STC5734-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC5734-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00088-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abigualdad\u00bb, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, y de los \u00abprincipios de la seguridad social, m\u00ednimo vital y dignidad humana\u00bb, para que se dejara sin efecto la sentencia SL2610-2021 (23 jun). y, en tal virtud, \u00abno casara el veredicto del ad quem\u00bb. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medell\u00edn, en el juicio laboral que promovi\u00f3 en contra de Porvenir S.A. i) Conden\u00f3 a \u00e9ste a reconocer y pagar a su favor una pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan, a partir del 17 de mayo de 2013, en cuant\u00eda de 1 smlmv m\u00e1s los incrementos legales, por 14 mensualidades; ii) Declar\u00f3 probada parcialmente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, iii) Estableci\u00f3 como retroactivo a 30 de agosto de 2018 el valor de $50.217.436; y, iv) Orden\u00f3 los descuentos por aporte a salud (15 ag. 2018). <\/p>\n
Indic\u00f3 que el superior ratific\u00f3 esa determinaci\u00f3n (5 ag. 2019), al paso que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral quebr\u00f3 la del tribunal por \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb y absolvi\u00f3 a la demandada (SL2610-2021, 23 jun.). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que con la \u00faltima decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, porque: a) Desconoci\u00f3 el precedente establecido en los prove\u00eddos C-020\/2015, T-580\/2014, T-777\/2009, T-839\/2010, T-506\/2012, T-1011\/2012, T-819\/2013, T-179\/2017 y SL2766\/2021, que propugnan por el \u00abreconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb a personas menores de 26 a\u00f1os de edad, que coticen 26 semanas en el \u00faltimo a\u00f1o inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria; b) Opt\u00f3 por la interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, que contrar\u00eda los postulados de dichos pronunciamientos y es m\u00e1s restrictiva; y, c) Pas\u00f3 por alto que satisfizo las exigencias para \u00abacceder a la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb, puesto que tiene una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 63.05% con fecha de estructuraci\u00f3n del 22 de junio de 2011, data para la cual contaba con \u00ab26 a\u00f1os de edad\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito relat\u00f3 lo surtido en la lid controvertida y adujo no ser la autoridad que \u00abemiti\u00f3 la decisi\u00f3n que suscit\u00f3 la tutela\u00bb. <\/p>\n
Porvenir S.A. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral se opuso al amparo por no cumplir el presupuesto de la inmediatez, pues entre la fecha de notificaci\u00f3n del veredicto atacado (1\u00b0 jul. 2021) y la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n superlativa (14 en. 2022), transcurrieron m\u00e1s de 6 meses. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que el juez natural \u00abact\u00fao dentro del marco de autonom\u00eda e independencia que le han sido otorgadas por la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb, al concluir que se encontraba acreditada la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n, por cuanto Montoya Ibarra \u00abno cumpl\u00eda con los requisitos dispuestos en el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, ni con los previstos para la habilitaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb. <\/p>\n
4.- El impulsor replic\u00f3 iterando los argumentos del escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, advierte la Sala que, aunque la presente \u00abtutela\u00bb se radic\u00f3 un poco m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse dictado la resoluci\u00f3n recriminada (23 jun. 2021, notificada el 1\u00b0 jul.), el requisito temporal establecido en la \u00abjurisprudencia\u00bb para el estudio de fondo de la salvaguarda se tiene por superada, dado que el debate recae sobre \u00abderechos pensionales\u00bb que ostentan car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, cuya presunta afectaci\u00f3n se estima actual. As\u00ed se esboz\u00f3 en la STC20333-2017, memorando lo esbozado por la Corte Constitucional en la SU1073-2012: <\/p>\n
Si bien el prove\u00eddo atacado data de hace m\u00e1s de 7 a\u00f1os, situaci\u00f3n que en principio tornar\u00eda inviable estudiar de fondo el presente resguardo por inmediatez, al vislumbrar la Corte que la cuesti\u00f3n litigiosa involucra derechos de \u00edndole pensional, se excusar\u00e1 la omisi\u00f3n en el cumplimiento del mencionado requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que la garant\u00eda deprecada en esencia, funge con el talante de irrenunciable e imprescriptible, (criterio reiterado en STC9672-2018, STC20333-2017, STC11419-2018, STC6314-2019, STC9677-2019, STC3736-2020 y STC8386-2020). <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, se anuncia el decaimiento del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del fallo de primer grado, comoquiera que se avizora que la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (23 jun. 2021) que cas\u00f3 la de 5 de agosto de 2019 del Tribunal Superior de Medell\u00edn y revoc\u00f3 la de 15 de agosto de 2018 del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa localidad, y abri\u00f3 paso a la \u00abexcepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb para absolver al extremo pasivo, no luce antojadiza, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
En efecto, para arribar a dicha conclusi\u00f3n, asegur\u00f3 que en la Litis no exist\u00eda discrepancia en torno a los siguientes aspectos: <\/p>\n
i) el actor present\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral -PCL.- de origen no profesional del 63,05%; ii) la fecha de estructuraci\u00f3n es el 22 de junio de 2011; iii) no cumpli\u00f3 con las 50 semanas exigidas en la Ley 860 de 2003, esto es, dentro de los 3 a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la PCL; iv) seg\u00fan relaci\u00f3n de aportes (\u2026) el actor acredita cotizaciones por per\u00edodos intermitentes as\u00ed: de abril de 2006 a diciembre de 2008, de agosto de 2010 a noviembre de la misma anualidad, de marzo de 2011 a abril de 2012 para un total de 197,57 semanas, y (v) el Ministerio de Defensa Nacional certifica (\u2026) una vinculaci\u00f3n laboral del 11 de octubre de 2002 al 13 de agosto de 2004, como \u00absoldado regular\u00bb equivalentes a 90,28 semanas. <\/p>\n
Luego, en lo concerniente con la aplicaci\u00f3n del \u00abprincipio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb en eventos en que la invalidez del afiliado se ha estructurado bajo los efectos de la Ley 860 de 2003, record\u00f3 que en sentencia SL2358-2017 se estatuy\u00f3 que los efectos de tal normatividad ser\u00edan diferidos \u00abhasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 a\u00f1os luego de su vigencia\u00bb. <\/p>\n
De modo que, teniendo en cuenta que la \u00abfecha de estructuraci\u00f3n\u00bb de la PCL de Montoya Ibarra fue el 22 de junio de 2011, a saber, \u00abcon posterioridad al 29 de diciembre de 2006\u00bb, resultaba claro que no pod\u00eda beneficiarse del referido principio \u00abpor el tr\u00e1nsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, aun si hubiese gozado de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u00bb. <\/p>\n
En dicho sentido, coligi\u00f3 que Luciano Alberto no cumpl\u00eda los par\u00e1metros previstos en el art\u00edculo 1\u00b0 de la \u00faltima legislaci\u00f3n, ni aqu\u00e9llos que tornan viable el empleo del \u00abprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, al paso que \u00aben los \u00faltimos tres a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, esto es, entre el 22 de junio de 2008 y el 22 de junio de 2011, solo aparecen reportadas 45,71 semanas, debiendo en dicho interregno contar con un m\u00ednimo de 50 periodos semanales seg\u00fan la disposici\u00f3n en cita. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que tampoco satisfac\u00eda las condiciones enlistadas en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, en raz\u00f3n a que para el 22 de junio de 2011 \u00absolamente registra un total de 287,85 semanas, cantidad muy inferior al 75% de las exigidas para acceder a la pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, esgrimi\u00f3 que debido a que el convocante naci\u00f3 el 17 de agosto de 1987, ten\u00eda 23 a\u00f1os a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez y, por tanto, no le era \u00abaplicable la condici\u00f3n especial prevista para la poblaci\u00f3n menor de 20 (\u2026) en el par\u00e1grafo 1o de la misma norma, en el entendido que no se le extienden los efectos de la decisi\u00f3n de exequibilidad CC C-020-2015 del 21 de enero de 2015, que ampli\u00f3 dicho beneficio a los menores de 26 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
4.- Corolario de lo discurrido, se impone mantener lo refutado, advirtiendo que para esta Corporaci\u00f3n es procedente el respeto por las \u00abdecisiones judiciales\u00bb, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del socorro, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural (STC13808-2021), lo que en este evento no sucede. <\/p>\n
5.- Lo dicho conlleva a la convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5734-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC5734-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00088-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63480","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63480","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63480"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63480\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63480"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63480"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63480"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}