STC5747-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5747-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 50001-22-14-000-2022-00037-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 25 de febrero de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Camila1 (Defensora de Familia Centro Zonal 2 de Villavicencio), en representaci\u00f3n de la menor G.Z.F.A2. contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad3. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00aba tener una familia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en el proceso de restablecimiento de derechos de radicado 2021-00134-00. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 que impuls\u00f3 proceso de restablecimiento de derechos de la menor G.Z.F.A4. donde se emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n No. ADO-2548427-2018 por medio de la cual se le declar\u00f3 en estado de adoptabilidad. Sin embargo, el 25 de marzo de 2021, el Comit\u00e9 de adopciones del ICBF advirti\u00f3 presuntas irregularidades en el procedimiento administrativo y sugiri\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente al Juez de Familia por falta de competencia5. <\/p>\n
Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la actora interpuso recurso de reposici\u00f3n. No obstante, la autoridad censurada -con prove\u00eddo del 9 de febrero de 20228- mantuvo su postura, defini\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la menor -homologando la resoluci\u00f3n ADO-2548427-2018 del 28 de diciembre de 2018-. Y orden\u00f3 devolver las diligencias a la defensor\u00eda de familia. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la actora, por v\u00eda de tutela consider\u00f3 que el accionado \u00abomiti\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a las disposiciones especiales [\u2026] que regulan el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos [\u2026] en materia de notificaci\u00f3n del auto de apertura [\u2026] vulnerando el derecho al debido proceso y a tener una familia [\u2026], ya que a pesar de que se le puso de presente las diligencias y de que se hizo saber de una falsedad en [su] documento de identidad [\u2026] y de la falta de vinculaci\u00f3n de la familia biol\u00f3gica al PARD [y] al nuevo lineamiento para poblaci\u00f3n ind\u00edgena [\u2026] se omiti\u00f3 dicha acci\u00f3n\u00bb. Ello, sumado a \u00abla NEGACION [de] conocer de situaciones que son de SU REAL COMPETENCIA, [decretar nulidades] como lo determina la ley 1098 de 2006 modificada por la ley 1878 de 2018 [\u2026], se encuentra que deben ser generadas acciones por el Juez de conocimiento y en garant\u00eda de los derechos de esta adolescente\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se ordene al juez accionado \u00ab\u2026revisar nuevamente el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, determinando si hay lugar a declarar la nulidad del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de la menor de edad desde el auto de apertura de este, teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n emitida es contradictoria, de acuerdo con las consideraciones anotadas [\u2026] [y] que defina la situaci\u00f3n jur\u00eddica de G.Z.F.A\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LAS RESPUESTA RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, remiti\u00f3 el expediente digital, defendi\u00f3 la legalidad de sus acciones y solicit\u00f3 negar la petici\u00f3n de amparo9. <\/p>\n
2. El Ministerio P\u00fablico y la Defensora de Familia asignada al despacho accionado, respaldaron las pretensiones constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, deneg\u00f3 el amparo10. Para ello, expuso que \u00abconfrontados los argumentos expuestos por el funcionario judicial convocado, las actuaciones obrantes en el voluminoso expediente y lo dispuesto en la normatividad aplicable, vale decir, la ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018, [\u2026] surge evidente que la autoridad administrativa de manera descomedida desatendi\u00f3 desde el inicio los deberes que le asist\u00edan en la direcci\u00f3n del PARD, sin embargo, las causales que el ordenamiento jur\u00eddico patrio prev\u00e9 para que se configure la perdida de competencia o nulidades procesales, no se materializaron, restando mencionar que la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la menor fue definida hace a\u00f1os, [\u2026] Desde aquella \u00e9poca hasta la fecha, [\u2026] la hoy adolescente [\u2026], ha permanecido ubicada en un hogar sustituto sin concretar el proceso de adoptabilidad [\u2026] ya que, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [\u2026] opt[\u00f3] por detener todo el proceso y remitir insistentemente el expediente al Juez de Familia alegando m\u00faltiples causales [\u2026] para que la autoridad judicial efectuara una revisi\u00f3n adicional [\u2026] persiguiendo que se retrotraiga todo el proceso para rehacer la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que \u00ab[\u2026] la autoridad judicial aqu\u00ed convocada, [\u2026] opt\u00f3 por realizar la revisi\u00f3n de la declaratoria de adoptabilidad en aplicaci\u00f3n del numeral 11 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso y adem\u00e1s de hacer un extenso an\u00e1lisis sobre la presunci\u00f3n de legalidad de la informaci\u00f3n del registro civil de nacimiento, de la ausencia de denuncias, gestiones investigativas o acciones tendientes a demostrar el origen filial de la menor, lo que probatoriamente le imped\u00eda anular todo lo actuado, [\u2026] no solo atendi\u00f3 la normatividad aplicable, sino que estudi\u00f3 las manifestaciones que la adolescente exterioriz\u00f3 en las valoraciones por psicolog\u00eda y trabajo social, [\u2026] de ah\u00ed que, [\u2026], no solo determin\u00f3 que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta por el I.C.B.F. no comportaba ninguna de las causales de nulidad previstas en la norma procesal que permitiera viabilizar lo exigido por la parte aqu\u00ed accionante, sino que, sin duda su decisi\u00f3n se enfocar\u00eda en ponderar y priorizar las mejores posibilidades para la menor, en consecuencia dispuso homologar la declaratoria de adoptabilidad\u00bb. Y concluy\u00f3 exponiendo que \u00abla decisi\u00f3n controvertida [\u2026] no se muestra antojadiza o irracional, por lo tanto, no hay razones de peso para descalificar [su] motivaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora, quien insisti\u00f3 en los argumentos que sirvieron como base fundacional del escrito inicial11. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la adolescente G.Z.F.A., con ocasi\u00f3n de la providencia proferida el 9 de febrero de 2022, con la cual, al resolver el recurso de reposici\u00f3n propuesto, mantuvo su postura, homolog\u00f3 la resoluci\u00f3n de adoptabilidad de G.Z.F.A. Y orden\u00f3 devolver las diligencias a la Defensor\u00eda de Familia de origen. <\/p>\n
2. Se observa que el Juzgado accionado -con la determinaci\u00f3n referida- mantuvo su postura y resalt\u00f3 que la autoridad administrativa no perdi\u00f3 competencia pues no existen yerros procesales por subsanar. Para ello, consider\u00f3 que \u00ab[P]ara el caso, como se dijera en el auto recurrido, en el plenario reposa el registro civil de nacimiento donde se acredita el parentesco de la menor G.Z.F.A. respecto a la se\u00f1ora C.R.F.A. Si bien la Defensor\u00eda insisti\u00f3 en que la madre biol\u00f3gica de la menor es la se\u00f1ora E.R.L12., de extracci\u00f3n ind\u00edgena, con base en documento privado de acuerdo de \u201cadopci\u00f3n\u201d, por el que la primera asumi\u00f3 el cuidado y la \u201cmaternidad\u201d de la ni\u00f1a G.Z., no existe hasta la fecha ninguna anulaci\u00f3n de dicho registro y ninguna investigaci\u00f3n penal en curso por el delito de obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso, como admiti\u00f3 la misma Defensor\u00eda en el documento \u201can\u00e1lisis y sugerencias proceso de adopci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, resalt\u00f3 que \u00abes claro que la progenitora de la menor es la se\u00f1ora C.R.F.A.13, y ello seguir\u00e1 siendo as\u00ed en tanto no var\u00ede su inscripci\u00f3n en el registro civil de nacimiento. Por dem\u00e1s, debe advertirse que no existe una prueba cient\u00edfica al respecto o el inicio del proceso de investigaci\u00f3n de la maternidad. Tambi\u00e9n debe resaltarse que no existe la necesidad de decretar pruebas de oficio, entendiendo que toda su vida la menor G.Z. ha creado una relaci\u00f3n familiar y afectiva que no involucra a la se\u00f1ora E.R.L. M\u00e1xime, si se diera validez al acuerdo de \u201cadopci\u00f3n\u201d que milita en el expediente, ser\u00eda claro que nunca se ha interesado por su hija biol\u00f3gica. As\u00ed las cosas, meridiano es que a quien deb\u00eda citarse al proceso era a la se\u00f1ora C.R.F.A., y no a E.R.L. como solicit\u00f3 la Defensor\u00eda, porque esta no es representante legal de la ni\u00f1a G.Z., no convive con ella ni es responsable de su cuidado, ni de hecho la tiene a cargo, situaciones que s\u00ed obligan acorde con el art. 99 del CIA.Y, como no era obligatoria su citaci\u00f3n, no puede predicarse la existencia de la nulidad consagrada en el numeral 8 del art.133 del CGP\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, concluy\u00f3 que \u00ab[A]tendiendo a que el ICBF no dispuso la aplicaci\u00f3n de su declaratoria de adoptabilidad, arguyendo que fue emitida por fuera de t\u00e9rmino, si bien no fue objeto de recurso, y con el fin de no postergar la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la menor, a pesar de contarse con plenos elementos de convicci\u00f3n y, ante todo, con la libre manifestaci\u00f3n de su voluntad, el Juzgado definir\u00e1 su situaci\u00f3n jur\u00eddica en la parte resolutiva de esta providencia, en el sentido de homologar la pluricitada resoluci\u00f3n de adoptabilidad\u00bb. <\/p>\n
3. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural- como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas aportadas. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido reiteradamente14 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-.15 <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia.16 <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Pdf. 05AutoAdmite. Expediente digital. Vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso de restablecimiento de derechos de la menor G.Z.F.A. La Direcci\u00f3n Regional y la Direcci\u00f3n nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Coordinaci\u00f3n de Autoridades Administrativas del ICBF y Procurador(a) adscrita al juzgado accionado. <\/p>\n
4\u0002 con providencia del \u00ab7 de junio de 2018 [se] declar\u00f3 el estado de vulneraci\u00f3n y se confirma la ubicaci\u00f3n en hogar sustituto\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Oficio 202150002000024661 de 16 de abril de 2021. <\/p>\n
6\u0002 Pdf. 004ActaReparto. C1 Principal. Expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Pdf. 009AutoSeAbstiene. C1 Principal. Expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Pdf. 013AutoNiegaRecurso. C1 Principal. Expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Pdf. 011Contestaci\u00f3n. Expediente digital de tutela. <\/p>\n
10\u0002 Pdf. 14Sentencia. Expediente digital de tutela. <\/p>\n
11\u0002 Pdf. 18SolicitudImpufgnaci\u00f3n. Expediente digital de tutela. <\/p>\n
12\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
14\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, entre otras. <\/p>\n
15\u0002 Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
16\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
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