STC5733-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5733-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00749-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Teresa Rojas Ram\u00edrez contra el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, la que se hace extensiva a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, vida digna, propiedad, \u00abverdad\u00bb, \u00abrespeto\u00bb, \u00abjusticia\u00bb, \u00absuperviviencia\u00bb y \u00abser escuchado en audiencia\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se \u00abobligue al Juzgado Primero de Familia al cumplimiento del fallo y entrega del paz y salvo a la demanda que se instaur\u00f3 en junio de 2006, en la cual se pagaron todos los aval\u00faos e inventarios y dem\u00e1s, por el cual este fallo qued\u00f3 en firme (sic)\u00bb; y que se \u00aboficie y obligue al Tribunal Superior\u2026 a la nulidad de dichas demandas\u00bb, pues se le est\u00e1n \u00abcausando da\u00f1os y perjuicios tanto materiales, econ\u00f3micos, morales y psicol\u00f3gicos y a la vez por haber introducido dentro del procedimiento un inmueble que fue comprado con dinero de [su] c\u00f3nyuge anterior y no hace parte del patrimonio conyugal\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 H\u00e9ctor Arguello Pineda promovi\u00f3 juicio contra Mar\u00eda Teresa Rojas Ram\u00edrez pidiendo la separaci\u00f3n de bienes, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, el que en sentencia de 26 de julio de 2004 decret\u00f3 la separaci\u00f3n de bienes de los c\u00f3nyuges, declar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad conyugal y no conden\u00f3 en alimentos. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, se elabor\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, el que fue objetado, por lo que con providencia de 30 de marzo de 2007 el citado despacho declar\u00f3 no probadas las objeciones, adjudic\u00f3 derechos en com\u00fan y proindiviso respecto del inmueble, un 63,65% a Mar\u00eda Teresa Rojas Ram\u00edrez y un 36,35% a Jos\u00e9 H\u00e9ctor Arg\u00fcello Pineda. <\/p>\n
2.3. Tras ser apelada la aludida decisi\u00f3n, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 en providencia de 14 de diciembre siguiente la confirm\u00f3; y el 24 de junio de 2009 el estrado del circuito dict\u00f3 sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que compr\u00f3 el inmueble con sus propios recursos antes de casarse, por lo que no hac\u00eda parte de la sociedad conyugal; que en la audiencia de inventarios y aval\u00faos, comunic\u00f3 la venta del bien para el pago de deudas; y que incluyeron el bien como patrimonio familiar, entreg\u00e1ndole de forma abusiva un 36.35% al demandante, lo que es un hurto, estafa. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que los pasivos fueron pagados con la venta del bien; que la partici\u00f3n qued\u00f3 en firme sin objeci\u00f3n; que se orden\u00f3 el registro de la sentencia en notar\u00eda; y que se le hab\u00edan causado da\u00f1os econ\u00f3micos, morales y sicol\u00f3gicos. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo exclusivamente frente al Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, la que se hizo extensiva a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, atendiendo lo dispuesto en el prove\u00eddo de 26 de abril de 2022 de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, con el que se desecharon las manifestaciones de impedimento efectuadas, correspondi\u00e9ndole a esta Sala la competencia respecto a dichas autoridades y remitiendo copia del expediente a los despachos competentes para resolver las quejas propuestas frente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, la Fiscal\u00eda 27 Seccional del mismo lugar, los Juzgados Tercero Civil del Circuito, Tercero de Familia y Sexto Civil Municipal, todos de esa ciudad, Jos\u00e9 H\u00e9ctor Arguello Pineda, Clara Mercedes Vergara y Alfonso Bello Gait\u00e1n; raz\u00f3n por la cual se orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y se pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues transcurrieron 14 a\u00f1os y 5 meses despu\u00e9s de que emiti\u00f3 la providecia de 14 de diciembre de 2007; y que no vislumbraba ninguna circunstancia para la procedencia excepcional del resguardo. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Familia de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que tramit\u00f3 el proceso de separaci\u00f3n de bienes, el que finiquit\u00f3 con la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n proferida el 24 de junio de 2009, la que se ajust\u00f3 a la decisi\u00f3n emitida por el ad-quem. Remiti\u00f3 copia de las actuaciones criticadas. <\/p>\n
3. Mar\u00eda Teresa Rojas Ram\u00edrez alleg\u00f3 escrito en el que se pronunci\u00f3 respecto a sus cuestionamientos frente a los Juzgados Tercero Civil del Circuito, Tercero de Familia y Sexto Civil Municipal, todos de Ibagu\u00e9, Jos\u00e9 H\u00e9ctor Arguello Pineda, Clara Mercedes Vergara y Alfonso Bello Gait\u00e1n; los que, valga se\u00f1alar, como qued\u00f3 dicho, fueron remitidos al despacho competente para tr\u00e1mitar respectiva queja constitucional. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre la sentencia de 14 de diciembre de 2007 y la interposici\u00f3n de la tutela el 3 de marzo de 2022, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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