 4 de junio de 2015]\u2026 y declarar la nulidad de todo lo actuado desde el Auto Admisorio de la demanda de restituci\u00f3n que promoviera\u2026 Omar Castro\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio de restituci\u00f3n de tierras impulsado por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas en favor de Omar Castro, al que se acumul\u00f3 el de Hernando Acosta Pab\u00f3n e Irma Beatriz Clavijo (en cuanto al primero, respecto del 50% de los predios \u00abLa Caba\u00f1a\u00bb, \u00abLa Esperanza\u00bb y \u00abLa Primavera\u00bb; mientras que, de los segundos, frente a los inmuebles \u00abBuenavista\u00bb y \u00abBuenavista 1\u00bb; todos ubicados en el municipio de El Dorado, del departamento del Meta) y en el cual fungieron como opositores los accionantes Mar\u00eda Nubia D\u00edaz Bravo y Germ\u00e1n Camilo C\u00e1rdenas D\u00edaz, surtidas las etapas de rigor, el 4 de junio de 2015 el Tribunal acusado dict\u00f3 sentencia, en la cual accedi\u00f3 a las pretensiones, a la vez que desestim\u00f3 la oposici\u00f3n presentada por los \u00faltimos, tras considerar que no acreditaron un actuar con buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n de los fundos. <\/p>\n
2.2. Mediante el copioso escrito de tutela, en concreto, los accionantes criticaron que en ese tr\u00e1mite se excluy\u00f3 injustamente a las familias L\u00f3pez Osorio y L\u00f3pez Casta\u00f1eda, quienes ostentaron el derecho de propiedad sobre el bien denominado \u00abLa Caba\u00f1a\u00bb y de cuya versi\u00f3n, rendida en el juicio de restituci\u00f3n de tierras que actualmente se adelanta por el 50% restante de esa heredad, se desprende que en aquel tr\u00e1mite se hizo incurrir en error al Tribunal convocado para que no los escuchara, lo cual, aducen, les impidi\u00f3 ejercer adecuadamente su derecho de defensa, especialmente al dejarse de practicar pruebas concluyentes para el buen suceso de su oposici\u00f3n, configur\u00e1ndose un evidente defecto f\u00e1ctico, sumado a que aun cuando la sentencia recae sobre el 50% de ese predio, en marzo de 2017 se dispuso entregar la totalidad del mismo, contrariando tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Destacaron que est\u00e1 satisfecho el presupuesto de la inmediatez en la proposici\u00f3n de este ruego tutelar, comoquiera que de la situaci\u00f3n denunciada en precedencia s\u00f3lo se enteraron al recibirse por la autoridad judicial, del 8 al 11 de marzo del a\u00f1o en curso, las versiones de los hermanos L\u00f3pez en el otro juicio de restituci\u00f3n de tierras que actualmente se adelanta. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio indic\u00f3 que, \u00ab[c]onforme a los hechos y pretensiones puestas de presente por los accionantes no se evidencia vulneraci\u00f3n o afectaci\u00f3n alguna de derechos fundamentales por parte de [ese] juzgado\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abvencido el per\u00edodo probatorio y en consonancia a lo previsto en los art\u00edculos 79 y 90 de la Ley 1448 del 2011[,] el 1\u00b0 de julio de 2014 se dispuso remitir el expediente a la Sala Especializada de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que lo recibe el 8 de julio de 2014\u00bb; momento a partir del cual \u00abse deslig\u00f3 del tr\u00e1mite procesal hoy puesto de presente, por lo que no tiene conocimiento del contexto de las decisiones atacadas\u00bb. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Tierras – ANT, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – UAEGRTD, la Superintendencia de Notariado y Registro rogaron su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que no son las competentes para atender el reclamo de los accionantes. <\/p>\n
3. Miguel \u00c1ngel L\u00f3pez Duarte, Luis Eduardo, Mar\u00eda In\u00e9s, Mar\u00eda Rosalba y Jes\u00fas David L\u00f3pez Osorio coadyuvaron la solicitud de protecci\u00f3n deprecando \u00ab[s]e Tutelen los derechos fundamentales, de la Familia L\u00d3PEZ OSORIO, los cuales fueron vulnerados, al haberse [omitido] informaci\u00f3n relevante para que [ellos hicieran] parte dentro del proceso ante el Juzgado\u2026, en donde se [les] vulner\u00f3 el derecho de defensa y del debido proceso, por cuanto [ten\u00edan] unos derechos adquiridos con la medida cautelar que hab\u00eda sido decretada en el mes de abril del a\u00f1o 2013\u00bb, m\u00e1xime cuando nunca formularon all\u00ed desistimiento alguno. <\/p>\n
4. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deprec\u00f3 \u00abdeclarar improcedente y\/o negar la solicitud de amparo constitucional\u00bb, por la carencia de legitimaci\u00f3n de los accionantes para promoverla \u00aben favor de los hermanos L\u00f3pez Osorio y L\u00f3pez Casta\u00f1eda, quienes eventualmente se ver\u00edan afectados con la presunta omisi\u00f3n de convocarlos al proceso de restituci\u00f3n, durante la etapa administrativa\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abno se aprecian circunstancias que lleven a considerar\u00bb que est\u00e1n impedidos de \u00abacudir directamente al juez de tutelan, ni por qu\u00e9 puede tenerse a los accionantes o a su apoderado judicial como agentes oficiosos de estos\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, manifest\u00f3 que el reclamo \u00abno supera el examen formal de procedibilidad, pues a pesar de concurrir a trav\u00e9s de apoderado judicial de confianza, no exponen de qu\u00e9 manera este Tribunal desconoci\u00f3 una o varias de las garant\u00edas que rodean el n\u00facleo esencial al debido proceso, pues fueron notificados oportunamente del inicio del proceso de restituci\u00f3n de tierras, designaron apoderado de confianza por medio del cual presentaron los argumentos y medios de prueba esbozados en su escrito de oposici\u00f3n, contaron con la posibilidad de controvertir los medios demostrativos allegados con la solicitud de restituci\u00f3n, presentaron sus alegaciones finales, incluso, contaron con la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n para plantear las presuntas irregularidades ahora expuestas en la tutela, de modo que no acreditaron que la cuesti\u00f3n planteada al juez de tutela tenga una especial o evidente relevancia constitucional\u00bb; as\u00ed mismo, \u00ab[i]ncumplen el presupuesto general de inmediatez, pues entre la sentencia cuestionada y la presentaci\u00f3n de la tutela han transcurrido cerca de siete a\u00f1os, sin que se exponga, a ciencia cierta, qu\u00e9 ha impedido a los accionantes actuar con mayor oportunidad\u00bb; y \u00ab[t]ampoco se satisface el presupuesto de subsidiariedad pues de considerar que la sentencia incurri\u00f3 en causal de nulidad alguna, as\u00ed debi\u00f3 solicitarse al Tribunal, o eventualmente, y en el t\u00e9rmino previsto en el art. 92 de la L. 1448\/2011, debi\u00f3 argumentar lo pertinente a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n (numeral octavo, art. 355 CGP)\u00bb. <\/p>\n
5. El Procurador Veinticinco Judicial II para Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio indic\u00f3 no haber intervenido en el juicio aqu\u00ed reprochado, aunque lo viene haciendo en otro, con radicado 50001-31-21-001-2019-00510-00, \u00aben la etapa de instrucci\u00f3n que se adelanta en el Juzgado Primero\u2026, el cual no es objeto de la acci\u00f3n constitucional adelantada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Del escrito de demanda y de las pruebas recaudadas, observa la Corte que los promotores cuestionan el fallo dictado el 4 de junio de 2015, en el cual la Colegiatura recriminada accedi\u00f3 a la demanda de restituci\u00f3n de tierras promovida a favor de Omar Castro, desestim\u00f3 la oposici\u00f3n que formularon algunos de aqu\u00e9llos y declar\u00f3 no acreditada su buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
Con base en tales premisas, concluye la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la emisi\u00f3n de esa providencia (4 de junio de 2015) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (18 de abril de 2022), transcurri\u00f3 un t\u00e9rmino superior a seis (6) a\u00f1os, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia constitucional como razonable y proporcional para activar este recurso excepcional, sin que, a pesar de las manifestaciones de los inconformes, la foliatura reporte la existencia de situaci\u00f3n v\u00e1lida alguna que justifique tal tardanza, misma que por su holgura denota la ausencia de urgencia en el reclamo propuesto. <\/p>\n
\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; y CSJ STC 5977, 15 may. 2015). <\/p>\n
N\u00f3tese que la anterior conclusi\u00f3n no sufre alteraci\u00f3n alguna aun teniendo en cuenta la data en que los quejosos aducen se hizo entrega del 100% del predio denominado \u00abLa Caba\u00f1a\u00bb (16 de marzo de 2017), pues desde tal momento han transcurrido cuatro (4) a\u00f1os, lapso tambi\u00e9n superior al ya referido de seis (6) meses; y en todo caso, en punto a las restantes alegaciones de los reclamantes (entre ellas, la supuesta falta de materializaci\u00f3n de la sentencia y la aparente existencia de hechos sobrevinientes), oportuno es recordar, como de vieja data se tiene por sentado, que el t\u00e9rmino al que se refiere el presupuesto de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01), esto es, se itera, la sentencia emitida el 4 de junio de 2015, manifestaci\u00f3n \u00e9sta suficiente para derruir, de tajo, los planteamientos con los que se busc\u00f3 justificar la insatisfacci\u00f3n del mentado requisito para la procedibilidad del ruego tutelar. <\/p>\n
3. As\u00ed, de no olvidar que la falta de acreditaci\u00f3n de los presupuestos generales para la prosperidad de la salvaguarda, como aqu\u00ed ocurre, constituye obst\u00e1culo infranqueable para que el fallador supralegal pueda ocuparse del fondo del reclamo entablado, basta lo atr\u00e1s considerado para despachar adversamente la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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