STC5765-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC5765-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01230-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge El\u00edas Carvajal Mand\u00f3n contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma especialidad de Valledupar; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00ba 2016-00187. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la programaci\u00f3n de la diligencia de entrega en el referido juicio de restituci\u00f3n de tierras que se adelant\u00f3 en su contra, sin que haya culminado la investigaci\u00f3n penal que actualmente se adelanta en contra de la all\u00ed convocante por la aparente falsedad de las declaraciones que ofreci\u00f3 en ese proceso; actuaci\u00f3n que, eventualmente, podr\u00eda conducir a una condena por los delitos de falso testimonio y fraude procesal que, por contera, afectar\u00eda los fundamentos f\u00e1cticos de la sentencia que orden\u00f3 la cuestionada restituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Pide, en consecuencia, que \u00abse ordene la suspensi\u00f3n de la entrega del predio (\u2026), mientras el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento se pronuncia de fondo dentro del radicado 20001-60012-31-2019-00274-00 en lo que tiene que ver con la responsabilidad de la imputada (futura acusada) MYRIAM BAYTER DE TOTAITIVE, como presunta autora de los delitos de Falso Testimonio y Fraude Procesal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradora 22 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar pidi\u00f3 desestimar la pretendida salvaguarda, tras resaltar que este es un intento m\u00e1s de la parte accionante de torpedear la ya accidentada diligencia de entrega en el juicio de restituci\u00f3n de tierras sobre el que ac\u00e1 se discute. <\/p>\n
2. La magistratura accionada se opuso al auxilio, en consideraci\u00f3n a que el actor no le ha solicitado directamente la suspensi\u00f3n que hoy reclama; a que no se prob\u00f3 la inminencia de un perjuicio irremediable; y a que el proceso de restituci\u00f3n de tierras no contempla la prejudicialidad penal. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa, a lo que agreg\u00f3 que acceder en este caso a la solicitud de amparo, involucrar\u00eda una intromisi\u00f3n en las competencias propias del juez de conocimiento. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar abog\u00f3 en contra de la demanda de tutela, tras recalcar que la misma no satisface los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad que la informan, teniendo en cuenta que la sentencia que orden\u00f3 la fustigada diligencia de entrega, se profiri\u00f3 hace m\u00e1s de 3 a\u00f1os y en su contra no se interpuso el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
5. La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas enfatiz\u00f3 que no encontr\u00f3 dentro de sus archivos alguna petici\u00f3n proveniente del accionante que est\u00e9 pendiente de respuesta, por lo que no existe vulneraci\u00f3n alguna a derechos fundamentales que pudiera serle atribuida. <\/p>\n
6. Patricia Pinz\u00f3n Sierra recalc\u00f3 que ya no funge como apoderada judicial dentro de la actuaci\u00f3n penal que guarda relaci\u00f3n con este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad, dado que el accionante no acredit\u00f3 que, antes de acudir a este excepcional mecanismo de protecci\u00f3n, hubiera reclamado ante el fallador de primera instancia la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega que aqu\u00ed pretende. <\/p>\n
Bajo ese contexto, no se le puede atribuir a dicho juzgador una conducta negligente o abusiva cuando ni siquiera ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos alegados en la solicitud de amparo. <\/p>\n
Sobre el tema, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00abla protecci\u00f3n reclamada no puede salir exitosa porque, en las copias allegadas con esta acci\u00f3n no se encuentra ninguna prueba distinta de la afirmaci\u00f3n de la demandante que indique a la Sala que la petente haya elevado ante el accionado petici\u00f3n en el sentido pretendido y que ahora alega por esta v\u00eda subsidiaria, que permita endilgar a la entidad demandada una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneratoria de los derechos que reclama\u2026 Expone la peticionaria unos hechos hu\u00e9rfanos de toda prueba, sobre los que no se concede el amparo\u2026, es decir, la interesada accion\u00f3 en tutela, sin haber hecho ninguna gesti\u00f3n ante la entidad demandada y ciertamente que la falta de petici\u00f3n directa ante \u00e9sta no le ha permitido pronunciarse concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende\u2026\u00bb (CSJ. STC de 13 de feb. de 2013, exp. 00193-01, reiterada en STC14200 de 15 oct. de 2015). <\/p>\n
En esta medida, le corresponder\u00e1 al querellante comparecer ante las autoridades cuestionadas para realizar las peticiones que estime pertinentes y ejercer los mecanismos de contradicci\u00f3n frente a las decisiones que no comparta, ya que no es viable acudir al juez de tutela para que sustituya la actividad de las autoridades judiciales, cuando estas son las legalmente habilitadas para desatar la controversia puesta a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
4. La inviabilidad del amparo porque no se acredit\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
El requisito de procedibilidad de la tutela al que se ha hecho alusi\u00f3n \u2013 subsidiariedad – no se revierte a\u00fan bajo el argumento de un eventual \u00abperjuicio irremediable\u00bb, ya que no se prob\u00f3 una circunstancia de urgencia o peligro que amerite acceder al amparo, a\u00fan en forma transitoria; por el contrario, los promotores cuentan con un fallo de restituci\u00f3n de tierras que reconoci\u00f3 su calidad de \u00absegundos ocupantes\u00bb y est\u00e1n a la espera de las medidas de atenci\u00f3n que les fueron reconocidas. <\/p>\n
En este sentido ha dicho la jurisprudencia que \u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n
5. Improcedencia de la tutela para obtener la suspensi\u00f3n de diligencias judiciales. <\/p>\n
Adicionalmente, la orden de entrega del inmueble se produjo luego de agotadas todas las etapas legales dentro del tr\u00e1mite especial de restituci\u00f3n de tierras, sobre lo cual se ha dicho que este tipo de diligencias: \u00ab(\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016). <\/p>\n
En tal medida, resulta claro que en esta oportunidad no puede ser acogida la petici\u00f3n que elev\u00f3 el accionante con miras a que se suspenda la diligencia de entrega, debido a que, seg\u00fan lo tiene precisado esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 la solicitud de amparo, por cuanto no se verifica el presupuesto de subsidiariedad y tambi\u00e9n en consideraci\u00f3n a la improcedencia de este mecanismo para suspender diligencias judiciales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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