STC5729-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5729-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01326-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por el Conjunto Serran\u00edas de Suba – Propiedad Horizontal contra el Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial Bogot\u00e1 – Cundinamarca – Grupo de Archivo Central y el Juzgado Ochenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades encausadas porque el Grupo de Archivo Central accionado no le ha dado respuesta de fondo a la solicitud de desarchivo que del juicio ejecutivo seguido por ella contra Julieth Emilce Vargas le present\u00f3 desde el 19 de noviembre de 2021, la cual le reiter\u00f3 el 19 de enero de 2022. <\/p>\n
Rog\u00f3, entonces, ordenar \u00aba la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 [-] Archivo Central\u2026[,] se sirva desarchivar e[l] proceso\u2026 y enviarlo al Juzgado\u2026 para poder elevar las peticiones que corresponde\u00bb. <\/p>\n
2. La Corte admiti\u00f3 la demanda supralegal, dispuso librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Ochenta y Cinco Civil Municipal de la capital de la rep\u00fablica indic\u00f3 que, revisadas las actas de los asuntos que le ha entregado el Archivo Central, \u00abse avizora que a la fecha no ha sido recibido el proceso base de la acci\u00f3n\u00bb; y deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite porque \u00abel accionante no [le] est\u00e1 endilgando conducta alguna violatoria (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 – Cundinamarca – Amazonas deprec\u00f3 el despacho adverso de la solicitud de protecci\u00f3n porque, acorde a sus competencias, atendi\u00f3 el requerimiento del actor, comoquiera que mediante misiva enviada a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico proporcionada por \u00e9l, el 10 de marzo de a\u00f1o en curso le inform\u00f3 que debido a la emergencia sanitaria, de conocimiento general, se vio en la obligaci\u00f3n de cerrar sus bodegas de archivo y, despu\u00e9s, de mantener por un tiempo restringido el ingreso a las mismas, por lo que actualmente \u00abexiste un gran n\u00famero de peticiones de desarchive represadas\u00bb, entre las que est\u00e1 la suya, pero antes existen en turno, 16.524 que deben atenderse en estricto orden cronol\u00f3gico, por lo que la fecha aproximada de respuesta a su solicitud es el 14 de junio pr\u00f3ximo, \u00abde conformidad con la proyecci\u00f3n de trabajo diario de asistentes administrativos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y eventualmente ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, bien sean de inter\u00e9s general o particular. En consecuencia, el derecho de petici\u00f3n tiene una doble dimensi\u00f3n: (i) la posibilidad de acudir ante el destinatario y (ii) el derecho a obtener una respuesta pronta, congruente y de fondo con relaci\u00f3n a la cuesti\u00f3n planteada. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, \u00abla acci\u00f3n de tutela deviene procedente, si se establece la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n; para ello es presupuesto indispensable la existencia de actos u omisiones de la autoridad que obstruyan el ejercicio del derecho o no resuelvan oportunamente sobre lo solicitado\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2012, rad. 2012-00068-01; reiterada en STC, 22 oct. 2013, rad. 2013-01073-01). <\/p>\n
2. Lo pretendido por el promotor del resguardo es que se ordene el desarchivo del proceso por \u00e9l solicitado, atendiendo la petici\u00f3n que les formul\u00f3 y que no le ha sido respondida. <\/p>\n
3. De la documentaci\u00f3n obrante en el plenario se concluye que: <\/p>\n
3.1. Conforme a la informaci\u00f3n aportada por el accionante, la que no refutaron los accionados, se tiene que efectivamente el 19 de noviembre de 2021, mediante correo remitido al Grupo de Archivo Central de la Rama Judicial, solicit\u00f3 a dicha entidad el desarchivo del proceso ejecutivo incoado por \u00e9l contra Julieth Emilce Vargas; petici\u00f3n que le reiter\u00f3 el 19 de enero \u00faltimo. <\/p>\n
3.2. Por otro lado, se tiene que la Direcci\u00f3n de Administraci\u00f3n Judicial requerida, mediante comunicaci\u00f3n del pasado 10 de marzo, pretendi\u00f3 darle respuesta a dicha petici\u00f3n informando al actor, en lo medular, que especialmente por situaciones derivadas de la pandemia por Covid-19, ten\u00eda represadas alrededor de 16.524 solicitudes de ese tipo, antes de la suya, y de acuerdo a su cronograma de trabajo, el caso concreto ser\u00eda definido aproximadamente el 14 de junio del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
3.3. De otra parte, al margen de lo anterior, lo cierto es que, acorde con la informaci\u00f3n reportada en el sistema de gesti\u00f3n judicial, el 18 de abril \u00faltimo se registr\u00f3 el desarchivo efectivo del referido asunto, encontr\u00e1ndose a disposici\u00f3n de las partes en el Juzgado de conocimiento. <\/p>\n
4. Con fundamento en lo anterior, advierte la Sala que la pretensi\u00f3n constitucional del reclamante, en la actualidad, est\u00e1 plenamente satisfecha, de no olvidar que el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n encierra la respuesta oportuna que no el despacho favorable de lo deprecado, supuesto frente al que en otras ocasiones ha dicho la Corte que: <\/p>\n
[E]l derecho de petici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional, tiene como finalidad \u201csuministrar al petente respuesta a prop\u00f3sito, sea positiva, sea negativa, pero en todo caso completa\u2026, destacando el contenido o n\u00facleo esencial de este derecho, el cual, \u2018no s\u00f3lo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades; envuelve adem\u00e1s la necesidad de que se brinde una respuesta adecuada y oportuna – que no formal ni necesariamente favorable – dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad que caracteriza al Estado Social de Derecho…\u2019\u201d (Se subray\u00f3 – CSJ STC, 16 abr. 2008, rad. 2008-00042-01; citada en CSJ STC, 28 ag. 2013, rad. 2013-00095-01; y CSJ STC, 12 nov. 2013, rad. 2013-00340-01). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, es indudable que ces\u00f3 la causa de vulneraci\u00f3n o amenaza de la prerrogativa esencial invocada, lo cual, de conformidad con el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, constituye un hecho superado, pues carecer\u00eda de sentido impartir una orden constitucional cuando la finalidad de la misma se cumpli\u00f3. <\/p>\n
Luego, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n que causaba la supuesta amenaza al derecho fundamental del quejoso desapareci\u00f3, la solicitud de amparo perdi\u00f3 toda raz\u00f3n de ser como mecanismo apropiado y expedito de protecci\u00f3n judicial, toda vez que la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez respecto del caso espec\u00edfico resultar\u00eda a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci\u00f3n, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
Si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
6. Corolario de lo expresado, se impone negar el amparo suplicado. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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