STC5730-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5730-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02002-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 12 de octubre de 20211, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Ra\u00fal Hernando Mojica Mora contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2016-83151. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, contradicci\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, intimidad y no autoincriminaci\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis narr\u00f3, que en el proceso penal adelantado en su contra se llev\u00f3 a cabo audiencia preparatoria el 15 de julio de 2021, en la que su defensa solicit\u00f3 la exclusi\u00f3n de los testimonios de dos agentes encubiertos, quienes se infiltraron en la estaci\u00f3n de Polic\u00eda del corregimiento de Ricaurte \u2013Norte de Santander-, debido a que no estaban adscritos a ninguna unidad judicial y tampoco contaban con la capacitaci\u00f3n necesaria para hacerse cargo de dicha actividad. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que los controles de legalidad tanto formal y material no se surtieron en el tiempo que la Ley establece luego de la terminaci\u00f3n de la operaci\u00f3n de agente encubierto, puesto que, la audiencia ante el juez de control de garant\u00edas se llev\u00f3 a cabo dentro de las 36 horas siguientes al \u00faltimo informe del agente acerca de sus labores y adem\u00e1s, tampoco se efectu\u00f3 el test de necesidad por parte de la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de conocimiento de C\u00facuta, luego de escuchar los argumentos de las partes, resolvi\u00f3 negar la exclusi\u00f3n solicitada, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, el 12 de agosto de 2021. <\/p>\n
Acus\u00f3 a los funcionarios accionados de incurrir en v\u00eda de hecho por defecto sustancial, f\u00e1ctico y procedimental, al interpretar err\u00f3neamente la disposici\u00f3n legal que regula el agente encubierto, no valorar de manera adecuada las Resoluciones n\u00ba 027 del 2 de febrero de 2017 y 202 de junio de 2017 proferidas por la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas mediante las cuales se autoriz\u00f3 el uso del agente encubierto y no motivar sus decisiones. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar que \u00abdentro del t\u00e9rmino de las 48 horas siguientes rehagan la actuaci\u00f3n, excluyendo el uso de los dos agentes encubiertos y dem\u00e1s evidencias recolectadas por estos, por haber hecho uso de esta figura sin los requisitos previamente establecidos en la ley\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta se\u00f1al\u00f3 que le correspondi\u00f3 resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el reclamante y otro, contra la decisi\u00f3n proferida el 15 de julio de 2021 por el juzgado de conocimiento, mediante la cual neg\u00f3 la solicitud de exclusi\u00f3n de los elementos materiales probatorios y evidencias documentales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, inform\u00f3 que Mauricio Parra Rodr\u00edguez, otro de los procesados en el asunto debatido, promovi\u00f3 recientemente ante esa Corporaci\u00f3n, id\u00e9ntica acci\u00f3n de tutela cuestionando la providencia de 12 de agosto de 2021, amparo admitido el 30 de septiembre siguiente, con el radicado n\u00ba 2021-02009. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta defendi\u00f3 la legalidad de su proceder e indic\u00f3, que en ese despacho se adelanta el proceso seguido contra el solicitante y otros, por los delitos de \u00abConcierto para Delinquir, Cohecho y Favorecimiento al Contrabando de Hidrocarburos\u00bb, rese\u00f1\u00f3 a continuaci\u00f3n las actuaciones all\u00ed surtidas, y finalmente solicit\u00f3 negar el amparo pretendido, al no existir vulneraci\u00f3n alguna a las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal descart\u00f3 una supuesta temeridad frente a la acci\u00f3n de tutela iniciada por el tambi\u00e9n procesado Mauricio Parra, pues no hab\u00eda identidad de partes y, neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, ante el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, en raz\u00f3n a que la inconformidad planteada por el peticionario se present\u00f3 en relaci\u00f3n con una actuaci\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite, estando pendiente la continuaci\u00f3n de la audiencia preparatoria programada para el 20 de octubre de 2021, oportunidad procesal en la que puede ejercer su derecho de contradicci\u00f3n, al igual que en el juicio oral. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, igualmente, en caso de una sentencia condenatoria puede interponer recurso de apelaci\u00f3n y plantear los argumentos expuestos v\u00eda tutela y, de ser necesario formular recurso extraordinario de casaci\u00f3n, medios id\u00f3neos de control constitucional. As\u00ed, consider\u00f3 que un pronunciamiento de fondo sobre el asunto, constituye un aspecto ajeno al \u00e1mbito de injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante aduciendo que s\u00ed se cumple el presupuesto de la subsidiariedad, pues a trav\u00e9s de su abogado agot\u00f3 todos los medios de defensa interponiendo los recursos, siendo la tutela el \u00fanico para corregir la decisi\u00f3n objetada. <\/p>\n
De otra parte, insisti\u00f3 en que el Tribunal incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho dado que \u00abcambi\u00f3 en menos de 6 meses su posici\u00f3n, sin motivo, peso ni raz\u00f3n alguna, originando inseguridad jur\u00eddica en las actuaciones judiciales, violentado as\u00ed el debido proceso por una falta de motivaci\u00f3n\u00bb, por lo cual, solicit\u00f3 que se produzca una decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada se se\u00f1ala que, si bien el reclamo se dirige contra las decisiones que, en primera y segunda instancia, negaron la solicitud de exclusi\u00f3n probatoria presentada por el apoderado del accionante, en virtud de lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n (Ver CSJ STC, may, 2014, rad. 00834-00, STC2242, 5 mar. 2015, reiterada en STC4287-2022), el an\u00e1lisis de la Sala se circunscribir\u00e1 a la providencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta el 12 de agosto de 2021, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto. <\/p>\n
2. Ahora bien, revisada la aludida providencia se evidenci\u00f3 que el Tribunal Superior de C\u00facuta, luego de rese\u00f1ar los antecedentes del asunto, indic\u00f3 que las inconformidades expuestas por la defensa del procesado se concretaban en tres situaciones que a su parecer viciaban la legalidad del procedimiento para la obtenci\u00f3n de los elementos probatorios, dentro de las labores de infiltraci\u00f3n realizadas por los agentes de la Polic\u00eda Nacional, las cuales rese\u00f1\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(i) La no idoneidad de los infiltrados, pues en criterio del censor los policiales que llevaron a cabo los actos de infiltraci\u00f3n no se encontraban facultados para dicha labor, pues la misma se debi\u00f3 llevar a cabo por miembros de polic\u00eda judicial, resaltando que los agentes encubiertos ostentabas rangos de superioridad, los que pudieron acondicionar el actuar de sus representados. <\/p>\n
(ii) La carente motivaci\u00f3n en torno a los motivos fundados, y el test de proporcionalidad, para que la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas autorizara al fiscal delegado, el uso de la excepcional\u00edsima herramienta de agente encubierto dentro de las labores de investigaci\u00f3n adelantadas. <\/p>\n
(iii) La mora en materia de control posterior, de los actos de investigaci\u00f3n desarrollados bajo la modalidad de infiltraci\u00f3n, porque en criterio del recurrente fueron llevados ante el juez competente fuera del t\u00e9rmino legal establecido\u00bb. <\/p>\n
Frente al primer reproche, manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que en observancia de la ley procesal en especial el Libro Segundo, T\u00edtulo I, Cap\u00edtulo I y, en uso de las facultades concedidas por el legislador resultaba procedente la intervenci\u00f3n de los agentes de la fuerza p\u00fablica en aras de contribuir con la investigaci\u00f3n como sucedi\u00f3 en el caso cuestionado. <\/p>\n
Respecto al segundo reparo, sobre la falta de motivos fundados, respaldos f\u00e1cticos, procedimentales y el test de proporcionalidad que debi\u00f3 cumplir la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas para la autorizaci\u00f3n del agente encubierto, acot\u00f3 que, <\/p>\n
Adem\u00e1s, se recuerda que, la autorizaci\u00f3n para la utilizaci\u00f3n de dicho m\u00e9todo de investigaci\u00f3n resulta ser una facultad en cabeza de la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas que depende de la orientaci\u00f3n que se le est\u00e9 dando a la investigaci\u00f3n. En el presente asunto conforme lo expuso el Fiscal en su momento (solicitud de admisi\u00f3n probatoria), estableci\u00f3 que, por las caracter\u00edsticas propias del caso, la calidad que ostentaban los presuntos autores y participes de la comisi\u00f3n del il\u00edcita objeto de debate (Agentes de la Polic\u00eda Nacional), y la informaci\u00f3n suministrada por la fuente humana, deb\u00eda acudir a figura del agente encubierto, luego no hay raz\u00f3n para excluir la actividad de los agentes encubiertos porque la Fiscal\u00eda s\u00ed fundament\u00f3 en su momento el m\u00e9todo de investigaci\u00f3n utilizado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en punto al tercer reclamo sobre el control posterior de las actuaciones investigativas desarrolladas por los agentes encubiertos, explic\u00f3 in extenso lo estipulado en el art\u00edculo 242 de la Ley 906 de 2004, as\u00ed como los aspectos relevantes frente a los deberes y funciones del agente encubierto y el agente de control o contacto, concluyendo que, <\/p>\n
\u00abel art\u00edculo 242 procesal establece el l\u00edmite para el control de legalidad posterior, esto es, \u201ctreinta y seis (36) horas siguientes a la terminaci\u00f3n de la operaci\u00f3n encubierta\u201d, de manera que, debe hacerse especial \u00e9nfasis en que la actividad del agente encubierto es un trabajo en equipo conformado por el fiscal y un grupo de trabajo (en este caso agentes encubiertos y el agente de control), en el que el agente de contacto o de control participa en la operaci\u00f3n como supervisor, por lo tanto, debe entenderse que, al ser el l\u00edder de la operaci\u00f3n, la misma termina cuando este rinde el informe final\u00bb. (Negrillas del texto original). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se remiti\u00f3 al contenido de las Resoluciones 027 y 202 de 2017, as\u00ed como a lo informado por el Fiscal y la defensa del recurrente, para indicar que los t\u00e9rminos de presentaci\u00f3n para el control posterior no excedieron el plazo legalmente previsto en el art\u00edculo 242 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, pues contrario a lo afirmado por el procesado, quien presenta el informe final de todas las actuaciones de los agentes encubiertos, es el agente de control. <\/p>\n
3. En el contexto expuesto, y de los argumentos transcritos, no se constata desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele la v\u00eda de hecho alegada por el quejoso y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. Al respecto, se precisa que la acci\u00f3n de tutela no es el escenario id\u00f3neo para controvertir las decisiones de los jueces ordinarios, por el solo desacuerdo sobre el entendimiento que debe d\u00e1rsele a los preceptos normativos o la jurisprudencia que le sirven de base a la petici\u00f3n de exclusi\u00f3n probatoria elevada por el defensor del procesado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de que el actor comparta o no esas apreciaciones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a un an\u00e1lisis coherente, as\u00ed como a la leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revelaba el asunto y la normativa aplicable al caso. (Ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021, STC 1212-2022, y STC2621-2022). <\/p>\n
4. Refuerza la improcedencia del amparo, el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, toda vez que el proceso adelantado frente al suplicante, actualmente se halla en curso, pudiendo \u00e9ste concurrir al mismo y ejercer su derecho de contradicci\u00f3n en la etapa preparatoria y juicio oral y, en caso de un fallo condenatorio, interponer recurso de apelaci\u00f3n o incluso acudir en sede de casaci\u00f3n, como bien lo manifest\u00f3 el a quo constitucional. <\/p>\n
5. Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb. (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras, en STC860-2018). (Negrillas de esta Sala). <\/p>\n
6. De conformidad con lo anteriormente explicado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Corporaci\u00f3n el 26 de abril de 2022. <\/p>\n
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